Cómo el FMI podría empujar a los países en desarrollo a una década perdida tras la Covid-19.
A finales del pasado mes de abril, cuando el mundo ya empezaba a adentrarse en una fuerte crisis económica catalizada por el coronavirus, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anticipó en un escrito “una crisis global como ninguna otra”, que iba a requerir de “una respuesta global como ninguna otra”.
Desde entonces, Georgieva y otros directivos del organismo monetario han repetido un mensaje similar en múltiples ocasiones, con apelaciones a liderar una recuperación que esté “guiada para avanzar una economía verde” y apoyada sobre “políticas para reducir la desigualdad, proteger a la gente vulnerable y promover la igualdad de oportunidades”.
En paralelo a estos discursos, el FMI ha aprobado préstamos a 81 Estados por un valor de 100.000 millones de dólares, desplegados a través de nuevos acuerdos y del aumento de programas ya existentes. De estos, al menos 26 se han otorgado a países con problemas de deuda o en alto riesgo de sufrirlos, según las consideraciones de la propia institución.
En estos préstamos, sin embargo, sus llamadas a articular una recuperación sostenible no han tenido cabida. Y en su lugar se han impuesto programas que amenazan con empujar muchos países en desarrollo a una larga travesía de austeridad y deuda la próxima década.
Austeridad y deuda
De esos 81 Estados, está previsto que 72 empiecen un proceso de consolidación fiscal ya el año que viene, cuando deberán concentrar más de la mitad de las medidas previstas en los acuerdos con el FMI, según recoge el estudio Desarrollo arrestado de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad). El estudio nota que “el ajuste será frontal, sin tiempo para recuperarse”, y critica que su “naturaleza sincronizada pone en duda la posibilidad de una recuperación fuerte”. En esta línea, los planes de austeridad de los países anteriores representan hasta 4,8 veces la suma de recursos desplegada para contrarrestar los efectos de la Covid-19, y todos deberán implementar recortes y subidas de impuestos para 2023.
El estudio de Eurodad, que se basa en los informes técnicos que elabora el FMI al aprobar nuevos préstamos, también detalla que tres cuartas partes de los planes de ajuste irán a cargo de recortes en servicios públicos, en muchos casos hasta caer a niveles inferiores a los de antes de la crisis. Además, se prevé aumentar también recursos subiendo impuestos indirectos como el IVA, que afectan más a las clases bajas. De hecho, una cuarentena delgrupo de países anterior ya ha tenido que implementar este 2020 unos recortes de gasto superiores a los paquetes extraordinarios destinados a hacer frente a la pandemia.
Llegando a unas conclusiones similares a las de Eurodad, el director ejecutivo de Oxfam Internacional, Chema Vera, notó en octubre que “el FMI ha alertado de un fuerte repunte de la desigualdad a resultas de la pandemia. Y, sin embargo, está guiando a países a pagar los gastos de ésta mediante recortes que van a exacerbar la pobreza y la desigualdad. Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ingresos mientras buscan trabajo, y podrían frustrar la ilusión de una recuperación sostenible”.
También en octubre, más de 500 organizaciones, incluida Human Rights Watch, hicieron una llamada al FMI a “repensar las condiciones que está imponiendo en sus préstamos en la era de la Covid-19”, alertando que el organismo monetario ya “ha empezado a bloquear países en programas de larga duración condicionados a una austeridad que amenaza con agravar la pobreza y la desigualdad y con socavar los derechos económicos y sociales”.
Por otro lado, Eurodad alerta que más de 50 de los 81 Estados que han recibido créditos del FMI van a llegar a 2023 con niveles de deuda y pagos por su servicio muy superiores a los actuales. De estos, 30 incluso deberán destinar cada año a ese concepto una suma igual a la del paquete desplegado este 2020 para hacer frente a la crisis de la Covid-19.
Así, la red vaticina que esta sacrosanta priorización del pago de la deuda y de la austeridad va a minar el desarrollo de estos países durante toda esta década, dejando fuera de alcance compromisos como los del Acuerdo de París sobre el clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) previstos para 2030. En esta línea, solo 20 de los informes técnicos del FMI hacen referencia al cambio climático, solo siete a los ODS y tan solo uno, en Samoa, llama a considerar el cambio climático a la hora deevaluar el pago de la deuda.
Por ello, Daniel Munevar, autor del estudio anterior, criticó el “dramático fracaso del FMI y la comunidad internacional al responder a la pandemia. Las medidas adoptadas quedan muy cortas con respecto a los esfuerzos necesarios para satisfacer el nivel de necesidad en el sur global. Las proyecciones y las recomendaciones de consolidación fiscal del FMI marcan el tono de otra década perdida de desarrollo [en estos países]”.
Por si no fuera suficiente, Munevar advierte que el FMI está además pecando de optimista en sus proyecciones futuras recogidas en los informes para aprobar los préstamos, lo que podría resultar en un “fallo político con repercusiones potencialmente catastróficas”.
En su lugar, Eurodad sugiere que la respuesta a la pandemia sitúe “los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la igualdad de género y la justicia climática en el centro”. Y en concreto, la organización recomienda cinco acciones. Primero, acabar con la austeridad y priorizar la recuperación mediante, entre otros, un aumento de la dotación de derechos especiales de giro (DEG), una moneda de reserva internacional creada por el propio FMI que ya se utilizó en la crisis financiera de 2008 y que evita tener que recurrir a préstamos; un incremento de la asistencia al desarrollo; y la lucha global de prácticas como la evasión fiscal. Segundo, evaluar la asistencia financiera del FMI y sus implicaciones de forma sistemática y revisar la que se ha aprobado recientemente. Tercero, revisar del todo sus análisis de sostenibilidad de deuda para incluir explícitamente los objetivos de desarrollo sostenible y climáticos, los derechos humanos y la igualdad de género. Cuarto, desarrollar una iniciativa para el alivio de deuda posterior a la pandemia que incorpore las cuestiones anteriores e incluya una amplia cancelación. Y quinto, impulsar la creación de un marco multilateral bajo los auspicios de la ONU para reestructurar la deuda. El medio millar de organizaciones que llamaron al FMI a revisar las condiciones que está imponiendo en plena pandemia ofreció una batería de recomendaciones similar a la de Eurodad.
Corrupción
A corto plazo, incluso la fuerte expansión del gasto que muchos Estados han asumido para sufragar las medidas para enfrentarse a la pandemia ha hecho saltar alarmas por la falta de transparencia de muchos de ellos antes de la crisis y el consecuente poco margen para controlar ese gasto extraordinario. En este sentido, hasta cuatro quintas partes de los 117 gobiernos evaluados por el Open Budget Survey (OBS) en 2019 no alcanzaron el umbral mínimo del nivel de transparencia en sus presupuestos que el OBS considera adecuada.
Uno de los aspectos en los que esta opacidad de los gobiernos es más preocupantees la propia contracción de deuda, en particular si esta se dispara rápidamente como ahora. El OBS nota que la mayoría de gobiernos crediticios no tienen vías sistematizadas de hacer públicos los créditos que emiten, e incluso cuando lo hacen, información relevante como los tipos de interés o los calendarios de pago se mantienen en secreto, en una dinámica que suele reproducirse también en el caso de los préstamos de bancos comerciales.
Con el gasto público se produce algo similar. Aunque la OBS observa que muchos países publican información de su gasto público total desglosado por sectores, pocos ofrecen detalles respecto a los programas o actividades concretos a los que se acaban destinando. Esta situación es especialmente alarmanteen el sector de la sanidad, para el que existe a menudo también poca información, ya que, en plena pandemia, es difícil determinar dónde, cuánto, cuándo y a quién se van a destinar los recursos extraordinarios.
“El grado de eficiencia con el que los gobiernos usan recursos públicos, y dónde los van a destinar, determinará cuántas vidas se salvan, cuánta gente cae en la pobreza, y la forma de la sociedad que emerja. Estas decisiones son demasiado importantes para ser hechas de forma opaca y sin feedback público”, ha señalado Sally Torbert, investigadora en el International Budget Partnership, centrado en potenciar presupuestos más participativos.
A fin de aumentar la transparencia, la OBS recomienda que, en un plazo de cinco años, los gobiernos pasen a publicar información accesible y oportuna sobre cómo generan, asignan y gastan los recursos públicos; creen oportunidades para que la ciudadanía, y en especial las comunidades marginadas, contribuyan al proceso presupuestario; y fortalezcan el control y la fiscalización de la ejecución de los presupuestos a través de instituciones independientes. En su artículo, Torbert sugiere unas medidas similares.
Inevitablemente, esta falta de transparencia deja el terreno fértil para que se produzcan prácticas corruptas, tanto en relación a los préstamos que están contrayendo los gobiernos y a su uso, como al despilfarro de fondos públicos. Organizaciones como Transparencia Internacional han alertado de que esta posibilidad es aún mayor en momentos en los que se adoptan medidas extraordinarias, como el actual, ya que se suelen eludir incluso los mínimos controles habituales, lo que disminuye la capacidad de control de la ciudadanía.
El Banco Mundial ha señalado transferencias de dinero, subsidios de emergencia, velar por la seguridad pública y la distribución de comida como medidas con riesgos de corrupción. Pero las posibilidades son igualmente ingentes en el sector sanitario, que TI estima que pierde 500.000 millones de dólares cada año a causa de la corrupción.
En el sector sanitario, TI detalla que las principales oportunidades para que se produzcan prácticas corruptas incluyen la adquisición de medicamentos y suministros a los sistemas de salud. Aquí, la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC) calcula que entre el 10% y el 25% del gasto mundial destinado anualmente a esta partida se pierde en corrupción. Y a nivel de la Unión Europea, el 28% de los casos de corrupción que se detectan en el sector sanitario están relacionados a la adquisición de equipos médicos. Transparencia Internacional también señala otros ámbitos igualmente vulnerables, como la opacidad alrededor de la disponibilidad de determinados fármacos, la carrera para dar con una vacuna o con un medicamento contra la Covid-19 y los riesgos de soborno.
Estas consecuencias nocivas, además, tienen un marcado sesgo de género, ya que afectan principalmente a las mujeres. En este sentido, ellas representan la gran mayoría del personal de atención sanitario y son quienes asumen los trabajos esenciales para mantener en funcionamiento la sociedad, lo que las hace particularmente vulnerables a corrupción y extorsión. Además, las mujeres se encuentran en gran medida ausentes de las posiciones de liderazgo político y experto, son más vulnerables a los efectos de la crisis económica, lo que aumenta la feminización de la pobreza, y existen numerosos indicios y testimonios de que las medidas de confinamiento aumentan la violencia machista.
Para atajar la corrupción en el sector sanitario, TI recomienda empezar por centrar los esfuerzos en comprender su funcionamiento, incluidas sus dinámicas de poder, incentivos y desincentivos de los actores involucrados, y las vulnerabilidades que permiten que la corrupción ocurra. Partiendo de esa base, la organización sugiere calcular la magnitud de la corrupción y sus impactos para establecer luego medidas de mitigación sólidas. A partir de ahí, Transparencia Internacional llama a desarrollar una agenda anticorrupción con prioridades claras que se concentren en las prácticas más comunes y negativas, en áreas con mayores posibilidades de éxito, y a considerar los efectos colaterales que las medidas puedan tener. Por último, TI sugiere hacer de la agenda anticorrupción parte integral de la planificación del sector.
