El primer ministro húngaro, Viktor Orban, se prepara para dar un discurso enfrente del Museo Nacional de Budapest por el aniversario de la Revolución Húngara y la Guerra de Independencia, marzo 2014.
El primer ministro húngaro, Viktor Orban, se prepara para dar un discurso enfrente del Museo Nacional de Budapest por el aniversario de la Revolución Húngara y la Guerra de Independencia, marzo 2014.

¿Qué instrumentos tiene la UE para poner freno a los pasos autoritarios, que van en contra de los propios valores de la Unión, del primer ministro húngaro?

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, sigue dominando el escenario político en el país, a pesar de las grandes manifestaciones celebradas recientemente en Budapest. Pero sus reformas y su política económica y exterior suscitan cada vez más interrogantes, tanto dentro como fuera del país. Si Orban cree que puede ignorar esas críticas, se equivoca: el desarrollo económico húngaro depende de sus socios occidentales.

La preocupación por las intenciones de Orban surgió poco después de su elección en 2010, cuando se apresuró a consolidar el poder de su partido, Fidesz, y expulsó a sus rivales políticos de los puestos influyentes. En 2011, la canciller alemana, Angela Merkel, y otros criticaron las medidas para controlar los medios; en 2012, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra Hungría por limitar la independencia del Banco Central y la autoridad de protección de datos, así como por forzar la jubilación de 274 jueces (que fueron sustituidos por personajes más afines a Fidesz).

Sin embargo, esa inquietud ha aumentado en los últimos tiempos como consecuencia de dos discursos. En la alocución para la apertura del Parlamento en mayo, después de su reelección, Orban exigió la autonomía y los “derechos colectivos” de los habitantes de etnia húngara en los Estados vecinos, entre ellos Ucrania. La reclamación molestó a países como Polonia, donde el primer ministro, Donald Tusk, insinuó que sonaba demasiado parecida a las palabras de Vladímir Putin sobre los rusos en el extranjero. En julio de 2014, el discurso de Orban ante una concentración de estudiantes húngaros en Rumanía causó incluso más problemas. En él proclamó el giro de una democracia liberal a la construcción de un “Estado autoritario”, y evocó Singapur, China, India, Rusia y Turquía como modelos.

¿Coincide la práctica de las políticas de Orban con su retórica? Los húngaros próximos al partido gobernante dicen que Occidente hace demasiado caso a sus adversarios políticos de izquierda. Aseguran que Hungría es un socio fiel de la UE, digan lo que digan sus detractores. Destacan los logros de la presidencia húngara en 2011: llevó a cabo la incorporación de Croacia a la UE y sentó las bases para la participación del Parlamento Europeo en las negociaciones sobre el presupuesto de la Unión a largo plazo.

Algunos expertos extranjeros en Hungría sugieren que, por alarmante que sea la etiqueta de “autoritario”, lo que quiere decir Orban es solo que la estrategia actual de la UE para resolver la crisis económica no está funcionando; y que el modelo liberal, que da prioridad a los derechos de la persona sobre los de la comunidad, es uno de los motivos de su fracaso. Según esta interpretación, el primer ministro húngaro quiere construir vínculos más estrechos con Estados en buena situación económica, aunque autoritarios.

Incluso los ciudadanos no partidarios de Fidesz aceptan que algunas medidas tomadas son reflejo de un intento necesario, aunque tardío, de quitar a antiguos comunistas de puestos de influencia, desde los que podían impedir el cambio y perpetuar el poder de la nomenklatura de la guerra fría.

Independientemente de que los motivos de Orban fueran limpios o no, el resultado de sus reformas ha sido la creación de unas estructuras de Estado muy unidas a Fidesz, en vez de una administración políticamente neutral. Han aparecido turbias conexiones entre el mundo empresarial y la política: en octubre, el gobierno de Estados Unidos denegó el visado a varios funcionarios después de haber hecho repetidos intentos de que las autoridades húngaras pusieran fin a las prácticas corruptas que favorecían a empresas relacionadas con Fidesz. Y Orban ha intensificado la presión sobre la sociedad civil: en septiembre, la policía irrumpió en las oficinas de Budapest de una ONG financiada por Noruega, después de que el Gobierno de Budapest alegara que estaba sufragando a los rivales políticos de Fidesz.

En el terreno económico, Orban ha seguido políticas populistas, como el intento de reducir el papel de los inversores extranjeros en sectores fundamentales. En septiembre de 2014, el vice primer ministro, Zsolt Semjen, dijo que nacionalizar el sector energético era la única forma de garantizar la seguridad del suministro para los húngaros, a pesar de todas las pruebas de que liberalizar los mercados sería más eficaz. Además, el Gobierno ha obligado a los bancos a asumir grandes pérdidas para proteger a los húngaros que piden préstamos frente a las fluctuaciones del tipo de cambio, y parece dispuesto a comprar los activos de cualquier banco que como consecuencia de ello decida abandonar el mercado húngaro. En respuesta, la Comisión ha expresado su preocupación por el cumplimiento de las normas sobre ayuda del Estado en Hungría.

Orban quizá podría despreciar a la Comisión si sus políticas económicas tuvieran éxito. Pero entre 2008 y 2013, el PIB del país fue el que menos creció del Grupo de Visegrado (que incluye Hungría, Polonia, Eslovaquia y la República Checa y con frecuencia se denomina el V4).

Las principales víctimas de la política interior de Orban son sus propios ciudadanos, pero su política exterior y de seguridad podría dañar los intereses europeos en general. Sus declaraciones dejan entrever muchas veces un deseo de revisar las fronteras de Hungría, que se establecieron después de la Primera Guerra Mundial y dejaron minorías de etnia húngara repartidas por varios países vecinos. Su apoyo implícito al irredentismo preocupa a otros Estados, en particular Eslovaquia y Rumanía, que cuentan con una importante población de origen húngaro. Además, complica la cooperación dentro del V4.

Los países del Grupo de Visegrado, vecinos de Ucrania, deberían haber desempeñado un papel fundamental a la hora de preparar la respuesta de la UE a la anexión de Crimea y la injerencia continuada de Rusia en el Donbass. La experiencia del V4 en transiciones económicas y políticas, así como en la integración europea, debería convertirles naturalmente en mentores para las nuevas autoridades de Kiev. En lugar de ello, Orban ha contribuido a la desunión del grupo y ha cuestionado los intentos de la UE de presionar a Rusia.

Un político europeo que conoce a Orban desde hace muchos años opina que su empeño en cultivar la amistad de Putin procede de una mezcla de furia, por el trato que dan otros líderes de la Unión a Hungría, y puro oportunismo. Sea por lo que sea, ha creado estrechos lazos que atan su país a Rusia, especialmente en el sector energético. En enero de 2014 firmó un acuerdo con Putin para ampliar la central nuclear húngara de Paks; el 80% del proyecto se financiará gracias a un préstamo del Estado ruso. En julio, reafirmó su apoyo al gasoducto South Stream entre Rusia y Europa (que esquivaría Ucrania), un proyecto que la Comisión ha declarado ilegal en su forma actual. Y en septiembre, tras una reunión con el presidente de Gazprom, Aleksei Miller, detuvo la reexportación a Ucrania de gas comprado por Hungría, con lo que contribuyó a que la interrupción del abastecimiento de gas ruso al país vecino fuera más eficaz.

Aunque Estados Unidos ha criticado sin reparos el retroceso democrático de Orban y sus lazos con Rusia, Bruselas tiene más influencia que Washington en Hungría. ¿Qué puede hacer la UE con un hombre tan incómodo pero que fue elegido democráticamente? Hasta ahora, los Estados miembros y la Comisión se han limitado a protestar, con escasos resultados. La Unión Europea, a menudo objeto de críticas por su falta de legitimidad democrática, se ha mostrado vacilante a la hora de enfrentarse a alguien que cuenta con una mayoría amplia en su parlamento nacional.

Si hay voluntad política de hacer algo, la UE dispone de dos tipos de instrumentos. El primer lugar, la Comisión puede tomar medidas contra un gobierno que infringe las leyes europeas y, por consiguiente, actúa en contra de los valores de la Unión. Eso permite que esta institución pueda iniciar un procedimiento de infracción. Ahora bien, ese tipo de procedimiento no sirve para los casos en los que un gobierno actúa en contra de los valores de la UE, pero sin infringir ninguna ley europea concreta. En el caso de la jubilación forzosa de los jueces, la Comisión basó sus acciones legales en las normas de la UE contra la discriminación laboral por motivos de edad, pero carecía de base para abordar problemas más de fondo del Estado democrático y la independencia del aparato judicial. Hungría llegó a un acuerdo para cerrar el caso, consistente en compensar a los jueces sin devolverles sus puestos.

En segundo lugar, la UE puede ocuparse de las carencias democráticas en un Estado miembro en virtud del artículo 7 del tratado de la Unión, que permite al Consejo Europeo determinar “la existencia de una violación grave y persistente de los valores de la UE” en un Estado miembro y suspender varios de sus derechos como tal, incluidos los derechos de voto. El Consejo Europeo debe decidir por unanimidad (menos el país involucrado) que se ha producido esa violación. Y lo más probable es que otros Estados quieran ver las pruebas de que ha habido comportamientos mucho más graves que el exhibido hasta ahora por Orban antes de recurrir a una opción tan drástica.

El artículo 7 incluye un “mecanismo de advertencia”: cuatro quintas partes de los Estados miembros pueden decidir que existe un riesgo evidente de violación grave de los valores de la UE en otro Estado miembro. Esta tarjeta amarilla permite entablar un diálogo con el país en cuestión antes de tomar medidas más radicales. Pero a los Estados miembros les da miedo incluso usar este mecanismo, porque alimentaría un debate sobre si la UE debe poder inmiscuirse en los asuntos de un Estado miembro. Además, si los centroeuropeos pensaran que los viejos Estados miembros están utilizando el artículo 7 en contra de ellos, la consecuencia podría ser una división entre este y oeste dentro del Consejo. Hay que recordar que, en 2000, cuando en Austria se creó un gobierno de coalición que incluía al ultraderechista Partido de la Libertad, otros Estados miembros aprobaron sanciones políticas sin recurrir al artículo 7, que figuraba en el tratado de Ámsterdam y había entrado en vigor en 1999.

No hacer nada a propósito de las políticas de Orban es una opción intolerable. El primer ministro húngaro ha puesto en tela de juicio el papel de la UE como defensora de los valores democráticos, que ha constituido siempre la base de sus sucesivas ampliaciones y es el motivo por el que sigue teniendo tanto atractivo para países como Ucrania. Quedarse quietos ahora debilitaría el poder de la Unión para dar ejemplo.

A algunos gobiernos les gustaría celebrar un debate como es debido sobre el comportamiento de Hungría. En 2013, los ministros de Exteriores de Alemania, Holanda, Dinamarca y Finlandia escribieron a la Comisión para instarle a esforzarse más por promover el respeto al Estado de derecho en la Unión. Propusieron varias medidas para reaccionar ante las violaciones de los principios de la UE antes de llegar a utilizar el artículo 7: desde el diálogo político con la Comisión sobre las distintas preocupaciones hasta la suspensión de los fondos estructurales (que en la actualidad solo es posible si un país infringe las normas macroeconómicas de la Unión).

Hasta el momento, una mayoría de Estados miembros ha bloqueado las propuestas para reforzar el papel de la UE en la vigilancia del Estado de derecho. Algunos, como el Reino Unido, temen que reforzar el poder de la Comisión pueda facilitar las cosas a los euroescépticos; a otros, como los Estados bálticos, les preocupa que la UE se entrometa en sus políticas respecto a las minorías nacionales. El Consejo de Asuntos Generales volverá a estudiar la cuestión del Estado de derecho en diciembre, pero no hay garantías de conseguir nada. De manera que, por ahora, es necesario encontrar métodos más informales para ocuparse de Orban.

Los demás miembros del V4 tienen un papel importante. Algunos comparten la suspicacia de Orban sobre las sanciones a Rusia, pero han desarrollado una “identidad de marca” como sociedades europeas, modernas y prósperas, y el nacionalismo populista de Orban amenaza esa reputación. Ellos deben trabajar entre bastidores para reconducir a Orban hacia la Europa predominante, liberal y de mercado.

También debe hablar el primer ministro británico, David Cameron. Orban coincidió con Cameron en sus fallidos esfuerzos para oponerse a la designación de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión. A veces se comparan las opiniones de Cameron sobre la UE con las de Orban. Sin embargo, a diferencia del primer ministro húngaro, Cameron ha hablado alto y claro sobre el peligro que constituyen las políticas de Putin para Europa, y nadie le ha acusado de intentar monopolizar las instituciones del Estado con el Partido Conservador. Cameron podría sugerir que Orban colabore con el Reino Unido para tratar de reformar y fortalecer interna y externamente la UE, en vez de seguir el ejemplo de democracias autoritarias que tienen sus propios problemas económicos y políticos.

La mejor esperanza es quizá que otros políticos de centro derecha en Europa sean capaces de convencerle. Orban se ha beneficiado delrespaldo del Partido Popular Europeo (PPE), que agrupa a la mayoría de los partidos de centro derecha en la UE, incluido Fidesz. Ya es hora de que líderes como la alemana Angela Merkel o la nueva primera ministra polaca, Ewa Kopacz, recuerden a Orban que Hungría lleva a cabo casi el 80% de su comercio con otros Estados miembros de la UE y que sus principales interlocutores económicos y políticos siguen estando en Occidente, no en Moscú.

 

La versión original en inglés de este artículo puede consultarese aquí. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.