Después de una década en el poder, el Presidente de Ecuador comienza a sufrir síntomas de desgaste. Lo cuestionan los movimientos sociales que lo llevaron al poder.
En 2006, Rafael Correa hacía historia en Ecuador al llegar al poder con Alianza País y emprender lo que llamó la Revolución Ciudadana, encaminada a establecer en este país latinoamericano un “socialismo del siglo XXI” a través de amplias reformas políticas, económicas y sociales. Correa, economista formado en Bélgica y Estados Unidos, contó con el apoyo del emergente movimiento indígena, organizado en torno a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en un ambiente de repudio popular a las medidas de ajuste neoliberal y en un momento de generalizado ascenso en América Latina de los llamados gobiernos progresistas. Ecuador se unió a esa ola de cambio, que encontró en Ecuador, Venezuela y Bolivia, los países fundadores de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), el discurso más transformador.
El idilio entre Correa y los movimientos sociales tuvo su máxima expresión en la firma de la Constitución de Montecristi de 2008, que incluyó los principios del Buen Vivir o Sumak Kawsay, en lengua quechua, que sintetizan una cosmovisión en la que la satisfacción de las necesidades humanas y el cuidado de la naturaleza coexisten en armonía. Además, la naturaleza es sujeto de derechos: por primera vez, una Carta Magna incluía los derechos de la naturaleza, como haría también Bolivia en su constitución de 2009.
Sin embargo, la inclusión de los derechos de la naturaleza no ha impedido que se sigan fomentando en el país los proyectos petroleros, mineros y del agronegocio que desafían las formas de vida de las comunidades indígenas y amenazan con destruir sus territorios. Para muchos, el punto de inflexión fue la iniciativa Yasuní ITT, por la que se pedía fondos a la comunidad internacional a cambio de mantener bajo tierra el petróleo cuya explotación amenazaría una de las regiones más vulnerables de la selva amazónica. En 2013, Correa desistió y responsabilizó a una comunidad internacional que no respondió a la llamada, pero los movimientos sociales recriminaron su falta de voluntad política.
Un balance polémico
Los logros sociales han sido indiscutibles. La pobreza se redujo del 36,7% de la población en 2007 al 16,45% en 2015, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), y los avances fueron igualmente notables en el acceso a la salud y el sistema educativo, así como en la mejora de las infraestructuras, fundamentalmente las carreteras. Esas mejoras se lograron gracias a un rol más activo del Estado en la economía; sin embargo, pocas fueron las modificaciones en el modelo productivo, basado en la extracción y exportación de materias primas o commodities.
Durante los primeros años de Correa, los altos precios internacionales de las materias primas ofrecieron una coyuntura favorable que permitió modernizar el país y consolidar políticas para la erradicación de la pobreza. El dinero que se obtenía de la exportación de commodities se dedicó a sostener la inversión pública y a financiar las políticas asistencialistas que legitimaban el correísmo. Cuando las comunidades indígenas o grupos ecologistas como Acción Ecológica le recriminaban al Gobierno profundizar un modelo destructor del medio ambiente y de las formas de vida comunitarias, Correa les respondía que había que “salir del extractivismo con más extractivismo”; cuando arreciaron las protestas, el Presidente los calificó de “infantilistas”.
“El Gobierno hace carreteras y limpia el territorio, y lo hace con violencia. La gente ya no se cree que eso sea el desarrollo. El discurso no es tan diferente del de [el Presidente colombiano, Juan Manuel] Santos: aquello de no ser pobres sobre un saco de oro”, sostiene Esperanza Martínez, dirigente de Acción Ecológica. La apuesta por el modelo extractivo ha abierto una brecha entre Correa y una parte importante del movimiento indígena, una ruptura que se escenificó el año pasado cuando el Ejecutivo aprobó una serie de enmiendas a la Constitución; entre ellas, la habilitación de las Fuerzas Armadas para intervenir en cuestiones de orden público. También polémica fue la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea.
Otro aspecto que no está siendo muy tratado pero que para una parte de la sociedad es importante es el aborto. La posición de Correa, que se opone con firmeza a la despenalización del aborto -llegó a amenazar con dimitir si el Legislativo aprobaba despenalizarlo en casos de violación-, le ha valido al Presidente las críticas de una parte del movimiento feminista. Él se ha defendido asegurando que su postura “no tienen nada que ver con izquierda o derecha”, sino que es una cuestión “moral”, porque el aborto “destruye la familia”. Correa se ha manifestado a favor del feminismo entendido como una lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, pero rechaza lo que llama una “ideología del género” que considera “peligrosísima”.
Desde la izquierda de Correa, el balance de los 10 años de correísmo es un asunto polémico. El economista Alberto Acosta, que presidió la Asamblea Constituyente de 2007 y después se apartó de la Alianza País, señala a esglobal: “Se ha desperdiciado una década muy importante. Nunca un gobierno tuvo mejores condiciones, pero Correa no dio la talla: no estuvo para revoluciones y menos aún para cambios civilizatorios. Va a terminar como un modernizador del capitalismo”. La economista feminista Magdalena León no comparte el diagnóstico: “Creo que el balance de Correa es positivo; hay que considerar las condiciones del cambio, que no se alcanza por decreto. Ha habido un proceso de recuperación de lo público. No comparto la idea modernizante de Correa, pero ha tenido también méritos. Creo que es un error estratégico que las izquierdas se peleen con su aliado”.
Al otro lado del espectro ideológico, desde la derecha -y también desde algunos sectores de la izquierda- se cuestiona el exceso del gasto del presidente y los límites del endeudamiento. Correa ha respondido a estas críticas que "no hay que satanizar" el déficit si con él se están realizando inversiones, como centrales hidroeléctricas, que permitirán "mejorar el país en su balanza comercial".
Cautivos del dólar
Las cosas han empeorado en los últimos años, por el efecto combinado de la caída del precio de las materias primas, que obliga a exportar más para mantener los ingresos, y la subida del dólar, que ha provocado en Ecuador, una economía dolarizada desde 2000, una enorme pérdida de competitividad con respecto a sus vecinos. Para la economista Magdalena León, la dolarización es la causa última de la apuesta creciente por el modelo extractivo. Al no tener una moneda propia, Ecuador necesita divisas, y sólo puede obtenerlas de la exportación de petróleo, banana o palma aceitera.
Los economistas consultados por esglobal no dudan que es necesario salir del dólar: “Con la dolarización, el país está caro, y es aún más difícil diversificar las exportaciones. Si hay que salir del dólar, yo diría que cuanto antes, mejor. No será fácil, puede ser traumático, pero Ecuador no puede sobrevivir sin moneda nacional”, explica el economista y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar Carlos Larrea. “El problema es que mucha gente asocia al dólar los años de bonanza que se han vivido en Ecuador”, puntualiza León. Mucha gente se resiste a abandonar el dólar. Y mientras tanto, Ecuador vive “un escenario de iliquidez y fugas de capital” para el que el Gobierno no estaba preparado.
Para Acosta, el problema va más allá de la difícil coyuntura que plantea la caída del precio del crudo y la revalorización del dólar, y es un dilema que comparte el correísmo con los otros progresismos latinoamericanos: “Son gobiernos que no dieron paso a propuestas postextractivistas, que no plantearon una verdadera democratización, sino que en la práctica forzaron el extractivismo y establecieron en lo político regímenes cada vez más personalistas y autoritarios. Así fueron perdiendo capacidad de innovación, y terminó siendo una década desperdiciada para América Latina”.
“Correa representa la derecha del siglo XXI; el grave peligro es que la derecha de siempre se reposicione”, concluye Acosta. Con las izquierdas divididas y la figura del carismático Correa cada vez más cuestionado, la Alianza País no lo tendrá fácil para ganar las elecciones de 2017. “Es un momento de reconfiguración total. Lo que pase en 2017 dependerá de lo que se haga; es necesario pasar de un imaginario personalista a uno colectivo”, afirma León.
