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Una mujer se somete a un test rápido por SARS-COV2 en Ecuador. (Rafael Rodriguez/NurPhoto via Getty Images)

¿Cómo se ha gestionado la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales ante la emergencia sanitaria por COVID-19 en el contexto iberoamericano y cuáles son los restos?

El mundo está enfrentando una crisis sin precedentes. La pandemia generada por la COVID-19 ha afectado a todas las regiones del mundo como ningún otro suceso en los últimos 100 años. A diferencia de otros cambios políticos, sociales y económicos, sus efectos se han hecho sentir de manera inmediata sobre la población y sus impactos están todavía difusos en un horizonte de recuperación lenta.

En el mundo, la crisis sanitaria ha sido devastadora incluso en países con sólidos sistemas institucionales. En la región de América Latina, la emergencia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto de relieve debilidades estructurales que se venían acarreando en las últimas tres décadas.

En una pandemia y, en general ante cualquier emergencia, la información es necesaria. Más aún, cuando la autoridad es quien asume la obligación de informar a la población. Es una regla indispensable en las democracias y en las relaciones entre el Gobierno y la sociedad.

La toma de decisiones en momentos críticos no puede realizarse en un velo de ignorancia, como diría John Rawls. Por el contrario, el sustento que apuntala la decisión tomada se construye a partir de insumos informativos que aportarán objetividad y sobre todo, fiabilidad al decidir.

En este sentido, la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales se convierten en pilares fundamentales capaces de brindar confianza a los ciudadanos. Con ellos, se promueve la rendición de cuentas con los controles adecuados capaces de reducir la discrecionalidad en las decisiones por parte de las autoridades. En tiempos de crisis, la necesidad de actuar de manera flexible y expedita no pueden abrir paso a la opacidad y abusos por parte de ningún actor gubernamental.

Con la crisis provocada por la COVID-19 en la región de Iberoamérica, los órganos garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales han jugado un papel clave en brindar resoluciones que permitan salvaguardar estos derechos. De tal forma, la actuación de estas instituciones se ha enfocado en fortalecer los esfuerzos estatales para contrarrestar el efecto pernicioso que la pandemia ha provocado en la zona.

En Iberoamérica, la arquitectura del derecho de acceso a la información es heterogénea. Por un lado, se encuentran los países que reconocen de manera explícita el derecho de acceso a la información como fundamental; mientras que en otros no se da establecido rango a la prerrogativa. Con la finalidad de tutelar estos derechos, a lo largo de la última década, se han creado organismos encargados específicamente de salvaguardarlos o se han incorporado nuevas unidades a ministerios nacionales. A nivel regional, en 2011, se puso en marcha la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), que actualmente agrupa a 37 instituciones. ...