Rajama, una refugiada rohingya en el campo de Shamalapur en Chittagong, Bangladesh. (Getty Images)
Rajama una refugiada rohingya en el campo de Shamalapur en Chittagong, Bangladesh. (Getty Images)

Se gastan más de 120 millones de dólares anuales en programas contra la esclavitud moderna, pero poco se sabe de su eficacia.

El pasado mes de mayo, unos 7.000 migrantes procedentes de Bangladesh y Birmania – estos últimos mayoritariamente de la minoría musulmana rohingya – se quedaron atrapados en el Oceáno Índico tras ser abandonados por los traficantes de personas que les habían prometido una nueva vida en Malasia. Las portadas de medio mundo se llenaron con la historia de estos inmigrantes que, sin embargo, ya llevaban años tomando esta peligrosa ruta en el más absoluto silencio, a menudo con destino a macabros campos de concentración donde eran retenidos hasta que sus familias pagaban un rescate. No era un caso único. El tráfico y la trata de personas son un fenómeno que a menudo permanece en la sombra, pero es un lucrativo negocio que crece rápidamente y mueve unos 32.000 millones de dólares anuales (29.000 millones de euros), según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, la trata es “el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, bajo amenaza o por el uso de la fuerza u otra forma de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o una posición de vulnerabilidad, o recibir pago o beneficios para conseguir que una persona tenga bajo su control a otra, para el propósito de explotación”. Por su parte, el tráfico de personas supone simplemente "la facilitación, el transporte o el intento de entrada ilegal de una persona o personas por las fronteras internacionales", de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ambos son considerados crímenes internacionales y, ...