Todo es fallido en el Índice de Estados fallidos (FP edición
española, agosto/septiembre 2005). Desde la metodología utilizada
hasta la inclusión de República Dominicana en la zona roja o
crítica, pasando por la institución que lo hizo y su oscura historia
política, así como lo que se persigue con esa calificación
y los efectos negativos que provoca.
La organización Fund for Peace (Fondo por la Paz) llega a sus conclusiones
utilizando solamente fuentes periodísticas, es decir, que deja de lado
miles de investigaciones científicas y académicas nacionales
e internacionales, además de estudios de organismos privados y oficiales.
No es que la información de la prensa no sirva, pero es insuficiente.
Atreverse a calificar a un Estado como fallido, obliga a bregar con cuestiones
de carácter estructural y de largo recorrido. Sin embargo, este organismo
selecciona un periodo sumamente corto y usa informaciones coyunturales o circunstanciales,
que son aquellas con las que trabajan los medios.
Sólo un procedimiento de investigación tan elemental y pedestre
explica que pueda calificarse de Estado fallido un país que hace apenas
cinco años se encontraba a la cabeza del crecimiento económico
de su región y del mundo, y que durante más de una década
estuvo en constante crecimiento. ¿A un Estado que ha demostrado tal
fortaleza se le puede llamar fracasado por elementos coyunturales registrados
en un tiempo tan corto? La respuesta es un no rotundo.
Por estos motivos, el informe exhibe datos tan absolutamente equivocados.
Por ejemplo, al afirmar que en nuestro país hay una situación
de violación de los derechos humanos más alta incluso que en
Congo, Sudán o Ruanda. Esto es erróneo a la luz de los distintos
rankings elaborados por instituciones como Nation Master, Statical Year Book
for Latin America and the Caribbean o los estudios de Desarrollo Humano de
la ONU.
La Fundación Carnegie, que se autodefine como una organización
de investigación independiente, es, en realidad, una institución
de la llamada nueva derecha de Estados Unidos. Es conocida su proximidad y
su defensa de la etapa de Ronald Reagan y, en general, de los republicanos
estadounidenses.
La interpretación más difundida es que esa calificación
de República Dominicana está impulsada por sectores internacionales
que persiguen igualar el país con Haití, para dar fuerza a la
idea de la unificación de la isla. De esta manera, se plantea que, si
ambos son naciones inviables, lo mejor es que se unan para ver si así logran
salir de su atolladero común.
Las consecuencias de presentarnos como fracasados ante el mundo son muy claras:
se trata de influir sobre potenciales inversores en el país y las instituciones
internacionales y regionales, así como con países con los que
tenemos relaciones socioeconómicas y políticas.
Además, la calificación de Estado fallido tiene como contrapartida
la necesidad de que la comunidad internacional –léase los países
más desarrollados– intervenga para construir o reconstruir esos
Estados fracasados; de ahí la enérgica advertencia del presidente
Leonel Fernández de que el Gobierno y la nación no aceptarán
ningún tipo de intervención bajo el pretexto falso de Estado
fallido ni bajo ningún otro.
- Carlos Dore Cabral
Secretario de Estado de República Dominicana
(Santo Domingo)
Con el interés aparente de llegar a estándares objetivos y cuantificables
para definir el desplome de un Estado, los arquitectos del Índice dejan
el sentido común en el camino. Es la única explicación
para que clasifiquen a Colombia como un país en situación “crítica”.
Un ejemplo flagrante de la defectuosa metodología del Índice
es el hecho de que Colombia, una nación de renta media con una larga
tradición constitucional y un Gobierno democráticamente elegido
que cuenta con un respaldo popular de más del 70%, reciba la misma puntuación
que un paupérrimo país africano cuyo gobierno está en
el exilio.
Aunque ha sufrido periodos de violencia y de conflicto, Colombia es una de
los países con unas instituciones más estables de América
Latina. Durante más de cien años, un récord insólito
en el continente, el traspaso de poderes se ha hecho de una forma continuada,
constitucional y democrática, con la única excepción del
periodo 1953-1958. Salvo la recesión de 1999, la economía crece
cada año desde 1934, otro hito regional y, seguramente, global. Aún
más: su volumen y vitalidad desmienten cualquier comparación
con la de otras naciones situadas en esa zona “crítica”,
y, por supuesto, con las clasificadas como “en peligro” o “límite”.
A pesar de la amenaza de grupos armados e ilegales, Colombia es una democracia
plural con una sociedad civil activa y una prensa libre. Es cierto que sufre
la amenaza de las organizaciones terroristas y los narcotraficantes, pero es
una guerra que vamos a ganar. Desde diciembre de 2000, los secuestros han descendido
un 74%, los homicidios un 32% (el índice per cápita más
bajo de los últimos 18 años) y los ataques terroristas un 62%.
Las plantaciones de coca se han reducido en un 33% y las de amapola un 65%
desde 2001. Más de 54.000 familias campesinas han recibido ayuda para
plantar otros cultivos.
Colombia está saliendo de una díficil guerra civil con unidad
y una fuerte resolución. Clasificar al país en situación “crítica” es
obsoleto y equivocado.
- Luis Alberto Moreno
Embajador de Colombia en Washington
(EE UU)
Recién incorporado a mi nuevo destino como enviado especial del secretario
de Naciones Unidas en Costa de Marfil, me sentí muy feliz cuando el
ejemplar de Foreign Policy llegó a mi nueva dirección en Abiyán.
Sin embargo, me decepcionó mucho el Índice de Estados
fallidos.
Intentar juzgar el carácter de las naciones es uno de los ejercicios
intelectuales y políticos más difíciles y delicados. Clasificar
Estados debería hacerse con un especial cuidado y finura. No es el caso
del Índice.
Mi problema con este estudio no fue su tono condescendenciente, sino que Costa
de Marfil fuera clasificado como el país de mayor riesgo y el “más
vulnerable a la desintegración”. Es, en efecto, un país
con graves problemas. Por mi cargo, veo a menudo las consecuencias de los horrorosos
abusos de los derechos humanos que recuerdan los peores tiempos de los Balcanes.
Pero relegar a Costa de Marfil al primer puesto de la lista es ignorar los
esfuerzos actuales de los marfileños y de la comunidad internacional
para reconducir las raíces del conflicto y para crear un proceso que
acabe con él. La intervención de la ONU y de la Unión
Africana ha permitido progresos importantes hacia la paz y la reconciliación.
Si todo va bien, la paz no será un sueño lejano, y Costa de
Marfil podrá volver a ser el motor económico del África
occidental. Situar al país en lo alto del Índice no refleja la
realidad. Erosiona la confianza del pueblo marfileño y la solidaridad
internacional. Y no sirve a la causa de la paz.
- Pierre Schori
Abiyán (Costa de Marfil)
Me ha parecido interesante el primer Índice anual de Estados
fallidos,
del que se pueden extraer varias consideraciones.
En primer lugar, en África, los Estados asociados a la Unión
Europea (Marruecos, Argelia, Túnez) y los que se hallan ligados al euro
a través del franco CFA representan una gran isla de estabilidad en
el continente, y todo ello a pesar del remanente de la guerra civil en Argelia,
la presencia de grupos terroristas en Marruecos y el conflicto no superado
del Sáhara Occidental. Esto podría ser suficiente para colocar
dichos países en semáforo amarillo o bien dejar fuera del mismo
a Angola, cuya estabilidad en la última década (con la ayuda
de la Guardia Civil española) ha sido bastante alta, a pesar de su intervención
militar en la República Democrática del Congo.
En segundo lugar, me sorprende que no entre en el semáforo Bolivia,
que aparece como uno de los países más estables de Suramérica,
cuando es evidente la división étnica, económica y territorial
entre el altiplano indígena y la extensa y rica en recursos provincia
de Santa Cruz, poblada en su mayoría por mestizos y bajo una élite
de origen europeo, básicamente español (aunque también
es importante la presencia de menonitas de origen alemán). Repsol ya
ha sufrido la inestabilidad de Bolivia, y creo que no sería arriesgado
situar a dicha nación en el semáforo con el color naranja, aunque
en el lado positivo la presencia de la históricamente marginada mayoría
indígena (aimara, quechua) en el Gobierno es loable.
Por último, en Oriente Medio se sitúa a Irak como Estado
fallido con el color rojo. Lo que debemos añadir es que George W. Bush creó un
Estado fallido en este país, y si le sumamos que los únicos aliados
fiables con los que cuenta allí EE UU son los kurdos (ya que la mayoría
chií es proiraní y los suníes les odian) y que, precisamente,
en el cuasiindependiente Kurdistán iraquí se refugian miles de
separatistas/terroristas kurdos (PKK) de Turquía, es inevitable a medio
plazo la entrada del Ejército de Ankara en Irak, ya que los kurdos iraquíes
no van a cerrar sus puertas a sus hermanos turcos por más que se lo
pidan los estadounidenses. Por eso, Irak es ya un inmenso santuario terrorista
para el PKK.
- Enrique A. Costas Mira
Pontevedra (España)
El Fondo por la Paz responde
El Índice de Estados fallidos clasifica la propensión de los
Estados a desarrollar un conflicto armado, teniendo en cuenta un amplio abanico
de factores económicos, militares, políticos y sociales. La mayoría
de los países estudiados todavía no han fracasado y muchos, esperamos,
nunca lo harán.
La metodología empleada es producto de un concienzudo, revisado y ampliamente
utilizado sistema, probado y refinado durante más de una década.
El Sistema para el Cálculo de Conflictos cataloga, escruta y puntúa
cientos de informaciones procedentes de los distintos medios de información.
Para saber más, invitamos a los lectores a consultar la página
web de la Fundación (www.fundforpeace.org).
Medir y clasificar la predisposición al colapso de un Estado es una
tarea necesariamente difícil e imprecisa y el Índice, como todos
los intentos de cuantificar procesos sociales y políticos, es imperfecto.
El indicador de los derechos humanos para República Dominicana era peor
que los de algunos países tristemente famosos por sus continuas violaciones
en este ámbito. Esa puntuación y otras serán revisadas
por el sistema, que se actualiza constantemente. Pero, incluso cambiando ese
indicador, no se alteraría la media obtenida por República Dominicana.
A pesar de los esfuerzos del actual Gobierno, todavía queda mucho por
hacer.
La imprecisión inherente a este tipo de clasificaciones no socava la
utilidad de la metodología. Es más, como muestran los casos de
Costa de Marfil, Colombia y Perú, el Índice revela que la vulnerabilidad
de los Estados se manifiesta de muy diferentes formas. Costa de Marfil es un
Estado fallido. El conflicto fue lo bastante severo como para que se necesitase
una intervención externa. La misión de paz ha traído cierta
estabilidad, pero el país está todavía dividido en dos,
con fuerzas rivales luchando por hacerse con el control. De hecho, hay tres
escructuras paralelas de poder: las fuerzas de paz extranjeras, el Gobierno
y los rebeldes.
Colombia posee muchos de los atributos de una democracia estable, con unas
instituciones que funcionan suficientemente bien. Aunque, después de
40 años de guerra civil con grupos guerrilleros y paramilitares a menudo
financiados por el narcotráfico, un tercio del país está en
manos de los rebeldes. El poder central tiene un alcance limitado en áreas
que están controladas por la insurgencia, que opera como un “Estado
dentro del Estado”, proporcionando bienes básicos y servicios
públicos a ciudadanos que están aislados de Bogotá.
Hasta hace poco, los colombianos no podían viajar de forma segura por
las principales carreteras. Los narcotraficantes todavía manejan enormes
recursos políticos y financieros. A pesar de los ingentes esfuerzos
para atacar esos problemas, sería difícil sostener que Colombia
no pertenece a la lista de las naciones en riesgo. Por su parte, Perú ha
restaurado la democracia después de los abusos del ex presidente Fujimori,
pero subsiste una corrupción rampante, una brutal división económica
y un amplio descontento rural. El índice de aprobación del Gobierno
raramente superó el 10% en 2004. La falta de popularidad del actual
presidente, Alejandro Toledo, combinada con instituciones todavía débiles
e inestabilidad regional, crea una significativa vulnerabilidad.
La buena noticia es que los líderes pueden cambiar las cosas. Así,
el objetivo de este Índice era señalar los países en riesgo
para provocar un nuevo debate sobre las causas del derrumbe de los Estados
y estimular una respuesta rápida y eficaz.
Todo es fallido en el Índice de Estados fallidos (FP edición
española, agosto/septiembre 2005). Desde la metodología utilizada
hasta la inclusión de República Dominicana en la zona roja o
crítica, pasando por la institución que lo hizo y su oscura historia
política, así como lo que se persigue con esa calificación
y los efectos negativos que provoca.
La organización Fund for Peace (Fondo por la Paz) llega a sus conclusiones
utilizando solamente fuentes periodísticas, es decir, que deja de lado
miles de investigaciones científicas y académicas nacionales
e internacionales, además de estudios de organismos privados y oficiales.
No es que la información de la prensa no sirva, pero es insuficiente.
Atreverse a calificar a un Estado como fallido, obliga a bregar con cuestiones
de carácter estructural y de largo recorrido. Sin embargo, este organismo
selecciona un periodo sumamente corto y usa informaciones coyunturales o circunstanciales,
que son aquellas con las que trabajan los medios.
Sólo un procedimiento de investigación tan elemental y pedestre
explica que pueda calificarse de Estado fallido un país que hace apenas
cinco años se encontraba a la cabeza del crecimiento económico
de su región y del mundo, y que durante más de una década
estuvo en constante crecimiento. ¿A un Estado que ha demostrado tal
fortaleza se le puede llamar fracasado por elementos coyunturales registrados
en un tiempo tan corto? La respuesta es un no rotundo.
Por estos motivos, el informe exhibe datos tan absolutamente equivocados.
Por ejemplo, al afirmar que en nuestro país hay una situación
de violación de los derechos humanos más alta incluso que en
Congo, Sudán o Ruanda. Esto es erróneo a la luz de los distintos
rankings elaborados por instituciones como Nation Master, Statical Year Book
for Latin America and the Caribbean o los estudios de Desarrollo Humano de
la ONU.
La Fundación Carnegie, que se autodefine como una organización
de investigación independiente, es, en realidad, una institución
de la llamada nueva derecha de Estados Unidos. Es conocida su proximidad y
su defensa de la etapa de Ronald Reagan y, en general, de los republicanos
estadounidenses.
La interpretación más difundida es que esa calificación
de República Dominicana está impulsada por sectores internacionales
que persiguen igualar el país con Haití, para dar fuerza a la
idea de la unificación de la isla. De esta manera, se plantea que, si
ambos son naciones inviables, lo mejor es que se unan para ver si así logran
salir de su atolladero común.
Las consecuencias de presentarnos como fracasados ante el mundo son muy claras:
se trata de influir sobre potenciales inversores en el país y las instituciones
internacionales y regionales, así como con países con los que
tenemos relaciones socioeconómicas y políticas.
Además, la calificación de Estado fallido tiene como contrapartida
la necesidad de que la comunidad internacional –léase los países
más desarrollados– intervenga para construir o reconstruir esos
Estados fracasados; de ahí la enérgica advertencia del presidente
Leonel Fernández de que el Gobierno y la nación no aceptarán
ningún tipo de intervención bajo el pretexto falso de Estado
fallido ni bajo ningún otro.
- Carlos Dore Cabral
Secretario de Estado de República Dominicana
(Santo Domingo)
Con el interés aparente de llegar a estándares objetivos y cuantificables
para definir el desplome de un Estado, los arquitectos del Índice dejan
el sentido común en el camino. Es la única explicación
para que clasifiquen a Colombia como un país en situación “crítica”.
Un ejemplo flagrante de la defectuosa metodología del Índice
es el hecho de que Colombia, una nación de renta media con una larga
tradición constitucional y un Gobierno democráticamente elegido
que cuenta con un respaldo popular de más del 70%, reciba la misma puntuación
que un paupérrimo país africano cuyo gobierno está en
el exilio.
Aunque ha sufrido periodos de violencia y de conflicto, Colombia es una de
los países con unas instituciones más estables de América
Latina. Durante más de cien años, un récord insólito
en el continente, el traspaso de poderes se ha hecho de una forma continuada,
constitucional y democrática, con la única excepción del
periodo 1953-1958. Salvo la recesión de 1999, la economía crece
cada año desde 1934, otro hito regional y, seguramente, global. Aún
más: su volumen y vitalidad desmienten cualquier comparación
con la de otras naciones situadas en esa zona “crítica”,
y, por supuesto, con las clasificadas como “en peligro” o “límite”.
 |
A pesar de la amenaza de grupos armados e ilegales, Colombia es una democracia
plural con una sociedad civil activa y una prensa libre. Es cierto que sufre
la amenaza de las organizaciones terroristas y los narcotraficantes, pero es
una guerra que vamos a ganar. Desde diciembre de 2000, los secuestros han descendido
un 74%, los homicidios un 32% (el índice per cápita más
bajo de los últimos 18 años) y los ataques terroristas un 62%.
Las plantaciones de coca se han reducido en un 33% y las de amapola un 65%
desde 2001. Más de 54.000 familias campesinas han recibido ayuda para
plantar otros cultivos.
Colombia está saliendo de una díficil guerra civil con unidad
y una fuerte resolución. Clasificar al país en situación “crítica” es
obsoleto y equivocado.
- Luis Alberto Moreno
Embajador de Colombia en Washington
(EE UU)
Recién incorporado a mi nuevo destino como enviado especial del secretario
de Naciones Unidas en Costa de Marfil, me sentí muy feliz cuando el
ejemplar de Foreign Policy llegó a mi nueva dirección en Abiyán.
Sin embargo, me decepcionó mucho el Índice de Estados
fallidos.
Intentar juzgar el carácter de las naciones es uno de los ejercicios
intelectuales y políticos más difíciles y delicados. Clasificar
Estados debería hacerse con un especial cuidado y finura. No es el caso
del Índice.
Mi problema con este estudio no fue su tono condescendenciente, sino que Costa
de Marfil fuera clasificado como el país de mayor riesgo y el “más
vulnerable a la desintegración”. Es, en efecto, un país
con graves problemas. Por mi cargo, veo a menudo las consecuencias de los horrorosos
abusos de los derechos humanos que recuerdan los peores tiempos de los Balcanes.
Pero relegar a Costa de Marfil al primer puesto de la lista es ignorar los
esfuerzos actuales de los marfileños y de la comunidad internacional
para reconducir las raíces del conflicto y para crear un proceso que
acabe con él. La intervención de la ONU y de la Unión
Africana ha permitido progresos importantes hacia la paz y la reconciliación.
Si todo va bien, la paz no será un sueño lejano, y Costa de
Marfil podrá volver a ser el motor económico del África
occidental. Situar al país en lo alto del Índice no refleja la
realidad. Erosiona la confianza del pueblo marfileño y la solidaridad
internacional. Y no sirve a la causa de la paz.
- Pierre Schori
Abiyán (Costa de Marfil)
Me ha parecido interesante el primer Índice anual de Estados
fallidos,
del que se pueden extraer varias consideraciones.
En primer lugar, en África, los Estados asociados a la Unión
Europea (Marruecos, Argelia, Túnez) y los que se hallan ligados al euro
a través del franco CFA representan una gran isla de estabilidad en
el continente, y todo ello a pesar del remanente de la guerra civil en Argelia,
la presencia de grupos terroristas en Marruecos y el conflicto no superado
del Sáhara Occidental. Esto podría ser suficiente para colocar
dichos países en semáforo amarillo o bien dejar fuera del mismo
a Angola, cuya estabilidad en la última década (con la ayuda
de la Guardia Civil española) ha sido bastante alta, a pesar de su intervención
militar en la República Democrática del Congo.
En segundo lugar, me sorprende que no entre en el semáforo Bolivia,
que aparece como uno de los países más estables de Suramérica,
cuando es evidente la división étnica, económica y territorial
entre el altiplano indígena y la extensa y rica en recursos provincia
de Santa Cruz, poblada en su mayoría por mestizos y bajo una élite
de origen europeo, básicamente español (aunque también
es importante la presencia de menonitas de origen alemán). Repsol ya
ha sufrido la inestabilidad de Bolivia, y creo que no sería arriesgado
situar a dicha nación en el semáforo con el color naranja, aunque
en el lado positivo la presencia de la históricamente marginada mayoría
indígena (aimara, quechua) en el Gobierno es loable.
Por último, en Oriente Medio se sitúa a Irak como Estado
fallido con el color rojo. Lo que debemos añadir es que George W. Bush creó un
Estado fallido en este país, y si le sumamos que los únicos aliados
fiables con los que cuenta allí EE UU son los kurdos (ya que la mayoría
chií es proiraní y los suníes les odian) y que, precisamente,
en el cuasiindependiente Kurdistán iraquí se refugian miles de
separatistas/terroristas kurdos (PKK) de Turquía, es inevitable a medio
plazo la entrada del Ejército de Ankara en Irak, ya que los kurdos iraquíes
no van a cerrar sus puertas a sus hermanos turcos por más que se lo
pidan los estadounidenses. Por eso, Irak es ya un inmenso santuario terrorista
para el PKK.
- Enrique A. Costas Mira
Pontevedra (España)
El Fondo por la Paz responde
El Índice de Estados fallidos clasifica la propensión de los
Estados a desarrollar un conflicto armado, teniendo en cuenta un amplio abanico
de factores económicos, militares, políticos y sociales. La mayoría
de los países estudiados todavía no han fracasado y muchos, esperamos,
nunca lo harán.
La metodología empleada es producto de un concienzudo, revisado y ampliamente
utilizado sistema, probado y refinado durante más de una década.
El Sistema para el Cálculo de Conflictos cataloga, escruta y puntúa
cientos de informaciones procedentes de los distintos medios de información.
Para saber más, invitamos a los lectores a consultar la página
web de la Fundación (www.fundforpeace.org).
Medir y clasificar la predisposición al colapso de un Estado es una
tarea necesariamente difícil e imprecisa y el Índice, como todos
los intentos de cuantificar procesos sociales y políticos, es imperfecto.
El indicador de los derechos humanos para República Dominicana era peor
que los de algunos países tristemente famosos por sus continuas violaciones
en este ámbito. Esa puntuación y otras serán revisadas
por el sistema, que se actualiza constantemente. Pero, incluso cambiando ese
indicador, no se alteraría la media obtenida por República Dominicana.
A pesar de los esfuerzos del actual Gobierno, todavía queda mucho por
hacer.
La imprecisión inherente a este tipo de clasificaciones no socava la
utilidad de la metodología. Es más, como muestran los casos de
Costa de Marfil, Colombia y Perú, el Índice revela que la vulnerabilidad
de los Estados se manifiesta de muy diferentes formas. Costa de Marfil es un
Estado fallido. El conflicto fue lo bastante severo como para que se necesitase
una intervención externa. La misión de paz ha traído cierta
estabilidad, pero el país está todavía dividido en dos,
con fuerzas rivales luchando por hacerse con el control. De hecho, hay tres
escructuras paralelas de poder: las fuerzas de paz extranjeras, el Gobierno
y los rebeldes.
Colombia posee muchos de los atributos de una democracia estable, con unas
instituciones que funcionan suficientemente bien. Aunque, después de
40 años de guerra civil con grupos guerrilleros y paramilitares a menudo
financiados por el narcotráfico, un tercio del país está en
manos de los rebeldes. El poder central tiene un alcance limitado en áreas
que están controladas por la insurgencia, que opera como un “Estado
dentro del Estado”, proporcionando bienes básicos y servicios
públicos a ciudadanos que están aislados de Bogotá.
Hasta hace poco, los colombianos no podían viajar de forma segura por
las principales carreteras. Los narcotraficantes todavía manejan enormes
recursos políticos y financieros. A pesar de los ingentes esfuerzos
para atacar esos problemas, sería difícil sostener que Colombia
no pertenece a la lista de las naciones en riesgo. Por su parte, Perú ha
restaurado la democracia después de los abusos del ex presidente Fujimori,
pero subsiste una corrupción rampante, una brutal división económica
y un amplio descontento rural. El índice de aprobación del Gobierno
raramente superó el 10% en 2004. La falta de popularidad del actual
presidente, Alejandro Toledo, combinada con instituciones todavía débiles
e inestabilidad regional, crea una significativa vulnerabilidad.
La buena noticia es que los líderes pueden cambiar las cosas. Así,
el objetivo de este Índice era señalar los países en riesgo
para provocar un nuevo debate sobre las causas del derrumbe de los Estados
y estimular una respuesta rápida y eficaz.
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