La Unión de Naciones Suramericanas se juega su credibilidad como organismo que busca la estabilidad y la prevención de conflictos en América Latina.
Para que Venezuela no continúe deslizándose hacia una confrontación violenta, la comunidad internacional –y en particular los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, además de Venezuela)– deben urgentemente diseñar medidas que contribuyan a la resolución de la grave situación política y económica.
Esta crisis continúa profundizándose, sin solución a la vista. La reciente visita de tres cancilleres (Colombia, Ecuador y Brasil) y del Secretario General de UNASUR, según la organización regional, “abrió caminos para el diálogo político que había permanecido cerrado por cerca de un año”, pero desde la mirada de la oposición, esa visita solo validó “conspiraciones imaginadas de golpes de Estado”. Han transcurrido más de doce meses desde que la violencia emergió en las calles y la polarización política está peor que nunca, mientras que UNASUR naufraga en sus intentos por enfrentar la primera crisis seria en sus miembros.
La Unión de Naciones Suramericanas es el único organismo multilateral aceptable para el gobierno, la oposición y la sociedad venezolana en su conjunto, y que está en una posición de convocar un diálogo nacional que podría liberar al país del juego suma cero que caracteriza a su política. Su mediación se hizo especialmente vital después de los hechos de violencia de 2014, la prisión de los manifestantes y la represión de líderes de la oposición.
El colapso en los meses recientes del precio internacional del petróleo, sobre el que la economía venezolana depende casi enteramente, ha agregado un elemento adicional de urgencia. Mientras que el país enfrenta una disminución dramática de sus ingresos petroleros en 2015, hecho que ocurre sobre una crisis económica preexistente, la escasez severa de bienes básicos y una inflación de tres dígitos amenaza con provocar una explosión social, sin que casi importen los desarrollos en el frente político.
Sería fundamental que los dos lados trabajaran hacia una solución en el marco de la Constitución de 1999 y que se abstuvieran de buscar cambios súbitos de régimen. Pero también sería esencial que el Gobierno respetara las libertades civiles y que contuviera los abusos de los derechos humanos. Este último requisito fue ignorado brutalmente con la detención el 19 de febrero de Antonio Ledezma, el alcalde metropolitano de Caracas, y la negativa a liberar a Leopoldo López y a otros presos políticos.
La última visita de UNASUR, el pasado 6 de marzo, y el manejo de sus declaraciones, solo echó más leña al fuego. En contra del consejo de muchos observadores, la delegación no habló formalmente con la Mesa de Unidad Democrática (MUD), cuyo secretario general y sus más destacados líderes habían adoptado un tono conciliador y pro-diálogo y, en su lugar, escogieron emitir invitaciones individuales a algunos de sus líderes. Por medio de comunicados y apariciones prolíficas en las redes sociales, la delegación terminó endosando los alegatos del Gobierno sobre una conspiración, felicitando la realización de elecciones parlamentarias (que en realidad no han sido convocadas) y extrañamente ofreciendo “cadenas regionales para apoyar la distribución de bienes básicos”.
Venezuela necesita menos confrontación y nada más. Sin embargo, y medido por las decisiones tomadas por la delegación en su visita a Caracas, el órgano regional ha confirmado los peores temores de aquellos que siempre insistieron sobre que su prejuicio ideológico minaría su papel en prevenir un quiebre institucional. Si la diplomacia discreta aún funciona para persuadir al Ejecutivo de hacer progresos en derechos humanos o en el Estado de Derecho, el impacto visible es mínimo.
La orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, del 9 de marzo, implementando y desplegando la Ley de defensa de los derechos humanos y la sociedad civil en Venezuela, confirma la tendencia desafortunada de esta crisis en convertirse en una confrontación estéril entre Washington y Caracas. Esto genera un debate improductivo sobre sanciones unilaterales y amenaza con dejar en la irrelevancia los esfuerzos suramericanos para producir una solución en el campo propiamente regional
Las medidas que debían llevarse a cabo pasan por lograr garantías del Gobierno y de la oposición sobre su compromiso a encontrar soluciones pacíficas dentro del marco de la Constitución; la liberación inmediata de Antonio Ledezma, Leopoldo López y de todos aquellos actualmente en prisión por actividades políticas; fijar una fecha para la realización de las elecciones parlamentarias de 2015 que sea establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE); la publicación y puesta en vigencia de las reglas del CNE que garanticen un proceso electoral libre, igualitario y justo y que suprima el uso de fondos y bienes públicos para las campañas electorales; una misión internacional en el país que proporcione monitoreo al proceso electoral integral (no solo a los eventos alrededor del día de los comicios) y que debería convocar la experiencia y conocimiento de organizaciones internacionales especializadas, absteniéndose de tomar partido; y conversaciones exploratorias entre las dos partes destinadas a aliviar la crisis económica.
Algunos gobiernos de la región (Chile, Colombia, Perú, Panamá y Costa Rica, entre otros) han expresado su profunda preocupación sobre la situación política. Sin embargo, este temor necesita ser traducido en acciones concertadas destinadas a evitar una implosión política y social de consecuencias que parecen no ser entendidas. La ausencia de acción, o el apoyo incondicional a una parte o a la otra, no logrará nada en cuanto a la recuperación de la estabilidad en Venezuela y en la perspectiva de lograr que sus conflictos políticos se resuelvan a través de comicios libres y justos. Está en juego no solo el futuro de Venezuela, sino también la credibilidad de UNASUR como un organismo que puede prevenir conflictos a nivel regional.
