Los pies de una mujer linchada y quemada por una turba en San Vicente Pacaya, Guatemala. La mujer fue capturada por habitantes locales tras ser acusada de asesinar a su hijastra. Johan Ordóñez/AFP/Getty Images
Los pies de una mujer linchada y quemada por una turba en San Vicente Pacaya, Guatemala. La mujer fue capturada por habitantes locales tras ser acusada de asesinar a su hijastra. Johan Ordóñez/AFP/Getty Images

¿Por qué hay un aumento de estos actos violentos en la región? Un análisis de los posibles factores que alimentan actitudes favorables a tomarse la justicia por su mano entre la ciudadanía de algunos países latinoamericanos.

Domingo 6 de septiembre de 2015. Autobús de línea entre Ranchería-San Cristóbal Centro, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, donde el Papa Francisco celebraba recientemente la misa más concurrida de su visita al país. Dos hombres suben al autobús armados con cuchillos y comienzan a asaltar a los pasajeros. Los asaltos a autobuses en el municipio se han convertido en algo habitual y la impunidad de los delincuentes es casi absoluta. Pero ese domingo varios pasajeros del autobús de línea no estuvieron dispuestos a convertirse en otras víctimas más. Se abalanzaron sobre los asaltantes y lograron inmovilizarlos con una cadena. Uno de los pasajeros sugirió entonces que, para evitar que los asaltantes tomasen futuras represalias, les sacasen los ojos. Así lo hicieron. La policía detuvo a los pasajeros del autobús, pero terminaron siendo puestos en libertad: ninguno de los pasajeros denunció a los agresores directos de los asaltantes.

En un estudio publicado en México sobre los linchamientos registrados en ese país entre 1988 y abril de 2014, se contabilizaron 366 casos de linchamientos −266 intentos y 100 linchamientos consumados−, una media de 13 por año. Uno de los autores del estudio, Raúl Rodríguez Guillén explica a esglobal que, entre 2010 y 2014, se registró un aumento considerable de los casos de linchamiento, con una media de 32 casos por año. En 2015, las cifras se dispararon, registrándose 112, entre intentos de linchamiento y linchamientos consumados. La mayoría de estos actos de violencia se concentran en unos pocos estados del país, del centro y del sur, principalmente.

México no es el único país de América Latina en el que se producen estas acciones. En los últimos meses se han registrado casos –algunos con violencia extrema que causaron muertes– en Estados como Guatemala, El Salvador, Bolivia, Argentina o Brasil. Al igual que ocurre en México, los linchamientos han aumentado dramáticamente en Venezuela, país en el que confluyen una crisis económica aguda y un desbordamiento de la criminalidad.

 

Características y repercusión

Carlos M. Vilas, politólogo argentino que se ha ocupado en varios estudios del fenómeno de los linchamientos en diversos países de América Latina y es una referencia continental en la materia, ha descrito qué podemos entender por linchamiento: 1) una acción colectiva, 2) de carácter privado e ilegal, 3) que puede provocar la muerte de la víctima, 4) en respuesta a actos o conductas de ésta, 5) quien se encuentra en inferioridad numérica abrumadora frente a los linchadores. En conversación por correo electrónico con esglobal, Vilas distingue entre países en los que sí han aumentado significativamente los casos de linchamientos y aquellos en los que ha aumentado el debate sobre el fenómeno. “A veces los casos adquieren mucha resonancia por su extravagancia: es, me parece, el caso de Argentina y en general de sociedades más institucionalizadas, donde el recurso de tomarse la justicia por su mano con un amplio repudio social. Al contrario, en sociedades como Bolivia, sur de Perú o zonas de México, hay una especie de tendencia social a la justificación de estos hechos por la inacción o la ineficacia de las instituciones de seguridad”.

 

Aceptación social de los linchamientos

Respecto a esa consideración social mencionada por Vilas, en el último Barómetro de las Américas (2014), una encuesta realizada cada dos años en 26 países americanos (con unas 1.500 entrevistas por país de media), se detectó que los porcentajes de encuestados favorables a tomarse la justicia por su mano, sin dejar de ser minoritarios, eran los más elevados de la última década. Con una media de aceptación situada en el 30% de los encuestados, los países en los que se registró más apoyo a este comportamiento fueron, en este orden, Republica Dominicana (42,8%), Paraguay (42,3%) y Perú (40,6%). Mientras que en Panamá (25,1%), Brasil (23,5%) y Trinidad y Tobago (19,2%) se presentaron las tasas de aprobación más bajas. Sorprende que en los dos Estados más desarrollados del continente, Canadá y Estados Unidos, con un sistema judicial operativo y unas instituciones funcionales, la tasa de aprobación sea tan elevada: un 36,3% en EEUU y un 30,4%. También destaca que los jóvenes son más partidarios de la justicia extra legal que los encuestados de mayor edad.

 

¿Cuáles son las causas?

A la hora de analizar los resultados, comparándolos con otros indicadores del barómetro, los autores del informe detectaron una correlación entre el aumento de las víctimas de corrupción policial y las víctimas de crímenes y el aumento del apoyo a la justicia por mano propia. “La causa más evidente de un linchamiento es la reacción ante el clima de inseguridad en algunas zonas (rurales, urbanas y periurbanas), tanto en términos objetivos como subjetivos. Por ejemplo: conflictos en materia normativa que generan la imagen de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, culpando a la corrupción y a la complicidad institucional por ello”, nos explica Vilas. “Otras veces es una explosión de ira furiosa producto del hartazgo social por cuestiones como carestía, alteraciones en pautas tradicionales de conducta o excusa para descargar broncas o frustraciones”. Vilas advierte que las distintas razones que están detrás de los linchamientos complican su equiparación: “¿Es posible colocar en la misma categoría general el asesinato tumultuario y casi ritualístico de un alcalde que roba el presupuesto municipal en el altiplano boliviano o en el sur del Perú con el de un ladrón de gallinas en Guatemala o un ladronzuelo en el centro de Buenos Aires que pretendió robar el reloj de pulsera de una turista?”.

 

‘Vigilantismo’ versus linchamientos

Ante la falta de soluciones por parte de las fuerzas del orden para remediar el “clima de inseguridad”, en determinadas zonas de algunos países latinoamericanos han surgido en los últimos años grupos de vigilantes, a menudo de carácter vecinal, que tratan de realizar las funciones policiales que las fuerzas del orden establecidas no realizan. Son la ley donde la ley no llega. En otras palabras: un fracaso del Estado del derecho.

En el extremo de esta tendencia estarían los grupos paramilitares y parapoliciales en países como Brasil, Colombia o El Salvador. El ejemplo más reciente y conocido son los grupos de autodefensas mexicanos. Pero también podemos encontrar grupos de vigilantes reconocidos por las leyes que se responden a dinámicas históricas de justicia indígena, como las rondas campesinas, a menudo de indígenas, establecidas en diversos Estados del continente, como Perú, Bolivia, Ecuador y también México. Responden, en buena medida, a una indefensión de comunidades rurales a las que los Estados no ofrecen la seguridad y las herramientas del estado de Derecho que sí se disfrutan, relativamente, en otras zonas del país.

En algunos casos, estas agrupaciones de vigilantes paraestatales, sobre todo los grupos de autodefensas, llevan a cabo actos que se califican de linchamientos. En opinión de Carlos M. Vilas las acciones de estos grupos presentan características diferenciadoras respecto a las acciones espontáneas de las turbas. “Personalmente, distingo el linchamiento, que siempre tiene un marcado coeficiente de espontaneidad y que por su propia naturaleza favorece la auto exculpación de los involucrados (¿quién dio la patada, o el puñetazo, o la pedrada, que ocasionó la muerte? ¿Fuenteovejuna?), del acto de linchamiento premeditado. Aquí hay preparación previa o, como se dice a veces, una disposición a la acción. En ambos casos hay una privatización de facto de la violencia punitiva pero, en el caso de los vigilantes, existe una cierta profesionalización del grupo, que es estable, a diferencia de la mayoría de los linchamiento urbanos donde el grupo sólo existe en función del hecho puntual: pasajeros de un autobús, transeúntes de una calle, que reaccionan a la voz de “¡Al ladrón!”, sin mayor cohesión o “capital social” que el hecho fortuito de compartir un trayecto de autobús o de pasar por una cuadra”.