Las reformas, las tensiones y los retos que esperan a Enrique Peña Nieto.

 

Ya está todo preparado. Y la polémica, servida. Entre impresionantes medidas de seguridad, el próximo 1 de diciembre será investido presidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido de la Revolución Institucional (PRI), que gobernará el país hasta el 30 de noviembre de 2018.

Peña Nieto recibirá la banda presidencial del actual presidente, el panista Felipe Calderón Hinojosa, a las 9 de la mañana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Congreso de la Unión. Después se trasladará a Palacio Nacional donde pronunciará su primer discurso como presidente de la República y ofrecerá un exquisito almuerzo, a un grupo no menos selecto de personalidades.

AFP/Getty Images

También los detractores del presidente tienen la agenda repleta: Andrés Manuel López Obrador ya ha anunciado que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), su único altavoz político desde que abandonara en agosto pasado el Partido de la Revolución Democrática (PRD), segundo en las elecciones presidenciales, realizará protestas en las plazas públicas de las 32 entidades del país. Por su parte, el movimiento estudiantil #Yo soy 132, surgido durante una visita del entonces candidato Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana de México, también se movilizará el próximo sábado.

Ni los unos ni los otros, por cierto, podrán acercarse a San Lázaro, cercado con muros metálicos y resguardado por elementos militares del Estado Mayor Presidencial, precisamente desde que los opositores anunciaran sus protestas, en un imponente dispositivo de seguridad que algunos analistas consideran poco propio de un régimen democrático… Al PRI le va a costar ahuyentar al fantasma del autoritarismo que ejerció durante las siete décadas en las que gobernó el país. De momento, más de 5.000 policías velarán por la seguridad el próximo sábado. No se prevén, en cualquier caso, mayores incidentes.

Candidato de la coalición Compromiso por México (alianza del Partido Revolucionario Institucional y los ecologistas del PVEM), Enrique Peña Nieto ganó con un 38,2% de los votos los comicios presidenciales del pasado 1 de julio, dejando en segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador, con un 31,6% de los sufragios y en tercer y cuarto lugar, respectivamente, al oficialista Partido Acción Nacional (PAN) que obtuvo el 25,4% y Nueva Alianza, con un magro 2,3%.

Primera minoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, el PRI, su formación política, se verá en la necesidad de negociar laaprobación de cada una de las reformas que quiere llevar a cabo (laboral, fiscal y energética). En la Cámara de diputados la coalición PRI-PVEM cuenta con 241 escaños (208 y 33, respectivamente), el PAN con 10 y el PRD con 100. Los analistas coinciden: las reformas que no se realicen durante el primer año de gobierno quedarán pendientes para el próximo sexenio.

 

El día después: reformas y desafíos

Entre las medidas que ya han sido anunciadas, se encuentra la desaparición de la secretaria de Seguridad Pública, que será absorbida por el ministerio de Gobernación (ministerio de Interior) y la supresión de la secretaria de la Función Pública, en este caso absorbida por el ministerio de Hacienda. De este modo, el número de secretarías (ministerios) pasaría de los 18 actuales a 16, dos de los cuales dotados de un enorme poder, al estilo, sí, de los súper ministerios característicos de las más que controvertidas administraciones del PRI.

Suspicacias a parte, en lo que puede interpretarse como un voto por la transparencia, en noviembre senadores priístas llevaron al Congreso una propuesta para dotarle de la capacidad de sancionar a funcionaros corruptos y solicitar a las autoridades su investigación, además de apartar de su cargo tanto a funcionarios locales como federales.

Peña Nieto se ha librado de una buena piedra en el camino. Tras dos meses y medio de tira y afloja, el 13 de noviembre el Congreso mexicano aprobó una postergada –y más que polémica– reforma laboral, que según sus promotores creará 400.000 empleos al año, y según sus detractores, lesiona los derechos de los trabajadores, al establecer modalidades de contratación flexibles, de acuerdo a las demandas de los empresarios.

En septiembre la Cámara de Diputados sometía al Senado la reforma laboral propuesta el 1 de septiembre por el aún presidente de México, Felipe Calderón (PAN), no sin modificaciones. Enrique Peña Nieto había declarado que impulsaría la medida, y eso a pesar de que en la legislatura pasada diputados de su propia formación, el PRI, rechazaron una propuesta de reforma laboral planteada por el PAN. La iniciativa de Calderón, autodenominado “presidente del empleo”, tenía carácter de “iniciativa preferente”– una prerrogativa presidencial que obliga al Congreso a aprobar o rechazar el texto en un plazo no superior a 30 días naturales– de ahí su rápida tramitación. En México los trabajadores realizan aportes obligatorios a sus sindicatos, que no tienen la obligación de informarles del destino de sus contribuciones, algo que el proyecto de reforma laboral pretendía revertir. Por las manos de los sindicatos más poderosos, como el de maestros o el de trabajadores petroleros, pasan cada año verdaderas fortunas, sin que sus dirigentes tengan que informar del destino de los fondos. Por supuesto, la reforma laboral ha sido aprobada sin que los sindicatos hayan visto “su independencia violada”: léase, sin que sus prerrogativas se hayan modificado.

Pero Peña Nieto no podrá librarse de encarar lareforma fiscal que, dicen los expertos, es prioritaria. De momento, el presidente electo ha declarado que apostará por la aplicación de impuestos progresivos y buscará ampliar la base de contribuyentes del país, pero sin dar grandes detalles. Algunas de sus declaraciones apuntan a que entre los objetivos clave del mandatario se encuentra la universalización de derechos sociales, como la salud. Sin embargo, nadie tiene claros los mecanismos que pretende utilizar. Los expertos consideran urgente aumentar la recaudación fiscal y controlar la gestión del gasto en México, pero resulta complicado hacerlo si entre las medidas recomendadas se encuentran subir el IVA o extenderlo a alimentos y medicinas, productos hasta ahora exentos del impuesto indirecto. El presidente tendrá que evaluar el impacto que puede tener la aplicación de ese impuesto entre la opinión pública.

En cuanto a la reforma energética, Luis Videgaray, jefe del equipo de transición de Peña Nieto, declaró en octubre que la reforma energética, que permitiría la inversión privada en Pemex, está “al alcance de la mano” y será realizada en 2013.

Pero el sindicato petrolero ya ha advertido a Peña Nieto de que la injerencia de un actor externo en Pemex (la parestatal, Petróleos de México) “vulneraría la soberanía del Estado”. Y eso que el Congreso aún no ha recibido ni un borrador de la nueva ley. El presidente electo, apunta a la necesidad de una mayor apertura a la inversión privada en extracción, exploración y refinación de la compañía. Un sacrilegio para los acólitos de Pemex y de su poderoso sindicato. Dicen las malas lenguas que esta es la reforma que menos posibilidades tiene de salir adelante.

 

La hora de la verdad

No son los únicos retos que deberá afrontar Enrique Peña Nieto a partir del próximo sábado. Con una población superior a los 115 millones de habitantes, un índice Gini cercano al 0,5, un nivel de empleo informal cercano al 30% y la pobreza en aumento, México tiene grandes retos por delante. Por no hablar de la inseguridad: el presidente tendrá que decidir pronto si mantiene la política de asociación con Estados Unidos y de enfrentamientos militares con el narco, que tan pocos resultados le ha dado a Felipe Calderón, o si diseña una estrategia que le facilite la gobernabilidad, mientras combate la ilegalidad. Según un estudio realizado por el Semanario Zeta, durante el sexenio de Felipe Calderón unas 71.000 personas habrían muerto con violencia debido a la inseguridad provocada por los cárteles de la droga.

Pero no es todo. Una vez que asuma su cargo, Enrique Peña Nieto deberá demostrar que, como quiso dejar claro durante su campaña, el PRI de 2012 nada tiene que ver con la formación autoritaria que gobernó México durante 71 años, entre 1929 y 2000. Algunos medios de comunicación, como la revista Proceso, de izquierdas, ya han denunciado la presencia de históricos dinosaurios del PRI en el equipo de transición de Peña Nieto.

El próximo presidente tendrá también que lidiar con una izquierda que no le reconoce como presidente legítimo, porque le considera “surgido de violaciones graves a las leyes”, según palabras de Andrés Manuel López Obrador y con la oposición de una parte de la sociedad civil.

 

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