Los países que consideran el adulterio como un crimen suponen una minoría en el mundo. La tendencia en las últimas décadas ha sido, de hecho, la progresiva descriminalización en un número considerable de países. Entre los últimos en hacerlo se encuentran Corea del Sur y Suráfrica en 2015 y Namibia en 2016. Sin embargo, todavía hay lugares en los que las legislaciones penales consideran el adulterio como un delito con sanciones que van desde una multa de escasa cuantía hasta la pena de muerte por lapidación. En la mayoría de ellos, por suerte, es raro que lleguen a instruirse siquiera los procesos penales y más infrecuente aún que lleguen a imponerse las penas máximas establecidas. Pero las legislaciones siguen vigentes y suponen una amenaza potencial que, en ocasiones, sí llega a concretarse en condenas severas. En el siguiente artículo ofrecemos un panorama de la situación del adulterio en muchos de los países en los que sigue siendo delito.

 

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Un grupo de mujeres protestan en Afganistán contra la violencia sobre las mujeres, tras una ejecución pública de una mujer acusada de adulterio. (Jawad Jalali/AFP/GettyImages)

Asia Meridional y el Índico: Afganistán o Irán presentan tibias mejoras, Birmania aumenta las penas

En Pakistán, las penas por cometer adulterio fueron eliminadas hace una década del Código Penal (basadas en las ordenanzas penales hudud). A finales de 2016, además, el Parlamento pakistaní aprobó una ley contra los crímenes de honor, tratando de reducir los cientos de asesinatos de mujeres que se producían al año. Sin embargo, en las denominadas zonas tribales siguen imponiendo su ley tribunales islámicos que aprueban las penas de muerte para los adúlteros, sean hombres o mujeres, aplicando la legislación penal islámica hudud. Las alianzas del nuevo primer ministro pakistaní, Imran Khan, con islamistas conservadores –y algunas de sus declaraciones de campaña- indican que podrían revertirse los progresos realizados, en el terreno legal, a favor del secularismo.

En India, la ley penal impone una pena de hasta 5 años de cárcel para el hombre que cometa adulterio, incluso si él no está casado. La mujer que sea considerada adúltera, sin embargo, no puede ser encarcelada. Además de impedir que las mujeres sean acusadas de cometer el delito, la ley les niega la capacidad penal de acusar a sus maridos de adulterio. Tanto asociaciones de hombres como de mujeres han reclamado en numerosas ocasiones que se elimine el artículo 497 del Código Penal, no sólo para descriminalizar el adulterio, sino también para eliminar el sesgo de género.

Varias sentencias recientes de la Corte Suprema india ya ha declarado que este artículo del Código Civil vulnera el derecho de igualdad reconocido en la Constitución. Hace unas semanas, sin embargo, el Gobierno indio respondió al pronunciamiento del Tribunal afirmando que no tiene la intención de descriminalizar el adulterio: si acaso, podría proponer una ampliación subjetiva del delito para convertir en sujetos de persecución penal también a las mujeres.

Bangladesh comparte con India el mismo Código Penal de base, promulgado por las autoridades coloniales inglesas en 1860, en el que se mantiene el ya mencionado artículo 497 estableciendo penas para el hombre que comete adulterio y librando a las mujeres.

Birmania cambió en 2015 el Código Penal colonial que compartía con India, Bangladesh y otras antiguas colonias. Con la publicación de la ley de la monogamia –dentro de un paquete de leyes religiosas y raciales– se aumentaron las penas por delito de adulterio –ya ilegal bajo el Código Penal de 1860- hasta los 7 años de prisión. La nueva legislación fue promocionada por los nacionalistas budistas con una clara finalidad de limitar la aplicación de la ley islámica de la minoría musulmana del país en lo relativo a la poligamia.

En Afganistán fue aprobado el año pasado un nuevo Código Penal que ha incorporado muchas medidas modernizadoras reclamadas por la ONU y otros organismos internacionales. El adulterio, sin embargo, sigue siendo delito, aunque se han reducido sus penas. También se han mejorado las medidas legales y forenses que permitirán que más crímenes de violación sean perseguidos adecuadamente como violaciones, evitando que muchas denuncias por violación terminen, como hasta ahora, en acusaciones de adulterio ante las dificultades probatorias con las que se encuentran las denunciantes. Uno de los principales obstáculos para las reformas legislativas progresistas en Afganistán reside en el artículo 3 de la Constitución aprobada en 2004, que establece que ninguna disposición legal del país podrá contravenir las resoluciones de la “sagrada religión del islam”. Fue una Carta Magna de consenso que tendrá que ser revisada si se quiere avanzar en el camino reformista igualitario.

En 2013, una revisión del Código Penal iraní cambió el artículo sobre el adulterio: se mantiene la pena máxima de lapidación en casos de casados, salvo “cuando no sea posible” ejecutar la condena, una fórmula que, por su ambigüedad, deja margen al juez para evitar la pena máxima. En ese caso, el magistrado podrá decidir qué condena impone a los acusados. En uno de los últimos casos conocidos de condena por adulterio, una mujer casada fue sentenciada en 2017 a recibir 74 latigazos y a cumplir un período de 2 años de servicios en una morgue lavando cadáveres.

 

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Una mujer es golpeada en público en el estado de Aceh, Indonesia, tras ser acusada de compartir tiempo con un hombre que no era su marido, algo prohibido por la sharia. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Algunos países del Sureste Asiático endurecen sus castigos

La ley filipina distingue entre adulterio y concubinato. En Filipinas, el adulterio lo comete la mujer casada que mantenga relaciones con un hombre que no sea su marido pudiendo cumplir un pena de hasta 6 años de cárcel, al igual que su pareja en el delito. La mujer podrá afrontar una condena incluso si ha sido abandonada por su marido (el divorcio no es legal: lo era en varias tribus antes de la llegada de los españoles). Sin embargo, el hombre casado que mantenga relaciones con una mujer que no sea su esposa se enfrentará como máximo a una condena de 4 años (su concubina, únicamente, recibirá una orden de alejamiento). En unas declaraciones recientes, el presidente, Rodrigo Duterte, defendió el derecho de los hombres a mantener concubinas, aunque no entró en el debate sobre si debía descriminalizarse el delito, y mucho menos sobre la disparidad de consecuencias penales que afrontan el hombre y la mujer casados.

El pequeño país de Brunei reformó su código penal en 2014 para introducir la aplicación de las disposiciones penales de la sharia, más estrictas, las reglas penales hudud. El sultán de Brunei anunció entonces que la implementación de estas disposiciones –que incluyen penas de lapidación para los condenados por adulterio o relaciones homosexuales- se realizaría en tres fases. La primera comenzó en 2014, cuando empezaron a aplicar las relativas multas y condenas de prisión por embarazos extramatrimoniales (o no atender a los rezos de los viernes), y en los años sucesivos se van a ir incluyendo los castigos corporales (latigazos o amputaciones), hasta introducir finalmente, en la tercera fase, las penas de muerte. Tras varios retrasos en el calendario de aplicación, se prevé que en 2020 entren en vigor las penas capitales por adulterio para las personas casadas o de 100 latigazos para las no casadas. La aplicación incluirá tanto a musulmanes como a practicantes de otras religiones (el 10% de la población es cristiana).

A finales de 2017, la Corte Suprema de Indonesia rechazó la propuesta de un grupo conservador de corte religioso islámico (que han aumentado su poder en estas cuestiones en los últimos años en el país), para criminalizar el sexo extramatrimonial entre personas no casadas; y remitió al legislador como el único capaz de cambiar la ley en este sentido. Es precisamente esta posibilidad, un voto en el Parlamento, la que asusta a grupos de derechos humanos ya que Indonesia cuenta con la población musulmana más grande del mundo. El Parlamento está ultimando una reforma del Código Penal que podría criminalizar la cohabitación de parejas no casadas, los actos homosexuales e introducir penas de cárcel más severas para el sexo extramatrimonial de personas casadas. El actual Código Penal considera un crimen el adulterio cometido por personas casadas, sea con otra persona casada o con una soltera, con penas iguales para hombres y mujeres de hasta nueve meses de prisión. La reforma propuesta incluiría en el delito de adulterio cualquier relación sexual fuera del matrimonio, con una pena de hasta cinco años de cárcel. A la región indonesia de Aceh, las autoridades de Yakarta ofrecieron un estatus especial hace ya casi veinte años que permite, entre otras cosas, que la ley penal se pueda aplicar en base a disposiciones religiosas contenidas en la sharia. Hasta 2014 los adúlteros podían ser sentenciados con penas de muerte por lapidación. Ese año se eliminó la lapidación y se limitó la pena por adulterio –y también por relaciones homosexuales- a un máximo de 100 latigazos. Es la regulación que sigue vigente.

 

Taiwán el último país en Asia Oriental donde el adulterio sigue siendo un delito

Tras la despenalización del adulterio en Corea del Sur en 2015 (en Corea del Norte no es delito), Taiwán es el único país asiático desarrollado que contempla el adulterio en su Código Penal. A pesar de las diversas peticiones en los últimos años por parte de las organizaciones internacionales, expertos locales y asociaciones de mujeres solicitando la descriminalización, desde el Ministerio de Justicia se ofrece la misma respuesta: aún no existe el consenso social necesario.

El artículo 239 del código penal taiwanés condena a las personas casadas que comentan adulterio a una pena máxima de prisión de 1 año. Esa misma pena se podrá imponer a la persona con quien cometa el delito. Basándose en los estudios disponibles, desde las asociaciones feministas critican que en la práctica las mujeres terminan padeciendo más los rigores de este arcaico artículo (una tendencia que, por cierto, se comprueba en la inmensa mayoría de los países comentados en este artículo). El año pasado se instituyó un comité en el Congreso para estudiar diversas reformas del sistema de justicia en el que diversos partidos querían incluir el adulterio como reato susceptible de reforma. Hasta la fecha no se ha logrado el acuerdo político.

 

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Un grupo de personas protesta en Sri Lanka contra la decisión de las autoridades saudíes de condenar a muerte a una mujer de Sri Lanka acusada de cometer adulterio. (Lakruwan Wanniarachchi/AFP/Getty Images)

Discriminación de género en Oriente Medio y Península Arábiga

La ley islámica que se aplica en Arabia Saudí penaliza el adulterio, distinguiendo si es cometido por personas casadas o por solteros. En el caso de las personas casadas, la sentencia puede comportar la pena de muerte mediante lapidación. Mientras que si son personas solteras pueden recibir una condena máxima de 100 latigazos. La ley se aplica también a los extranjeros residentes en el país. En 2015, una inmigrante de Sri Lanka, casada, fue condenada a muerte por lapidación tras haber sido declarada culpable de cometer adulterio con un nacional, soltero, que fue condenado a recibir 100 latigazos (gracias a la presión de las autoridades de Sri Lanka, la sentencia de la mujer fue reducida en apelación a 3 años cárcel).

El código penal de la Federación de Emiratos Árabes Unidos se remite a la sharia para juzgar actos como el adulterio. Los jueces y tribunales tienen un amplio margen de decisión a la hora de aplicar la pena, existiendo también particularidades en función del emirato del que se trate: en teoría podría llegar hasta la pena de muerte por lapidación, aunque no hay registros recientes de estas condenas impuestas por adulterio. Los extranjeros condenados por adulterio y residentes en los emiratos suelen ser deportados tras el cumplimiento de las penas.

El Código Penal de Yemen incluye la misma disposición islámica sobre el adulterio que aplican sus vecinos: para adúlteros no casados 100 latigazos, con posibilidad de una condena de cárcel que no exceda del año. Si el adúltero -o adúltera- está casado se establece la muerte por lapidación. En las zonas controladas por Al Qaeda en Yemen se han reportado en los últimos años lapidaciones públicas de adúlteros.

En Egipto el adulterio está considerado un delito penal tanto para hombres como para mujeres. Pero las diferencias de las condenas y de las circunstancias son considerables. Como explica el investigador y experto en Oriente Medio y Asia Meridional, Juan Cole, comentando las discriminaciones de género en la ley egipcia, una mujer casada podrá ser acusada de adulterio si lo comete en cualquier lugar y con quién sea. Su marido, sin embargo, sólo podrá ser culpado si realiza el crimen en la casa familiar. Sólo en ese caso, el hombre podrá enfrentar una pena de cárcel de hasta seis meses, mientras que la mujer adúltera podrá pasar hasta dos años. Las codenas son también distintas en caso de asesinato cometido tras sorprender al cónyuge: sólo la mujer será procesada por asesinato intencionado. A finales de 2016, una parlamentaria egipcia cristiana, planteó en el Parlamento una reforma de la legislación sobre el adulterio. Sin pretender descriminalizarlo, propuso tan sólo equiparar las condenas entre hombres y mujeres. Su propuesta recibió críticas intensas desde movimientos políticos religiosos y no progresó en su camino parlamentario.

Al igual que en Egipto, en Jordania (cuyo código penal se usa en Palestina), Líbano y Siria el adulterio también es delito y comporta penas distintas para hombres y mujeres.

 

Estados Unidos, único país del continente americano donde el adulterio está penado

Estados Unidos es el único país del continente americano en el que el adulterio está considerado aún como delito en 21 de sus estados. En algunos de ellos, como en Maryland, comporta una sanción mínima de multa de 10 dólares, mientras que en otros, como Idaho o Wisconsin, puede suponer penas de cárcel de varios meses hasta los 3 años y medio. Los procesos penales por adulterio son inhabituales, y la figura penal se usa sobre todo para reforzar las peticiones de una de las partes en los procesos de divorcio. En los últimos años, varios estados han eliminado la consideración de delito para el adulterio. El último estado en descriminalizarlo fue New Hampshire en 2014. En otros, la reforma legal, de leyes que en muchos casos cuentan con más de dos siglos, se ha ido retrasando hasta hoy. Además, sin ser delito en el ámbito castrense, el adulterio puede ser causa para el licenciamiento sin honores de los militares.

 

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Guardias de seguridad en la puerta del Tribunal de la sharia del estado Katsina, en Nigeria, esperan a la decisión tras la apelación de una mujer condenada a ser lapidada por adulterio. (Pius Utomi Ekpei/AFP/Getty Images)

África subsahariana oscila entre el endurecimiento y la moderación de las penas

El adulterio no es delito en los estados del sur de Nigeria, pero desde el año 2000 varias regiones del norte han integrado las disposiciones penales de la sharia en sus ordenamientos, incluido el delito de adulterio, que puede recibir una condena de prisión, latigazos o incluso la pena de muerte por lapidación. La Constitución nigeriana permite a los diversos estados la creación de tribunales regidos por la ley islámica. En algunos de ellos donde se aplican estas leyes opera Boko Haram, grupo que también impone las penas más severas en casos de adulterio.

En Somalia, el Código Penal vigente, de 1962, establece una condena por adulterio de hasta 2 años de cárcel. La Constitución de la autodeclarada independiente Puntland asume la sharia como base de su legislación. Mientras que en Somalilandia la ley islámica no se aplica para el adulterio, aunque sí para otros reatos como el consumo de alcohol y drogas (con excepción del qat). Las últimas lapidaciones y flagelaciones registradas en años recientes debido a condenas por adulterio, se han producido en territorios controlados por milicias islámicas, como Al Shabab.

El crecimiento demográfico y los embarazos no deseados son las razones aducidas por el Gobierno de Burundi para la última reforma del Código Penal en 2017, que ha pasado a penalizar el concubinato con una multa de entre 50 mil y 100 francos burundeses (entre 25 y 50 euros, una cifra elevada para la mayoría de ciudadanos). La sanción podrá doblarse en caso de personas multadas que continúen sin legalizar su situación. El adulterio sigue sujeto a la pena del anterior Código Penal de entre 20 mil y 100 mil francos. Esta misma multa será impuesta a los que cometan poligamia o poliandria, más una posible pena de cárcel de entre 6 meses y 2 años. Ruanda, el país vecino, acaba de aprobar en junio una reforma del Código Penal que aumenta el carácter penal del adulterio: el perdón del esposo o esposa hacia su cónyuge adúltero no detendrá necesariamente el proceso penal, como hasta ahora. La condena de cárcel puede ir de los 6 meses al año (o hasta los 2 años en caso de bigamia, más una fuerte multa, al igual que para los culpables de cohabitación).

Camerún (dos tercios de su población son cristianos) reformó su Código Penal en 2016 para igualar las penas por adulterio para hombres y mujeres. Ahora ambos podrán ser considerados adúlteros tanto si cometen el delito en el domicilio conyugal o fuera: una condena de cárcel de entre 2 a 6 meses y una multa de desde los 25 mil a los 100 francos CFA (entre 40 y 150 euros). Se ha perdido una buena ocasión, según el colegio de abogados del país, para despenalizar un delito anacrónico. En la República Democrática del Congo, sin embargo, es un crimen con distintos derechos para hombres y mujeres: los primeros pueden denunciar a sus mujeres que cometan adulterio en cualquier lugar, mientras que las mujeres sólo podrán denunciar a sus maridos en el caso de que sea en el hogar conyugal.

El nuevo Código Penal de Benín, aprobado el pasado junio, ha remediado la disparidad de condenas para hombres y mujeres adúlteros. Desde la reforma, ambos podrán ser condenados como máximo al pago de una multa. En Senegal, la pena por cometer adulterio también es como máximo de una sanción monetaria. Sin embargo, el principal problema de muchas mujeres senegalesas en relación con su sexualidad va más allá del adulterio. Varios casos recientes de infanticidio han reabierto el debate sobre un problema que también existe en la mayor parte de los países en los que el adulterio es delito: la penalización del aborto. Los elevados casos de infanticidios, cometidos en especial en zonas con alta emigración masculina por esposas que se quedan en el país (con algunos casos también de mujeres violadas), han reabierto el debate sobre el clima moral y la consideración penal tanto del adulterio como, sobre todo, del aborto.

 

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Mujeres sudanesas en la prisión de Rumbek, tras ser condenadas a cinco meses de prisión por adulterio. (Simon Maina/AFP/Getty Images)

Multas, cárcel o condenas de muerte (poco habituales) y alguna revisión en los códigos en el Magreb y Sahel

El pasado 14 de julio, día nacional de Francia, una empresaria francesa fue arrestada en Marruecos acusada de haber cometido adulterio con un hombre marroquí casado, quien también fue detenido. La mujer permaneció varias horas en las dependencias policiales, hasta que fue liberada bajo fianza. Como no se le retiró el pasaporte, tomó el primer avión hacia Francia y será juzgada en rebeldía. El Código Penal marroquí criminaliza el adulterio con una pena de entre 1 y 2 años, tanto para el hombre como para la mujer. Aunque este delito no suele llegar a los tribunales, organizaciones de derechos humanos han denunciado la aplicación de este artículo con motivaciones políticas, por ejemplo, en el caso del periodista de investigación Hicham Mansouri, condenado a 10 meses en 2015.

Aunque en 2016, la ley penal argelina fue revisada para introducir el delito de violencia contra la mujer, eliminando la eximente de asesinato cometido si se sorprendía al cónyuge cometiendo adulterio, el delito de adulterio sigue, sin embargo, vigente en el Código Penal con una condena de entre uno y dos años para el hombre o mujer culpables y sus compañeros. Más severas son las penas que pueden llegar a imponerse en Túnez: hasta cinco años de cárcel para el marido o la esposa adúlteros y una multa de 500 dinares (160 euros). El debate público sobre la naturaleza penal del adulterio se reaviva periódicamente, pero no se ha traducido aún en una descriminalización.

Una condena establecida también en el Código Penal libio desde 1973: cárcel de hasta 5 años. Este establece además que el hombre que sorprenda a su mujer, su hija o hermana cometiendo adulterio será detenido, sin especificar duración, pero con un límite de 2 años.

En Sudán del Sur el Código Penal establece que los adúlteros serán condenados en base a las costumbres de la tribu de la parte agraviada –marido o esposa-, con la posibilidad de una pena sustitutiva de hasta dos años de prisión o con una multa (o con ambos). Hace unos meses, el presidente sursudanés, Salva Kiir, afirmó que la separación de los dos países, confirmada en 2011, se debió a la insistencia de las autoridades de Jartum de imponer la sharia en todo el territorio nacional. En Sudán la legislación aplicable al adulterio es la misma que en otros países que se rigen por una ley islámica estricta: hasta 100 latigazos para los no casados y pena de muerte por lapidación para los casados. El único avance logrado con referencia al (amplio) delito de zina (en el que se incluye el adulterio) se produjo en 2015, cuando se modificó la ley para precisar el delito de violación, y tratar de evitar que las mujeres que denunciasen una violación terminasen siendo condenadas por adulterio. La misma condena se encuentra recogida en el Código Penal de Mauritania: 100 latigazos (más prisión de hasta 1 año) en caso de personas solteras y hasta muerte por lapidación en el caso de las casadas. Esta pena máxima no es habitual, aunque en 2017 un tribunal de la capital, Nuakchot, se la impuso a una mujer encontrada culpable de haber cometido adulterio (pendiente de ejecución).

En el resto de países del Sahel, el adulterio es considerado también delito, aunque las condenas se apartan de la sharia e imponen cárcel (hasta los 2 años) y multas económicas. Es la situación penal que pueden enfrentar los adúlteros en Burkina Faso, Níger (con las penas más livianas), Chad y Malí (aunque en algunas regiones de estos países operan tribunales islámicos, relacionados con grupos terroristas, que sí pueden imponer penas acordes con la hudud, latigazos y hasta lapidación).

Turquía: ¿vuelta al pasado?

A comienzos de este año, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, realizó unas declaraciones en las que afirmó que no descartaba volver a criminalizar el adulterio en la legislación penal. Según él, Turquía había cometido un error en 2004 al descartar un proyecto de ley en el que se pretendía volver a convertir en delito el adulterio debido a las exigencias de la Unión Europea en el marco del proceso de adhesión del proyecto comunitario. El adulterio había sido descriminalizado en Turquía en 1996. De momento, esas declaraciones no han tenido un ulterior recorrido legislativo. El partido de Erdogan ha tratado en los últimos años de lograr cambios legislativos criticados por asociaciones de derechos humanos al considerarlos como un claro retroceso. En 2016, por ejemplo, realizaron una propuesta de ley que pretendía evitar la condena a los violadores de mujeres de 18 años si aceptaban casarse con sus víctimas. Ese mismo año, el presidente declaró que las mujeres que rechazan la maternidad se convierten en “imperfectas e incompletas”. Está por ver si sus declaración sobre la posible recriminalización del adulterio se queda en una boutade de cara a la galería de sus seguidores más retrógrados o logra llegar al Parlamento en los próximos meses.