(Leon Neal/AFP/Getty Images)
(Leon Neal/AFP/Getty Images)

Las sociedades civiles toman el poder en el país a través de las redes sociales.

En tiempos de redes sociales la popularidad de los gobernantes se mide en followers, aunque la cifra poco dice del diálogo que el poder tiene con su entorno. Por caso, la anterior presidenta de Argentina, Cristina Fernández, contaba al final de su mandato con más de cuatro millones de seguidores en Twitter pero ese auditorio nunca presenció conversaciones. Sí usó (y sigue usando) ese espacio para descalificar críticas y datos de quienes no se ajustaran a su perspectiva. Sus principales dardos cayeron en consultoras que medían la inflación o la desocupación, académicos que investigaban pobreza y otros problemas sociales, organizaciones que denunciaban daños ambientales, prensa que publicaba versiones distintas a las gacetillas que circulaba su oficina de prensa.

Fernández planteó en sus años que solo un gobierno elegido por voluntad popular podía velar por el interés público y descalificaba por parcial y utilitario cualquier aporte externo, especialmente si provenían del ámbito privado. Incluso los clásicos institutos de pensamiento y discusión del partido peronista al que pertenece perdieron su protagonismo en pos de organismos dependientes (estructural, financiera o políticamente) de un Estado que marcó la impronta y los límites a la discusión de temas claves.

El Gobierno de Mauricio Macri sobreactúa en las redes con un estilo menos confrontativo, que busca demostrar que puede cumplir con su propuesta electoral de sumar a su Ejecutivo a personas de las más diversas extracciones, incluso sin experiencia política. Sus principales colaboradores provienen de think tanks partidarios como el grupo Sophia o la Fundación Pensar, y ha designado en puestos claves a profesionales del ámbito privado y a líderes de la sociedad civil. Los funcionarios salientes critican esos nombramientos, que tipifican peyorativamente como el “Gobierno de los ...