Los profesionales de la información son asesinados deliberadamente por fuerzas del Gobierno, de la oposición o de grupos terroristas por el simple hecho de ejercer su trabajo. ¿Cómo evitar este goteo constante de periodistas muertos? ¿Es posible regular la protección de este sector?
El oficio del periodista es uno de los más peligrosos del mundo, tanto es así que el índice de mortalidad alcanzó su punto álgido en 2012 con 121 periodistas y trabajadores en medios de comunicación asesinados, según la Federación Internacional de Periodistas (FIP). Siria, con 31 casos fue el país que registró más víctimas. La situación que está viviéndose en la zona lo ha convertido en uno de los más mortales para el sector en la actualidad, únicamente superado por el conflicto de Irak entre 2003 y 2006.
Reporteros sin Fronteras (RsF), que incluye a todos los informadores (news providers) en su estadística, considera que son 60, como mínimo, los detenidos o secuestrados y 110 el número de muertos en el conflicto sirio solo hasta 2013. En 2014, lidera el ranking con un total de 17 periodistas muertos, Francia asciende posiciones en 2015 tras el atentado al semanario Charlie Hebdo y en Siria la cifra llega a los 14, según el Comité de Protección de Periodistas (CPJ). En lo que va de 2016 un periodista ha sido asesinado en el país, pero la causa de este descenso no es otra que la escasa presencia de ese sector en la zona.
La mayoría de las personas que han muerto informando de la guerra eran sirias y aunque algunas murieron víctimas del fuego cruzado o quedaron atrapadas en bombardeos, muchos fueron asesinados deliberadamente por fuerzas del Gobierno, de la oposición o de grupos terroristas debido a su trabajo.
Pese a que la Constitución siria reconoce la libertad de expresión, ésta se restringe a las más altas instituciones del Estado, al islam, al Ejército, la seguridad nacional, a los servicios de orden público y la difusión de contenidos de carácter público está prohibida. En un informe elaborado por Freedom House en 2011, la situación de la libertad de prensa en Siria ya se consideraba muy crítica. No obstante, tras poner fin al estado de excepción ese mismo año, las violaciones del derecho a la libertad de expresión se hicieron aún más graves después de que Bashar al Assad dictara el Decreto Legislativo nº 108, que recogía nuevas prohibiciones.
Asimismo y aunque ya existía un férreo control en la Red, en 2012 el Presidente promulgó una nueva norma que regula las comunicaciones por Internet e intenta ralentizar su acceso para evitar que se distribuyan las violaciones de los derechos humanos cometidas por fuerzas militares y de seguridad. La compañía italiana de seguridad, Area SpA, ha sido la encargada de proveer al Gobierno sirio con la infraestructura necesaria para llevar a cabo la vigilancia y la multa fijada por tal barbarie solamente asciende a 100.000 dólares. No obstante, y a pesar de que los ciberataques ya estaban presentes en Siria antes de la revolución, desde 2011 se han incrementado y son llevados a cabo por el Ejército Electrónico Sirio (SEA).
Abusos del Gobierno
Tras el estallido de las protestas varios periodistas locales han sido retenidos, torturados y asesinados por parte del Gobierno. Entre ellos, Salameh Kaileh, Miral Abdul Aziz, Hussein ‘Essou o Ayad Sharbaji. El Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión hizo público un informe en noviembre de 2011 en el que aseguró que había documentado “109 casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra 88 profesionales de los medios de comunicación entre febrero y octubre de 2011”. Desde 2006 las autoridades interrumpieron dos veces en las instalaciones, en febrero de 2012 los servicios de inteligencia volvieron a entrar y se llevaron ordenadores, teléfonos y documentos. Ese día, además detuvieron a su fundador, Mazen Darwish, y a 13 compañeros.
Sin embargo, hay otra figura que se ha visto afectada en esta persecución y son los denominados “periodistas ciudadanos”, que en el conflicto de Siria han sido determinantes para lograr reflejar la realidad del país debido a la represión del Gobierno a los periodistas nacionales y extranjeros. Estos también comenzaron a ser pronto una amenaza para el régimen de Al Assad. Al menos 102 informadores sirios han sido asesinados, 80 periodistas ciudadanos y cinco asistentes. Además, más de 200 han sido detenidos por el Gobierno.
Los periodistas extranjeros, por su parte, también han sufrido las represalias de las autoridades sirias, ya que estos aumentaron las restricciones en cuanto a la concesión de visados, se aumentó la vigilancia y se expulsó a algunos que ya ejercían su trabajo en el país antes del inicio de las protestas. Este fue el caso de Khaled Yacoub, periodista en la agencia Reuters. Así, los reporteros que han logrado acceder a Siria lo han hecho de manera no oficial y se han unido a los grupos armados de la oposición. Uno de los ataques que ha tenido más trascendencia contra los informadores extranjeros fue el bombardeo contra el Centro de Medios de Comunicación de Homs, en el que murió la corresponsal del Sunday Times Marie Colvin y el fotógrafo francés Rémi Ochlik.
Grupos terroristas
El auge de las denominadas nuevas guerras está afectando de manera más notable al riesgo de los periodistas en estos conflictos, que cada vez trabajan más de manera autónoma y en condiciones precarias. Si bien estos profesionales pueden ser testigos incómodos de una realidad que no se quiere mostrar, actualmente también son el objetivo de grupos terroristas. Un 40% de los asesinatos cometidos contra este sector en 2015 han sido perpetrados por militantes islamistas.
James Foley, Steven Sotloff o Kenji Goto han sido algunos de los últimos en engrosar la lista de los decapitados en Siria por Daesh, pero esta práctica la inició Al Qaeda. La explotación propagandística de la brutalidad más explícita ha sido una constante en los grupos que han seguido la estela del que lidera Al Zawahiri. Conscientes de la mezcla de repulsión e interés mediático que generan estos asesinatos escenificados, los grupos yihadistas no han dudado en utilizarlo para alcanzar mayores cuotas de publicidad.
El grupo de activistas Raqqa is Being Slaughtered Silently (RBSS), que se encarga de denunciar a través de vídeos e imágenes que ponen en las redes sociales los crímenes llevados a cabo por el grupo terrorista en su día a día, así como los de la comunidad internacional y Bashar al Assad, han sufrido en sus propias carnes la pérdida de alguno de sus miembros a manos de Daesh por el atrevimiento de convertirse en casi la única fuente fiable dentro de la capital del califato.
A estos asesinatos hay que sumarle la práctica de los secuestros, ya que Siria es el escenario del mayor número de secuestros en el periodismo moderno. A finales de 2015 había 54 periodistas secuestrados por grupos armados, 26 lo estaban en Siria y 10 en Irak, a manos de Jabat al Nusra o Daesh. Entre ellos, los periodistas españoles Antonio Pampliega, Ángel Sastre y José Manuel López, que llevan retenidos desde el pasado julio.
Marco legal
Y a pesar de lo descrito es llamativa la escasa protección jurídica que existe de la figura del periodista. El Derecho Internacional Humanitario los considera personas civiles y la definición que otorga de la profesión resulta ambigua, además de insuficiente dada la evolución que ha sufrido el modo de transmitir información. Asimismo, y pese a que los abusos cometidos en Siria contra los periodistas se inscriben dentro del denominado crimen de guerra del Estatuto de la Corte Penal Internacional, no se ha abierto ninguna causa debido a que Siria no ha ratificado el Estatuto de Roma y que el Consejo de Seguridad de la ONU no se lo ha solicitado.
La impunidad de los asesinatos a periodistas es una tónica común aunque bajo el principio de jurisdicción universal un Estado puede enjuiciar penalmente ciertos crímenes, independientemente del lugar donde se haya cometido y de la nacionalidad del autor y de la víctima. Por el momento, ningún país ha abierto ninguna causa contra Siria a excepción de una tímida Francia con la muerte del corresponsal Gilles Jacquier, el primer periodista extranjero que murió en territorio sirio en enero de 2012 y del fotógrafo Rémi Ochlik que perdió la vida un mes después.
Cuando un determinado sector social se convierte en objetivo por el oficio que desempeña debería tener un respaldo específico en el marco jurídico internacional y no simplemente un reconocimiento como civil. Es hora de hacer cumplir aquel derecho que reza que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Es hora de trabajar por el establecimiento de un convenio especial que regule la protección de los periodistas, que se impongan sanciones en pro de esta perseguida profesión. Es hora, de al menos, cumplir la regulación existente para que en México, Egipto, Libia o Yemen no vuelva a repetirse esta sangría.
