La Casa Rosada hace equilibrios entre el proceso por corrupción contra el vicepresidente argentino, la deuda pendiente con los fondos buitre y un escenario económico poco optimista.
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner parece ir de final en final. Terminado el Mundial de Brasil, los partidos que disputa en casa son claves para afrontar el último tiempo de legislatura y de ciclo kirchnerista.
En menos de año y medio, sin posibilidad de otra reelección, la Presidenta tendrá que abandonar la Casa Rosada, donde los problemas más urgentes se pasan, como una pelota, del corazón del Ejecutivo al de las finanzas. Dicho de otro modo, del vicepresidente procesado por corrupción, Amado Boudou, a la deuda pendiente con los llamados fondos buitres y otros acreedores que no entraron en la reestructuración de 2005 y de 2010.
En ambos casos una decisión equivocada puede convertir el tramo final de la despedida del poder de la viuda de Néstor Kirchner en un doloroso camino de espinas y llevar a la Argentina a una situación de bancarrota, un escenario que, en rigor, resulta inverosímil imaginar o “una irresponsabilidad política enorme”, en palabras de Ricardo Delgado, director de la Consultora Analytica.
Amado Boudou, de 51 años, es el segundo vicepresidente de Cristina Fernández, un político, a diferencia suya, que no viene del peronismo. Lo eligió como ministro de Economía en su primer mandato (2007-2011) y lo volvió a elegir después como compañero de fórmula a la Presidencia, que reconquistó en 2011 con el 54% de los votos. En esa decisión pesó la mala experiencia anterior vivida con Julio Cobos, miembro de la Unión Cívica Radical (UCR) y candidato adjudicado –tal y como reconoció el difunto ex presidente– por Néstor Kirchner. La presidenta no le perdonó a Cobos que, a los pocos meses de su investidura, votara en el Senado un desempate en contra de un ajuste impositivo para el sector agropecuario, un proyecto de ley que se había convertido en estandarte de su Gobierno.
Fernández estaba convencida de que con Amado Boudou esa historia de rebeldía no podría repetirse. De su delfín rescataba lealtad y ser el autor de la idea original de estatizar los planes de pensiones y jubilaciones, iniciativa propia, –aseguró– de “un hombre sin miedo”.
Aquella apuesta por Boudou, tres años más tarde, únicamente le da y le ha dado disgustos a la mujer más poderosa de Argentina. Su vicepresidente está procesado y tiene embargados bienes por –presuntamente– apropiarse de una imprenta que imprime papel moneda de curso legal. Originalmente conocida como Ciccone Calcográfica, la firma, tras sucesivos cambios de nombre, fue estatizada –por la mayoría oficialista– pese a desconocerse quién era su propietario. El juez federal Ariel Lijo se la adjudica a Boudou y le atribuye la figura de “cohecho pasivo” y “negociaciones incompatibles” con el cargo, pero la causa judicial tiene otras ramificaciones, graves, en curso. Dicho esto, no es la única que tiene al todavía vicepresidente contra las cuerdas de la justicia.
El próximo procesamiento, una crónica anunciada, será por falsedad en documentos de propiedad de un vehículo marca Honda, papeles que truchó (falsificó) para dejar el coche fuera de su divorcio, según otro juez federal. La lista de asuntos pendientes con la justicia para Boudou no termina ahí. De momento ronda la decena –llegó a tener 53– y entre éstas sobresalen cuatro acusaciones de enriquecimiento ilícito, negocios incompatibles con su cargo por cobrar para asesorar en la renegociación de la deuda de Formosa, una de las provincias más pobres de Argentina y adquirir, con información privilegiada, bonos de deuda pública en vísperas del canje de 2010. Esto es, de llevar a cabo –presuntamente y con intermediarios– algo muy parecido a los fondos buitres, comprar los títulos del Estado cuando están bajo mínimos y beneficiarse después, en su caso, con un canje muy favorable.
Este escenario, insólito en la historia de Argentina, ha abierto una crisis de Gobierno sin precedente. La oposición exige que Boudou pida una excedencia o, directamente, presente su dimisión. El vicepresidente se resiste y la Presidenta, pese a las presiones, aún le protege. Hubo un intento de juicio político en el Congreso a Boudou pero fue descartado in limine (sin posibilidad de presentar argumentos que lo justificaran) por el rodillo kirchnerista. En este contexto, conviene recordar un antecedente importante de la llamada causa Ciccone, que arranca de abril de 2012. Boudou comenzó a abrir el ventilador y provocó la renuncia del procurador general (equivalente a fiscal general) , Esteban Righi, la del primer juez de la causa Daniel Rafecas y la del fiscal Carlos Rívolo pero, además, dejó entrever que disponía de munición gruesa en la recámara de la memoria. La oposición está convencida de que apuntaba directamente a Néstor Kirchner y a su viuda. Esa sería la única explicación para entender por qué el vicepresidente de Argentina sigue en su cargo.
La situación es aún más compleja y afecta no sólo a Cristina Fernández de Kirchner, sino al normal funcionamiento del poder Legislativo. En Argentina, por Constitución, el vicepresidente debe presidir las sesiones del Senado, misión que, hoy por hoy, no es fácil. La oposición amenaza con abandonar el hemiciclo o leer, si Boudou aparece, fragmentos de su procesamiento. El desafío obligó al vicepresidente a ausentarse de su puesto para que la Cámara Alta pudiera dar luz verde hace unos días a un acuerdo bilateral con China.
El costo político del caso Boudou para el Gobierno es inmenso, pero también para los candidatos oficialistas que sueñan con heredar el año próximo, en las urnas, la Casa Rosada. Los últimos sondeos anticipan una segunda vuelta o ballotage en el que, de momento, inclinan la balanza a favor del peronista rebelde Sergio Massa, ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández que, con partido propio, Frente Renovador, arrasó en las últimas elecciones legislativas con un discurso crítico al oficialismo. También el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri (Pro), gana enteros –aunque no alcanza a Massa – mientras los oficialistas pierden fuelle. El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, es el que figura, por ahora, mejor colocado. Lejos aparece el titular de Interior, Florencio Randazzo, el hombre que dijo “a nadie se le niega el saludo” para justificar sus palmaditas o abrazo del oso, con Boudou, el 9 de julio, día de la independencia de Argentina.
La imagen de un vicepresidente procesado y acorralado por una colección de querellas, –al frente de la Presidencia durante los viajes oficiales de Cristina Fernández de Kirchner–, resulta esperpéntica dentro y fuera de Argentina. La Presidenta lo sabe pero no parece terminar de encontrar la fórmula para sacudirse el problema de encima sin que la decisión le pase más factura de la que está pagando. Un cambio de Gabinete –con el retiro de Boudou incluido– podría aliviar la situación, pero sería inviable sin el acuerdo de un vicepresidente que ya ha dejado claro que sabe demasiado.
Acorralados por la deuda
Información certera es lo que falta estos días en Argentina para anticipar el resultado de otro partido determinante para el futuro del país. El fallo del juez Thomas Griesa de 2012, ratificado en la Cámara de Apelaciones y cuya revisión desestimó semanas atrás la Corte Suprema de Estados Unidos, obliga a Argentina a pagar antes de fin de mes unos 1.500 millones de dólares (unos 1.100 millones de euros) si no quiere caer, de nuevo, en cesación de pagos. Los beneficiarios de la medida, un colectivo de fondos de inversión especulativa y un grupo reducido de acreedores particulares, aguardan el pago íntegro de sus bonos del Estado. No aceptaron una reestructuración (2005/2010) que en algunos casos supuso pérdidas de hasta el 65% del valor nominal de sus títulos y optaron por litigar tras el crack de 2001 de Argentina. Ahora, tienen sentencia firme y reclaman lo que, según el fallo de la justicia por la que se rigen esos bonos, es suyo.
“Argentina fracasó en su intento de estirar el proceso judicial hasta el próximo año y está obligada a negociar contra reloj”, observa el economista Roberto Cachanoski. En caso de no hacerlo, los giros de pago de la deuda reestructurada quedarán, como ha sucedido ya, bloqueados y serán susceptible de embargo para entregárselos a los buitres. Siempre y cuando Griesa no disponga otra medida o aplazamiento de la ejecución de la sentencia. El interés del Gobierno de Argentina en patear para 2015 el pago de esa deuda tiene un nombre: RUFO (Rights Upon Future Offers). El 31 de diciembre vence esta cláusula que permite, a todos los acreedores que entraron en las dos reestructuraciones anteriores, reclamar el mismo trato que reciban otros si son mejorados económicamente. RUFO dejará de existir en enero; cualquier pago antes podría poner en riesgo toda la reestructuración, equivalente a “150.000 millones de dólares”, asegura el Gobierno. “El problema es de arquitectura legal”, insiste Ricardo Delgado. “Los 1.500 millones de dólares son asumibles”, coinciden ambos economistas.
Los fondos de inversión han expresado su disposición a negociar un plan de pagos que no perjudique a Argentina y hasta un grupo de bancos se ofreció a comprar la deuda para sortear a RUFO. Mientras, el Gobierno libró una batalla en foros internacionales (OEA, Unasur, G-77 más China) donde cosechó la comprensión y solidaridad política de los países respecto a los buitres.
El Ejecutivo de Fernández de Kirchner, tras sucesivos bandazos, se sentó, bajo el paraguas del Juez Griesa a negociar –término que omite– con los fondos de inversión a través de Daniel Pollack, el intermediario designado por el magistrado neoyorquino. Los mensajes sobre el rumbo de esas conversaciones son contradictorios y en función de dónde apuntan, la bolsa sufre oscilaciones y el peso, la devaluada moneda argentina, se hunde en el mercado paralelo.
El tiempo no favorece a una Argentina que aumenta, por ese retraso, su deuda día a día. Aldo Pignanelli, ex director del Banco Central, observa que “la impericia del Gobierno multiplica el monto original de la deuda. Vamos a pagar 800 millones de dólares de punitorios. Se los vamos a regalar”, insiste molesto por la falta de un acuerdo que considera imperativo y urgente.
En este contexto Cachanoski observa que Argentina se encuentra en “recesión, las exportaciones se han reducido, hay un descenso del consumo y faltan inversiones. En simultáneo, aumenta el gasto público y la inflación ronda el 40%”, resume. Para ilustrar el escenario apunta: “Los cinco primeros meses del año las exportaciones cayeron un 12% y en mayo, comparado con el mismo mes del pasado año, la caída fue del 16%”. Otras variables pintan un cuadro preocupante de Argentina. “En torno al 40% de la población se beneficia de subsidios. De 40 millones de argentinos, 18 reciben los llamados planes sociales. Hay desafíos que afrontar, -advierte el economista-. Entre otros, actualizar las tarifas de servicios públicos, resolver el doble mercado de cambio, bajar el gasto público, reducir la emisión monetaria, levantar el cepo al dólar –obstáculos de compra de divisas– y volver a ofrecer seguridad jurídica”.
Jorge Brito, presidente del Banco Macro y de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos), en entrevista con Liliana Franco y Pablo Jiménez, piensa en el día después de las elecciones de 2015 y en un posible acuerdo con los acreedores. “Si se arregla con ellos, puede entrar rápido dinero en colocación de bonos y asimismo obtener millones de dólares por diferentes empresas", asegura. "Con otro Gobierno –añade– rápidamente se va a tener una inversión importante en Vaca Muerta (mega yacimiento de hidrocarburos expropiado a Repsol), habrá un derrame… Hoy el campo está dejando de exportar unos 6.000 millones de dólares en trigo, maíz y carne. Está todo organizado y mañana se puede poner en marcha… La Argentina no necesita de crédito: se calcula que los argentinos tienen más de 220.000 millones de dólares en el exterior”.
Roberto Cachanoski desea que se imponga la cordura en la Casa Rosada pero, “no descarto una cesación de pagos. Este Gobierno es capaz de cualquier cosa”, reflexiona. Dicho esto, recuerda las bravuconadas del difunto general Leopoldo Galtieri durante la Guerra de Las Malvinas, en abril de 1982. Cuando la dictadura militar pensaba que la británica Margaret Thatcher no sería capaz de mandar a su flota a las islas del Atlántico Sur, vociferó: “Si quieren venir que vengan. Les daremos batalla y –añade Cachanoski–, nos llenaron de agujeros”.
El tiempo apremia en una Argentina que disputa un juego, en el terreno económico y político, peligroso. El desenlace del caso Boudou y de los fondos buitres, marcará el camino de salida del poder de la Presidenta y ambas pelotas, hoy por hoy, están en su tejado.
