Las dos grandes explotaciones mineras controladas por empresas transnacionales hacen aumentar la tensión en las calles dominicanas. Está en juego un modelo de desarrollo sostenible para el país.

 

Rdominicana

 

Fran Afonso

Concentración ciudadana de rechazo a la minería Barrick Gold realizada el pasado 21 de abril en Santo Domingo.

Cinco de mayo, ciudad de Santo Domingo. Ataviada con toga y birrete, la  ex fiscal Josefina Juan da por finalizado el juicio popular contra la empresa minera Barrick Gold: “Se ordena nacionalizar de inmediato la Barrick Gold, rescindir su contrato y confiscar todos sus bienes como compensación por los daños morales y materiales causados al pueblo dominicano. Se condena al que fuera presidente Leonel Fernández a veinte años de cárcel y a bañarse cada día en el Río Margarita. Se otorga un plazo de quince días al presidente Danilo Medina para hacer cumplir esta sentencia”. Los asistentes, convocados por el movimiento juvenil La Multitud, aplauden y corean las consignas de rigor.

Hace tres meses que en la República Dominicana se espera el pronunciamiento de su presidente, Danilo Medina, respecto al contrato que permite a la empresa Barrick Gold explotar una de las mayores minas de oro del mundo. Mientras no llega, las manifestaciones de repudio a la compañía se multiplican. Cierto consenso las alienta: su actuación es abusiva, los beneficios para el Estado son exiguos y los perjuicios ambientales y sociales para las comunidades directamente afectadas son inaceptables.

En 2006, Barrick Gold compró los activos de la empresa que ostentaba la concesión de explotación de la mina de oro de Pueblo Viejo, Placer Dome. A mediados del 2009, bajo el mandato de Leonel Fernández, copartidario del actual presidente Danilo Medina, se aprobó por abrumadora mayoría la modificación del contrato firmado entonces: de 100 dólares generados, la empresa canadiense se quedaría con 97 y el Estado, con los 3 restantes, un 47% menos respecto al contrato anterior. El mismo año de su modificación, el precio del oro alcanzaba un récord histórico en su cotización de 1.000 dólares por onza. Según el geólogo Osiris de León, teniendo en cuenta ese valor y el nuevo contrato, el país dejaría de percibir 1.200 millones de dólares (900 millones de euros aproximadamente) durante los primeros seis años de producción.

La tensión entre el Gobierno y la compañía, la más grande en su sector, no ha hecho más que aumentar desde que el pasado 27 de febrero el presidente Danilo Medina hiciera un “último llamado” a Barrick Gold para renegociar el contrato, argumentando que el alza de precio del oro hacía “inaceptable” la actual distribución de ingresos. En marzo, la Dirección General de Aduanas impuso a la compañía una multa de 23 millones de dólares por la declaración falsificar la declaración de exportación de un cargamento de oro. El 1 de mayo otro cargamento de 12 lingotes de oro y plata fue retenido. Pese a todo, ambas partes reiteran su disposición al diálogo.

Más allá de los términos del contrato, los movimientos sociales y la comunidad científica denuncian, entre otros hechos, que la minera carece de una licencia ambiental válida y que está contaminando a la población y el ganado de la zona, además de las aguas de la presa de Hatillo y del río Margarita.

 

La soberanía en juego

Loma Miranda es el otro gran foco de tensión en República Dominicana. Desde que la empresa Falcondo Xstrata Nickel anunció su deseo de explotarla para extraer níquel, la comunidad científica y los movimientos sociales del país han aunado esfuerzos con la población afectada para rechazar su presencia en la cordillera central de la isla. Argumentan que la explotación amenaza no sólo la salubridad del río Jagüey, vital para las comunidades que se nutren de sus aguas, sino la supervivencia de un enclave fundamental para la producción agrícola y el equilibrio ecológico de la isla.

Como Barrick Gold, la transnacional asegura que, además de colaborar en el desarrollo del país y la zona, cumple con todos los requisitos para que el impacto negativo de la explotación sea mínimo. Para contrastarlo, el Gobierno de Danilo Medina encargó al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) la realización de un estudio de evaluación del informe de impacto ambiental de Falcondo. Parte de las organizaciones en defensa de Loma Miranda creen que el informe les será favorable. Otras dudan y acusan al PNUD de emplear a personal vinculado a la minera.

En algo más trascendental sí coinciden: sea cual sea el resultado de dicho estudio, la explotación no se va a realizar. Según Escalin Gutiérrez, presidenta de la asociación Comunidades Unidas por el Agua y la Vida, “Loma Miranda es innegociable. No  vamos a reconocer un informe desfavorable. Nuestro compromiso es con nuestras comunidades y generaciones futuras. Pase lo que pase vamos a defender nuestro derecho a la vida”. Para impedirlo, las organizaciones en defensa de Miranda están dispuestas a ocupar la loma por tiempo indefinido. Su alternativa: declarar la zona como parque nacional y desarrollar proyectos ecoturísticos que beneficien a sus comunidades.

Para Domingo Abreu, coordinador de la Asamblea Nacional Ambiental, en los conflictos mineros también está en juego la soberanía territorial y alimentaria del país. “Si va a haber mineras deben sujetarse a concesiones, no a la compra de territorio. La desprotección que está sufriendo nuestro campesinado hace que venda sus suelos fértiles a compañías como Falcondo y Barrick Gold, perdiendo así nuestro territorio y nuestras fuentes de agua. Tenemos capacidad para producir todo el año cualquier cosa, pero la minería se está comiendo nuestro suelo productivo y a la larga, eso nos condena al hambre”. Según Abreu, “es la alternativa agrícola la que le garantiza una economía sana a la República Dominicana. Cualquier otra alternativa nos va a perder. Y nos está perdiendo”.

 

La batalla legal

A la espera de una resolución final para ambos conflictos, el país se prepara ante posibles litigios internacionales. El pasado 22 de abril, la República Dominicana y los países del ALBA, reunidos en la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Trasnacionales, acordaron la creación de un mecanismo de coordinación regional para el fortalecimiento de los gobiernos locales en los procesos de arbitraje internacional que puedan interponer las transnacionales que operan en la región.

El acuerdo llega poco después de que un tribunal chileno paralizara el proyecto Pascua Lama de Barrick Gold, atendiendo las demandas presentadas por las comunidades indígenas del valle de Huasco en materia ambiental.

 

 

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