Se han exagerado mucho los riesgos que representa la puesta en libertad de los presos. El cierre de la cárcel de Guantánamo no será fácil, pero compensa pagar ese precio a cambio de corregir una injusticia legal y moral de siete años.

 

“Los presos de Guantánamo son duros terroristas”

Brennan Linsley-Pool/AFP/Getty Images

En su mayoría, no. Desde que se estableció la cárcel, hace siete años, ha reinado la confusión sobre quién está exactamente detenido en Guantánamo. Los funcionarios de la cárcel, al principio, no sabían prácticamente nada de los primeros 300 presos, aparte de haber oído decir que eran “lo peor de lo peor”. No había datos sobre sus nombres, sus países de origen ni las lenguas que hablaban. Las circunstancias en las que se les había capturado y su relación con Al Qaeda o los talibanes eran asimismo turbias. Sólo cuando los investigadores de varios organismos estadounidenses empezaron a entrevistar e interrogar a los detenidos y a revisar la información proporcionada por departamentos de policía y servicios de inteligencia extranjeros, descubrieron que muchos de los individuos que estaban bajo su custodia no tenían nada que ver con el terrorismo.

Todavía hoy, escasean las pruebas que respalden los cargos penales contra la mayoría de los presos, que ya son 243. Todo parece indicar que se someterá a juicio a unas cuatro docenas de detenidos, entre ellos los 14 presos de alto riesgo transferidos a Guantánamo en 2006, como Khalid Sheikh Mohammed, el presunto cerebro de los atentados del 11-S, y Ramzi bin al Shibh, otro de los presuntos organizadores de dichos ataques. Es posible que haya otro grupo de presos considerados demasiado peligrosos para ponerlos en libertad por las declaraciones que han hecho y las relaciones que se sospecha que tienen. En la mayor parte de estos casos, las pruebas disponibles son insuficientes para condenarlos en un juicio o podrían verse rechazadas con el argumento de que se obtuvieron mediante coacción y, por tanto, no son admisibles. De los 243 restantes, es probable que a casi todos se los clasifique como imposibles de enjuiciar o se considere que no representan un peligro para Estados Unidos, por lo que se les pondrá en libertad.

 

“Los presos de Guantánamo que salgan a la calle en EE UU constituirán un peligro para la población civil”

No. Cada vez que se habla de poner en libertad a los presos, impera una actitud de “al lado de mi casa, no”: nadie quiere tenerlos cerca por miedo a que sean un peligro para la población o puedan llevar a cabo nuevos atentados.

Pero, que yo sepa, no hay ningún plan de liberar a los presos de Guantánamo en territorio estadounidense. Por consiguiente, el único peligro surgiría si se escapasen de la cárcel o atrajeran un atentado terrorista. En cuanto a la primera posibilidad, el Ejército de EE UU cuenta con experiencia profesional de sobra para mantener encerrados a los presos. Si las autoridades penitenciarias de Estados Unidos son capaces de mantener en la cárcel a peligrosos criminales sin temor de que huyan, quiere decir que es posible crear unas condiciones similares para estos reclusos. Y que se produzca un atentado en las proximidades de una de esas cárceles es poco probable; entre los lugares mencionados como posibles prisiones provisionales figuran establecimientos penitenciarios de Carolina del Sur, Kansas y el sur de California. El departamento de Seguridad estadounidense lleva siete años concibiendo maneras de impedir atentados terroristas en áreas mucho más pobladas y vulnerables.

 

“Si se les pone en libertad en el extranjero, los ex presos de Guantánamo organizarán atentados terroristas contra objetivos estadounidenses”

En la mayoría de los casos, no. El espectro de la liberación de un futuro terrorista ha presidido el debate sobre Guantánamo. Según las estadísticas oficiales estadounidenses, un máximo de 61 presos trasladados o puestos en libertad de Guantánamo (de un total de 557 liberados y trasladados durante los últimos siete años) han mostrado algún tipo de relación con actividades terroristas desde su salida a la calle. Sin embargo, hasta ahora, las liberaciones que han ofrecido problemas no han sido ordenadas por tribunales civiles después de valorar las pruebas, sino por representantes del Gobierno estadounidense que actuaron de forma unilateral, sin supervisión judicial. Muchos de los presos liberados fueron entregados a diversos países europeos por motivos de cortesía diplomática, y no como consecuencia de una revisión legal responsable. Con un repaso más serio de las pruebas para valorar el peligro que pueden constituir los prisioneros, podrán cometerse menos errores de ese tipo.

Hace poco, dos antiguos reclusos de Guantánamo fueron detenidos por incorporarse a grupos terroristas en Yemen. Tanto si su radicalización se produjo por su encarcelamiento en este centro como si sus presuntos vínculos terroristas eran anteriores a su estancia allí, el caso es que siempre habrá cierto riesgo al devolver a los detenidos a sus países. Una labor diplomática agresiva, que aborde las condiciones de la puesta en libertad, y la vigilancia de las amenazas terroristas en países como Arabia Saudí, Yemen y Afganistán son elementos que necesariamente tendrán que formar parte de los acuerdos de traslado y liberación que firme el nuevo gobierno estadounidense.

 

“El cierre de Guantánamo es sobre todo un asunto legal”

No, es sobre todo diplomático. Los funcionarios del departamento de Defensa y el de Justicia de Estados Unidos no son los únicos que tienen que trabajar horas extra para resolver cómo cerrar esta cárcel. También tienen que hacerlo los diplomáticos del departamento de Estado de EE UU.

En los últimos siete años han pasado por Guantánamo casi 800 terroristas. Casi 560 han sido puestos en libertad o trasladados a sus naciones de origen o a terceros países, todo por medios diplomáticos. De los que han vuelto a sus Estados, más de 300 han ido a Afganistán y Arabia Saudí. La mayoría de esos regresos se han hecho sin ningún juicio previo.

De aquí en adelante, una labor diplomática agresiva será la mejor herramienta para cerrar Guantánamo. Casi todos los presos que permanecen bajo la custodia de Estados Unidos proceden de Yemen, Arabia Saudí y Afganistán. Para devolverlos a sus países, el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado Hillary Clinton tendrán que presionar a esos países para que garanticen que los presos no van a ser sometidos a torturas a su regreso. Además, tendrán que obtener garantías de que, si se pone en libertad a esos individuos, la policía local vigilará sus actividades en caso necesario. Y las violaciones de esos acuerdos se tomarán muy en serio.

 

“EE UU necesita un tribunal especial de seguridad para los casos más peligrosos”

Todavía no. Desde septiembre de 2001 han pasado por los tribunales estadounidenses más de 700 acusados de terrorismo. Casi todos los casos han acabado en algún tipo de condena, aunque a menudo por cargos menores, porque las pruebas de terrorismo suelen ser poco sólidas. Por ejemplo, es frecuente que a acusados enjuiciados inicialmente por terrorismo se les acabe sentenciando por infringir las leyes de inmigración o falsificar documentos. La falta de condenas por terrorismo ha hecho que pareciera que los tribunales no eran capaces de afrontar esos procesos. Pero la verdad es que, con unos casos sólidos -con pruebas claras y vínculos evidentes con el terrorismo-, los procesos podrían salir adelante tan bien hoy como en los 90, cuando los tribunales federales de EE UU se encargaron de juzgar y condenar a terroristas tan peligrosos como los autores del primer atentado contra el World Trade Center y los ataques contra las embajadas de Estados Unidos en África oriental.

Crear desde cero un nuevo tribunal de seguridad en EE UU llevaría mucho tiempo y tal vez no resolvería tampoco los problemas del enjuiciamiento de terroristas. La espera para resolver todos los problemas que fueran surgiendo restaría energías a la tarea de abordar todos los aspectos legales de los que es preciso ocuparse en estos momentos; entre ellos, cómo valorar las pruebas contra los presuntos terroristas y sobre qué base iniciar los procesos relacionados con el terrorismo, incluidas las acusaciones de apoyo material.

 

“Gracias a Guantánamo, pasarán años antes de que se recupere la buena voluntad hacia Estados Unidos"

No. Al contrario, la resolución de Guantánamo es una oportunidad única de reparar de un plumazo la imagen de Estados Unidos en el mundo. Los decretos firmados por Obama en su primer día en el cargo son un anuncio simbólico de un país nuevo y diferente. Se pueden y se deben hacer más cosas de ese tipo, entre otras, una petición formal de disculpas a la población reclusa y la posibilidad de indemnizaciones para aquellos que, en el futuro, se considere que fueron encarcelados injustamente. Maher Arar se querelló contra el Gobierno canadiense por su entrega a Siria y obtuvo 11,5 millones de dólares. Haya o no indemnizaciones, es preciso un reconocimiento de que Estados Unidos se equivocó al capturar a la mayoría de los presos de Guantánamo. Confiemos en que, con esta nueva Administración, el país tenga la suficiente confianza en sí mismo para reconocer sus errores y reparar las numerosas injusticias legales –por no hablar de morales- de los últimos siete años.

 

 

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