¿Cuáles podrían ser los principales ejes de la política estadounidense hacia América Latina y el Caribe con un gobierno liderado por Joe Biden y Kamala Harris?
Si Joe Biden y Kamala Harris ganan las elecciones presidenciales este otoño se enfrentarán al enorme desafío de recomponer las relaciones de Estados Unidos con el mundo. Respecto a América Latina y el Caribe, el presidente Donald Trump ha combinado políticas agresiva y transaccionales con falta de interés, dejando de lado la diplomacia tradicional y abriendo el espacio a otros actores, especialmente China.
A partir del final de la Guerra Fría, Washington priorizó la geopolítica hacia Oriente Medio. El interés de EE UU hacia América Latina y el Caribe se hizo más selectivo, orientándose hacia la mano de obra barata de las maquiladoras; la cooperación militar con Colombia para combatir las últimas guerrillas marxistas y el narcotráfico; y con México contra el crimen organizado. Las inversiones se centraron en algunos mercados de consumo y financieros (especialmente México, Brasil, Argentina y Chile) y el Caribe fue un destino turístico y para el lavado de dinero en paraísos fiscales.
Durante la presidencia de Barack Obama esta tendencia no se modificó, pero su Administración restableció relaciones diplomáticas con Cuba (rotas desde 1961), evitó el intervencionismo militar en Venezuela, y apoyó el Acuerdo de Paz (2016) entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.
Pero Obama no tuvo solución para la migración, especialmente desde América Central y México por dos razones. Primera, porque la complejidad legal de las múltiples situaciones. Segundo, debido, entre otras razones, a que la oposición Republicana en el Congreso bloqueó todas las iniciativas.
El tema migratorio incluye a los que quieren inmigrar a Estados Unidos, y los que se encuentran ya en el país en situación legal, semilegal o indocumentados. Hay, además, alrededor de 700.000 descendientes de inmigrantes ilegales nacidos en suelo estadounidense (los dreamers) con residencia temporal bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals o DACA).
Una estrategia de corto alcance
Las políticas de Trump hacia la región se basan en cinco líneas. Primero, reducir al máximo la migración, limitando la concesión de asilo y suprimiendo la situación de protección temporal (Temporary Protected Status o TPS) para 300.000 inmigrantes de seis países, incluyendo a El Salvador, Haití, Nicaragua y Honduras que fueron afectados por guerras o catástrofes naturales. Así mismo, impuso medidas en la frontera con México que causaron indefensión para los solicitantes de asilo y la separación forzada de niños de sus familias, generando una grave crisis humanitaria y fomentando el tráfico de personas.
Estados Unidos, México y partes de América Central y el Caribe forman una entidad con interdependencia demográfica, inversiones, producción de bienes y operaciones ilícitas (tráficos de personas, drogas y armas, y paraísos fiscales).
Pese a que la migración de América Latina ha descendido en los últimos años, Estados Unidos se transformará en un país con una minoría latina que será mayoría hacia la mitad de este siglo. Trump agitó esta cuestión acusando a los mexicanos de criminales, movilizando el racismo presente en parte de la sociedad estadounidense, y lanzando una guerra cultural contra los inmigrantes y los 60,6 millones de latinos que viven en el país. Vinculando el control de la migración y el ataque a los latinos, Trump ha hecho realidad la teoría según la cual la política exterior es una prolongación de la política interna.
Segundo, ejerció duras presiones sobre México y Canadá para obtener una reforma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (North American Free Trade Agreement o NAFTA) al tiempo que retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico (TPP). También chantajeó en 2019 al gobierno mexicano de Andrés López Obrador con las tarifas arancelarias y amenazó con cerrar las puertas a las importaciones si no detenía a la migración proveniente de América Central.
Paralelamente, redujo la asistencia internacional al desarrollo para El Salvador, Guatemala y Honduras (el Triángulo Norte) como penalización por no evitar que sus ciudadanos intenten emigrar hacia EE UU. Así, desplazó la frontera Sur desde el Río Grande al límite entre México y Guatemala. En contra de acuerdos internacionales, impuso a los solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica la regla de hacerlo en “terceros países seguros”, como México o Guatemala. Estos Estados son, sin embargo, muy inseguros debido a la presencia de organizaciones criminales.
Tercero, con el fin de ganar el apoyo de la comunidad cubanoamericana y venezolana en Florida, frenó el proceso iniciado por Obama al restablecer en 2014 las relaciones diplomáticas con Cuba. Impuso nuevas sanciones y restringió los vuelos con la isla. Paralelamente, aceleró las sanciones contra Venezuela, jugó con la idea de una intervención militar y ha desestabilizado diversos intentos diplomáticos.
En cuarto lugar, amenazó con disminuir los fondos destinados al Acuerdo de Paz en Colombia, aunque no tuvo apoyo en el Congreso. Pero la Administración ha presionado fuertemente al gobierno de Iván Duque para que retome las fumigaciones de territorios con cultivos de coca. Esta es una práctica controvertida debido a su real eficacia y los efectos sobre los seres vivos y la naturaleza.
Quinto, combatir la presencia de China y Rusia. La Administración Trump ha indicado que desea regresar a la Doctrina Monroe que hace 200 años estableció que ninguna potencia extranjera tenga influencia en el continente. El volumen comercial entre China y América Latina creció el 200% entre 2006 y 2016, mientras que en el mismo periodo el incremento con EE UU fue sólo del 38%.
Estas políticas se enmarcan en el nuevo Marco Estratégico para el Hemisferio Occidental (Western Hemisphere Strategic Framework) que incluye la seguridad territorial de EE UU, promover la democracia y el Estado de Derecho, contrarrestar la influencia “maligna” de potencias extranjeras, y fortalecer las alianzas con países con afinidades. La estrategia no tiene ninguna mención a la crisis medioambiental ni a la desigualdad, pero pone énfasis en controlar la migración y las fronteras.
Los desafíos
La migración, la crisis medioambiental, el crimen nacional e internacional organizado, la corrupción, el crecimiento del empleo informal, la sustitución de empleo humano por robotización y las pandemias son temas que precisan una gestión multilateral en el continente. Ni siquiera Estados Unidos puede ocuparse solo de estos problemas.
“Un principio fundamental para una nueva relación con la región será que trabajemos con humildad”, dice Rebecca Bill Chávez, ex asesora de la campaña de la aspirante a vicepresidenta Kamala Harris. El nuevo gobierno, dice, podría fomentar el diálogo sobre cuestiones comunes entre Estados, gobiernos, parlamentos, ciudades, la sociedad civil, sector privado, sindicatos iglesias y medios de comunicación.
Sobre la crisis medioambiental, Biden propone un “nuevo pacto verde”. Como está haciendo la Unión Europea se puede iniciar el diálogo con los países, las redes y las organizaciones de la región, incluyendo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Esta apuesta estratégica será difícil, especialmente debido a prácticas como la deforestación y la minería ilícita, amparadas por muchos gobiernos, incluyendo el de Trump.
EE UU competirá por recursos naturales, influencia y mercados con China, Alemania y otros países. “Pero una cosa es compartir influencia con Europa, y otra hacerlo con Estados como Irán o Rusia”, nos explica Cynthia Arnson, directora del programa sobre América Latina del Wilson Center. “En el caso de China, va a haber no solo una fuerte competencia sino una campaña para que los países no adopten la tecnología china en casos como 5G and Huawei. Pero el estilo de Biden será distinto, en vez de amenazas, empleará persuasión y diplomacia tradicional”.
Por su parte, Augusto Varas, presidente de la Fundación Equitas (en Chile) considera “que es preferible que EE UU no tengan iniciativas hemisféricas y que compita con países extrahemisféricos en los mejore términos para la América del Sur. El no alineamiento activo parece ser una buena estrategia al respecto”.
Empezar la transición
La pandemia de la COVID-19 está teniendo un dramático impacto en la región. ¿Cómo responderá una nueva Administración tanto a las protestas sociales por la desigualdad, y las eventuales respuestas represivas de algunos gobiernos, como hacia la mayor presión migratoria que esto generará?
Un estudio reciente de CEPAL indica que se producirá una caída del PIB del 9,1%, habrá 44,1 millones de desocupados para finales de 2020, y el aumento del desempleo tendrá un efecto negativo directo sobre los ingresos y la satisfacción de las necesidades básicas. El número de pobres se incrementará en 45,4 millones este año, con lo que el total alcanzará los 230,9 millones de personas en 2020, el 37,3% de la población latinoamericana.
Arnson matiza que, aunque sea un tema en común, la migración seguirá siendo abordada como una cuestión doméstica. “Reconstruir un sistema migratorio según el Derecho Internacional es posible. Dar certeza legal a los jóvenes del programa DACA y extender a los venezolanos el TPS es relativamente fácil. La parte difícil será regular el ingreso de inmigrantes de forma legal, y establecer cómo, cuándo y cuántos están sujetos a la deportación”.
En una primera etapa una Administración de Biden tendrá que revertir las medidas actuales contra la inmigración que violan los derechos humanos, especialmente hacia niños y familias, así como iniciar la revisión y mejora del sistema de asilo político en crisis.
La respuesta hacia la COVID-19 tiene que coordinarse con México, América Central y el Caribe para ser eficaz. Hacia América Central Biden y Harris cuentan con un plan de cuatro años que costará 4.000 millones de dólares, para ser realizado con compromisos políticos de los países beneficiarios con el fin de mejorar la situación sociopolítica de sus sociedades. Experiencias similares en otras partes del mundo indican que esta es una apuesta de muy largo plazo y que la migración no cesa de forma inmediata.
Respecto a Cuba, sería importante restablecer las relaciones económicas y levantar el embargo. De lo contrario, la crisis en la isla acrecentará la influencia de Rusia, China y Venezuela. Este último país continuará siendo tema prioritario para una nueva administración. Pero “Biden no ha definido qué haría de forma distinta para promover una transición democrática, cómo lograrlo y con qué instrumentos”, subraya Arnson.
Kamala Harris ha indicado que la opción no es entre “indiferencia o invasión” y que se debe “quitar la amenaza de intervención militar de la mesa”, promover asistencia humanitaria adicional y apoyar los esfuerzos diplomáticos de Noruega, el Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima para una transición pacífica.
Será necesario abandonar las presiones transaccionales, especialmente hacia México, y explorar una política de cooperación industrial beneficiosa para las tres partes (con Canadá). Harris considera que “necesitamos acuerdos comerciales que sean favorables al sector del trabajo y del medio ambiente. El proteccionismo de Trump ha sido un desastre”.
Si Estados Unidos ha entrado en una fase postimperial, como plantea el historiador Víctor Bulmer-Thomas, Biden y Harris deberían ir más allá de dónde llegó el gobierno de Obama, y sentar las bases de la transición hacia una relación con la región que no esté basada ni en la hegemonía ni en la indiferencia.
Una versión previa de este artículo fue publicada en inglés en Chatham House en septiembre 2020.
