Durante un breve momento en los 80, Nauru, la república más pequeña del mundo, fue el país de más alta renta per cápita. Este Estado isleño del Pacífico, de unos 12 kilómetros cuadrados de extensión, sufre una grave crisis financiera que le sitúa al borde de la desaparición física y política. La esquilmación de sus abundantes fosfatos durante 50 años, unida a la falta de previsión de sus gobernantes, le han conducido a la bancarrota, según el último informe de la ONG británica Global Witness Tiempo para la transparencia.
El calentamiento del planeta, además, amenaza con sumergir bajo el Pacífico esta isla, situada a sólo 65 metros sobre el nivel del mar. "El océano se traga a mi país, y no son datos ni previsiones. La franja donde nosotros residimos se encuentra a dos metros escasos sobre el nivel del mar. Atrás se encuentra una porción de terreno que ha quedado seco y yermo, y delante nos espera una riada de dimensiones apocalípticas", declaró Kinza Clodumar, entonces presidente de Nauru, en la Cumbre del Clima de Kioto (Japón), en 1997.
Mientras el océano fagocita su tierra, los cerca de 10.000 naurenses soportan una vida difícil. La ausencia de tierras fértiles que cultivar y el descenso de las lluvias les obliga a importar todos sus alimentos, e incluso el agua potable. Debido al consumo excesivo de alimentos procesados
y la vida sedentaria (el número de automóviles llegó a superar al de personas), Nauru tiene una de las mayores tasas de diabetes y de obesidad del planeta.
Durante décadas un paraíso fiscal donde las sociedades offshore prácticamente no tributaban ni estaban obligadas a hacer públicas sus cuentas, este Miniestado obtuvo grandes y rápidos beneficios, pero no planificó su futuro. En los años buenos, sus gobernantes dilapidaban sus sueldos en casas de juego en Australia; ahora, como en el cuento le ocurre a la cigarra, el Estado está en bancarrota y ha dejado de pagar a sus acreedores, por lo que sus propiedades inmobiliarias en Australia son incautadas. ¿Cuáles son sus opciones? Pocas, entre ellas, autodisolverse y emigrar –Australia les ha ofrecido la isla de Curtis– o crear un casino en lo que quede a flote del país, gestionado por Canberra –en una nueva forma de deslocalización, la de la administración del Estado–, la cual, durante 10 años, distribuiría los beneficios del negocio entre los naurenses a cambio del 50% de las ganancias.
