¿Expropiaciones forzosas: un nuevo crimen contra la humanidad?

Una demanda de investigación ante la Corte Penal Internacional por la confiscación masiva de tierras en Camboya puede sentar un precedente.

En 1915, un comunicado conjunto emitido por Francia, Reino Unido y Rusia incluía por primera vez el término “crímenes contra la humanidad” para denunciar la exterminación de la población de origen armenio que Turquía estaba llevando a cabo dentro de su territorio. Nacía así un nuevo concepto que se convertiría tras la II Guerra Mundial en un referente a la hora de juzgar los peores actos cometidos contra el ser humano. Durante las últimas décadas, las condenas por crímenes contra la humanidad se han aplicado fundamentalmente a asesinatos en masa, violaciones, tortura o esclavitud. Pero una nueva demanda presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 7 de agosto podría ampliar este concepto a un tipo de crimen que ha estado en auge durante los últimos años: la expropiación masiva de tierras.

Global Diligence, un bufete de abogados con sede en Londres, ha sido el artífice de esta petición en la que insta a la fiscalía de la CPI a abrir una investigación sobre las expropiaciones en Camboya, un país en el que, según la demanda, 770.000 personas (un 6% de la población del país) han perdido sus tierras durante los últimos 14 años en concesiones realizadas por el Gobierno a empresas de medio mundo. La demanda podría suponer un precedente jurídico para otros casos de expropiaciones de tierras en el mundo, un fenómeno del que aún hay pocos datos concretos pero que FAO describe como un “fenómeno global” que ha emergido recientemente. Los expertos se preguntan ahora, sin embargo, si el caso cumple los requisitos legales para que la fiscalía abra una investigación, algo que ya supondría un importante precedente en la legislación internacional aunque no se llegara a iniciar un juicio.

La demanda de Global Diligence detalla los cargos que se pueden imputar a la que llama la “elite en el poder” de Camboya, que incluye miembros del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y grandes empresarios. Según la demanda, esta elite ha incurrido en traslados forzosos, asesinatos, arrestos ilegales, persecución y otros actos inhumanos con el único objetivo de “autoenriquecerse y mantenerse en el poder a cualquier coste”. Todos ellos se incluyen dentro de la definición que el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI, establece para los crímenes contra la humanidad, aunque nunca se han aplicado a desplazamientos forzosos producidos fuera de un contexto de guerra. “En un momento en el que las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la tierra han alcanzado niveles escandalosos, esta comunicación da a la CPI […] la rara oportunidad de confirmar el papel de la ley internacional para proteger a las poblaciones de los desplazamientos masivos forzosos durante tiempos de paz”, aseguró a la prensa Richard J Rogers, el abogado de Global Diligence que representa a las víctimas.

El carácter masivo y violento que han tenido las expropiaciones en Camboya será, probablemente, uno de los argumentos con más peso para la fiscalía a la hora de aceptar el caso. “Las expropiaciones de tierra son un problema crónico y masivo en Camboya. Es una de las violaciones de los derechos humanos más graves en el país y el registro ha empeorado durante los últimos años”, asegura Chak Sopheap, directora del Centro Camboyano por los derechos humanos, quien destaca que la represión de activistas se ha endurecido desde principios de año. La demanda pone como ejemplo de los excesos del Gobierno camboyano el desahucio de Dey Krahorm, uno de los más violentos que se recuerdan. Una madrugada de 2009, los bulldozers entraron sin previo aviso en esta comunidad del centro de la capital Phnom Penh, echaron a sus residentes sin permitirles coger sus escasas pertenencias y arrasaron sus casas. El desahucio tuvo lugar cuando las negociaciones sobre las compensaciones que debían recibir los afincados aún no habían sido cerradas.“El problema es que [en Camboya] no hay una ley clara sobre cómo deben ser los desahucios. Pero lo que está claro es que los traslados no están siguiendo los estándares internacionales y no están asegurando unos mínimos para la gente desalojada”, asegura Kim Rattana, director adjunto de Caritas Camboya.

Según la demanda, “todos los elementos legales de un crimen contra la humanidad están satisfechos”. Sin embargo, satisfacer los requerimientos del Estatuto de Roma supondrá limitaciones y obstáculos a la demanda. Así, sólo las expropiaciones realizadas a partir de 2002, año de fundación de la Corte Penal International y en el que comienza su jurisdicción, podrán ser investigadas. Por otra parte, la Corte sólo puede juzgar a personas concretas, no a Estados, y para ello necesita que los acusados sean detenidos y extraditados a La Haya. Algo a lo que probablemente se opondrá Camboya, a pesar de ser un país firmante del Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, y estar, por tanto, sometido a su jurisdicción.

Uno de los mayores obstáculos será probar que las expropiaciones forman parte de “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, tal y como estipula el Estatuto de Roma. “Probablemente el Gobierno dirá que tiene el derecho a organizar el suelo si es en el interés público y si hay compensaciones adecuadas. Pero el problema es que casi nunca es por interés público y casi nunca hay compensaciones”, asegura Scott Leckie, director de Displacement Solutions, una ONG que trabaja con víctimas de los desplazamientos forzosos.

A pesar de las dificultades, el caso de Camboya es una esperanza para otros movimientos tanto de Asia como de otras regiones del mundo. “Hay que tener en cuenta que aunque el caso no sea aceptado, el hecho de que esas comunidades ya estén pensando en términos de justicia internacional es un avance muy positivo”, asegura Scott Leckie. Camboya ha sido uno de los países que más se ha movilizado internacionalmente y varias comunidades han presentado también quejas ante la OCDE o la Unión Europea, entre otros. Pero no es el único. En la vecina Laos, la desaparición de uno de sus activistas más conocidos, Sombath Somphone, en diciembre de 2013, ha sido relacionada con su campaña contra las expropiaciones masivas. En Myanmar, un país que acaba de emprender una apertura al exterior tras cinco décadas de dictadura, la entrada de capitales internacionales también ha llevado a desahucios masivos. La ley deja, sin embargo, la puerta abierta a este tipo de confiscaciones, y la oposición ha tenido lugar en las calles y no en los tribunales.

Los mismos países asiáticos han intentado alternativas coordinadas para luchar contra la falta de una legislación adecuada y de sistemas judiciales independientes. Así, en enero de 2014 se constituyó el Tribunal por los Derechos a la tierra de los Pueblos de Asia. A pesar de su nombre, su capacidad para juzgar penalmente a los responsables de gobiernos y empresas es nula. Algo que, sin embargo, sí está al alcance de la Corte Penal Internacional. “Bloquear una investigación de la CPI es un asunto muy serio [para un país]” asegura Leckie. “Implica sanciones que pueden llegar incluso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y órdenes de arresto de Interpol para los acusados”.