En los últimos años están aumentando las violaciones a mujeres y niñas a manos de militares birmanos en las áreas donde habitan las minorías kachin, shan y karen, entre otras, enfrentadas con el Gobierno desde hace décadas, según afirman activistas de derechos humanos del país. ¿Se trata de una nueva arma para acabar con las guerrillas y controlar una región rica en recursos naturales?
A Maran Lu Ra y a Tangbau Hkawn Nan Tsin, dos profesoras de etnia kachin de 20 y 21 años, las violaron en su casa de Shabuk Kawnghka, una remota aldea birmana en la frontera con China, una noche de enero al volver de una fiesta. Sus cuerpos aparecieron a la mañana siguiente con marcas de cuchilladas y fuertes golpes en la cabeza. Aunque la Policía acusó a un matrimonio local, nadie en el pueblo creyó su versión. Todos saben que detrás de estas violaciones se esconde una campaña del Ejército birmano para desgastar la resistencia kachin, la segunda guerrilla más poderosa del país.
Desde 2010, al menos 118 casos de violencia sexual han sido documentados en los dominios étnicos de Birmania, donde residen las minorías shan, kachin, karen, kokang, chin y rohingya, un dato que recoge sólo una porción de todos los abusos cometidos por las fuerzas militares. La cifra real es, a buen seguro, mucho más elevada. La mayoría de las mujeres prefieren no denunciar lo ocurrido dada la impunidad de facto con la que actúan los oficiales del Ejército y los altos costes judiciales del proceso.Mas, sobre todo, no denuncian para evitar el estigma social que persigue en Birmania a las víctimas de estas acciones.
La violencia sexual en los territorios étnicos de Birmania va asociada desde hace años a ofensivas militares del Ejército. “Cuando se acercan a nuestras tierras, los casos se suceden”, señala Moon Nay Li, portavoz de la Kachin Women´s Association of Thailand (KWAT). Así, mientras los políticos negocian un alto al fuego en la zona, los soldados del Tatmadaw (el Ejército birmano) hostigan a las mujeres kachin para mermar la resistencia civil. “Es una estrategia de contrainsurgencia”, asegura Women´s League for Burma, una entidad que aglutina a 13 organizaciones de mujeres, en un informe publicado recientemente.
En poco más de tres años, los militares han perpetrado violaciones múltiples, agresiones a ancianas y a niñas. “El 11 de noviembre de 2013 una menor de ocho años fue violada en la localidad de Hka Lum, en el estado Shan, por un soldado del 323 regimiento de infantería. La joven estaba cuidando de su hermana pequeña mientras sus padres trabajaban en un arrozal cercano, cuando el soldado entró en la vivienda. Una vez dentro, se abrió paso hasta la habitaciónn de la joven, lanzó a su hermana a la cama y la violó. Después, la amenazó en repetidas ocasiones con matarla si se lo contaba a alguien”, recoge el estudio If They Had Hope, They Would Speak.
“Se dan casos en las ciudades, pero principalmente tienen lugar en las aldeas”, afirma Htang Kai, coordinadora de la Kachin Legal Aid Network en Myitkyina. “El último ocurrió hace unos meses, cuando una anciana de 73 años sufrió un intento de violación en la aldea de Num Lang, cerca de Moe Mouk. Los vecinos impidieron que los autores, dos soldados del Ejército, perpetraran el abuso. Ella se quedó paralizada durante unos días, presa del terror y del miedo, ahora se ha ido a otra aldea. No tenía familia, menos mal que sus vecinos la protegieron”, relata la joven Htang desde su despacho en las afueras de la capital del estado Kachin.
Atacando a las mujeres, los militares birmanos tratan de desmoralizar y destruir el tejido social que soporta la resistencia de las minorías étnicas, sin su apoyo los guerrilleros no podrían mantener en el tiempo la lucha armada. Ellas crían a sus hijos y les proporcionan comida y cobijo. Sin ellas, la insurgencia sucumbiría en meses. Conscientes de esta realidad, los líderes del Tatmadaw han incorporado la violencia sexual a su estrategia para derrotar a los grupos étnicos rebeldes que se niegan a sumarse al alto al fuego firmado hace unos meses por el Gobierno del ex general Thein Sein y ocho pequeñas guerrillas étnicas. “La naturaleza generalizada y sistemática de las agresiones sexuales indica un patrón estructural” que podría ser considerado “potencialmente como crímenes contra la humanidad”, concluye Women´s League for Burma en su informe.
El dolor silenciado
En la aldea de Maina, a la orilla del gran río, el Irrawady, gobierna el silencio. A esta hora de la tarde, tras el almuerzo, el sol cae a plomo sobre la pequeña comunidad de desplazados kachin. Los adultos buscan el alivio de las sombras bajo el árbol, mientras media docena de críos corretean por la explanada pajiza que da acceso a la iglesia baptista. Sus 200 habitantes son conscientes de la violencia del Tatmadaw. La han sufrido, pero prefieren callar. “Será mejor que os vayáis, no es bueno ni para vosotros ni para nosotros”, nos advierte el líder la comunidad cuando intentamos charlar con una joven.
Nadie en Maina quiere tener más problemas como los militares. Temen sus represalias. En el asesinato de las profesoras de Shabuk Kawnghka, el líder del escuadrón amenazó con “reducir a cenizas” el pueblo si alguno de los aldeanos cuestionaba la versión oficial. Días después, el Ejército realizó una donación de casi 3.500 euros en memoria de las dos jóvenes. “En el caso de la anciana de Num Lang, tras el incidente, el capitán del batallón fue varias veces a su casa, casi acosándola con interrogatorios que se prolongaban hasta las 11 de la noche. Al final ha prometido investigar el caso”, comenta Htang con un indisimulado acento de decepción en sus palabras.
La Constitución, que otorga a los militares el control político del país, les protege también de la justicia: cualquier caso de violencia sexual, violación, tortura o abusos en ejercicio de sus labores es juzgado siempre por tribunales militares, lo que en la práctica les otorga una impunidad total. “Que el Ejército se someta a tribunales civiles es una de nuestras grandes reivindicaciones”, subraya la responsable de la Kachin Legal Aid Network.
Las pocas mujeres que, pese a las amenazas, se atreven a denunciar su caso se topan con un problema añadido: el coste desmesurado del proceso judicial. A los honorarios de los abogados se suma el coste de desplazarse en cada vista a Yangon o Naypyidaw. “Es muy caro, todos los gastos pueden suponer al final más de 1.000 dólares”, asegura Nay Li. Por este motivo, las organizaciones de derechos humanos llevan años exigiendo la creación de tribunales en las zonas tribales.
Pese a todo, el mayor obstáculo al que se enfrentan las víctimas es el propio estigma al que son sometidas por una sociedad patriarcal que tiene en la virginidad uno de sus valores fundamentales. “En muchos casos, como en los de violaciones, se culpa a las mujeres por sus vestidos, su comportamiento o sus horarios, pero no se hace así con los autores”, lamenta la portavoz de la Kachin Peace Network, Khon Ja. Muchas víctimas temen ser rechazadas por sus comunidades y evitan relacionarse con sus vecinos y familiares. “Se vuelven muy tímidas, se recluyen”, añade Nay Li.
La lucha por las minas de jade
En Myitkyina los menús de los restaurantes están escritos en chino. También la información de los hoteles, algunos carteles y muchos anuncios. La ciudad, capital del estado Kachin, es trilingüe: se escuchan conversaciones en idioma kachin, en birmano, pero, sobre todo, en mandarín. Son decenas los camiones que a diario cruzan las montañas hacia la frontera china cargados con metales preciosos. Llevan oro y plata, pero también cobre, hierro y plomo. Aunque, sin duda, su posesión más preciada es el jade, una piedra semipreciosa con la que los chinos agasajan a sus conquistas y decoran sus salones.
El comercio de jade en Birmania supera ya los 8.000 millones de dólares anuales, una cifra que seguirá subiendo en los próximos años. “El de kachin es el territorio de China en Birmania”, ironiza un joven taxista. El Gobierno birmano, supeditado a los intereses del Tatmadaw, quiere hacerse con el control absoluto del negocio: hasta ahora perciben los impuestos de las explotaciones legales, pero la mayor parte del jade se extrae en minas ilegales, con las que se financian las comunidades y la resistencia kachin. China, sin embargo, prefiere que el negocio siga funcionado como hasta ahora, por lo que, según muchos expertos, sigue alimentando la insurgencia. De hecho, tras el fracaso de las negociaciones de alto al fuego, al que el Kachin Independence Army (KIA), la segunda guerrilla más fuerte del país, con unos 10.000 hombres, declinó adherirse, Min Zaw Oo, uno de los negociadores del Myanmar Peace Center que coordina las conversaciones entre las minorías y el Gobierno, acusó al enviado especial chino de haber presionado a dos grupos rebeldes “claves” para no apoyar el acuerdo. “China siempre dice que quiere estabilidad. Por supuesto que desea estabilidad, pero al mismo tiempo quiere ejercer influencia sobre esos grupos a lo largo de la frontera”, aseguró Min Zaw Oo a Reuters.
Los dominios étnicos del norte son un territorio clave para el equilibrio político-económico del país: explotaciones mineras, infraestructuras hidroeléctricas y hasta un gasoducto que conecta China con las reservas de la costa oeste han sido construidos en los últimos años en los estados Shan, Kachin y Arakan. Todas estas inversiones fueron acompañadas de un potente despliegue militar que se ha traducido en un creciente número de “abusos de los derechos humanos” y en un desplome de la “seguridad de las mujeres”. “El uso de la violencia sexual está estrechamente ligado al control de los dominios étnicos ricos en recursos”, destaca el informe de Women´s League for Burma. “En todos los territorios de las minorías sucede lo mismo. Pasa con los karen, con los shan y con los kachin. Es una práctica sistemática. Usan la violencia sexual como arma”, sentencia Nay Li.
Está por ver si, tras el cambio de Gobierno que se avecina con la victoria de la National League for Democracy’s (NLD) liderada por la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, en las históricas elecciones del pasado noviembre, el nuevo Ejecutivo birmano consigue convencer al Ejército para que ponga fin a la violencia sexual en el norte del país.
