Costa de Marfil vive entre el recuerdo de las dos guerras civiles, que en 10 años se llevaron por delante parte del entramado institucional, y el temor a una tensión rediviva durante las elecciones previstas para 2015. Al mismo tiempo, pervive la esperanza acerca de una estabilidad aún en construcción, que pronto será puesta de nuevo a prueba.

Un colegio electoral en Abidjan, Costa de Marfil, durante las elecciones locales de abril de 2013. (Issouf Sanogo/AFP/Getty Images)

 

El último gran episodio de la Guerra Civil en Costa de Marfil se desató por una discrepancia en el resultado de las presidenciales de 2010. Laurent Gbagbo aseguraba ser el reelegido, mientras Alassane Ouattara, candidato aspirante, obtenía un dictamen favorable de la Comisión Electoral y el apoyo de la comunidad internacional, circunstancias que le permitieron acceder finalmente al poder. Como resultado, miles de víctimas, refugiados y desplazados -50.000 aún en 2013 según la ONU- representan el nuevo zarpazo que se dio entonces a la dañada cohesión social.

Tampoco se borraron con la abrupta resolución del conflicto, cerrado con la intervención militar internacional, las causas que lo provocaron: luchas de poder, personalismos, manipulación de las diferencias étnicas o religiosas. El país había vivido casi tres décadas de prosperidad durante el mandato de Félix Hophouét-Boigny. Sin embargo, aquellos años de convivencia no consolidaron ni la estructura institucional ni evitaron las crisis posteriores. La incógnita, mientras llegan las urnas, es si los dirigentes marfileños lograrán evitar un retorno a la dinámica autodestructiva que se instaló en el periodo 2010-2011.

Una serie de factores, divididos en tres vertientes, condicionarán el desenlace; los primeros, los que se vinculan a las urnas, para continuar con otros más institucionales y, por último, aquellos en relación a la comunidad internacional y la posición que esta adopte respecto al futuro del país.

Si nos detenemos en los aspectos electorales, destaca la configuración del censo. Habrá que prestar atención a las garantías que ofrezca el Gobierno para permitir la participación de todas las corrientes políticas, lo que reflejará el grado de representación social que adquieran en las urnas los dirigentes. Además existe el riesgo de pactos postelectorales que puedan, de alguna forma, marginar a parte de la sociedad.

En 2015 se pondrá también a prueba la voluntad de los partidos mayoritarios para propiciar el relevo generacional en sus filas. Muchos dirigentes jóvenes, deseosos de superar las rivalidades personales que llevaron al país a sus momentos más convulsos, aguardan ese momento. Un paso importante para dejar atrás enconamientos que tan costosos resultaron al país.

El Frente Popular de Costa de Marfil (FPI), principal fuerza opositora, aún no ha decidido su candidato. Esta formación política, aunque temerosa, anhela el regreso de su líder, Gbagbo. A pesar del reciente boicot a las elecciones regionales (2011) y locales (2013), esto no ha impedido que haya recuperado posiciones en la intención de voto.Pero algunas voces críticas piden al FPI un cambio de rumbo, con mayor implicación en los foros de diálogo político, el reconocimiento de la legitimidad presidencial y la activa participación electoral. Mientras, Ouattara ha confirmado que buscará la reelección al frente de la Unión Democrática Republicana (RDR), mayoritaria en la coalición de gobierno. Por otra parte, el Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI), del longevo ex presidente Bédie y reacio a abandonar la primera línea, es el tercer partido con capacidad de influencia. Todo a expensas de cómo logren resolver la cuestión sucesoria del ya octogenario líder.

A esta situación se añade la necesidad de zanjar definitivamente la cuestión de los inmigrantes y su participación en el proceso electoral, tanto como candidatos como electores. La inmigración procedente del Norte, sobre todo de Burkina Faso, fue clave en el progreso económico de antaño. Con posterioridad, fue utilizada como arma política y convertida en motivo de discordia.Otro componente es la ‘marfilidad’ que ocupa una posición destacada en relación a las claves institucionales y sociales. Ferviente sentimiento nacional, ha tenido notoria presencia en la sociedad marfileña desde los años 90. Fue puesta al servicio de Bédié para impedir la candidatura de Ouattara pero limitó los derechos y libertades de la población inmigrante. Ahora se presenta una gran oportunidad para hacer de la ‘marfilidad’ una fuerza aglutinante, no disgregadora.

Por otra parte, la presencia de grupos armados, activos en zonas rurales, fue una de las consecuencias negativas de la crisis de 2011. Los temibles donzo, término que significa cazador en lengua bambara, junto a otras facciones asolan las regiones más remotas y trabajan para redes delictivas internacionales. Si no son desarticulados y neutralizados, representaran una seria amenaza para la estabilidad pero su papel dependerá también de cómo evolucione el diálogo político. El llamamiento al diálogo que formuló Ouattara en 2013 es un avance evidente, reflejo quizá de su perfil pragmático; un signo positivo que se vería muy respaldado de imponerse en ambos partidos las voces menos belicosas. El reto, por tanto, es cómo materializar esos indicios de voluntad reconciliadora.

En el plano institucional, los asuntos concernientes a la justicia resultan vitales, bien a nivel interno bien en el plano internacional. Aún no se ha dictado la sentencia que cierre el proceso abierto contra Gbagbo en el Tribunal Penal Internacional. Mientras tanto, muchos de sus seguidores ponen en un hipotético regreso sus esperanzas de retomar el poder. La situación es tal que cualquiera que sea el veredicto elevará el riesgo de nuevas tensiones en torno al proceso.
Las reformas del poder judicial han sido calificadas de insuficientes por observadores internacionales, que reclaman mayor independencia para estas instituciones. En el mismo nivel de importancia se sitúan las reformas, algunas ya emprendidas, que afectan a diversos aspectos de la gobernabilidad, a la lucha contra la corrupción o a la independencia funcionarial, destacando las mejoras pendientes en el desempeño de la Comisión Electoral.

Recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones es aquí el objetivo prioritario, erradicando en lo posible los abusos de poder. Desde algunos sectores se señala una posible dejación de funciones por parte de Ouattara en este ámbito. Un claro ejemplo son las acusaciones por posibles torturas en las cárceles y otras prácticas similares contra partidarios de la oposición.

Al igual que en otros países africanos, el acceso a la tierra es otra cuestión esencial para la convivencia pacífica y el progreso. Habrá que seguir pues con atención el desarrollo y aplicación de la ley que entró en vigor recientemente para regular el acceso de sectores de la población que tenían hasta ahora vetada la propiedad. Su efectividad dependerá de cómo se refuerce la seguridad en aquellas zonas controladas por distintas facciones armadas.
En relación a la escena internacional, Francia y su política africana será uno de los aspectos que condicionarán el futuro de Costa de Marfil, tras las intervenciones en Malí y República Centroafricana; sobre todo si Gbagbo recupera protagonismo y poder político. Recordemos que Costa de Marfil fue, durante años, el principal aliado y protegido de París en la ‘Françafrique’. Junto a esto, la presión internacional podría ejercer un efecto disuasorio, en caso de que repuntara el conflicto civil.

De otro lado, mantenerse como un territorio impermeable al yihadismo será esencial en la estabilidad futura, centrando los esfuerzos en evitar que surjan grupos como el nigeriano Boko Haram, que se hagan fuertes en momentos de crisis.

Se han producido algunos avances para el optimismo sobre la aún tímida reconciliación iniciada en Costa de Marfil, tras la violenta crisis de 2011. No obstante, experiencias recientes nos ponen en alerta. Pero las elecciones, cuando escasea la buena voluntad, pueden convertirse en un nuevo episodio de inestabilidad. En gran medida, el desenlace depende de la capacidad que muestre el presidente Ouattara para aplicar con decisión las necesarias reformas institucionales y de la voluntad de todas las partes para evitar que encalle el diálogo.

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