Reexaminar el Delta del Níger es crucial para evitar que haya un resurgimiento de la violencia y un aumento de la delincuencia relacionada con el petróleo. Aquí van algunas recomendaciones al Gobierno de Nigeria para evitar que el país se precipite a una violencia armada.
La violencia en el Delta del Níger puede verse pronto incrementada a menos que el Gobierno de Nigeria actúe con rapidez y decisión para abordar las quejas que se han ido acumulando desde hace tiempo. Está previsto que el costoso Programa Presidencial de Amnistía para los antiguos insurgentes termine en unos meses, mientras en la región son cada vez más amargos los lamentos por el hecho de que la pobreza crónica y la catastrófica contaminación por hidrocarburos causantes, en gran medida, de la anterior rebelión sigan sin resolverse. Desde que Goodluck Jonathan, el primer presidente proveniente del Delta, perdiera la reelección en marzo, algunos activistas han reanudado la agitación para lograr un mayor control de los recursos y conseguir la autodeterminación. Además, antiguos líderes de las milicias están amenazando con reanudar la lucha ("el regreso a los pantanos"). Aunque la insurgencia de Boko Haram en el noreste es un desafío de seguridad prioritario, el presidente Muhammadu Buhari identifica con acierto el Delta como una prioridad. Es necesario que actúe con firmeza pero con cautela para reducir de manera gradual el Programa de Amnistía, actualizar los programas de desarrollo y medio ambiente, facilitar la aprobación de la estancada Ley de la Industria Petrolera (PIB, en sus siglas en inglés) y mejorar la seguridad y el Estado de derecho en toda la región.
El Comité Técnico sobre el Delta del Níger, un organismo especial que en 2008 recibió el mandato de avanzar en las soluciones a los múltiples problemas de la región, propuso el Programa de Amnistía, cuya puesta en práctica en 2009, junto con concesiones a los que fueran líderes militantes, conllevó una apariencia de paz y permitió que la producción de petróleo recuperara los niveles previos al estallido de la insurgencia. Sin embargo, el Gobierno ha fracasado a la hora de poner en práctica otras recomendaciones que abordaban las raíces de la insurgencia, incluyendo la inadecuada infraestructura, la contaminación medioambiental, las demandas locales de una mayor participación en los ingresos del crudo, la pobreza generalizada y el desempleo juvenil.
Dos agencias creadas para impulsar el desarrollo, la Comisión de Desarrollo del Delta del Níger (NDDC) y el Ministerio de Asuntos del Delta del Níger (MNDA) han naufragado. Otras dos que tenían la misión de recuperar el medio ambiente contaminado por el petróleo (en especial en el territorio de los ogoni- uno de los pueblos indígenas asentado en la zona) y frenar o gestionar los cientos de derrames de crudo que se producen al año, el Proyecto de Restauración de Contaminación por Hidrocarburos (HYPREP) y la Agencia Nacional de Detección y Respuesta para Derrames Petrolíferos (NOSDRA) han sido fundamentalmente ineficaces. La PIB, destinada a mejorar la gobernanza de la industria de petróleo y gas y, posiblemente, también a crear fondos especiales para las comunidades de las zonas productoras del oro negro, lleva estancada en la Asamblea Nacional (el Parlamento federal) desde 2009. En resumen, siete años después del informe de la comisión técnica, las condiciones que provocaron la insurgencia podrían fácilmente desencadenar una nueva fase de conflicto violento.
El resultado de la elección presidencial también ha agudizado las tensiones. Aunque en la región la mayoría de la población reconoce que Jonathan perdió, algunos antiguos dirigentes y grupos militantes aceptan a Buhari solo de manera condicional. Por ejemplo, el Frente de Salvación Popular del Delta del Níger (NDPSF), el sucesor civil de la militante Fuerza Popular de Voluntarios del Delta del Níger (NDPVF), afirma que la salida de Jonathan del poder fue producto de una conspiración de los habitantes del norte y de los yoruba del suroeste contra los pueblos del Delta y el sureste del país. Aparentemente, influenciados por ese punto de vista, algunos grupos están retomando antiguas exigencias, que casi no se escucharon durante la presidencia de Jonathan, a favor de la autonomía regional o la "autodeterminación".
Las tensiones locales generadas por las elecciones también plantean riesgos, sobre todo en el estado de Rivers, donde el gobernador Nyesom Wike (del Partido Democrático Popular –PDP-, partido del ex presidente Jonathan) y el que fuera gobernador Rotimi Amaechi (del Congreso de Todos los Progresistas –APC-, la formación del presidente Buhari) son enemigos acérrimos. En una situación en la que hay muchas armas en manos no autorizadas, los asesinatos por motivos políticos y los secuestros para pedir rescate, que ya son frecuentes, podrían incrementarse.
Es necesario que se produzcan cambios políticos e institucionales, pero si su preparación y puesta en práctica no es inclusiva y transparente, estos mismos cambios podrían desencadenar conflictos. Buhari ha declarado que el Programa de Amnistía, que cuesta más de 500 millones de dólares al año (unos 440 millones de euros), debe acabar en diciembre. Buhari ha dado por terminados contratos de protección a oleoductos que Jonathan adjudicó a empresas propiedad de antiguos líderes militantes y de la milicia étnica yoruba, el Congreso de los Pueblos O’odua (OPC), y puede agilizar las ineficientes agencias de intervención para el desarrollo. Puede que también retire la PIB del Parlamento para su revisión. Algunas de estas cosas son deseables, incluso inevitables, pero algunos de los que fueron líderes y otros intereses creados amenazan con resistirse y con un posible regreso a la violencia. La percepción de que las acciones del Gobierno están revirtiendo las mejoras logradas en el Delta podría agravar las quejas de la población local y precipitar la violencia armada.
Se calcula que en su punto álgido, en 2009, la insurgencia en el Delta del Níger se cobraba unas 1.000 vidas al año, había rebajado la producción petrolera de Nigeria en más de un 50% y estaba costando al Gobierno cerca de cuatro mil millones de nairas al día (casi 19 millones de dólares) en operaciones de lucha contra la insurgencia. Un resurgimiento de la violencia y el aumento de la delincuencia relacionada con el petróleo en el Delta podrían socavar gravemente la seguridad nacional y la estabilidad económica, que ya se ven lastradas por la insurgencia de Boko Haram y la disminución de los ingresos del crudo.
Algunas acciones podrían evitar una recaída en el conflicto y lograr la construcción de una paz duradera en el Delta del Níger.
Qué tendría que hacer presidente Muhammadu Buhari
El mandatario debería visitar el Delta en cuanto tenga la primera oportunidad para subrayar el compromiso con la región y diseñar un plan integral para su seguridad y desarrollo.
Y el Gobierno federal de Nigeria
Podría ir reduciendo el Programa de Amnistía de forma gradual, al tiempo que debería garantizar que los antiguos militantes ya registrados completaran la formación prometida (además de que hiciera coincidir dicha formación con las oportunidades de empleo disponibles). Mientras que a la vez podría exigir una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión del programa.
Debería racionalizar las responsabilidades de desarrollo regional, hacer que desaparezca paulatinamente el Ministerio de Asuntos del Delta del Níger (MNDA) y reformar la Comisión de Desarrollo del Delta del Níger (NDDC) para que sea un organismo más responsable y eficaz.
Es importante que se tomen medidas urgentes para detener la degradación del medio ambiente mediante con la reactivación del Proyecto de Restauración de Contaminación por Hidrocarburos (HYPREP) como una entidad legal, independiente del Ministerio de Petróleo, que diera comienzo de forma rápida a preparativos y operaciones de limpieza en el territorio de los ogoni y en otras áreas afectadas de manera negativa. Podría fortalecer la capacidad de la Agencia Nacional de Detección y Respuesta para Derrames Petrolíferos (NOSDRA) para responder a los derrames de petróleo con rapidez y eficacia. Además, sería de gran utilidad, trabajar en la obstaculización a la proliferación de refinerías artesanales perjudiciales para el medio ambiente mediante la mejora de la disponibilidad de productos derivados del crudo adecuadamente refinados y la creación de refinerías modulares por la región, algo que lleva proponiéndose desde hace tiempo.
El Gobierno también podría fortalecer la seguridad y el Estado de derecho, lo que incluye fomentar la colaboración entre las agencias de seguridad y las comunidades locales en lugar de los contratos de protección de oleoductos concedidos a los antiguos líderes militantes y a las milicias étnicas. Trabajar en estrecha colaboración con la Asamblea Nacional para asegurar la pronta aprobación de la estancada Ley de la Industria Petrolera este año legislativo, sobre la base de un compromiso entre los intereses del Delta y los de otras áreas. Y procesar a los responsables de la violencia y el fraude electoral, y fomentar además la reconciliación entre comunidades y bandos, en especial en el estado de Rivers.
La comunidad internacional, en particular a la Unión Europea y los gobiernos de Estados Unidos y de Reino Unido
Podrían mantener y, donde sea posible, aumentar el apoyo a los programas existentes, incluyendo a los de las organizaciones de la sociedad civil, para la prevención de conflictos, construcción de la paz, la buena gobernanza, el Estado de derecho y el desarrollo en el Delta del Níger. Ofrecer asistencia técnica, logística y de creación de capacidades a las agencias que promueven el desarrollo, protegen y restauran el medio ambiente y luchan contra la corrupción, en especial NDDC, HYPREP, NOSDRA y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). Además, también tendrían que fortalecer la colaboración con el Gobierno y otros socios internacionales en la lucha contra el robo de petróleo, incluyendo el seguimiento de los ingresos de las empresas ilícitas.
Las grandes compañías petroleras, entre ellas Shell y ENI (NAOC) también tienen trabajo
Entre sus deberes podrían intensificar los esfuerzos para frenar la contaminación mediante la actualización o la sustitución de infraestructuras obsoletas con más regularidad, la instalación de más sensores para la detección temprana de fisuras en los oleoductos y dar mayor apoyo a NOSDRA y a las campañas de origen popular contra las refinerías artesanales.
Además, tendría gran valor si intensifican los esfuerzos para crear empleos para los jóvenes de la región externalizando de manera creciente trabajos marginales a empresas locales y utilizando materiales y conocimientos locales en cumplimiento de la Ley de Desarrollo de Contenido de la Industria del Petróleo y el Gas Nigeriano. Asimismo, cumplir con las obligaciones financieras y contribuir de forma más activa en la lucha contra el robo de crudo, en especial mediante el establecimiento de una mejor medición en los puntos de producción y unas disposiciones más transparentes para la carga del petróleo.
