La presencia de tropas y de civiles españoles en misiones
de pacificación aviva el debate sobre la necesidad de estrategias coherentes
de resolución de conflictos.

El despliegue de las tropas españolas en Irak, ordenado por el Gobierno
de Aznar, y su posterior retirada, una de las primeras medidas que tomó
el Ejecutivo socialista, ha reavivado el debate sobre la presencia de tropas
y civiles españoles en zonas de conflicto.

En contraste con la invasión liderada por los Estados Unidos en Irak
sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, durante
la década de los 90 proliferaron las misiones multilaterales al amparo
de esta organización. La guerra de Kosovo constituyó una excepción,
al no contar con el aval de la ONU, pero al menos sí tuvo el apoyo consensuado
de toda la OTAN y fue posteriormente reconducida hacia la legitimidad internacional,
al aprobar el Consejo de Seguridad una misión civil de Naciones Unidas
y una misión militar de la Alianza Atlántica en Kosovo.

Hoy día hay 14 misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, junto con un
número importante de misiones con funciones similares desarrolladas por la OTAN
y organizaciones regionales o grupos de países constituidos ad hoc.
España, que se sumó con dinamismo a estas
operaciones desde principios de los 90, participa actualmente en 11 de ellas.

Algunos críticos, sobre todo la prensa conservadora extranjera, han señalado
que la retirada de Irak es una capitulación ante los terroristas y una
falta de compromiso de España con las misiones de mantenimiento de la
paz. Seguramente han olvidado que ha habido y hay contingentes militares y civiles
españoles desde 1989 en zonas como Centroamérica, Angola, Afganistán,
Kosovo, Macedonia o Bosnia-Herzegovina.

Sin embargo, muchos expertos consideran que, a pesar de la buena fama que los
españoles se han ganado en El Salvador o en la ciudad de Mostar (al sur
de Bosnia-Herzegovina), España todavía está necesitada
de un compromiso estratégico más firme en favor de estas operaciones.
La participación española en misiones de paz adolece de desatención
y escasa financiación por parte de la Administración, de falta
de formación suficiente de los miembros que participan en ellas y, paradójicamente,
de un cierto desaprovechamiento posterior de la experiencia de quienes han estado
allí. Las razones principales que mueven a España a participar
parecen ser de orden geoestratégico, y no se corresponden necesariamente
con una voluntad de ayudar a sociedades en conflicto, independientemente de
en qué área geográfica se encuentren. El mantenimiento
de la paz no despierta interés ni en la sociedad ni en las autoridades.
No hay debate actualizado ni técnico en la universidad. En resumen, no
hay una reflexión de fondo sobre lo que significa este concepto ni un
compromiso claro, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Noruega, que
ha hecho del mantenimiento de la paz una bandera de su política exterior.

En la parte positiva, hay que reconocer que España ha recorrido un
largo camino en poco más de diez años y se ha consolidado como
un país con el que se puede contar. Pero, como potencia media, España
debería reorientar su política para situarse en un término
medio entre los grandes países cuyos intereses son meramente estratégicos
y los países desarrollados que han hecho de la paz un interés
nacional, todo ello con una participación más activa de la sociedad
civil.

Gráfico

Descargar Imagen Ampliada

NUEVOS PROTECTORADOS
El final de la guerra fría permitió un giro importante del concepto
de misión de paz desarrollado a partir del establecimiento, en 1948,
de la primera misión sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas
(la Comisión de Seguimiento de la Tregua, formada para contribuir a la
paz entre árabes e israelíes).

Tras la caída del muro de Berlín se pensó que la colaboración
de las grandes potencias permitiría el recurso frecuente a las misiones
de paz como instrumento para solucionar todos los conflictos abiertos. La proliferación
de crisis locales durante la década pasada ofreció una oportunidad
de probar esta hipótesis. Sin embargo, la incapacidad de los cascos azules
en Bosnia-Herzegovina y Ruanda puso de manifiesto que no basta con una resolución
del Consejo de Seguridad para encauzar situaciones de enorme complejidad sobre
el terreno. Las misiones se han duplicado y los mandatos de mantenimiento de
la paz han derivado en operaciones de construcción de la paz, realizadas
muchas veces al amparo de la ONU y con la participación de organizaciones
regionales. Estas misiones, a menudo, pretenden devolver la normalidad a las
zonas en conflicto; es decir, no sólo evitar una agresión armada,
sino mantener el orden público, reconstruir las instituciones, promover
la democracia, crear un orden jurídico nuevo, administrar justicia, celebrar
elecciones, poner en marcha procesos constituyentes y conseguir la reconciliación
de las partes enfrentadas.

Éstas son cuestiones muy complejas, que requieren tiempo y un personal
con alta cualificación técnica y que no siempre gozan de un mandato
suficientemente claro, como en el caso de la misión de la ONU en Kosovo.

Además, al abordar este tipo de operaciones hay que tener en cuenta una
serie de factores: el calendario, los objetivos del operativo y la planificación
previa del despliegue, tanto del contingente militar como del civil, que deben
estar coordinados. Otro de los factores que ayudan a la recuperación
de la normalidad es la implantación de una Administración de justicia.
Una tarea difícil para la que se puede recurrir a jueces y fiscales foráneos
que, una vez allí, se enfrentan al problema del desconocimiento del idioma,
la legislación y la cultura del país.

La descolonización pareció acabar con la fórmula de administración temporal
de un territorio por parte de una potencia extranjera. Este método, sin embargo,
ha conocido una especie de revival en los últimos años, comenzando
con Bosnia-Herzegovina y siguiendo con Timor Oriental, Kosovo e Irak. Afganistán
también entra en esta categoría, aunque, formalmente, la soberanía reposa sobre
el Gobierno afgano.

Ahora bien, hay numerosas diferencias entre la intervención en Irak y
lo ocurrido en Bosnia-Herzegovina o Kosovo. La comunidad internacional se mostró
de acuerdo con la planificación de la posguerra en los Balcanes, apoyó
de forma consensuada los Acuerdos de Dayton para Bosnia-Herzegovina y pactó
las resoluciones de Naciones Unidas relativas a Kosovo. En Irak aún no
se ha llegado a una fórmula consensuada sobre qué debe hacer la
comunidad internacional.

En Bosnia, el alto representante de la comunidad internacional tiene plenos
poderes, aunque no autoridad formal sobre la miríada de organismos extranjeros
que participan en la operación. En Kosovo, la responsabilidad sobre la
misión militar recae sobre la OTAN, mientras que la responsabilidad sobre
la misión civil recae sobre la ONU. Militares españoles aseguran
que éste es el peor escenario ya que, a su juicio, los componentes militar
y civil deben estar siempre supeditados a una autoridad única de carácter
político para evitar problemas de coordinación y disfuncionalidades
entre los diferentes actores internacionales sobre el terreno.

UN MUNDO DE RIESGOS
Una de las lecciones derivadas de la experiencia de la comunidad internacional
en los Balcanes, y que puede extrapolarse a otras zonas, es que, pese a los
esfuerzos de democratización, o precisamente a causa de ellos, existe
el peligro de que los grupos radicales antidemocráticos ganen las elecciones.
Frente a esto, lo único que se puede hacer es prolongar la tutela internacional
e intentar que el relevo generacional y la normalización de la vida acerquen
a la mayoría del electorado hacia posiciones moderadas.

Con ser éste un riesgo importante, hay muchos otros. Entre ellos, que
la autoridad internacional desoiga a las fuerzas políticas locales, la
desproporción entre los sueldos de los miembros de los organismos internacionales
y los de los habitantes del país y que éstos mismos se acostumbren
a que la comunidad internacional les saque las castañas del fuego. Todos
los analistas parecen estar de acuerdo en que la pregunta clave es: ¿hasta
cuándo debe prolongarse la tutela internacional? La respuesta sería:
hasta que el trabajo esté hecho.

En Afganistán, pese a contar con el respaldo de la comunidad internacional
tras el 11-S, EE UU no parecía tener más que un objetivo: derrocar
al régimen talibán y a sus aliados de Al Qaeda. Washington no
ha hecho ningún esfuerzo por devolver la normalidad y la seguridad al
país, si se exceptúa la capital, Kabul, y sus alrededores, donde
están desplegadas las fuerzas de la ISAF, bajo mando de la OTAN, y que
sí tienen una misión de reconstrucción. En Irak, a pesar
de los objetivos declarados de establecer un régimen democrático
para todos los iraquíes, la realidad parece demostrar que buenas intenciones
y recursos militares no son suficientes. También hacen falta una estrategia
política razonable y una capacidad técnica para orientar la fase
posconflicto en la dirección adecuada, que, de momento, parecen estar
ausentes.

El Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITP), una iniciativa de FRIDE
y de la Fundación Ortega y Gasset, ha creado un grupo de trabajo sobre
estos temas para mejorar la capacidad de España y de la comunidad internacional
en el mantenimiento de la paz.

La presencia de tropas y de civiles españoles en misiones
de pacificación aviva el debate sobre la necesidad de estrategias coherentes
de resolución de conflictos.
FRIDE

El despliegue de las tropas españolas en Irak, ordenado por el Gobierno
de Aznar, y su posterior retirada, una de las primeras medidas que tomó
el Ejecutivo socialista, ha reavivado el debate sobre la presencia de tropas
y civiles españoles en zonas de conflicto.

En contraste con la invasión liderada por los Estados Unidos en Irak
sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, durante
la década de los 90 proliferaron las misiones multilaterales al amparo
de esta organización. La guerra de Kosovo constituyó una excepción,
al no contar con el aval de la ONU, pero al menos sí tuvo el apoyo consensuado
de toda la OTAN y fue posteriormente reconducida hacia la legitimidad internacional,
al aprobar el Consejo de Seguridad una misión civil de Naciones Unidas
y una misión militar de la Alianza Atlántica en Kosovo.

Hoy día hay 14 misiones de mantenimiento de la paz de la ONU, junto con un
número importante de misiones con funciones similares desarrolladas por la OTAN
y organizaciones regionales o grupos de países constituidos ad hoc.
España, que se sumó con dinamismo a estas
operaciones desde principios de los 90, participa actualmente en 11 de ellas.

Algunos críticos, sobre todo la prensa conservadora extranjera, han señalado
que la retirada de Irak es una capitulación ante los terroristas y una
falta de compromiso de España con las misiones de mantenimiento de la
paz. Seguramente han olvidado que ha habido y hay contingentes militares y civiles
españoles desde 1989 en zonas como Centroamérica, Angola, Afganistán,
Kosovo, Macedonia o Bosnia-Herzegovina.

Sin embargo, muchos expertos consideran que, a pesar de la buena fama que los
españoles se han ganado en El Salvador o en la ciudad de Mostar (al sur
de Bosnia-Herzegovina), España todavía está necesitada
de un compromiso estratégico más firme en favor de estas operaciones.
La participación española en misiones de paz adolece de desatención
y escasa financiación por parte de la Administración, de falta
de formación suficiente de los miembros que participan en ellas y, paradójicamente,
de un cierto desaprovechamiento posterior de la experiencia de quienes han estado
allí. Las razones principales que mueven a España a participar
parecen ser de orden geoestratégico, y no se corresponden necesariamente
con una voluntad de ayudar a sociedades en conflicto, independientemente de
en qué área geográfica se encuentren. El mantenimiento
de la paz no despierta interés ni en la sociedad ni en las autoridades.
No hay debate actualizado ni técnico en la universidad. En resumen, no
hay una reflexión de fondo sobre lo que significa este concepto ni un
compromiso claro, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Noruega, que
ha hecho del mantenimiento de la paz una bandera de su política exterior.

En la parte positiva, hay que reconocer que España ha recorrido un
largo camino en poco más de diez años y se ha consolidado como
un país con el que se puede contar. Pero, como potencia media, España
debería reorientar su política para situarse en un término
medio entre los grandes países cuyos intereses son meramente estratégicos
y los países desarrollados que han hecho de la paz un interés
nacional, todo ello con una participación más activa de la sociedad
civil.

Gráfico

Descargar Imagen Ampliada

NUEVOS PROTECTORADOS
El final de la guerra fría permitió un giro importante del concepto
de misión de paz desarrollado a partir del establecimiento, en 1948,
de la primera misión sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas
(la Comisión de Seguimiento de la Tregua, formada para contribuir a la
paz entre árabes e israelíes).

Tras la caída del muro de Berlín se pensó que la colaboración
de las grandes potencias permitiría el recurso frecuente a las misiones
de paz como instrumento para solucionar todos los conflictos abiertos. La proliferación
de crisis locales durante la década pasada ofreció una oportunidad
de probar esta hipótesis. Sin embargo, la incapacidad de los cascos azules
en Bosnia-Herzegovina y Ruanda puso de manifiesto que no basta con una resolución
del Consejo de Seguridad para encauzar situaciones de enorme complejidad sobre
el terreno. Las misiones se han duplicado y los mandatos de mantenimiento de
la paz han derivado en operaciones de construcción de la paz, realizadas
muchas veces al amparo de la ONU y con la participación de organizaciones
regionales. Estas misiones, a menudo, pretenden devolver la normalidad a las
zonas en conflicto; es decir, no sólo evitar una agresión armada,
sino mantener el orden público, reconstruir las instituciones, promover
la democracia, crear un orden jurídico nuevo, administrar justicia, celebrar
elecciones, poner en marcha procesos constituyentes y conseguir la reconciliación
de las partes enfrentadas.

Éstas son cuestiones muy complejas, que requieren tiempo y un personal
con alta cualificación técnica y que no siempre gozan de un mandato
suficientemente claro, como en el caso de la misión de la ONU en Kosovo.

Además, al abordar este tipo de operaciones hay que tener en cuenta una
serie de factores: el calendario, los objetivos del operativo y la planificación
previa del despliegue, tanto del contingente militar como del civil, que deben
estar coordinados. Otro de los factores que ayudan a la recuperación
de la normalidad es la implantación de una Administración de justicia.
Una tarea difícil para la que se puede recurrir a jueces y fiscales foráneos
que, una vez allí, se enfrentan al problema del desconocimiento del idioma,
la legislación y la cultura del país.

La descolonización pareció acabar con la fórmula de administración temporal
de un territorio por parte de una potencia extranjera. Este método, sin embargo,
ha conocido una especie de revival en los últimos años, comenzando
con Bosnia-Herzegovina y siguiendo con Timor Oriental, Kosovo e Irak. Afganistán
también entra en esta categoría, aunque, formalmente, la soberanía reposa sobre
el Gobierno afgano.

Ahora bien, hay numerosas diferencias entre la intervención en Irak y
lo ocurrido en Bosnia-Herzegovina o Kosovo. La comunidad internacional se mostró
de acuerdo con la planificación de la posguerra en los Balcanes, apoyó
de forma consensuada los Acuerdos de Dayton para Bosnia-Herzegovina y pactó
las resoluciones de Naciones Unidas relativas a Kosovo. En Irak aún no
se ha llegado a una fórmula consensuada sobre qué debe hacer la
comunidad internacional.

En Bosnia, el alto representante de la comunidad internacional tiene plenos
poderes, aunque no autoridad formal sobre la miríada de organismos extranjeros
que participan en la operación. En Kosovo, la responsabilidad sobre la
misión militar recae sobre la OTAN, mientras que la responsabilidad sobre
la misión civil recae sobre la ONU. Militares españoles aseguran
que éste es el peor escenario ya que, a su juicio, los componentes militar
y civil deben estar siempre supeditados a una autoridad única de carácter
político para evitar problemas de coordinación y disfuncionalidades
entre los diferentes actores internacionales sobre el terreno.

UN MUNDO DE RIESGOS
Una de las lecciones derivadas de la experiencia de la comunidad internacional
en los Balcanes, y que puede extrapolarse a otras zonas, es que, pese a los
esfuerzos de democratización, o precisamente a causa de ellos, existe
el peligro de que los grupos radicales antidemocráticos ganen las elecciones.
Frente a esto, lo único que se puede hacer es prolongar la tutela internacional
e intentar que el relevo generacional y la normalización de la vida acerquen
a la mayoría del electorado hacia posiciones moderadas.

Con ser éste un riesgo importante, hay muchos otros. Entre ellos, que
la autoridad internacional desoiga a las fuerzas políticas locales, la
desproporción entre los sueldos de los miembros de los organismos internacionales
y los de los habitantes del país y que éstos mismos se acostumbren
a que la comunidad internacional les saque las castañas del fuego. Todos
los analistas parecen estar de acuerdo en que la pregunta clave es: ¿hasta
cuándo debe prolongarse la tutela internacional? La respuesta sería:
hasta que el trabajo esté hecho.

En Afganistán, pese a contar con el respaldo de la comunidad internacional
tras el 11-S, EE UU no parecía tener más que un objetivo: derrocar
al régimen talibán y a sus aliados de Al Qaeda. Washington no
ha hecho ningún esfuerzo por devolver la normalidad y la seguridad al
país, si se exceptúa la capital, Kabul, y sus alrededores, donde
están desplegadas las fuerzas de la ISAF, bajo mando de la OTAN, y que
sí tienen una misión de reconstrucción. En Irak, a pesar
de los objetivos declarados de establecer un régimen democrático
para todos los iraquíes, la realidad parece demostrar que buenas intenciones
y recursos militares no son suficientes. También hacen falta una estrategia
política razonable y una capacidad técnica para orientar la fase
posconflicto en la dirección adecuada, que, de momento, parecen estar
ausentes.

El Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITP), una iniciativa de FRIDE
y de la Fundación Ortega y Gasset, ha creado un grupo de trabajo sobre
estos temas para mejorar la capacidad de España y de la comunidad internacional
en el mantenimiento de la paz.

Agenda FRIDE
Éstas son algunas de las actividades que la Fundación
para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior
(FRIDE) tiene previstas para los próximos meses:

Resolución del conflicto palestino- israelí:
¿se agota el tiempo?

Foro sobre Oriente Medio y norte de África.
Conferencia de Naomi Chazan, investigadora del Centro de Estudios
Internacionales, Massachussets Institute of Technology.
Lugar y fecha: FRIDE,
3 de junio.

Tribunales ad hoc de justicia penal internacional.
Una evaluación de los tribunales para la antigua
Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, Camboya y el tribunal especial
iraquí

Conferencia de Hans Corell, adjunto al secretario general de Naciones
Unidas para Asuntos Legales (1994-2004).
Lugar y fecha: FRIDE,
17 de junio.

Justicia Internacional
Fórum Barcelona 2004-Diálogo sobre libertad, seguridad
y paz.
Director: Richard Goldstone, antiguo juez del Tribunal Constitucional
de Suráfrica y ex fiscal del Tribunal Internacional para
la Antigua Yugoslavia.
En colaboración con el Fórum Barcelona 2004 y el
Comité Español del ACNUR.
Lugar y fecha: Centro Internacional de Convenciones de
Barcelona,
21 y 22 de junio.

Guantánamo y la Ley Patriótica: impacto
sobre el Derecho Internacional de los derechos humanos

Ciclo de debates sobre Justicia Penal Internacional, Derechos
Humanos y Derecho Internacional.
David Cole, catedrático de Derecho, Universidad de Georgetown.
Douglas Cassel, director del Center for International Human Rights,
School of Law, Universidad de Northwestern.
Ruth Wedgwood, catedrática de Derecho Internacional, School
of Advanced International Studies, Universidad John Hopkins.
Lugar y fecha: FRIDE,
7 de julio.

Más información en www.fride.org