Civiles reunidos alrededor de lo que queda de un vehículo atacado y golpeado el domingo por la tarde por un ataque con un dron estadounidense, que mató a 10 personas, incluidos niños, en Kabul, Afganistán. (Marcus Yam/ Los Angeles Times)

¿Cómo pueden remediarse las carencias de los ejércitos occidentales a la hora de garantizar la mitigación de daños civiles, la transparencia y la rendición de cuentas en los conflictos armados?

El paso agosto Estados Unidos informó que había efectuado un ataque con dron en Kabul contra un vehículo del Estado Islámico que, pese a encontrarse en una zona residencial, creían que representaba una amenaza inminente para el aeropuerto de la capital, entonces abarrotado de civiles y de tropas extranjeras en plena retirada. Se trató del último misil conocido disparado por EE UU en la guerra de Afganistán.

Rápidamente, sin embargo, lo que el Ejército estadounidense había calificado de ataque “correcto” empezó a tomar forma de “trágico error”. Desmontando la versión inicial ofrecida por los militares, varios medios cuestionaron, tras investigar lo sucedido, que el conductor del coche tuviera en realidad relación con el Estado Islámico o estuviera transportando explosivos, además de informar de múltiples víctimas civiles. Finalmente, el Pentágono reconoció que su ataque había matado a 10 civiles, entre ellos siete niños, y concedió que era poco probable que el coche representara amenaza alguna.

Más que un accidente, el episodio ilustró las flagrantes carencias de los ejércitos occidentales a la hora de garantizar la protección de civiles en sus cada vez más frecuentes operaciones aéreas, así como de revisar posteriormente los daños ocasionados. Y dado que tanto el bombardeo como la retirada coincidieron con los 20 años de la llamada "guerra contra el terror" lanzada tras los atentados del 11S en Estados Unidos, múltiples organizaciones han instado a los ...