¿Mayor participación comunitaria o un varapalo al Estado de Bienestar? Los primeros pasos de la propuesta estrella del primer ministro británico, The Big Society, alimenta el debate sobre el impacto social de la crisis al coincidir con una histórica y dolorosa reducción del gasto público.

 

A paso marcial, a pesar del escepticismo de los suyos. Al grito de “tu país te necesita”, David Cameron aprovechó su discurso final ante el Congreso Tory de Birminghan, a primeros de octubre, para volver a la carga con su proyecto de “Big Society” (gran sociedad) alegando que el interés nacional está por encima de todo.

Getty Images News

La propuesta, esbozada a finales de 2009, ha ido tomando forma en sucesivos discursos programáticos y, convertida ya en el eje central de su estrategia política, empezó a concretarse en mayo con la llegada al poder de los conservadores. Ahora, además, es una realidad tangible cuya sede está muy cerca de su principal mentor, junto a Downing Street, en la llamada Oficina para la Sociedad Civil que dirige el secretario de Estado, Nick Hurd.

Mucho han cambiado las cosas en el conservadurismo británico desde que, en los 80, Margaret Thatcher afirmara que “no existe algo llamado Sociedad”. Porque, para David Cameron  -que quiere pasar a la historia como el gran modernizador del Partido Conservador- la palabra “sociedad” es clave. “La acción social se ha convertido en la esencia del moderno conservadurismo”, dijo en noviembre de 2009. Y la explicación está en el propio proyecto que, según sus palabras, pretende devolver a la sociedad gran parte del protagonismo que fue conquistando el Estado durante los trece años de laborismo, crear una “gran sociedad” basada en la responsabilidad de los individuos y enfrentarla al concepto laborista de “gran gobierno”, al que califican de paternalista y derrochador.

Tampoco forma parte del habitual ideario conservador el método con el que el Primer Ministro pretende financiar la propuesta, la utilización de millones de libras procedentes de cuentas durmientes, depósitos que han permanecido en distintos bancos sin registrar ningún movimiento durante los últimos quince años. Ese fondo servirá para contratar a un ejército de entre cinco y seis mil personas que serán entrenadas como “organizadores comunitarios”. Su misión será identificar líderes locales, aglutinar a los miembros de las distintas comunidades y ofrecerles la ayuda necesaria para que tomen el control de sus asuntos y puedan solucionar sus propios problemas, desde crear una cooperativa para evitar el cierre de un pub, algo que ya está en marcha, hasta ayudar a los padres a crear nuevas escuelas o constituir pequeños grupos de voluntarios con el fin de desarrollar todo tipo de proyectos locales.

“Ahora somos los radicales”, dijo Cameron en el Congreso de Birminghan, quizá pensando en que su propuesta se basa en buena parte en el movimiento desarrollado en Estados Unidos por Saul Alinsky, un dirigente de la llamada izquierda “no socialista” que pasó cuatro décadas ejerciendo la acción social en beneficio de los más desfavorecidos y que formó a varias generaciones de “organizadores comunitarios”, entre ellos al actual presidente estadounidense, Barak Obama. The Big Society pretende ser, en definitiva, un movimiento dinamizador de la sociedad, una invitación a que los individuos confíen en sí mismos más que en el Estado y a que, de alguna manera, se sientan parte integrante del nuevo Gobierno, con lo que ello conlleva, apuntan desde la oposición, de afección hacia el poder representado en este momento por el Partido Conservador en coalición con el Liberal Demócrata.

El plan ha empezado a tomar forma, de modo experimental, en cuatro comunidades de distintas zonas del país, alejadas entre sí, a las que el Gobierno está haciendo llegar los fondos necesarios. Pero los resultados no se conocerán a corto o medio plazo, advierten sus inspiradores. El propio Cameron ha añadido que se necesitarán al menos dos legislaturas para llevar a cabo lo que anuncia como una transformación cultural de una parte de la población acostumbrada a permanecer sentada en el sofá a la espera de subsidios. Y admite que no es solamente culpa de los años de Tony Blair, cuyo Nuevo Laborismo intentó acabar con esa cultura invirtiendo sobre todo en educación, sino de una costumbre arraigada durante décadas especialmente en los suburbios de las grandes ciudades británicas.

Sin embargo, en Reino Unido corren malos tiempos para todo lo que suene a subsidio. La primera crítica surgida contra la Big Society ha sido que, más que mostrar un camino, lo que pretende es ocultar la dura realidad que se avecina como consecuencia del recorte más drástico del gasto público desde los 70. El plan, presentado el 20 de octubre por el ministro de Economía, George Osborne, y destinado a reducir el elevado déficit fiscal del país, prevé un ahorro de 81.000 millones de libras (unos 92.000 millones de euros) en los próximos cuatro años. Entre las medidas más llamativas que contempla están la elevación de la edad de jubilación a los 66 años a partir de 2020 o la retirada para las familias más pudientes del famoso Child Benefit, un subsidio que perciben todas las madres británicas y al que se considera uno de los pilares del Estado de Bienestar social, porque tiene su origen en una ayuda similar que empezó a ofrecerse a mediados de los años 40.

Muchos ciudadanos se negarán a hacer gratis las mismas cosas por las que antes cobraban del Estado

En contra de lo anunciado inicialmente no se recortarán las ayudas que perciben los pensionistas para transporte y calefacción, posiblemente por el peso electoral de ese colectivo. Y como dato sin duda significativo se mantiene la inversión en sanidad y educación, algo que delata la actitud del Gobierno conservador hacia el Estado de Bienestar Social. En los medios británicos se ha hablado de hachazo, mutilación, exceso de audacia, apuesta temeraria…, pero el mensaje que han reflejado es que, al menos retóricamente, los conservadores y sus socios liberal demócratas no se disponen a desmantelar algo tan interiorizado en los ciudadanos como el Estado de Bienestar, que consiguió sobreponerse incluso a la apisonadora conservadora de Margaret Thatcher.

“Reformarlo para que funcione”, dijo el propio Cameron sobre el Estado de Bienestar Social y, de paso, ahorrar al país varios miles de millones de libras destinados anualmente a cubrir las necesidades básicas de unos cinco millones de personas en edad de trabajar que se mantienen fuera del mercado laboral gracias a esas ayudas. El Instituto de Estudios Fiscales, un influyente think tank británico, ha advertido que las medidas afectarán más duramente a los menos favorecidos, pero el premier británico confía en que potenciarán la recuperación económica y el sector privado terminará absorbiendo a la mayoría de los afectados y al casi medio millón de empleados públicos que presumiblemente perderán sus empleos en los próximos años.

Aunque menos que a los ministerios, con una reducción media del 19%, el recorte también afectará a las administraciones locales. La inversión se reducirá en un 7,1% y causará la desaparición de unos cien mil puestos de trabajo en los ayuntamientos, según la Asociación de Gobiernos Locales. Y aquí es donde reaparece con fuerza la idea de The Big Society, aunque necesariamente matizada. Si la propuesta de Cameron estaba inicialmente destinada a sumar esfuerzos a la acción social, el recorte de los próximos años induce a pensar que servirá más bien para colocar voluntarios allí donde antes había empleos retribuidos. Quizá el primer ministro británico urdió su plan pensando en ello, pero la lógica invita a pensar que muchos ciudadanos se negarán a hacer gratis las mismas cosas por las que antes cobraban del Estado. De hecho, según un reciente sondeo, más del 80% de los británicos dicen que apoyan más participación comunitaria, pero sólo una cuarta parte afirma estar dispuesta a involucrarse.