¿Por qué hierven las calles de Bangkok?

 

tailandia
NICOLAS ASFOURI/AFP/Getty Images

Algo más de tres años llevaba Tailandia sin ver sus calles llenas de pancartas y banderas pidiendo la caída de un gobierno. Una larga tregua que terminó el pasado domingo cuando las protestas que piden la dimisión de la primera ministra, Yingluck Shinawatra, reunieron entre 100.000 y 150.000 personas, la manifestación más multitudinaria desde 2010. Desde entonces, los manifestantes han sitiado y tomado ministerios y algunos ayuntamientos –de forma mayoritariamente pacífica– y están decididos a mantenerse hasta que todo el Ejecutivo renuncie a sus puestos.

Tailandia vive una profunda crisis política desde 2006, cuando un golpe de Estado depuso al entonces primer ministro Thaksin Shinawatra. El también magnate de las telecomunicaciones se ha convertido desde entonces en una figura polarizadora de la política del país y los principales grupos se han configurado en torno a sus seguidores, los llamados camisas rojas, y sus detractores, los conocidos como camisas amarillas. Ambos grupos han sufrido, sin embargo, escisiones durante los últimos años y tanto unos como otros han conseguido atraer a ciudadanos ajenos que se han solidarizado con sus reivindicaciones.

Las medidas anunciadas durante los últimos meses por Yingluck Shinawatra, hermana de Thaksin y primera ministra desde agosto de 2011, han alimentado las filas de los descontentos. Aunque la mayoría de ellas han sido económicas, el detonante directo de las protestas ha sido la Ley de Amnistía que el Gobierno presentó hace algunas semanas y que fue votada en el Parlamento a principios de noviembre. Según el borrador, la amnistía perdonaría todos los delitos relacionados con la crisis política, a excepción de los delitos penados por la draconiana ley de lesa majestad.  Esto incluiría al propio Thaksin Shinawatra, que está en el exilio para no cumplir la condena de dos años de prisión impuesta por corrupción, o a los responsables de la muerte de 92 manifestantes durante las protestas de los camisas rojas en 2010, pero no a muchos de los seguidores de Thaksin que han sido condenados por ofender al rey.

A pesar de que la ley fue tumbada en el Senado y que el Ejecutivo aseguró que no intentaría aprobarla de nuevo, no ha sido suficiente para los protestantes. “Tienen que hacer la ley para el pueblo, no para él [Thaksin]”, afirma Fahngai Khamasok, un ama de casa menuda que ha viajado desde Chiang Mai, a 700 kilómetros de Bangkok, para “derrocar” al Gobierno. A los detractores habituales, se han sumado así neófitos de las manifestaciones que no han apreciado el intento de perdonar los crímenes de la elite. “Yo nunca me había manifestado antes, pero esto no se puede permitir”, asegura Dew Ularnkun, una joven que trabaja en el departamento de márketing de una gran empresa. Así, aunque los amarillos siguen conformando un grupo significativo dentro de los protestantes, estos días los colores se han mezclado y en las manifestaciones predominan sobre todo los tonos azules, blancos y rojos de las banderas tailandesas.

La ley no sólo ha hecho que muchos se unan a los amarillos, sino que ha debilitado las filas de los camisas rojas. Una encuesta de la Universidad de Bangkok realizada a principios de noviembre mostraba una gran caída en el apoyo del Pheua Thai, el partido de Yingluck, en el norte del país, que ha sido durante años el bastión de los Shinawatra gracias a la simpatía profesada por la clase rural más pobre.

 

Sin objetivos claros

Una figura clave en las protestas que comenzaron sin demasiado seguimiento hace dos meses, y que han ido ganando adeptos de forma paulatina, ha sido la de Suthep Thaungsuban, antiguo vice primer ministro y diputado del Partido Demócrata que renunció a su escaño para liderar las protestas. Durante los últimos días, Suthep ha llamado desde su palestra a ocupar los ministerios y ha dirigido las manifestaciones de un lugar de Bangkok a otro. El ministerio de Finanzas cayó el lunes y ha estado ocupado desde entonces, mientras que el Asuntos Exteriores fue abandonado por los manifestantes el martes. Intentos con otras sedes gubernamentales han resultado fallidos, como con el departamento de Trabajo o Interior, que han rodeado durante horas esperando la salida de los funcionarios, muchos de ellos simpatizantes, tras cortar el agua y la electricidad.

Suthep, sobre el que pesa una orden de detención por alteración del orden, no ha aclarado sin embargo cuáles son los objetivos de las protestas en caso de que consigan derrocar al Ejecutivo. “La condición [impuesta] por el pueblo en todo el país es que estableceremos un gobierno del pueblo y cambiaremos las reglas del país para beneficiar a una verdadera democracia”, dijo Suthep a la prensa el pasado lunes. “Más tarde diremos cómo”, respondió al preguntarle por una hoja de ruta más específica.

Hay dos formas en las que el Gobierno podría ser disuelto. La primera es una acción militar, o golpe de Estado, que se daría como respuesta a una situación violenta o de inseguridad para el país. Los golpes de Estado han sido frecuentes en la historia de Tailandia y se han dado al menos 12 casos exitosos y seis intentos fallidos desde 1932. La segunda es un golpe judicial gracias a unas leyes que permiten disolver fácilmente a los partidos políticos. Esta última opción podría haberse ejecutado la semana pasada cuando el Tribunal Constitucional declaró fuera de la ley la reforma del Senado, pero no disolvió el partido gobernante. Otros recursos están presentados contra el Ejecutivo o los diputados del partido Phuea Thai, pero la mayoría de los analistas coinciden en que no prosperarán y que la situación se enquistará.

 

Artículos relacionados