Mujeres reclusas, la mayoría con cargos por drogas, trabajan en un taller en la prisión Ancon 2, parte de Piedras Gordas, a 12 km de Lima, Perú. (Cris Bouroncle/AFP/Getty Images)
Mujeres reclusas, la mayoría con cargos por drogas, trabajan en un taller en la prisión Ancon 2, parte de Piedras Gordas, a 12 km de Lima, Perú. (Cris Bouroncle/AFP/Getty Images)

Es hora de abordar el desfase mundial entre quienes fijan las políticas prohibicionistas en materia de drogas y quienes viven con las consecuencias de éstas como las mujeres.

Los firmantes de los tres tratados internacionales sobre drogas se han comprometido a prohibir la utilización de varias sustancias controladas y a regular el uso de las drogas consideradas medicinales. La prohibición, como hemos aprendido tras 50 años de políticas fallidas, no impide el consumo ni la venta de drogas, y sólo sirve para causar muchos más daños a las personas involucradas.

En abril, la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) sobre el Problema Mundial de las Drogas se reunirá en Nueva York por primera vez en 18 años para revisar la situación actual del régimen de control de drogas y debatir sobre la mejor forma de avanzar. Existen grandes presiones de un número cada vez mayor de gobiernos y miembros de la sociedad civil para que en las discusiones de la UNGASS se tengan en cuenta los derechos humanos, la salud pública y el desarrollo sostenible.

Las reuniones anteriores de la ONU sobre este tema se limitaban muchas veces a emitir declaraciones sobre un mínimo denominador común y resoluciones que mantenían el statu quo. Los gobiernos reformistas han tenido que luchar contra muchos obstáculos para dejar claro que el régimen prohibicionista actual perjudica de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables del mundo.

En todo el mundo, las mujeres y niñas suelen ser las más perjudicadas por las políticas punitivas y prohibicionistas. Las mujeres desempeñan papeles de poca importancia en el tráfico de drogas y en general las consumen en menor medida que los hombres, pero su salud y su bienestar sufren mucho más las consecuencias.

A pesar de que la mayoría de las mujeres que intervienen en el narcotráfico suelen carecer de antecedentes, a menudo se las sanciona como si fueran responsables de cárteles, en un sistema legal con penas mínimas obligatorias y sentencias muy rígidas. A escala mundial, las mujeres van a la cárcel por delitos relacionados con las drogas más que por cualquier otro tipo de crímenes.

La mayoría de las mujeres arrestadas por delitos de drogas sufren marginación económica y social, y están a cargo de hogares monoparentales con uno o más hijos. En América Latina, la población reclusa femenina ha aumentado casi un 50%, y el 70% de esas presas, aproximadamente, sufren condena por delitos de drogas. La mayoría de las mulas son mujeres, de acuerdo con el estereotipo son figuras poco amenazadoras, por lo que los traficantes las utilizan para transportar pequeñas cantidades de mercancía. El hecho de que las encarcelen, que tantas consecuencias tiene para sus vidas y sus familias, no repercute prácticamente nada en el narcotráfico.

Las mujeres que consumen drogas se encuentran con tremendos obstáculos que les impiden recibir atención sanitaria y tratamiento. Los programas de reducción de daños y rehabilitación, sistemáticamente escasos de dinero, no suelen tener en cuenta el intenso estigma social que afrontan las mujeres cuando revelan que son drogadictas, por lo que hay menos probabilidades de que utilicen los servicios (según datos extraídos del informe: Women, Harm Reduction and HIV)

Las mujeres que se inyectan drogas tienen tasas de mortalidad más altas que los hombres y más probabilidad de problemas relacionados con el punto de inyección, pasan con más rapidez del primer consumo a la dependencia, sufren más casos de VIH y tienen más niveles de riesgo tanto en el uso de drogas inyectables como en los comportamientos sexuales. Pese a ello, son relativamente pocas las mujeres que utilizan los servicios de intercambio de agujas.

Incluso cuando existen servicios disponibles, el ambiente suele ser contraproducente para las mujeres, sobre todo para las que tienen hijos. Se las separa inmediatamente de ellos, de forma provisional o incluso permanente, y pierden injustamente la custodia. En algunos casos, les prohíben acceder a programas de rehabilitación y albergues para sin techo. Siempre se demoniza a los drogadictos, pero a las mujeres mucho más, y se pone constantemente en tela de juicio su capacidad de ser buenas madres.

Las leyes sobre delitos de conspiración, diseñadas para capturar a los miembros de organizaciones de narcotraficantes, se utilizan para perseguir a las mujeres con cargos injustos y desproporcionados. A muchas se las acusa de conspiración para delinquir solo por vivir con un hombre que se dedica al trapicheo. Las normas de asistencia social exigen muchas veces que las beneficiarias, incluso las que no consumen drogas, se sometan a análisis para obtener las ayudas públicas. Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), eso constituye una invasión de la intimidad excesiva e injustificada; además, se ceban con quienes viven en comunidades de rentas bajas y, de forma desproporcionada, con las personas negras.

En todos los países, las mujeres sufren discriminación debido a las leyes y las políticas, los estereotipos de género y las normas y costumbres sociales. Estas vulnerabilidades se complican y prolongan aún más por la exclusión y la estigmatización que fomentan las políticas prohibicionistas. Como consecuencia, disminuye todavía más la capacidad de las mujeres de decidir y reclamar su derecho a contar con apoyo y protección. En la práctica, la política actual de drogas es un instrumento más de opresión contra las mujeres.

Los organismos de la ONU encargados de proteger los derechos humanos están presionando para que se hagan reformas internacionales. El pasado mes de septiembre, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo público un estudio exhaustivo que mostraba el gran aumento del número de mujeres encarceladas por delitos de drogas y las repercusiones que eso tiene en sus vidas, su salud y el bienestar de sus familias.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer también ha expresado en varias ocasiones su inquietud por el número de mujeres encarceladas por delitos de drogas y ha observado que esa situación puede estar relacionada con la pobreza femenina.

La Organización Mundial de la Salud ha manifestado su preocupación por la discriminación que puede existir en las cárceles de mujeres en las que quizá no se dispone de programas de reducción de daños, incluida la terapia de sustitución de los opioides.

El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados son otras agencias de la ONU que han informado que las mujeres consumidoras de drogas suelen ser víctimas de violencia, incluida violencia sexual, a manos de sus parejas y de agentes de policía.

UNGASS 2016 presenta una oportunidad extraordinaria para reaccionar ante la montaña de pruebas y la avalancha de voces que exigen reformas, tanto dentro como fuera de la ONU. Es la ocasión de abordar el desfase mundial entre quienes fijan las políticas prohibicionistas y quienes viven con las consecuencias de esas políticas. Las reformas de las políticas sobre drogas deben resolver los fallos estructurales que agravan la situación de las mujeres atrapadas entre dos fuegos. Mientras no examinemos la política sobre drogas desde una perspectiva de género, seguiremos perdiendo esta guerra de la que son víctimas generaciones enteras de nuestras mujeres y niñas más vulnerables.

 

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

 

 

comision

 

Actividad subvencionada por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores