Un repaso a la actual situación geopolítica de Estonia, Letonia y Lituania.

Un grupo de persinas protesta contra la agresión rusa a Ucrania en la puerta de la puerta de la Embajada de Rusia en Riga, Letonia. Ilmars Znotins/AFP/Getty Images
Un grupo de personas protesta contra la agresión rusa a Ucrania en la puerta de la Embajada de Rusia en Riga, Letonia. Ilmars Znotins/AFP/Getty Images

El pasado verano Madrid acogió la fase final del campeonato mundial de baloncesto. Este hecho monopolizó la información que generaban las repúblicas bálticas en Internet, región sobre la que hasta entonces abundaban entradas relacionadas con el turismo, invitando a visitar sus tres bellas capitales. Medio año después, y un endurecimiento de la política internacional del presidente ruso, Vladímir Putin, la búsqueda ofrece unos resultados novedosos: ahora las noticias hablan de rearme ante la amenaza rusa para evitar que se repita lo sucedido en Ucrania. Ha sido, pues, lo acontecido en el último año un acicate para que estos tres Estados llamen la atención ante la suerte que pueden correr si Rusia prolonga su política expansionista sobre los países del espacio post soviético. Con Crimea en la memoria, los movimientos no se han hecho esperar por ninguna de las partes involucradas.

 

2004, año en que se decidió de qué lado estar

Para Estonia, Letonia y Lituania 2004 supuso el verdadero punto de inflexión desde que en 1991 recuperaran la independencia de la URSS: su doble ingreso en la Unión Europea y la OTAN consolidó un giro occidental que conllevaba, sin duda, el rechazo a la opción rusa. Desde entonces forman la esquina noroeste del marco europeo, posición que les ha permitido pasar ciertamente inadvertidos durante esta última década. Una vez que lograron formar parte como país miembro de la UE fueron desarrollando su actividad sin recibir mucha atención. Tan poca ha sido la atención que no se ha solucionado una flagrante violación de los derechos humanos en países como Letonia y, menor medida en Estonia, con relación a la población de ascendencia rusa. Esta comunidad, que fue emigrando desde Rusia a partir de 1940 y alcanza hasta el 30% de la población en el caso letón, sufre una clara discriminación por parte del Gobierno, ya que le impide acceder a puestos públicos o incluso votar en las elecciones parlamentarias, locales o europeas. Conocidos como “no ciudadanos”, tampoco disponen del mismo pasaporte que sus compatriotas. Esto sucede dentro de las fronteras de la Unión Europea.

La circunstancia recuerda a las reivindicaciones de Putin sobre la situación de los rusos en Crimea y el párrafo que se puede leer en la Constitución rusa: “garantizar el apoyo de sus ciudadanos fuera de su territorio”. Por lo tanto, dentro de los intereses de estos países, y de cara a la defensa ante un movimiento de Rusia, urge solucionar este asunto y así desarmar los argumentos del país vecino. Como efecto colateral, la naturalización desactivaría a una parte de la población adoctrinada por Moscú. No se puede olvidar que el ganador de las últimas elecciones generales en Letonia fue Armonía, partido prorruso, y que solo una coalición de partidos impidió que gobernaran.

 

Apoyados en el artículo quinto

De todas formas normalizar esta situación tampoco es garantía de éxito, como bien se puede comprobar en los precedentes acontecidos durante los últimos cinco años. Los países bálticos observan con temor lo sucedido en 2008 en Georgia, en 2013 en Bielorrusia o el pasado en Ucrania. Las conclusiones obtenidas les han llevado a llamar la atención sobre la posibilidad de ser atacados, pero solo ahora han dejado de ser tachados de histéricos para ser oídos y apoyados. Bruselas ha tomado nota y ésta ha llegado hasta el despacho de Jens Stoltenberg, Secretario General de la OTAN. Dentro del articulado  del tratado del Atlántico Norte firmado en Washington en 1949 destaca el quinto punto, el cual reza Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o varias de ellas, ocurrido en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas […]”. Por lo que se concluye que atacar a Lituania es lo mismo que hacerlo a Estados Unidos, y se actúa en consecuencia.

Esto motivó que la organización pusiera en marcha el año pasado la Policía Aérea Báltica (PAC), una operación defensiva para proteger la región de un posible ataque ruso. La PAC forma parte de una serie de medidas motivadas por el fuerte incremente de vuelos de aeronaves rusas sobre el espacio báltico, intensificados en los últimos meses. Desde el Kremlin se justifican asegurando que han sido necesarios para acceder a Kaliningrado, enclave que mantienen en Lituania, aunque suena a respuesta vaga por el fuerte aumento que han experimentado desde los acontecimientos de Ucrania. Los números hablan por sí solos: si en 2005 se registraron 31 vuelos, el año pasado la cantidad ascendió hasta los 144. Más bien parecería una demostración de fuerza, una muestra de músculo militar ante Occidente. Una nueva provocación que es interpretada desde el Gobierno ruso como un acto de defensa ante la proliferación de operaciones de la OTAN en la frontera con su país.

 

El gas como elemento político

Dentro del análisis sólo faltaba un actor: la UE. Ha sido la Comisión Europea quien ha denunciado el pasado mes de abril lo que era un secreto a voces: los abusivos precios que Gazprom aplica según el país comprador, viéndose claramente desfavorecidos los Estados que configuran el espacio post soviético. Las tres repúblicas bálticas estarían pagando un coste que llegaría hasta un 40% por encima de otros países, como por ejemplo Alemania. Las explicaciones de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, no dejan lugar a dudas: "Me preocupa que Gazprom esté vulnerando las reglas antimonopolio de la UE al abusar de su posición dominante en los mercados de gas europeos. Consideramos que puede haber levantado barreras artificiales que impiden que el gas fluya de unos países de Europa central y del Este a otros, obstaculizando la competencia transfronteriza. Mantener los mercados nacionales de gas separados también ha permitido a Gazprom cobrar precios que en esta fase consideramos injustos". Para valorar el impacto de la infracción basta con conocer la multa que estipulan desde la Comisión: el 10% del volumen de negocios de la empresa gasística. Esta situación ya está siendo tratada por el gobierno de Lituania. Con el fin de acabar con este trato injusto, y más relevante con la dependencia energética, el año pasado se recibió desde Corea del Sur un navío de nombre Independence cargado de gas natural licuado (LNG, en sus siglas en inglés) que en palabras de la presidenta lituana, Dalia Grybauskaitė, podría satisfacer el 90% de las necesidades de la población báltica. Una apuesta muy fuerte que habrá que ver qué recorrido tiene.

 

La garantía europeísta y atlantista

La situación en la que se encuentran las repúblicas bálticas no es la misma en la que está Ucrania. Si bien es cierto que no se pueden prever los próximos movimientos del presidente Putin, también lo es que hay un marco de actuación que influye en los acontecimientos. La apuesta europeísta y atlántica formalizada hace más de una década garantiza la seguridad de la región, ya que un ataque formal sería un suicidio para Rusia, con una capacidad militar muy inferior de la que goza la OTAN. Lo cual no será condición para que Putin se siga revolviendo en un intento de ensanchar los límites que entiende como su espacio vital. La respuesta por el momento ha llegado en el ámbito diplomático mediante duras multas económicas y mantenerlas es clave para apaciguar el tablero geopolítico. Si se quiere un escenario pacífico se ha de apostar por medidas que no suelen tener una respuesta inmediata, pero que sin lugar a dudas ofrecen réditos mayores.