A pesar de los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario, estas tribus amazónicas se enfrentan en los últimos años a las amenazas de los narcotraficantes, madereros y buscadores de oro.
Uno de los conflictos diplomáticos más insólitos del mundo tiene lugar en la frontera entre Perú y Brasil, en plena selva amazónica: se trata de la disputa por la llamada Tierra Kampa/Aislados, demarcada por el Paralelo 10º en el estado brasileño de Acre. Allí, se enfrentan narcotraficantes, empresarios madereros, indígenas de la etnia ashaninka y nativos en aislamiento voluntario. El conflicto saltó a los medios el pasado mes de julio, cuando la Fundación Nacional del Indígena de Brasil (Funai) hizo público un vídeo que mostraba el primer contacto con nuestra civilización de la llamada tribu del Río Xinane: varios de sus miembros llegaron a un poblado ashaninka, se hicieron con hachas, cuchillos y cacerolas, intercambiaron unas palabras y se aprestaron a regresar a la frondosa selva. La organización internacional Survival International denunció que la tribu hasta entonces aislada se había movido de un lugar a otro de la frontera a causa de la violencia con que está siendo desplazada de su territorio.
No es la primera vez que una tribu en aislamiento voluntario realiza este tipo de incursiones, pero esta vez los intérpretes consiguieron traducir sus palabras: los aborígenes relataron que han sufrido los virulentos ataques de hombres no indios y que muchos de sus miembros han sido masacrados. Eso los obligó a huir de las tierras que ocupaban desde hacía décadas, dentro de las fronteras peruanas. Las sospechas de la Funai y de Survival International apunta a que detrás de estos ataques están los narcotraficantes y los empresarios madereros, legales o ilegales.
El narcotráfico avanza en la región con tal contundencia que, en 2011, su violencia provocó el cierre de una base del Frente de Protección Etnoambiental (FPE), unidades creadas por la Funai para proteger un corredor de alrededor de 636.000 hectáreas de selva dedicado a los pueblos indígenas. Esta ausencia estatal en un área tan delicada se agrava ante el riesgo de que, como ha advertido Survival International, las incursiones de los aborígenes los lleven a contagiarse de enfermedades como la gripe, para las que no cuentan con anticuerpos. No es un detalle menor: desde la llegada de los europeos a América hace 500 años, el contagio de enfermedades occidentales ha diezmado a las poblaciones nativas y sigue siendo el mayor riesgo para la supervivencia de las 200 tribus que se mantienen en Sudamérica en aislamiento voluntario, la mayor parte de ellas, en la Amazonia y otros bosques tropicales.
Es por ello que Survival International ha solicitado a los gobiernos brasileño y peruano que trabajen conjuntamente para resolver la raíz del problema, a saber: que las tribus aborígenes están siendo expulsadas de sus tierras por la acción combinada de la tala ilegal y el tráfico de drogas, que en ocasiones actúan con el beneplácito y connivencia de las autoridades locales, según ha denunciado la Red Social de Derechos Humanos. El asedio afecta tanto a las tribus no contactadas como al resto de las comunidades indígenas, si bien los pueblos en aislamiento voluntario son los más vulnerables, tanto por su mayor exposición a las enfermedades como porque no pueden comunicarse con las autoridades para pedir ayuda. Sólo les queda huir.
No son los grupos ilegales, sin embargo, el único motivo del preocupante cerco que sufren las comunidades indígenas: la otra pata del asedio a las formas de vida ancestrales de estas comunidades son los proyectos extractivistas y las grandes infraestructuras que se están impulsando a ambos lados de la frontera. Carreteras, centrales hidroeléctricas, distribución de lotes para la explotación de gas y petróleo: todos esos proyectos están reconfigurando la geografía amazónica, y las tribus aisladas son las primeras y mayores afectadas. Pierden sus modos de vida, basados en la recolección y la pesca, y son forzados a desplazarse. Lo que algunos autores han denominado nuevo extractivismo, esto es, la apuesta por la extracción y exportación de materias primas en los países latinoamericanos, ha puesto en el punto de mira territorios antes considerados improductivos; la merma de las tierras disponibles para los indígenas provoca además disputas entre las distintas tribus.
Pareciera un macabro dejá vu para estos pueblos originarios. La tribu del Río Xinane ha regresado, por la fuerza, al territorio de Alto Río Envira, de donde sus antepasados fueron obligados a huir a lo largo del siglo XX, en los tiempos del auge del caucho y de la modernización de las infraestructuras en la región amazónica. La fiebre del caucho afectó a toda la región amazónica entre fines del siglo XIX y comienzos del XX y experimentó un renacimiento hacia mediados del XX. La apuesta de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador por la exportación del caucho disparó un inédito proceso colonizador sobre la selva, que impulsó grandes centros urbanos como Manaus en Brasil e Iquitos en Perú, al precio de modificar de raíz los modos de vida de las tribus que habitaron en la selva durante siglos, en comunión con la naturaleza. El otro precio, la brutal deforestación amazónica, lo paga la humanidad en su conjunto.
Derechos que no se respetan
La fiebre del caucho todavía es recordada por los lugareños como el “tiempo de las correrías”, de matanzas y huidas selva adentro, que reconfiguró la geografía humana de la región amazónica y dejó en estas tribus un trauma colectivo. El cerco a los pueblos indígenas llegó a ser tan dramático que la comunidad internacional advirtió la necesidad de un cambio de orientación política. En Brasil, el viraje legislativo llegó con la Constitución de 1988, que, entre otros avances, reconocía el derecho de los pueblos no contactados a mantenerse lejos de la civilización occidental; hacia las mismas fechas, se creó la Coordinadora de Indios Aislados (CII) dentro de la Funai: su premisa principal es intervenir sólo en casos dramáticos y tomando todas las precauciones. En la misma línea, la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007, reconoce el derecho a “vivir en libertad como pueblos distintos” e insta a los Estados a garantizar ese derecho.
El problema es que las leyes a menudo no se cumplen, y eso vale para todas las comunidades indígenas: muchas tribus, a lo largo y ancho de América Latina, han reivindicado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otras leyes locales, nacionales o internacionales que obligan a los Estados a consultar a los pueblos aborígenes en caso de que una obra sea susceptible de alterar sus modos de vida, como es el caso de carreteras transamazónicas, megaproyectos mineros y grandes represas. A menudo, la consulta nunca llega, ni aun cuando las comunidades indígenas se organizan para exigir el cumplimiento de la ley. Mucho más difícil lo tienen, entonces, las tribus en aislamiento voluntario que, por definición, no pueden reivindicar sus derechos.
Survival International insta a los gobiernos brasileño y peruano a investigar lo que está ocurriendo en el Paralelo 10º y proteger la salud y los modos de vida ancestrales de los aborígenes. "Es vital que Brasil y Perú destinen fondos inmediatamente para la protección total de las vidas y las tierras de los indígenas aislados. Su crecimiento económico se está produciendo a costa de las vidas de sus ciudadanos indígenas. Ahora, su recién acumulada riqueza debe usarse para proteger a los pocos indígenas aislados que hasta el momento han sobrevivido al continuo genocidio de los pueblos originarios de América”, ha señalado el director de la organización, Stephen Corry.
El problema es que proteger esos modos de vida ancestrales requeriría una revisión profunda e integral del modelo de desarrollo de estos países, que hoy apoyan sus economías en la exportación creciente de commodities, y que necesitan para ello la energía de las usinas hidroeléctricas. Como ha señalado Antonio Canuto, miembro de la Comisión Nacional Pastoral de la Tierra (CPT) en Brasil, a día de hoy se sigue reproduciendo un modelo de desarrollo predatorio, que consagra el expolio a través de la violencia y que contempla a los pueblos que no comparten esa visión del progreso como un mero obstáculo al desarrollo.
