Nuevos asalariados: trabajo para 90 millones.

Hace poco, en una aldea del este de India, Hirya Devi, una mujer ataviada con un sari naranja, contaba a un grupo de pobres jornaleros cómo había conseguido participar en el mayor programa de empleo de la historia. Durante dos meses de 2007, Devi trabajó en un proyecto para construir pozos financiado por el Gobierno de Nueva Delhi dentro de la Ley de Garantías para el Empleo Rural, que promete 100 días de trabajo al año a cada cabeza de familia. Desde que comenzó en 2006, 90 millones de indios han tenido empleos temporales, sobre todo en carreteras y en pozos, ganando un salario mínimo de 1,60 dólares diarios.

El programa no sólo es extraordinario por su tamaño, aunque podría llegar a afectar al 70% de los 1.100 millones de habitantes del país. Lo que lo hace verdaderamente singular es su transparencia. Se analizan de forma pública y continuada todos los documentos (nóminas y recibos bancarios, informes de los ingenieros y plazos de ejecución de las obras, por ejemplo) con objeto de asegurar que a los trabajadores se les paga de forma adecuada. Si se dan prácticas turbias, los agricultores como Devi pueden exponerlas en reuniones que se celebran en la propia aldea.

Para muchos de los pobres de India rural, el acceso a un trabajo más o menos regular es un avance que les cambia la vida. “No es el fin de la pobreza”, dice Jean Drèze, uno de los activistas sociales más famosos del país y arquitecto del programa, “pero significa que el tipo de extrema inseguridad que esa gente padece hoy desaparecerá”.

Aún más, la transparencia del programa representa un cambio radical de las reglas del juego en un entorno donde los políticos locales y los empresarios actúan en connivencia en el tema de los sobornos. Tanto, que ha habido un buen número de reacciones de estos gerifaltes que argumentan que el acceso público a los documentos merma su autoridad. Muchos agricultores se quejan de manera amarga de que el mismo proyecto se ha corrompido. Ésa es la razón por la que Devi estaba frente a la multitud aquella mañana. Después de dos meses de duro trabajo, el contratista se negó a darle su salario. “Soy vieja”, explicó Devi. “No tengo dinero para recurrir al Gobierno”. Aunque la máxima autoridad de su distrito la escuchó con paciencia, no parece que vaya a recuperar su dinero. Nadie espera que la corrupción desaparezca de un día para otro, pero el hecho de que un burócrata hable con pobres campesinos sugiere que hombres y mujeres como Devi han aprendido que merecen algo más que limosnas. Daniel Pepper