Estudiantes tailandeses protestan contra la junta militar frente a la policía, Bangkok. Borja Sanchez-Trillo/Getty Images
Estudiantes tailandeses protestan contra la junta militar frente a la policía, Bangkok. Borja Sanchez-Trillo/Getty Images

Los militares están a punto de cumplir dos años en el poder en el país asiático y, a pesar de haber incrementado la represión, los conatos de resistencia crecen.

Cuando Prayuth Chan-ocha tomó el poder en Tailandia en un golpe de Estado el 22 de mayo de 2014 aseguró que su principal prioridad era “devolver la felicidad” a un país que lleva más de diez años inmerso en una profunda crisis política. Tras seis meses de protestas contra el Gobierno en las calles de la capital, el general solucionó el conflicto con un escueto: “Voy  tener que tomar el poder”. Prayuth sacó entonces a los soldados a las calles, pero sin dar un solo tiro, los puso a bailar y a cantar para intentar convencer a los tailandeses y a la opinión pública internacional de que los militares habían llegado al poder para restablecer la armonía entre sus ciudadanos.

La tarea se le está complicando, sin embargo, al general y los conatos de resistencia han ido en aumento durante las últimas semanas debido a varias polémicas leyes aprobadas por los militares. Incluso antes de que los conciertos y los desfiles dejaran las calles, la Junta ya estaba engrasando la maquinaria que le ha permitido incrementar su poder y, con él, la represión contra cualquier voz disidente. Tras casi un año bajo una ley marcial, los militares la levantaron, pero la reemplazaron por el polémico artículo 44 de una Constitución provisional aprobada tras el golpe, que les da poderes casi ilimitados para aprobar cualquier ley “por el bien de las reformas en cualquier asunto, la promoción del amor y la armonía entre las gentes de la nación o la prevención, la eliminación o la supresión de cualquier acto que vaya en detrimento del orden o la seguridad nacional, la corona, la economía nacional o la administración pública”.

El objetivo de estas reformas, aseguran los militares, es permitir que Tailandia salga de la profunda brecha social y política en la que lleva inmersa desde septiembre de 2006, cuando el entonces primer ministro, Thaksin Shinawatra, fue depuesto en un golpe de Estado muy similar al dado hace dos años por Prayuth contra su hermana y sucesora, Yingluck Shinawatra. La dimensión de esta brecha es doble: económica, en uno de los países con mayor desigualdad económica del mundo, y geográfica. Así, durante los últimos años, las calles de la capital tailandesa se han llenado de forma intermitente con los dos colores de los lados de esta fractura: el de los camisas rojas, procedentes fundamentalmente del noreste y norte del país y asociados generalmente con las clases pobres y rurales, y el de los camisas amarillas, pertenecientes en su mayoría clases acomodadas y promonárquicas del centro y del sur del país, Bangkok incluida.

Amparado en este polémico artículo, Prayuth ha legislado a un ritmo frenético durante los últimos meses en una multitud de asuntos, desde energía a sanidad, pasando por los propios poderes otorgados a los militares. Así, según iLaw, una organización formada por abogados que controlan la situación de los derechos humanos en Tailandia, el artículo 44 ha sido utilizado en más de 50 ocasiones desde su entrada en vigor. Una de las últimas órdenes, la decimotercera aprobada este año, otorga a los militares con rango superior al de subteniente poderes hasta ahora reservados a la policía para arrestar a sospechosos sin orden judicial y retenerlos hasta siete días sin necesidad de presentar cargos. “Hemos visto una degradación progresiva en la protección de los derechos humanos en Tailandia desde el golpe de Estado y esta orden significa otro chirriante movimiento en la misma dirección”, aseguró Wilder Tayler, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, en un comunicado en el que pedían la anulación de la orden.

 

La nueva oposición: los movimientos ecologistas

Desde el primer momento del golpe, el sector estudiantil se puso al frente de la oposición contra el Gobierno y las escasas protestas que podían verse, prohibidas por el régimen, estaban protagonizadas por jóvenes universitarios que imitaban los gestos de la película Los juegos del hambre o leían la obra 1984 de George Orwell en lugares públicos. Sin embargo, durante las últimas semanas, los grupos ecologistas han tomado el relevo y han empezado a ejercer presión para que se anulen tres leyes sobre desarrollo industrial aprobadas este año por la Junta y que permiten la construcción de proyectos con un fuerte impacto ambiental, especialmente centrales térmicas o vertederos de residuos peligrosos, sin necesidad de Estudios de Impacto Medioambiental.

Los ecologistas han ido un paso más allá y, tras las protestas, han comenzado la presión en los tribunales tras presentar recientemente una demanda contra el Gobierno para que anule una de esas leyes. “Esa orden va contra el mandato de la Constitución de asegurar la armonía del pueblo. No va a beneficiar a los tailandeses, sólo a los inversores”, asegura Supaporn Malailoy, abogada del colectivo iLaw, especializado en casos relacionados con el medio ambiente, y una de las responsables de la demanda.

“El pueblo tiene derecho a vigilar lo que el Gobierno hace. No pueden aprobar leyes que nos perjudiquen sin consultar”, continúa la abogada Malailoy, quien asegura que están preparándose para presentar demandas también contra las otras dos leyes. “Esas industrias van a tener sin duda un impacto en el medio ambiente y afectarán a los ciudadanos en muchos aspectos, especialmente salud, economía y calidad de vida”, añade Akradej Chakjinda del colectivo Save Andaman que está haciendo una campaña contra una planta térmica de carbón proyectada en Krabi, al sur del país.

La redacción de una nueva Constitución es ahora el otro gran conato de resistencia. Una Comisión especial para redactar la Constitución acaba de presentar un nuevo borrador, el segundo después de que una propuesta anterior fuera rechazada el año pasado, que ha levantado muchos recelos entre grupos opositores, pero también entre algunos de los grupos políticos más cercanos a los militares. El senado, que según el borrador tendría amplios poderes pero sería elegido a dedo, y la eliminación casi total de la participación ciudadana en la toma de decisiones, han sido dos de los puntos más controvertidos. La Constitución refuerza además el poder de los militares para influir en asuntos políticos incluso cuando se vuelva a un gobierno civil, algo que, según Prayuth, está previsto para el año que viene, cuando se celebren nuevas elecciones.

Como era de esperar, el Frente Unido por la Democracia contra la Dictadura, la organización al frente del movimiento de los camisas rojas, ha asegurado que se opondrá a la nueva Constitución, aunque no se ha pronunciado sobre si hará un llamamiento a nuevas protestas si es aprobada. Por su parte, el Partido Demócrata, tradicionalmente más cercano a los militares, también ha asegurado que no secundará una Carta Magna en la que el Senado sea elegido a dedo.

No obstante, no todo son enemigos. En este sentido, Suthep Thaugsuban, cuya imagen viajó por medio mundo cuando lideró las protestas de los camisas amarillas que precedieron al golpe de Estado de 2014, ha asegurado que apoyará la nueva Constitución. La ciudadanía tendrá supuestamente la posibilidad de expresar también su opinión en el referéndum que se celebrará el próximo 7 de agosto. El Gobierno ha amenazado, sin embargo, con “ajustes de actitud”, que generalmente suponen la reclusión en bases militares durante varios días, a todos los que critiquen las decisiones de la Junta o hagan campaña abierta en contra del borrador de la Constitución. Pero de nuevo, la tarea se prevé difícil para el general, y muchos perfiles de Facebook ya han empezado a tornarse en imágenes con un fondo azul y un “Vota NO” en el centro.