El Ejército tailandés dio un golpe de Estado prometiendo terminar con la crisis política y reinstaurar la democracia. Las promesas parecen más lejos que nunca de verse cumplidas.
Hace un año, el general tailandés Prayuth Chan-ocha incumplió una promesa. Tras meses de bloqueo político en el país, con protestas en las calles y un gobierno prácticamente desmantelado en los tribunales, el 22 de mayo de 2014 el general entró en la sala de reuniones donde había dado cita a los principales grupos opositores y les comunicó su decisión: “Voy a tener que tomar el poder”. Durante meses, el entonces Jefe de las Fuerzas Armadas del país había reiterado en numerosas ocasiones que no lo haría.
Prayuth lideró el decimosegundo golpe de Estado exitoso del Ejército tailandés desde 1932, cuando otro golpe depuso a la monarquía absoluta e inauguró la inestable democracia del país asiático, que ha vivido secuestrada durante décadas por los intereses de los militares, la monarquía y las clases altas del país. Tras incumplir su primera promesa, Prayuth hizo otra: solventar la crisis política en la que lleva inmersa el país desde hace diez años y “devolverle la felicidad” al llamado, de forma manida, País de las Sonrisas.
Tailandia lleva décadas resquebrajándose en una profunda brecha social que estalló en 2006, cuando el entonces primer ministro, Thaksin Shinawatra, fue depuesto en un golpe de Estado muy similar al de hace un año. La dimensión de la brecha es doble: económica, en uno de los países con mayor desigualdad económica del mundo, y geográfica, con una fuerte división entre el noreste y norte, donde hay una mayor presencia de los llamados camisas rojas, seguidores de Thaksin, y la zona centro, con la capital, Bangkok incluida, junto a algunas zonas del sur del país, bastiones de los pro-monárquicos camisas amarillas. Thaksin, un multimillonario hecho a sí mismo que no tenía lazos familiares con la aristocracia tradicional tailandesa, supo aprovechar esta fractura para llegar al poder en 2001 y convertirse en el único primer ministro de la historia de Tailandia en ser reelegido. También la aprovechó, sin embargo, para desafiar las estructuras del país y el poder de la oligarquía, que reaccionaron con el golpe de Estado de septiembre de 2006.
La brecha siguió abriéndose tras la caída del Primer Ministro y mientras los sucesivos gobiernos afines a Thaksin eran depuestos en los tribunales, las calles se llenaban de forma intermitente de masas rojas o amarillas. Algo que no ha vuelto a verse tras el golpe del año pasado, cuando la Junta comenzó una política de arrestos de disidentes que ha alcanzado a unas 700 personas, según la organización Human Rights Watch. “Ha habido algo de reconciliación entre las élites y se han visto esfuerzos de diálogo entre camisas rojas y amarillas. Pero no ha llegado a la mayoría de la población”, asegura Kan Yuenyong, analista político del Siam Intelligence Unit . Para Kan, un nuevo conato de violencia, como el vivido en 2010 en la represión contra las manifestaciones de los camisas rojas, en las que murieron al menos 92 personas, podría volver a suceder, especialmente cuando llegue el momento de la sucesión del rey Rama IX, que a sus 87 años y tras casi 70 de reinado, tiene hoy una salud delicada.
Una democracia cada vez más lejana
La tercera promesa de Prayuth al acaparar el poder fue restaurar la democracia en el país, celebrando nuevas elecciones y devolviendo el poder a un gobierno civil. El general dio un plazo de un año y tres meses para avanzar en ese camino y celebrar comicios, pero los pasos en el sentido opuesto han sido continuos. Así, tras instaurar la ley marcial dos días antes del golpe, se suspendió la Constitución tras la asonada y se aprobó una interina que daba amplios poderes a los militares; se prohibieron además libertades fundamentales básicas, como el derecho de reunión, y se reprimió cualquier conato de protesta.
Un año después, Prayuth ha seguido incumpliendo promesas y Tailandia parece más alejada de la democracia que hace 12 meses. “El líder de la Junta está incrementando su control sobre el poder en lugar de aflojarlo”, asegura Brad Adams, director ejecutivo para Asia de Human Rights Watch . El general ha incrementado además su ritmo autoritario durante las últimas semanas. El pasado mes de abril, Prayuth retiró la ley marcial pero apeló en su lugar a un polémico artículo de la Constitución interina, la sección 44, que le permite tomar cualquier medida que considere necesaria para “reforzar la unidad pública y la armonía”. Este artículo da además a los militares el poder de arrestar a cualquier persona sin necesidad de una orden judicial. “La sección 44 le permite [a Prayuth] gobernar sin ninguna vigilancia o responsabilidad administrativa, legislativa o judicial”, continúa Adams. “Tailandia es un Estado militar gobernado por un hombre fuerte”, añade.
Otra de las promesas fue la redacción de una nueva constitución, la vigésima desde 1932, que acabara con las tensiones políticas del país. “Mi esperanza es que la nueva Constitución ponga un punto y final a las divisiones pasadas y que el público esté tan implicado en su redacción como sea posible”, aseguró Prayuth a los periodistas el pasado mes de noviembre. Hasta el momento, la realidad ha sido muy diferente. Un primer borrador ha sido presentado por una comisión de 36 miembros, todos ellos escogidos por la Junta. El borrador incluye amnistías para los militares que dieron el golpe de Estado, abre la posibilidad a que el primer ministro no tenga que ser elegido popularmente para ser nombrado en la Asamblea Nacional y debilita aún más a los organismos de control, que deberían ser supuestamente independientes. “Creo que el principal objetivo de la Constitución es debilitar el poder de los políticos, sean del partido que sean”, asegura Kan Yuenyong, del Siam Intelligence Unit.
Tampoco se sabe cuál será la fecha de las próximas elecciones, aunque el Gobierno ha anunciado que no se celebrarán antes de agosto de 2016, después de que la Junta aceptara someter la Constitución a un referéndum ante las críticas por la opacidad del proceso.
Bajo amenaza
El gobierno de Prayuth ha tenido poca resistencia desde el interior gracias a la represión, pero tiene otros frentes abiertos. Uno de ellos es el miedo al aislamiento internacional, después de que varios países occidentales condenaran el golpe de Estado. Sin embargo, para Thitinan Pongsudhirak, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Chulalongkorn, los críticos han suavizado su postura, aunque el escándalo sobre la trata de personas que rodea a la industria de la pesca y que ha saltado durante los últimos días podría suponerle duras sanciones económicas. “Estos dilemas entre los socios clave de Tailandia son entendibles. Tailandia tiene una población clave, con una localización crucial en el Sureste Asiático y un lugar instrumental como miembro fundacional de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático)”, asegura Thitinan.
Este aislamiento podría repercutir en la ya afectada economía, que apenas creció un 0,3% durante los tres primeros meses de 2015, especialmente debido al desplome de las exportaciones que se han visto dañadas por la política del Gobierno de mantener fuerte la moneda nacional. “[La Junta] ha decidido gobernar directamente con muy pocos tecnócratas en el gobierno. Carteras de corte económico, desde comercio o transporte a trabajo o educación, están lideradas por generales de cuatro estrellas. […] No sorprende que la estrategia de crecimiento ha sido incoherente, las orientaciones políticas hayan sido dispersas, y la ejecución lenta”, afirma Thitinan.
La sombra del enfrentamiento político sigue sobrevolando, a pesar de los esfuerzos de la Junta por desmantelar a la oposición, e incluso muchos de los que apoyaron en un primer momento el golpe, como el Partido Demócrata, han mostrado su reticencia en las últimas semanas. “Mucha gente no está contenta con cómo se están desarrollando las cosas”, afirma Kan Yuenyong. “Y no creo que muchos se queden quietos durante mucho más tiempo, especialmente si la Junta no retoma el proceso democrático”.
