La exigencia de derechos para las trabajadoras domésticas crea fricciones en el Sureste Asiático.

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Mujeres se manifiestan en Yakarta, en 2009, para exigir al Gobierno indonesio que proteja de abusos a las empleadas del hogar en el extranjero.

 

Uno de los nexos económicos y humanos más notables que une a los países asiáticos lo constituyen las millones de trabajadoras del hogar que se desplazan dentro de la región. Es difícil exagerar la importancia de este movimiento transnacional impulsado en los países receptores por el envejecimiento de la población, el crecimiento del empleo femenino y las dificultades para conciliarlo con la vida doméstica, y en los emisores por la pobreza y la discriminación laboral que sufren las mujeres, especialmente en zonas rurales. Estas trabajadoras ejemplifican la dependencia mutua entre Estados, un teórico win-win que no se traduce en el reconocimiento de sus derechos en los lugares en los que recalan. Sin ir más lejos, el 28 de marzo un tribunal de Hong Kong anuló una sentencia anterior que permitía a las trabajadoras del hogar extranjeras solicitar la residencia en dicho territorio. Ante los constantes atropellos, la reciente decisión de Singapur de concederles por ley un día semanal de descanso es un aparente soplo de aire fresco.

Con apenas cinco millones de habitantes, Singapur emplea a más de 200.000 de estas trabajadoras. Aunque las autoridades no han ido suficientemente lejos y continúan privando a estas profesionales de otros derechos recogidos en su legislación nacional, la medida ilustra la preocupación de los países receptores ante la posibilidad de que las malas condiciones acaben desalentando a una mano de obra indispensable para la sostenibilidad de su economía. En una región en la que hasta hace poco se veía a estas mujeres como a una mercancía abundante y reemplazable, concesiones como ésta, aun siendo insuficientes, podrían llevar a otros países receptores a tomar conciencia de en qué medida dependen de ellas y a embarcarse en una carrera por la mejoría de sus derechos.

Esta transformación en la mentalidad de los países receptores llevará tiempo, y el ritmo de su implantación diferirá en gran medida. Pero los síntomas que apuntan a un cambio de mentalidad continúan emergiendo en paralelo a la preocupación de algunos gobiernos de la región, temerosos de quedarse atrás en la creciente competición por resultar un destino atractivo a las empleadas del hogar. El país que con más virulencia se enfrenta a la hipótesis de una potencial privación de este tipo de inmigración es Malasia, que en 2009 dejó de recibir empleadas de Indonesia después de la prohibición establecida por Yakarta como respuesta a los múltiples abusos sufridos por sus nacionales en el Estado vecino. La decisión ha secado el caudal importador del trabajo doméstico en Malasia, tradicionalmente dependiente de Indonesia.

Filipinas acaba de pedir explicaciones a Kuwait por el maltrato que sufren muchas de las casi 400.000 nacionales desplazadas al Estado árabe

En noviembre del año pasado ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo para el levantamiento de la prohibición, en virtud del cual las empleadas indonesias desplazadas a Malasia se beneficiarían de un día a la semana de descanso, de más protección y de mejores remuneraciones. Sin embargo, la aparición de nuevos casos de abusos pone en entredicho que el pacto se lleve a cabo en el plazo previsto, y ambos países llevan meses arrojándose condiciones mutuas para levantar efectivamente la prohibición. El punto más espinoso de las negociaciones es el requerimiento impuesto por Indonesia para que las trabajadoras que envíe al país vecino a partir de ahora solo puedan ocuparse de una de las cuatro tareas que normalmente desempeñan: la cocina, el cuidado de los niños, el servicio a los ancianos y el mantenimiento del hogar. Malasia ha acabado aceptando a regañadientes esta condición, insertada a última hora y con sabor a ultimátum, lo que podría dar luz verde para que Indonesia envíe alrededor de 5.000 empleadas cada mes al país vecino.

La indignación de Kuala Lumpur ante estos requerimientos trasluce el estado de ansiedad en el que vive Malasia por la escasez de asistentas domésticas. El problema se vio agravado el pasado octubre cuando las autoridades de Camboya, otro de sus suministradores principales, establecieron una prohibición similar a la impuesta por Indonesia después de que se conocieran casos extremos de explotación de algunas de sus trabajadoras (la reciente muerte por inanición de una empleada camboyana en casa de sus empleadores malayos es el broche a un largo historial de abusos). Ante esa situación, algunos expertos consideran que la única solución para Malasia es emprender un camino similar al iniciado por Singapur. Las recientes concesiones apuntan en esa dirección, pero las autoridades malayas dirigen ya su mirada hacia un horizonte de proveedores menos escrupulosos que sus vecinos indonesios y camboyanos.

En cualquier caso, lo que no se ha conseguido mediante pronunciamientos éticos y consideraciones morales podría lograrse por medio de la guerrilla diplomática, de la presión simultánea de proveedores fundamentales de esta mano de obra. La tendencia a continuar presionando mediante estas maniobras no cesa, e Indonesia ha lanzado un órdago aún más radical al anunciar que a partir de 2017 dejará de enviar asistentas domésticas al extranjero. Por su parte, Filipinas acaba de pedir explicaciones a Kuwait por el maltrato que sufren muchas de las casi 400.000 nacionales desplazadas al Estado árabe.

Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Yakarta advierten de que estas maniobras de presión no cubren a todas las trabajadoras y además no garantizan que sus cláusulas vayan a ser implantadas. Una posible aunque incierta solución se encuentra en el ámbito multilateral, y más concretamente en el tratado para la protección de las empleadas domésticas adoptado por la propia OIT en 2011. El texto, que aún no ha sido ratificado por ningún Estado, obligaría legalmente a los potenciales firmantes a proteger los derechos de las asistentes domésticas extranjeras. Filipinas, principal impulsor de esta convención, podría convertirse en el primer país en ratificarla. Pero tal paso no parece estar de momento entre las prioridades de la Administración Aquino.

En ese silencioso tablero de la maid diplomacy (diplomacia de la empleada doméstica) en el que mueven pieza los emisores y los receptores, los derechos de las trabajadoras internacionales del hogar podrían convertirse en la reina de la partida mediante una adhesión masiva a la convención. Hasta entonces, los receptores, que solo reaccionan al apretárseles las tuercas, seguirán pudiendo diversificar sus fuentes para aprovisionarse de esta mano de obra, surtiéndose en países menos exigentes.

 

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