A pesar del escándalo, el programa nuclear iraní todavía no ha violado las leyes internacionales. Ha llegado el momento de tranquilizarse, pensar y, sobre todo, detener la carrera hacia la guerra.

 

Iran
AFP/Getty Images

 

El ex subdirector del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) Olli Heinonen está alarmado porque Irán ha empezado a producir uranio enriquecido al 20%, en unas nuevas instalaciones enterradas a gran profundidad, y calcula que los científicos iraníes podrían purificar aún más el material, hasta el 90% necesario para fabricar una bomba, en el plazo de unos seis meses. Sin embargo, esta predicción se basa en hipótesis no comprobadas sobre las intenciones de Teherán y no sirve más que para dar más munición a los halcones de Washington que querrían precipitar a Estados Unidos en otra guerra desastrosa en Oriente Medio.

Si Teherán enriqueciera el uranio hasta el 90%, se vería obligado a romper sus 40 años de adhesión al Tratado de No Proliferación nuclear (TNP), una medida radical que seguramente provocaría una rápida acción militar por parte de EE UU o Israel. Además, Heinonen no dice que, de acuerdo con el Organismo Internacional de la Energía Atómica, “todo el material nuclear en las instalaciones está bajo la contención y la vigilancia del Organismo”. El OIEA considera que el uranio enriquecido al 20% es poco enriquecido y “una barrera isotópica totalmente suficiente” para la utilización en armamento.

Esta no es la primera vez que los halcones hacen sonar la alarma sobre el programa nuclear de Irán y dicen que el cielo se nos viene encima. Los plazos hipotéticos y angustiosos para la existencia de una bomba iraní se suceden casi sin descanso desde los tiempos del Sha.  Por ejemplo, en 1992, el ministro de Exteriores israelí, Simon Peres, dijo que el régimen de los ayatolás iba a tener cabezas nucleares para 1999.  Al presentar la perspectiva más pesimista como una posibilidad realista, esos agoreros invitan a adoptar políticas duras que, a su vez, provocan una reacción más dura todavía por parte de Irán, con lo que crean un círculo vicioso de escalada de la situación.

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En realidad, Irán no está haciendo nada que infrinja su derecho legal a desarrollar tecnología nuclear. Según el TNP, no es ilegal que un Estado miembro posea capacidad de fabricar armas atómicas, una “opción nuclear”. Si un país tiene un sector nuclear civil plenamente desarrollado –cosa que el TNP, de hecho, anima a hacer– es evidente que tiene una capacidad considerable de fabricar armamento de este tipo. Por ejemplo, igual que Irán, Argentina, Brasil y Japón también mantienen una “opción nuclear”; también ellos podrían salirse del TNP y fabricar un dispositivo atómico en unos cuantos meses o menos. Y, como Irán, ni Argentina ni Brasil permiten inspecciones completas en virtud del “Protocolo Adicional” del OIEA.

La verdadera línea roja legal, especificada en los “Acuerdos  de Salvaguardias” del OIEA, es el desvío de materiales nucleares hacia un programa de armamento. Sin embargo, muchos expertos e informes oficiales afirman, desde hace años, que no tienen pruebas de que exista un programa de ese tipo.

Por ejemplo, Mohamed El Baradei, el premio Nobel de la Paz que pasó más de 10 años como director del OIEA, dijo que no había “visto ni la más mínima prueba” de que Teherán estuviera tratando de fabricar la bomba. El último informe del organismo internacional sobre el programa nuclear iraní respalda esta afirmación, porque asegura que el programa de investigación sobre armas nucleares “se detuvo de forma bastante brusca después de una orden de interrupción dada a finales de 2003”.

Incluso las autoridades de Estados Unidos reconocen que no tienen pruebas de que Irán esté verdaderamente intentando fabricar una bomba nuclear. Después de que se hiciera público el Cálculo Nacional de Inteligencia (en inglés, NIE), antes secreto, en 2011, el director nacional de los Servicios de Inteligencia, James Clapper, confirmó en una sesión ante el Senado estadounidense que tiene “un alto grado de confianza” en que Irán “hasta el momento no ha decidido reanudar su programa de armas nucleares".  Y este mismo mes, el secretario de Defensa de EE UU, Leon Panetta, añadió: “¿Están [los iraníes] intentando desarrollar un arma nuclear? No. Pero sabemos que están intentando obtener capacidad nuclear. Y eso es lo que nos preocupa”.

Existen otras muchas explicaciones para el programa de enriquecimiento nuclear de la república islámica además de pensar que el país ha emprendido una loca carrera de armamento atómico. La interpretación más objetiva de la intención de Irán de almacenar más uranio enriquecido al 20% del que necesita para hacer funcionar su reactor de investigación, es que quizá esté conservando una opción de salida para poder fabricar armas en el futuro si se siente amenazado. Pero lo importante es que, según el TNP, almacenar uranio poco enriquecido no tiene nada de ilegal. Y, sean cuales sean las opciones y ambiciones que tengan en mente los dirigentes iraníes, por preocupantes que sean, no pueden ser ilegales.

Por supuesto, no es una situación ideal. No hay duda de que sería preferible que el TNP tuviera más poder para impedir la investigación sobre armas nucleares en los Estados miembros, o que pudiera prohibir el almacenamiento de uranio poco enriquecido. Pero el tratado existente es un reflejo de las concesiones políticas hechas para obtener un amplio apoyo internacional. Para decirlo claramente, el TNP, tal como lo aplica el OIEA con los distintos acuerdos de salvaguardias, no muy restrictivo. Hasta Pierre Goldschmidt, antiguo subdirector del Departamento de Salvaguardias del OIEA, reconoce que la organización “no tiene la autoridad legal que necesita para cumplir su mandato”.

Pero, si Irán ha construido un búnquer fortificado y enterrado a las afueras de la ciudad santa de Qom para albergar parte de sus cascadas de enriquecimiento, ¿no quiere eso decir que lleva a cabo allí un programa secreto de armamento? No forzosamente; lo normal es que el punto de vista de Irán sobre la situación de su seguridad nacional sea muy distinto que los de Washington y Jerusalén. Los iraníes pueden pensar que esa ubicación es una medida defensiva para proteger su programa nuclear legítimo. Seguramente han aprendido la lección de cuando Israel bombardeó el reactor civil iraquí de Osirak en 1981: no existen garantías de seguridad para las instalaciones de este tipo en Oriente Medio, ni siquiera para las civiles. Es una zona difícil. Lo que se ve con sospechas en Occidente puede no ser más que una obvia medida defensiva en Teherán.

Esta mentalidad podría ser también otra razón por la que los precavidos estrategas iraníes prefieran almacenar más uranio enriquecido al 20% del que necesitan para su reactor de investigación. Si un ataque militar interrumpiera su abastecimiento de combustible, por lo menos tendrían esas reservas a mano. Fereydoun Abbasi, responsable del programa atómico iraní, ha dicho, al parecer, que su país tiene intención de construir cuatro o cinco reactores más para investigación en el futuro y que el combustible de uranio que sobra se necesita para ellos.

Otra queja habitual del OIEA es que Teherán le ha impedido tener acceso a varios de los científicos iraníes destacados que trabajan en el programa nuclear. Pero la tibia actitud iraní hacia los inspectores del OIEA, más que ser prueba de que tienen propósitos siniestros, puede estar relacionada con la historia de implicación de los inspectores con los servicios de inteligencia occidentales. David Kay, el inspector jefe de armas nucleares de la ONU que se encargó de vigilar el programa nuclear de Saddam Hussein en 1991, declaró a la cadena de televisión PBS que en la misión en Irak habían intervenido varios servicios de espionaje extranjeros. “Los servicios de inteligencia del mundo entero eran los únicos con la experiencia necesaria para ayudarnos a desenmascarar un programa clandestino”, explicó. “Soy consciente de que era un pacto permanente con el diablo, espías espiando”.

Heinonen propone un intercambio de combustible para resolver el pulso nuclear: Irak interrumpiría su programa de enriquecimiento a cambio de placas de combustible de uranio enriquecido al 20%,  suministradas por otros países para su reactor de usos científicos. En 2010, Turquía y Brasil hicieron de mediadores para lograr un acuerdo de ese tipo, pero Estados Unidos no aceptó un “sí” por respuesta. Aunque Irán acaba de aceptar la oferta de nuevas negociaciones con la mediación de Turquía, las nuevas sanciones aprobadas por el Congreso estadounidense y convertidas en ley con la firma del presidente Barack Obama han reducido todavía más las probabilidades de que las dos partes puedan llegar a un acuerdo.

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Las numerosas rondas de sanciones aplicadas contra Irán en los últimos años van mucho más allá de todo lo relacionado con su programa nuclear. Para cumplir las condiciones que permitirían levantar dichas sanciones, el régimen no solo tendría que abandonar su programa nuclear sino prácticamente desmantelar el régimen actual. La legislación sobre sanciones aprobada el año pasado exige que Irán ponga en libertad a todos los presos y detenidos políticos, cese la represión violenta contra los manifestantes pacíficos, lleva a cabo una investigación transparente sobre los asesinatos de manifestantes iraníes y avance hacia el establecimiento de un aparato judicial independiente. Por si esas condiciones no fueran suficientemente improbables, el Presidente debe certificar además que el Gobierno iraní “ha dejado de apoyar actos de terrorismo internacional”. Aun en el caso de que, por algún milagro, Irán hiciera eso, no parece nada fácil certificarlo.

Son objetivos nobles, sin duda, pero desbordan con mucho el objetivo estricto de garantizar que Irán no está desarrollando un arma nuclear. Con unas condiciones de tanto alcance, Teherán probablemente piensa que, haga lo que haga con su programa nuclear, las sanciones van a seguir en vigor. De modo que, si de todas formas le van a sancionar, ¿por qué va a cooperar con el OIEA?

Si Washington y Teherán aspiran a escapar de estos episodios tristemente familiares de tensión y belicismo, deben llegar a un simple acuerdo que reduzca unas condiciones tan desmesuradas. Tal vez la mejor forma sea ofrecer a Irán un simple quid pro quo: si ellos aceptan unas inspecciones más detalladas en virtud del Protocolo Adicional del OIEA, se levantarán tanto las sanciones unilaterales como las del Consejo de Seguridad de la ONU.

Un acuerdo así podría convencer a los desconfiados de que Irán no ha emprendido la temeraria vía hacia un arma nuclear que señala Heinonen. Trasladar el diálogo del imposible objetivo de eliminar la capacidad nuclear de Irán a la necesidad de vigilarla mejor es lo único que permitirá al mundo evitar otra peligrosa carrera hacia la guerra.

 

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