Tras el nombramiento del general Prayuth Chan-ocha, artífice del golpe de Estado en Tailandia del pasado mayo, como primer ministro hay serias dudas sobre si el país asiático volverá a un régimen democrático.
El pasado 21 de agosto, la Asamblea Nacional de Tailandia lanzó una voz prácticamente unánime: de los 194 diputados que estaban presentes en la Cámara, 191 votaron a favor, 3 se abstuvieron y ninguno se opuso. La votación no era baladí; se trataba de la confirmación como nuevo primer ministro del general Prayuth Chan-ocha. El resultado, sin embargo, no sorprendió a nadie. Prayuth, artífice del golpe de Estado del pasado 22 de mayo, era el único candidato y la Asamblea, designada a dedo, estaba compuesta principalmente de militares.
Prayuth no es un novato en las técnicas golpistas. En 2006, cuando otra asonada depuso al entonces primer ministro Thaksin Shinawatra, Prayuth ya se encontraba en el núcleo duro de los militares sublevados. La democracia tailandesa tampoco es nueva en injerencias por parte de las Fuerzas Armadas; los militares han intentado tomar el poder por la fuerza en 19 ocasiones desde 1932, en 12 de ellas consiguieron su propósito.
El golpe de 2006 supuso la vuelta de los militares al poder. Tras décadas de control casi absoluto de la política tailandesa, los militares habían perdido influencia en los 90. El proceso vino acompañado de una revitalización de otros sectores políticos, incluidos la clase empresarial y los movimientos sociales. Todo ello culminó en la redacción de una nueva Carta Magna en 1997, conocida como la Constitución del Pueblo por el gran paso democrático que supuso en un país acostumbrado a que el poder se lo repartieran soldados, aristocracia y monarquía. El cambio era inevitable. En 2001, Thaksin Shinawatra se convertía en la primera persona no procedente de la vieja clase rica tailandesa en acceder a la jefatura de Gobierno del país. No fue, sin embargo, una revolución; cuando Thaksin se convirtió en primer ministro era una de las personas más ricas del país gracias a sus empresas de telecomunicaciones.
Sus políticas sí resultaron más novedosas. Sus medidas redistributivas, especialmente el acceso barato a la sanidad o un sistema de microcréditos a bajo interés, le granjearon un fuerte apoyo entre las clases populares, concentradas en el norte y el noreste del país. Thaksin se convirtió así en el primer mandatario en terminar su legislatura y en renovarlo además en las urnas, en 2005. Todo un hito para la democracia tailandesa.
Thaksin, sin embargo, quiso también imponer un nuevo reparto del poder, beneficiando a sus aliados y marginando a las clases altas tradicionales, que comenzaron a conspirar contra él y a preparar el golpe de 2006. Su mandato también tuvo numerosas sombras y Thaksin abusó de su poder, en lo que el analista político Thitinan Pongsudhirak llamó un “autoritarismo democrático”. “Monopolizó el sistema de partidos, marginalizó a la oposición, restringió a los medios, extendió sus tentáculos de control sobre policías y militares y borró las voces disidentes de grupos de la sociedad civil”, aseguraba el politólogo en un análisis publicado cuando Thaksin aún lideraba el país.
Incluso esa democracia tan imperfecta parece ahora lejana. Dos días antes del golpe de Estado, los militares instauraron la ley marcial y no la han retirado desde entonces. En estos meses, han prohibido reuniones públicas de más de cinco personas, han censurado libros, periódicos y canales de televisión y han detenido a más de 300 opositores y activistas. Los militares están además haciendo un uso político de la ley de lesa majestad, la más dura en el mundo, que contempla condenas de entre 3 y 15 años de prisión para aquellos que insulten a la monarquía. Así, desde el golpe de Estado, se han abierto 13 nuevos casos por injurias a la familia real, la mayoría de ellos a opositores políticos. “Los acontecimientos recientes han demostrado que el golpe militar actual es a la vez más represivo y probablemente durará más que el anterior”, explicaba ante el Congreso de Estados Unidos Scot Marciel, del Departamento de Asuntos de Asia Oriental y Pacífico.
Los militares calibran ahora cómo evitar que los partidarios de Thaksin vuelvan al poder. Porque, a pesar de que en 2007 se aprobó una nueva Constitución con importantes recortes democráticos, los partidos afines al multimillonario han ganado todas las convocatorias electorales celebradas en Tailandia. La última aupó a la misma hermana de Thaksin, Yingluck, quien ocupó la jefatura del Gobierno desde agosto de 2011 hasta dos semanas antes del golpe de Estado, cuando fue obligada a dimitir por un tribunal.
El primer paso ha sido aprobar una Constitución transitoria, en la que los militares se han reservado amplias parcelas de poder, especialmente en el nombramiento de los principales órganos de gobierno. La Junta ha suspendido además las elecciones para los consejos locales y municipales, algunos de los cuales tenían que haber sido renovados durante las últimas semanas. “Creen que la política local sirvió de base para construir las bases de Thaksin”, dice el activista Giles Ji Ungpakorn, exiliado en Reino Unido. Los analistas coinciden, sin embargo, en que esta situación no será permanente y que los militares cumplirán su promesa de celebrar elecciones a finales de 2015. “Antes o después van a necesitar algún tipo de legitimación y tendrá que ser en forma de elecciones”, asegura el periodista y analista político, Saksith Saiyasombut.
El principal escenario que plantean los analistas es un cambio en el sistema electoral para evitar que partidos cercanos a Thaksin vuelvan al poder. “Están mirando al modelo birmano”, dice Giles Ji Ungpakorn. “El proceso ‘anti-reformista’ que la Junta ha empezado está diseñado para controlar cualquier gobierno futuro a través de instituciones anti-democráticas que puedan vetar la política gubernamental”. Saksith Saiyasombut coincide en que Myanmar, un país que ha emprendido una reforma democrática tras 50 años de férreo control militar, es un ejemplo y que los militares podrían instaurar un Parlamento con una parte designada por los militares, como ocurre en el país vecino. “Probablemente será una democracia guiada[por los militares] como la de Indonesia [durante los tiempos del general Sukarno], afirma Saksith Saiyasombut. No obstante, otra posibilidad a la que apunta Saksith es a una modificación del sistema electoral que dificulte la formación de mayoría y que las coaliciones sean necesarias.
La principal duda es si la inestabilidad política volverá a las calles. Durante los últimos ocho años, partidarios y opositores de Thaksin, los llamados “camisas rojas” y “camisas amarillas” respectivamente, han tomado las calles en varias ocasiones y han monopolizado el panorama político del país. Los primeros, clases rurales y pobres procedentes del norte y noreste del país, apoyan las políticas de la familia Shinawatra. Los segundos, urbanitas y miembros de la alta sociedad tailandesa, se han opuesto a cualquier gobierno relacionado con los Shinawatra y forzaron, de hecho, el último golpe de Estado con multitudinarias protestas. Los resultados electorales dicen que los amarillos son una minoría, pero en esta ocasión, como en las anteriores, utilizarán su poderosa influencia para que el Gobierno siga bajo el control de la monarquía y los militares. “La gente se sentirá decepcionada [si se aprueba una ley electoral manipulada], sobre todo los camisas rojas, porque ahora tienen más razones que nunca para salir a las calles”, dice Saksith, quien cree que es posible que el ciclo vuelva a repetirse y que a las protestas siga una nueva intervención militar. Esto llevaría, probablemente, a que la fractura que existe entre los dos bandos siga creciendo. “La única forma de que una reforma real y sustancial en la política tailandesa pueda tener lugar es que se haga de forma inclusiva, contando con todas las partes”, dice Saksith Saiyasombut. “Pero con la Junta Militar controlando prácticamente todo ahora mismo, no hay signos de que un proceso de reforma vaya a ser así”.
