Rajama, una refugiada rohingya en el campo de Shamalapur en Chittagong, Bangladesh. (Getty Images)
Rajama una refugiada rohingya en el campo de Shamalapur en Chittagong, Bangladesh. (Getty Images)

Se gastan más de 120 millones de dólares anuales en programas contra la esclavitud moderna, pero poco se sabe de su eficacia.

El pasado mes de mayo, unos 7.000 migrantes procedentes de Bangladesh y Birmania – estos últimos mayoritariamente de la minoría musulmana rohingya – se quedaron atrapados en el Oceáno Índico tras ser abandonados por los traficantes de personas que les habían prometido una nueva vida en Malasia. Las portadas de medio mundo se llenaron con la historia de estos inmigrantes que, sin embargo, ya llevaban años tomando esta peligrosa ruta en el más absoluto silencio, a menudo con destino a macabros campos de concentración donde eran retenidos hasta que sus familias pagaban un rescate. No era un caso único. El tráfico y la trata de personas son un fenómeno que a menudo permanece en la sombra, pero es un lucrativo negocio que crece rápidamente y mueve unos 32.000 millones de dólares anuales (29.000 millones de euros), según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, la trata es “el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, bajo amenaza o por el uso de la fuerza u otra forma de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o una posición de vulnerabilidad, o recibir pago o beneficios para conseguir que una persona tenga bajo su control a otra, para el propósito de explotación”. Por su parte, el tráfico de personas supone simplemente "la facilitación, el transporte o el intento de entrada ilegal de una persona o personas por las fronteras internacionales", de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ambos son considerados crímenes internacionales y, a menudo, se dan la mano, pero mientras la trata supone una violación de los derechos humanos, el tráfico sólo supone la trasgresión de las leyes de inmigración de uno o varios países.

El interés de la comunidad internacional por la trata de personas y su consecuente esclavitud moderna, que comprende no solo la explotación sexual, sino también la laboral o la compra-venta de órganos, han aumentado durante los últimos años y en la actualidad los países de la OCDE, principalmente Estados Unidos, Noruega y Japón, destinan cada año unos 120 millones de dólares anuales a combatirlas, según la organización Walk Free. A esto hay que añadir los fondos privados que también se dedican a esta lucha, pero de los que no hay una cifra concreta.

Sin embargo, poco se sabe sobre este negocio que está rodeado de opacidad o sobre los fondos dedicados a su lucha. No existe siquiera un consenso sobre el número aproximado de víctimas, aunque la OIT estimó en 2005 que unos 2,4 millones de personas eran víctimas de estas redes, mientras que 21 millones son sometidas a condiciones análogas a la esclavitud. “No hemos dedicado el tiempo suficiente a recopilar investigaciones para saber exactamente qué ...