¿Cómo pueden remediarse las carencias de los ejércitos occidentales a la hora de garantizar la mitigación de daños civiles, la transparencia y la rendición de cuentas en los conflictos armados?
El paso agosto Estados Unidos informó que había efectuado un ataque con dron en Kabul contra un vehículo del Estado Islámico que, pese a encontrarse en una zona residencial, creían que representaba una amenaza inminente para el aeropuerto de la capital, entonces abarrotado de civiles y de tropas extranjeras en plena retirada. Se trató del último misil conocido disparado por EE UU en la guerra de Afganistán.
Rápidamente, sin embargo, lo que el Ejército estadounidense había calificado de ataque “correcto” empezó a tomar forma de “trágico error”. Desmontando la versión inicial ofrecida por los militares, varios medios cuestionaron, tras investigar lo sucedido, que el conductor del coche tuviera en realidad relación con el Estado Islámico o estuviera transportando explosivos, además de informar de múltiples víctimas civiles. Finalmente, el Pentágono reconoció que su ataque había matado a 10 civiles, entre ellos siete niños, y concedió que era poco probable que el coche representara amenaza alguna.
Más que un accidente, el episodio ilustró las flagrantes carencias de los ejércitos occidentales a la hora de garantizar la protección de civiles en sus cada vez más frecuentes operaciones aéreas, así como de revisar posteriormente los daños ocasionados. Y dado que tanto el bombardeo como la retirada coincidieron con los 20 años de la llamada "guerra contra el terror" lanzada tras los atentados del 11S en Estados Unidos, múltiples organizaciones han instado a los miembros de la OTAN a analizar los errores cometidos y adoptar un enfoque más sólido sobre la mitigación de daños civiles, la transparencia y la rendición de cuentas.
Nueva guerra
A lo largo de la última década, la guerra ha experimentado cambios significativos para los países de la OTAN, con Estados Unidos al frente, debido en gran parte a una reticencia cada vez mayor a desplegar una gran cantidad de tropas en los escenarios en conflicto y recurrir, en cambio, a sus cada vez más desarrolladas fuerzas aéreas, incluso en zonas urbanas.
Las consecuencias para los civiles son enormes. Desde el comienzo de la guerra contra el terror, por ejemplo, los bombardeos del Ejército de EE UU han matado a al menos 22.679 civiles, y potencialmente hasta 48.308, según un informe publicado en septiembre por Airwars, una organización que monitorea la guerra aérea en conflictos, que subraya cómo la diferencia entre ambas cifras refleja la falta de transparencia que rodea estas acciones. La mayoría de muertes se produjeron durante las ocupaciones de Irak y de Afganistán, y en la campaña contra el Estado Islámico en Irak y en Siria.
Más allá de Estados Unidos, también la OTAN sufre de problemas similares. Una década después de su intervención aérea en Libia –respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU– para evitar una masacre de las fuerzas del ex dictador Muammar al Gadafi, ni la alianza ni sus Estados miembro han admitido abiertamente muertes civiles en los 7.600 bombardeos reconocidos que llevaron a cabo. Airwars ha contabilizado, en otro informe publicado también este año que ofrece por primera vez una revisión exhaustiva de los daños a civiles de todos los beligerantes, entre 223 y 403 muertes probables y entre 215 y 357 heridos. Otras organizaciones, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, habían alertado igualmente de que aunque la intervención de la OTAN causó muchos menos daños a civiles que la del resto de beligerantes, su operación se ha visto manchada por la falta de responsabilidad y de rendición de cuentas.
Estos problemas son además mucho más profundos entre los ejércitos europeos que en la Fuerzas Armadas estadounidenses, más transparentes y con mejores evaluaciones de daños, algo que, de buenas a primeras, podría producir la falsa impresión de que los últimos cometen más errores que los primeros. Así, ni Francia ni Bélgica han admitido públicamente la muerte de un solo civil en años de bombardeos en Irak y en Siria, y Reino Unido solo ha reconocido uno –mientras que EE UU ha aceptado más de 1.300 muertos.
“Los oficiales militares estadounidenses no son ciertamente fáciles de convencer cuando se trata de determinar los daños a civiles”, señala el director adjunto de Airwars, Dmytro Chupryna, en un informe sobre la negativa de países europeos a admitir víctimas civiles en sus operaciones. “Aun así, [existe] una completa falta de voluntad por parte de la mayoría de los aliados europeos para aceptar daños a civiles de sus ataques, incluso cuando el personal militar estadounidense determina lo contrario”, desliza.
Nuevas medidas
Para atajar estas limitaciones, múltiples organizaciones, como Amnistía Internacional, el Centro para Civiles en Conflicto o Airwars, han instado a los miembros de la OTAN a revisar con honestidad sus doctrinas, consultando a expertos de la sociedad civil, a fin de trabajar para la protección de civiles, mitigar los daños y asumir sus responsabilidades.
En esta línea, una de las primeras reformas recomendadas, sobre todo dirigida a países europeos, pasa por revisar los criterios que establecen para determinar los daños a civiles, ya que se consideran muy altos, lo que explica que apenas se admitan casos. El ministerio de Defensa del Reino Unido, por ejemplo, exige “hechos incontestables" para validar daños a civiles, un listón significativamente más elevado que la evidencia “más allá de la duda razonable”, y aún más del llamado “equilibrio de probabilidades” que adopta Estados Unidos, y que implica confirmar los hechos que sean más probables que improbables.
“Acabamos con ofuscación, secretismo y una especie de autonegación estructural interna, en la que parece imposible que el ministerio de Defensa [de Reino Unido] acepte siquiera que se han producido víctimas civiles [fruto de sus operaciones]”, criticó el miembro de la organización Drone Wars UK Chris Cole en el informe ‘La vergüenza de Europa”.
Luego, se recomienda a los ministerios de Defensa de la OTAN a formar departamentos permanentes que se encarguen de evaluar potenciales daños a civiles en los escenarios en los que estén actuando, que incluyan visitas al lugar de los hechos y testigos cuando la situación lo permita, y que tengan en cuenta investigaciones de fuentes externas como medios de comunicación –como en el caso del bombardeo en Kabul– y la sociedad civil.
Otra exigencia en la fase de planificación y ejecución de las operaciones guarda relación con el tipo de armamento. En concreto, organizaciones como la Red Internacional sobre Armas Explosivas y Human Rights Watch exhortan a gobiernos que todavía no lo han hecho, como el británico, a establecer normas contra el uso de armas explosivas pesadas en zonas pobladas, como bombas de gran magnitud. Cuando estas se emplean en áreas pobladas, el 91% de muertos y heridos son civiles, según un informe de Acción sobre la Violencia Armada. En uno de cada cuatro casos los explosivos son lanzados desde el aire.
A partir de aquí, los ejércitos y los ministerios de Defensa deben también aumentar sus niveles de transparencia, divulgando información sobre incidentes en los que pueda haber daños a civiles que incluya datos como la fecha, el lugar, la munición usada y la naturaleza del objetivo. “La transparencia sobre [estas] operaciones puede ayudar a crear relaciones positivas con el público, mejorar la calidad de los datos sobre el terreno y, en última instancia, mejorar el rendimiento militar”, considera el miembro de la organización Cada Víctima Cuenta Mike Spagat en una petición dirigida a Reino Unido.
Una vez se hayan investigado incidentes que se cree que podrían haber causado daños a civiles y se hayan confirmado, se insta a reconocerlo de forma pública y a enmendar las acciones mediante medidas como la concesión de indemnizaciones. También se urge asumir responsabilidades por los daños ocasionados en los últimos 20 años. En el caso del anterior bombardeo en Kabul, el Pentágono ha ofrecido una compensación económica a familiares de las personas que murieron en el ataque y está tratando de ayudar a los miembros de la familia que sobrevivieron a trasladarse a Estados Unidos. Sin embargo, la polémica investigación del Pentágono determinó el 3 de noviembre que si bien hubo errores de ejecución, no se vulneró la ley, incluida la ley de guerra.
Por último, estas organizaciones exhortan a revisar las lagunas que se hayan detectado para poder enmendarlas en las operaciones futuras, así como colaborar con los civiles en las zonas de conflicto con el fin de abordar cuestiones relacionadas con la protección de los civiles con el objetivo último de llegar a minimizar los daños que se puedan infligir.
“Las críticas públicas y políticas en torno a la retirada de Estados Unidos y sus aliados de Afganistán, y la devastadora crisis humanitaria que se está produciendo en ese país, envían un mensaje contundente sobre la urgente necesidad de adoptar enfoques más firmes para la mitigación de los daños a la población civil, la transparencia y las políticas de rendición de cuentas en futuras operaciones militares”, apunta la llamada conjunta de Airwars y el Centro para Civiles en conflicto. “Instamos a todas las naciones de la OTAN a que tengan en cuenta estos errores del pasado, que tuvieron consecuencias devastadoras en la vida de los civiles”.
