A juzgar por los titulares de prensa, el tráfico de seres
humanos es un
fenómeno reciente. En realidad, es tan antiguo como la ley de la oferta
y la demanda. Lo nuevo es el volumen del negocio y que se ha tomado conciencia
de lo poco que se ha hecho para ponerle freno.
“La industria del sexo absorbe a la mayoría de las víctimas”
No. El tráfico de mujeres y de niños (y, en más raras
ocasiones, de hombres jóvenes) para su explotación sexual es
una vil y abyecta violación de los derechos humanos, pero el comercio
ilegal de mano de obra está probablemente más extendido. Así lo
demuestran los trabajos de campo y el simple hecho de que el mercado internacional
de trabajadores es mucho mayor que el del sexo. Las estadísticas sobre
el destino final de todas esas personas son poco fiables. Por ejemplo, en Tailandia,
los hombres quedan excluidos de los datos oficiales, porque, de acuerdo con
su legislación, ellos no pueden considerarse víctimas de ningún
tipo de tráfico. En realidad, menos del 10% de los alrededor de 9,5
millones de seres humanos vendidos para trabajar en Asia son sometidos a explotación
sexual, según un pormenorizado estudio de 2005 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Según el mismo informe, menos de la
mitad de todas las personas que son objeto de tráfico en todo el mundo
terminan en la industria sexual.
 |
 Vidas robadas: en Brasil, algunas mujeres de ámbitos rurales acaban alimentando la industria del sexo de las ciudades. |
No obstante, el comercio de mano de obra no es precisamente menos abominable.
Un estudio del Instituto de Investigaciones Demográficas y Sociales
de la Universidad tailandesa de Mahidol, sobre los empleados birmanos del servicio
doméstico en Tailandia, reveló que las palizas, el acoso sexual,
los trabajos forzados sin remuneración, la privación de sueño
y las violaciones son habituales.
Otro informe realizado por la Agencia Alemana de Cooperación Técnica
(GTZ), sobre las jóvenes del este de África que son conducidas
por la fuerza a Oriente Medio, desveló que la mayoría eran obligadas
a realizar labores domésticas, violadas y golpeadas constantemente.
Los jóvenes camboyanos y birmanos también son vendidos con frecuencia
para trabajar en buques comerciales de pesca de altura, algunos de los cuales
permanecen en alta mar más de dos años. Los datos disponibles
indican que el 10% de estos chicos nunca regresa, y los enfermos suelen ser
arrojados al mar.
Centrarse en la industria del sexo puede impulsar ciertas medidas por la indignación
moral que suscita, pero también puede nublar la razón. Una muestra:
los reportajes periodísticos que, sin fundamento, sostenían que
los huérfanos del tsunami de la provincia indonesia de Aceh eran raptados
por bandas organizadas de traficantes. Cómo podían operar esas
mafias en un área sin carreteras ni pistas de aterrizaje es aún
una incógnita, pero no impidió que algunas organizaciones estadounidenses
solicitaran fondos para enviar “investigadores cualificados” en
persecución de los criminales.
“Endurecer las fronteras es la solución”
Incorrecto. El drama del tráfico de seres humanos suele utilizarse
para apoyar políticas que restrinjan la inmigración. En realidad,
las trabas globales que últimamente se están aplicando a la concesión
del derecho de asilo han aumentado el tráfico, pues muchas personas
desesperadas se han visto obligadas a convertirse en coyotes (cruzadores de
fronteras).
En el sureste de Europa, un estudio de la GTZ reveló que el endurecimiento
de los controles en las fronteras ha incrementado el volumen de este negocio,
ya que se recurre a intermediarios para salir clandestinamente del país.
Asimismo, otras medidas legales para proteger a las mujeres de este crimen
han tenido un efecto negativo y han aumentado su desprotección. Por
ejemplo, la legislación de Myanmar (Birmania) prohíbe a las menores
de 26 años visitar las zonas fronterizas sin su marido o alguno de sus
progenitores. Aunque las autoridades sostienen que esa ley demuestra la preocupación
del Gobierno, muchas mujeres opinan que sólo aumenta los costes del
viaje (sobre todo por los sobornos que hay que pagar a los policías)
y disminuye su seguridad, al obligarlas a depender de los pasadores para poder
cruzar las fronteras. Así, contraen enormes deudas cuando desean atravesar
los pasos fronterizos, lo que les hace incluso más vulnerables a la
explotación durante el viaje.
“Está en manos del crimen organizado”
Falso. El tráfico de seres humanos es un gran negocio, pero en muchas
partes del mundo, como el sureste asiático, está sobre todo en
manos del crimen desorganizado: individuos o pequeños grupos vinculados
en casos concretos. No existe un perfil único del traficante. Hay camioneros
y señoras de pueblo, subcontratas de mano de obra y policías.
Son tan variopintos como las circunstancias de sus víctimas. Si bien
algunas de éstas son secuestradas, la mayoría dejan sus hogares
de forma voluntaria y son interceptadas por las redes de traficantes a lo largo
de su viaje.
Los capos al estilo Pablo Escobar son raros en el tráfico de personas.
La mafia japonesa (los yakuza) sí que controla muchos de los lugares
de Japón donde terminan las jóvenes con las que se comercia,
pero se dedica más a comprar personas que a transportarlas. Realizando
una investigación en Tailandia en 1997, localicé la red Luk Moo
(Cochinillo), a la que se atribuía cerca del 50% de las operaciones
de trata de mujeres de Birmania, China y Laos obligadas a ejercer la prostitución
en burdeles tailandeses. También existían otras organizaciones,
como Kabuankarn Loy Fah (Flotando en el Cielo), especializada en el tráfico
de chicas jóvenes para trabajar en restaurantes y bares de karaoke.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, estos grupos han perdido importancia,
como consecuencia de los cambios en la estructura de la industria del sexo.
Según las estimaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, el comercio ilegal de personas mueve más de 5.700
millones de euros anuales, y según Unicef, unos 8.000 millones, pero
nadie sabe la cifra real. La OIT calcula que los beneficios anuales producidos
por los trabajadores forzosos no llega a los 26.000 millones de euros. En absoluto
insignificante, pero poco en comparación con los casi 260.000 millones
del narcotráfico.
“Legalizar la prostitución lo empeoraría”
Depende de cómo se haga. Si a una cuestión que provoca tanta
repulsa como la prostitución le añadimos otra no menos repugnante
como la del tráfico de personas, los ánimos se caldean, pero
no se arroja nueva luz sobre el tema.
Algunos activistas equiparan prostitución y tráfico, pese a
que existen pruebas que demuestran lo contrario. El Gobierno de EE UU no deja
lugar a dudas sobre su postura: de acuerdo con la web del Departamento de Estado, “allí donde
la prostitución es tolerada o ha sido legalizada, existe una mayor demanda
de víctimas (…) y casi siempre se produce un aumento del número
de mujeres y niños vendidos como esclavos para trabajar en la industria
del sexo”. Según esta lógica, el Estado de Nevada debe
de estar lleno de extranjeros que sufren explotación sexual, lo que
conduce a preguntarse qué medidas está adoptando el Departamento
de Justicia para liberarlos. Curiosamente, los Países Bajos, Australia
y Alemania, lugares donde la prostitución es legal, recibieron las mejores
puntuaciones por parte de la Administración Bush en el último
Informe sobre el tráfico de personas.
Asimismo, algunos esfuerzos para prohibir la prostitución han expuesto
aún más a quienes se dedican a ella a los peligros del tráfico,
aunque, en buena medida, porque los legisladores no consultaron a quienes las
leyes pretendían proteger. Suecia, por ejemplo, ha recibido muchos elogios
por una ley promulgada en 1998 para velar por los trabajadores sexuales y procesar
a sus clientes. Pero varios estudios independientes, incluyendo uno realizado
por la policía de ese país, demostraron que esa norma exponía
a quienes ejercen la prostitución a clientes más peligrosos y
a prácticas sexuales menos seguras.
Otros sostienen que conceder a estas personas una especie de estatuto legal
pondría freno al comercio ilegal de seres humanos. En Tailandia, muchos
detractores de la industria del sexo defienden que la legislación laboral
y de Seguridad Social debe protegerles. Esa medida podría obstaculizar
el tráfico permitiendo la inspección de los establecimientos,
posibilitando la organización de los trabajadores y destapando la prostitución
de menores.
“Las condenas disuadirán a los traficantes”
Poco probable. En EE UU, una coalición de demócratas liberales,
republicanos conservadores, feministas comprometidas y cristianos evangélicos
promovió una ley en el Congreso en 2000 para procesar a los traficantes
y proteger a las víctimas dentro del país, presionando a otras
naciones a tomar medidas también. La nueva norma consideraba por vez
primera este comercio como delito federal y ofrecía una definición
de las víctimas con necesidad de protección y servicios.
Pero hay pocas muestras de que estas acciones hayan tenido un impacto significativo
en el volumen del negocio. Por ejemplo, las cifras del Gobierno de EE UU hablan
de unas 200.000 víctimas en ese país, mientras que sólo
500 personas disponen de un visado T, el que se concede a cambio de cooperación
con los fiscales federales. De hecho, entre 2001 y 2003, sólo 110 traficantes
fueron procesados, y únicamente 77 declarados culpables. Un número
tan reducido de condenas surtirá escaso efecto. Encarcelar a un captador o a un transportista no tiene consecuencias significativas: si los incentivos
son interesantes, se sustituye a esas personas y apenas se interrumpe el flujo
del tráfico.
“Las sanciones acabarán con el problema”
Mentira. La ley estadounidense de 2000 también otorgaba a Washington
el derecho de castigar a otros países que no adopten medidas enérgicas
contra el tráfico de personas. El Departamento de Estado de EE UU debe
remitir un informe al Congreso cada año con un ranking de países
en función de sus logros en esta lucha, que incluya la amenaza de posibles
sanciones a aquellos que registren los peores resultados.
Pero las organizaciones humanitarias internacionales consideran que esas advertencias
son, en gran medida, contraproducentes. En la práctica, es probable
que esos castigos sólo se impongan a los países ya sancionados,
como Myanmar (Birmania) o Corea del Norte. Amenazar a los países que
han presentado una respuesta moderada, como China, Nigeria o Arabia Saudí,
tendrá probablemente un efecto negativo, pues hará que estén
menos abiertos al diálogo y reducirá el flujo de información
necesario para establecer una cooperación eficaz. Aunque ciertamente
algunos países no son francos, otros buscan con ahínco la aprobación
del Tío Sam (y la inyección de recursos de que suele ir acompañada)
realizando verdaderos esfuerzos para combatir el tráfico: Bangladesh
ha mejorado este año su puntuación por haber adoptado medidas,
pese a la pobreza del país. Los incentivos, y no las sanciones, podrían
animar a otros Estados a hacer lo mismo.
“Las víctimas deben ser devueltas a sus países”
No siempre. Devolver a las víctimas a sus países puede suponer
un retorno a la misma situación que las expuso al peligro del tráfico,
sobre todo en casos de conflicto armado o inestabilidad política. Si
hay bandas criminales en el negocio, probablemente amenazarán su seguridad
y la de sus familias.
Para complicar más las cosas, alguna gente puede no tener hogar al
que volver. La falta de estatuto legal es un importante factor de riesgo en
relación con el tráfico, que dificulta y a menudo impide el regreso
y la reintegración de las víctimas. Ese problema se da especialmente
en el caso de las minorías, la población indígena y los
inmigrantes ilegales, que suelen no tener medio de demostrar su nacionalidad.
En Tailandia, por ejemplo, los estudios de la Unesco revelaron que la imposibilidad
de demostrar la ciudadanía es el único gran factor de riesgo
para que una joven o una mujer de una tribu de las montañas sea víctima
del tráfico o de cualquier otra forma de explotación. Sin ciudadanía,
esas mujeres no pueden obtener ningún título académico
ni registrar su matrimonio ni poseer tierras ni trabajar fuera de su distrito
sin una autorización especial. Les impide encontrar una fuente alternativa
de ingresos y las hace vulnerables al tráfico con fines sexuales o a
los trabajos más abusivos. En las naciones pobres, sin partida de nacimiento,
normalmente un menor no posee identidad legal. Ésa es la razón
por la que las leyes internacionales, como la Convención sobre los Derechos
del Niño, hacen hincapié en que los bebés tienen derecho
a ser registrados desde su nacimiento. Muchos activistas nunca se han planteado
que una solución tan simple como promover el registro al nacer en los
países en desarrollo es uno de los medios más rentables de combatir
el tráfico de personas.
“La causa es la pobreza”
No es tan simple. A menudo, el tráfico de personas es la consecuencia
de una emigración desafortunada. Además de la pobreza o la inestabilidad
política y social, en el tráfico influye la visión del
mundo que tienen las víctimas, deslumbradas por las luces de neón
y atraídas por las grandes ciudades. El atractivo de los centros urbanos
explica por qué en ciertas partes de África algunas jóvenes
de ciudades de tamaño mediano son más vulnerables al tráfico
que las que viven en pueblos.
Para dar respuesta a la demanda de mano de obra cada vez más barata,
se trafica con muchas víctimas dentro de la misma clase económica
o incluso dentro de un mismo país. En Brasil, por ejemplo, las jóvenes
de las zonas rurales pueden ser vendidas para trabajar en la industria del
sexo de las zonas urbanas, y los chicos, para trabajar en las minas de oro
de la selva amazónica. En Costa de Marfil, es frecuente que se vendan
niños como esclavos para cultivar en las plantaciones de cacao. En China,
se trafica con chicas jóvenes con el fin de casarlas a la fuerza en
zonas rurales pobres, donde no hay mujeres solteras debido a la política
de hijo único y a la preferencia de las familias por los varones.
¿Esto significa que las ciudades o los países de destino son
los beneficiarios del tráfico de seres humanos? No necesariamente. Lo
que una zona o industria puede ganar en mano de obra barata y dócil,
otras –especialmente las situadas cerca de las fronteras nacionales– lo
suelen perder en seguridad, gastos sanitarios y, algunas veces, en estabilidad
política. Es posible que el comercio de personas dé respuesta
a una demanda, pero sus costes son demasiado elevados para este mundo cada
vez más pequeño.
 |
 |
|||
|
|||
 |
