La impunidad y la dependencia mediática de los poderes regionales aparecen como algunas causas de la persistente violencia contra los profesionales de la información en un país donde, pese a los logros de la última década, los derechos humanos siguen vulnerándose de forma lamentable.

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La última mala noticia llegaba el pasado febrero: Santiago Andrade, camarógrafo de TV Bandeirantes, falleció cuatro días después de ser alcanzado en la cabeza por un explosivo mientras cubría una manifestación en Rio de Janeiro. Llovía sobre mojado: 2013 fue un año de luto para el periodismo en Brasil, con cinco periodistas muertos, según Reporteros Sin Fronteras (RSF). Todos fueron asesinados por sicarios. Y 2014 ha comenzado mucho peor: en lo que va de año ya se han registrado tres muertes violentas de periodistas.

La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) reveló, en una encuesta realizada en junio, que durante la oleada de manifestaciones de mediados del pasado año, en protesta por el despilfarro de los megaeventos deportivos y por el aumento del precio del autobús, 52 periodistas fueron agregidos y ocho arrestados  en 10 de los 26 estados brasileños. En total, la Abraji registró un total de 114 vulneraciones de derechos contra los periodistas en 2013, y 71 de estos casos se produjeron de forma deliberada, esto es, después de que los profesionales se identificaran como tales.

Las agresiones se repitieron el 7 de septiembre en las manifestaciones con motivo del Día de la Independencia. Sólo ese día, según la Abraji, se registraron agresiones a 20 periodistas. El 85% de estas agresiones son responsabilidad de la policía, que durante las protestas se mostró agresiva tanto con manifestantes y, también, con los medios de comunicación. Pero la Abraji ha criticado también la actitud de ciertos manifestantes, que se muestran hostiles con los reporteros por trabajar para medios muy criticados por la izquierda, como la Red Globo. Una parte de los brasileños que acude a estas protestas ve tan deslegitimados a estos periodistas como a los medios para los que trabajan.

Lo más preocupante es que la situación de los periodistas está empeorando en Brasil en los últimos años. Entre 2002 y 2011, fueron 24 los periodistas asesinados. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) , en 2013 Brasil ha desbancado a México y Colombia como el país más mortífero para los periodistas en América. Por su parte, la Federación Latinoamericana de Periodistas iguala a México y Brasil, con siete muertos cada uno. Porque las cifras bailan: asociaciones como RSF, CPJ, Article 19 o Asociación Interamericana de la Prensa (IAPA) ofrecen datos diferentes, porque no usan los mismos parámetros: algunos consideran que deben ser muertes en respuesta por el ejercicio profesional, otros utilizan criterios más flexibles. De ahí que, para 2012, Article 19 reportara siete periodistas asesinados; IAPA, seis; RSF, cinco, y CPJ, cuatro.

En lo que sí están de acuerdo todas las organizaciones es en que en 2012 y 2013 se ha asistido a un recrudecimiento de la violencia contra los periodistas brasileños, si comparamos las cifras con los 24 asesinatos perpetrados entre 2002 y 2011. Y eso, en los años del despegue económico, político e incluso cultural del Brasil que albergará el Mundial de Fútbol este año y las Olimpiadas de 2016. ¿Qué ha pasado?

 

Los actores de la violencia

Las cifras de la violencia incluyen situaciones diversas, como ser agredido con un arma en el medio de una favela. Aunque en este caso no haya intención de agresión, los periodistas que trabajan en estos barrios explican que no se les ve con buenos ojos, especialmente en las favelas de Rio de Janeiro, donde las comunidades están muy disgustadas con la cobertura mediática de la “pacificación” de los barrios.

Sea como fuere, la mayor parte de amenazas y agresiones llegan como respuesta a las denuncias emitidas desde los micrófonos o las plumas de los reporteros. Un estudio de Article 19 cifra en el 74% de los asesinatos y el 84% de las amenazas las que se derivan de las críticas a poderes públicos y compañías privadas. En un 18% de los casos, además, agentes del Estado están directamente involucrados. Según organizaciones como la IAPA, políticos y policías son los actores principales de estos crímenes. Aunque más sonados mediáticamente fueron los secuestros de periodistas a manos de los grupos paramilitares de Rio de Janeiro, las llamadas milicias, en 2008, o dos años antes, por parte del grupo criminal paulista Primeiro Comando da Capital (PCC).

La Federación Nacional de periodistas (Fenaj)  ha apuntado a las autoridades locales como “la mayor fuente de hostilidad contra los periodistas”, según se detalla en el informe de RSF El país de los treinta Berlusconis. Según este estudio, “las motivaciones políticas” encabezan la lista de las agresiones a periodistas. No pocos de ellos han pagado con la muerte sus investigaciones sobre la presencia de cárteles de la droga “y su infiltración con las administraciones locales”, señala el estudio: fue el caso de Paulo Rocaro y Eduardo Carvalho, editores de dos medios en la frontera con Paraguay, que fueron asesinados en 2012. Ese año murieron violentamente dos blogueros, Mário Marques y Décio Sá, que acostumbraban a denunciar la corrupción política en sus blogs. En las favelas cariocas, también en las "pacificadas", las radios comunitarias, que emiten muchas veces en la ilegalidad, evitan hablar de la droga por la amenaza constante de los narcotraficantes y los grupos paramilitares.

¿Cuáles son las razones profundas? El redactor jefe de la TV Globo y presidente de la Abraji, Marcelo Moreira, no encuentra una respuesta concluyente: “Los asesinatos no pueden ser atribuidos a una atmósfera general como la que existe en México o en Colombia”. Sin embargo, añade, “la impunidad sigue siendo elevada” y “buena parte de los casos es ignorada o poco mediatizada”. Según CPJ, 73% de los asesinatos de periodistas desde 1992 han quedado impunes. A menudo el autor material del crimen, el sicario, es detenido, pero quien dio la orden queda sin sanción. Como explica el informe de RSF, rara vez se produce una investigación seria, y eso, explica Moreira, además de alentar nuevos crímenes, anima a los reporteros a autocensurarse.

Un lamentable caso ocurrido en 2013 ilustra esa secuencia: el 8 de marzo, dos sicarios en moto mataron a Rodrigo Neto de Faria cerca de Belo Horizonte. El periodista, que ya había denunciado amenazas, investigaba a los grupos paramilitares. No se inició una investigación seria y, tal vez, los asesinos se sintieron libres para actuar: el 14 de abril mataron al fotógrafo Walgney Assis Carvalho, que trabajaba con Rodrigo Neto.

Reporteros Sin Fronteras encuentra uno de esos factores estructurales en el vínculo entre la prensa y las autoridades políticas locales. Brasil sigue siendo, cree la ONG, un país de coroneles, esto es, de grandes terratenientes y empresarios que también son congresistas y, a la vez, copropietarios de los grandes medios de comunicación. Su presencia en las cámaras legislativas impide la elaboración de leyes que garanticen el derecho a la información o que impidan la concentración mediática, en un país que, con 192 millones de habitantes, una decena de grupos mediáticos se reparten el pastel de la comunicación. Los grandes grupos mediáticos se alojan en Sao Paulo y Rio de Janeiro; en el resto del país, las televisiones y los periódicos “dependen de los centros de poder” y de ese modo, explica RSF, los barones locales utilizan el periodismo para sus “ajustes de cuenta políticos”.  La complicidad del poder judicial, remarca el informe, el contexto para la censura y la autocensura está servido. Mientras tanto, Brasil sigue sin contar con una ley de prensa: en 2009, el Supremo Tribunal Federal (STF) abolió al fin la ley de prensa de 1967, aprobada en plena dictadura militar y que durante años fue una herida abierta para la libertad de prensa, pero su derogación dejó un vacío legal.

 

El mapa de la violencia

Muchos se sorprenderán al encontrar un panorama tan desolador en un país que, desde hace una década, da lecciones al mundo sobre el éxito de sus planes de erradicación del hambre, la disminución de una desigualdad todavía infame y la “pacificación” de sus favelas. Al margen de las críticas que algunos hacen a esas políticas, lo cierto es que, mientras Rio de Janeiro se lavaba la cara, ciudades como Maceió, en el Nordeste, y Belém, en el Norte, ascendían al top de las ciudades más violentas de todo el mundo. Este mapa de la violencia encaja con el de las agresiones a periodistas: las investigaciones de IAPA y Article 19 concluyen que las áreas rurales y del interior del país son las más inseguras para los periodistas

No es un problema aislado de los reporteros: los activistas que se oponen a los intereses de la oligarquía se exponen, sobre todo en el Norte y el centro del país, a amenazas y agresiones que pueden terminar en la muerte. Es el caso de los activistas que defienden la selva del avance de la deforestación. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han alertado repetidamente acerca de las "innumerables violaciones a los derechos humanos" en Brasil y la impunidad de crímenes perpetrados por las fuerzas policiales, que provocan cada día, según HRW, la muerte de cinco personas en Brasil.

La preocupación de la FIFA sobre las obras de los estadios del Mundial acapara las informaciones sobre el gigante americano, y tal vez por eso las noticias más dramáticas aparezcan como sorprendentes para los lectores habituados a escuchar logias al país emergente. Pero Brasil tiene todavía mucho por hacer en materia de derechos humanos, y el trato a sus periodistas es sólo un macabro ejemplo.

 

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