África no acaba de vencer la homofobia, pero está más cerca

Refugiados del colectivo LGTB que provienen de Sudán del Sur, Uganda y República Democrática del Congo de camino a Nairobi, Kenia. YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

La decisión del alto tribunal de Botsuana de despenalizar las relaciones homosexuales supone un espaldarazo a la lucha del colectivo LGTBI en África frente a los varapalos sufridos en Kenia con la resolución judicial que mantiene las penas de prisión y el fallecimiento del escritor y activista Binyavanga Wainaina. Pese a las dificultades, la lucha por los derechos LGTBI en el continente avanza imparable. Son ya más de una veintena de países africanos los que han plantado cara a la homofobia.

En 2019, las estaciones para el movimiento LGTBI en África las marcan las resoluciones judiciales. Lo que va entre la decisión del Tribunal Superior de Kenia de no revocar las penas de hasta 14 años de prisión para las relaciones homosexuales a la sentencia opuesta y liberadora de su homólogo en Botsuana. Entre medias, un debate que se ha extendido por todo el continente: de un lado los que, encabezados por las congregaciones católicas, protestantes, evangélicas, así como por los líderes musulmanes, arguyen que la homosexualidad no tiene cabida cultural en el continente. Que ni siquiera existe en muchas lenguas autóctonas una palabra para definirla. De otro, con activistas pero también intelectuales y defensores de los derechos humanos al frente, los que defienden que se trata de algo tan consustancial a la tradición africana que nunca hasta la llegada de los colonizadores fueron perseguidas las relaciones entre personas del mismo sexo o el travestismo.

“La idea de que la homosexualidad no es algo africano no tiene ninguna base. De hecho, lo que no es africano es una ley contra las relaciones entre personas del mismo sexo”, sentenciaron los académicos en derecho constitucional Jill Cottrell Ghai y Yash Pal Ghai en un controvertido artículo publicado en la prensa keniana.

Hace algo más de un siglo, antes de la colonización masiva del continente, los matrimonios entre mujeres no eran algo infrecuente. Se han documentado más de una treintena de tribus en África con prácticas similares. En la comunidad Maale, en Etiopía, el sexo entre hombres era también parte de la vida cotidiana, mientras que en Uganda, donde la existencia de mujeres transexuales entre las tribus originarias del país está probada, el rey Kabaka Mwanga, que gobernó en la década de 1880, era bisexual, según las últimas investigaciones históricas.

Tras la independencia, buena parte de las antiguas colonias heredaron como base legal los códigos penales de la metrópolis en los que las relaciones entre personas del mismo sexo eran consideradas un delito de sodomía. De los 72 países que todavía criminalizan la homosexualidad en el mundo, 38 de ellos pasaron durante alguna etapa de su historia por la dominación británica.

Aunque la persecución legal contra el colectivo homosexual fue revocada hace más de 50 años en las islas británicas y en 2013 fueron aprobados los matrimonios entre personas del mismo sexo, el legado homófobo sigue presente en sus antiguas colonias. En la legislación de Egipto, Zimbabue, Ghana, Kenia o Sudán, donde basta para ser condenado a muerte, pero sobre todo en la impronta psicológica de sus sociedades: una investigación realizada en 2013 por Pew Resercher Center revelaba que el 98% de la población de Nigeria, el 96% en Senegal, Ghana y Uganda, y el 90% en Kenia creía que la homosexualidad no debería ser aceptada socialmente.

Hoy, el continente es testigo de esta batalla, dialéctica pero también física en forma de agresiones y persecuciones a causa de la identidad de género, entre los que se niegan a dejar atrás las creencias en las que fueron educados y los que pretenden educar en las creencias de lo que siempre fue África. Estos son cuatro escenarios de una confrontación con resultados desiguales:

Botsuana y Angola, un paso adelante

Pósters colocados en una acera próxima a la Corte que ha descriminalizado la homosexualidad en Botsuana. TSHEKISO TEBALO/AFP/Getty Images

“La dignidad humana queda dañada cuando las minorías son marginadas (…) La orientación sexual es un atributo fundamental de la personalidad”, explicó el magistrado Michael Leburu minutos antes de emitir una histórica sentencia que dejaba sin efecto las secciones 164 y 165 del Código Penal de Botsuana, aprobado en 1964, que criminalizaba con penas de hasta siete años el “conocimiento carnal contra natura” y “los actos indecentes entre personas”.

Aunque la decisión fue pospuesta en marzo y contaba con el precedente negativo de lo ocurrido en Kenia, el alto tribunal de Botsuana, una de las democracias más estables del continente, apostó por avanzar en el reconocimiento de derechos: “El Estado no puede actuar como un policía en las camas de la gente”, señaló Leburu.

De esta manera, Botsuana se ha convertido en el último Estado africano en despenalizar la homosexualidad. Son ya 22 los países libres de persecución homófoba. El pasado mes de enero y tras un lustro de encendidos debates, Angola había sido el anterior en sumarse tras aprobar un nuevo Código Penal en el que se despenalizaba la homosexualidad y se autorizaba el aborto en casos de peligro de vida o salud para la madre o de violación.

La anterior norma coercitiva, en vigor desde 1886 y no reformada en ningún momento tras la independencia de Portugal en 1975, contemplaba penas de cárcel de seis meses a tres años para quienes practicasen “actos contra natura”, el subterfugio legal bajo el que se criminalizan habitualmente las relaciones entre personas del mismo del sexo. El nuevo marco legal incluye además penas de hasta dos años de prisión a quien se niegue a contratar o a atender a una persona en base a su orientación sexual.

Un importante “paso adelante”, en palabras del responsable del programa LGTB de HRW, Graeme Reid, porque “si bien no ha habido enjuiciamientos bajo esta ley, disposiciones como esta restringen los derechos y libertades de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), sometiendo sus vidas íntimas a un examen injustificado (…) Las leyes de la época colonial que prohíben la relaciones entre personas del mismo sexo suponen además un apoyo tácito a la discriminación contra las minorías de género y sexuales, contribuyendo a un clima de impunidad”.

Angola no es la única excolonia portuguesa que ha dejado atrás el puritanismo importado de su antigua metrópolis. Cabo Verde en 2004, Sao Tome y Príncipe en 2012 y Mozambique en 2015 lo hicieron con anterioridad. A diferencia de este último país, donde la mayor organización en defensa de los derechos del colectivo, Lambda, puede operar libremente pero carece de reconocimiento legal, Angola sí ha autorizado el registro de Iris Angola, convertido ya en principal portavoz de los derechos LGTBI.

Queda ahora por normalizar el papel público del colectivo. Acabar con las discriminaciones laborales o las críticas en redes sociales, resumidas en el rol de Imanni da Silva, una de las primeras modelos transgénero en triunfar en el continente y que se ha convertido en un icono, para lo bueno y para lo malo, del nuevo tiempo que se abre en Angola.

Kenia y Uganda, un paso atrás

Un viernes de marzo de 2014, el activista Richard Lusimbo se encontró con una foto suya en el periódico. “Los 200 homosexuales más importantes de Uganda, ¡al descubierto!”, decía el titular. Tuvo que borrar sus cuentas en las redes sociales y apagar el teléfono. Las amenazas de muerte no dejaban de llegar. Cuatro años antes, después de que otro medio revelase otra lista con nombres de activistas LGTBI, David Kato, uno de los principales iconos del movimiento en África fue asesinado en su vivienda de Kampala. Las autoridades lo atribuyeron a un robo, pero la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos censuraron lo ocurrido.

Un lustro después, la realidad del colectivo LGTBI en Uganda es sin duda peor. El último informe de Sexual Minorities of Uganda (SMUG) habla de 264 ataques documentados en 19 meses, entre ellos 35 desalojos forzados por los arrendadores al no querer tener “personas homosexuales en sus propiedades”. “La dueña quería que me fuera ese mismo día, pero le supliqué me diera una semana porque no tenía a donde ir (…) Hace 11 días puso un candado y dejó mis cosas dentro. Al cabo de dos días, cuando volví, las había sacado afuera. Un vecino me avisó. Ahora toda la gente del barrio conoce mi sexualidad y no me quieren allí. Ahora duermo en un lugar diferente cada dos días”, relata Iván, de 24 años, en uno de los testimonios recogidos por la ONG.

Un activista del colectivo LGTB lleva un pin contra la homofobia en Kenia, SIMON MAINA/AFP/Getty Images

Más allá de los números de agresiones, esta realidad resume la persecución a la que son sometidos gais, lesbianas y transexuales en Uganda. Desde la familia hasta su puesto de trabajo. “Aquí la gente vive en comunidad: si sales del armario lo tienes que hacer para toda la comunidad, para tus primos, para la iglesia…Por eso muchos padres piden a sus hijos que no lo hagan público, porque no quieren ser señalados como malos padres ni perder el respeto de sus vecinos”, explica Lusimbo, quien tras exiliarse en Estados Unidos ha vuelto a Uganda a pelear por los derechos del colectivo LGTBI. Por su seguridad, ha tenido que cambiar de casa y evitar el transporte público en zonas donde lo puedan reconocer.

Amparado por la iglesia evangélica, el Gobierno del sempiterno Yoweri Museveni ha puesto a la minoría homosexual en su punto de mira, responsabilizándolos de la propagación del VIH en el país, donde hay ya 1,34 millones de enfermos, el 6,5% de la población adulta, y 50.000 nuevos contagios al año. Aunque el Tribunal Constitucional ugandés derogó ya en 2014 su polémica Ley Antihomosexual, la cual castigaba con cadena perpetua –e incluso con penas de muerte en los casos más extremos – las relaciones entre personas del mismo sexo, el Gobierno no ha dejado de alimentar la persecución promoviendo nuevas propuestas legislativas y permitiendo detenciones arbitrarias, agresiones, chantajes y hasta linchamientos públicos.

“La hostilidad del Gobierno y la persecución al movimiento LGTB y a sus líderes ha continuado a pesar de que la ley fue declarada anticonstitucional”, señala la responsable de Human Rights Watch en la región, Maria Burnett: “demonizando la homosexualidad y desinformando deliberadamente al público, fomentando el odio sobre una comunidad vulnerable como estrategia para desviar la atención pública sobre los problemas de gobernanza”. El último caso en acaparar la atención internacional ha sido el de Stella Nyanzi, la famosa activista a quien el Gobierno trata de amordazar judicialmente después de sus polémicos artículos en redes sociales clamando contra la “vagina” que alumbró al Presidente. Lejos de lograrlo, la causa #FreeStellaNyanzi para la liberación de la premiada activista, encarcelada en una prisión de la capital, se ha convertido en un grito de cambio en el país.

Mientras activistas como Nyanzi o Lusimbo siguen luchando, celebrando clandestinamente el Día del Orgullo, poniendo en marcha clínicas especializadas u organizando el primer festival de cine Queer Kampala, otros muchos siguen huyendo de la persecución a la que son sometidos en su país. Kenia es su destino preferente.

El motor económico de África del Este tiene una posición paradójica respecto a los derechos del colectivo LGTBI: aunque el pasado mes de mayo el alto tribunal del país declinó despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, sí concede derecho de asilo a quienes lleguen a su territorio perseguidos por su orientación sexual. Existen dos campos de refugiados al norte del país, Kakuma, próximo a Uganda y Sudán del Sur, y Dadaab, cercano a Somalia, donde pueden permanecer legalmente. Un grupo de ellos ha acudido recientemente a Nairobi a protestar ante la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ante el incremento de las agresiones. Una veintena acabaron detenidos.

En contraposición a los países de su entorno, como Uganda o Tanzania, especialmente hostiles hacia la comunidad LGTBI, Kenia ha sido siempre un entorno más abierto: son famosas las fiestas gais de la capital y las asociaciones, legales desde 2015, organizan actividades sin generar controversia.

Un status quo que funciona mientras no desborda los marcos establecidos. Michael, un joven entrenador personal, habitual en las fiestas de la capital, puede pasar el fin de semana viendo series con claras referencias homosexuales en Netflix, pero no visionar legalmente Rafiki, la primera película keniana invitada a participar en el festival de Cannes. La cinta, una adaptación del premiado libro Jambula Tree de la ugandesa Mónica Arac, fue prohibida por el Consejo de Clasificación de Películas del país por su contenido lésbico. Lo único que consiguieron, subraya el joven, “es que la gente se afanase más por encontrar una manera de verla”.

Amparados en la Constitución aprobada en 2010, el movimiento LGTBI ha elevado la presión para conseguir un reconocimiento legal pleno, más allá de la libertad de facto de la que disfrutan en las áreas urbanas del país. Han conseguido victorias, como el fin de las revisiones médicas anales a hombres sospechosos de haber mantenido relaciones con otros hombres, pero esto los ha puesto también en el punto de mira. Según la National Gay and Lesbian Human Rights Commission (NGLHRC), se han producido más de 1.500 ataques homófobos desde 2014.

Por el momento, Kenia prefiere seguir moviéndose en un reconocimiento suave, a la espera de que a su muerte, el alegato de Binyavanga Wainaina, “Mamá, soy homosexual”, acabe por vencer cualquier recelo cultural impostado.

Suráfrica, dos pasos por delante pese a todo

La realidad del colectivo LGTBI varía tremendamente a lo largo del continente. Las regiones de África Occidental concentran la mayor animadversión. En regiones del norte de Nigeria donde rige la sharía está penado con pena de muerte. Como también en algunas regiones de Somalia o Mauricio. En Camerún, donde está castigado con hasta cinco años de prisión, circulan listas de homosexuales en redes sociales.

Dos miembros de la comunidad LGTB en Suráfrica, en la ciudad de Durban. RAJESH JANTILAL/AFP/Getty Images

En el otro extremo, Suráfrica parece un oasis. Desde 2006 está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo, celebraciones como las del Orgullo Gay en Ciudad del Cabo son un reclamo turístico internacional y hay proyectos pioneros de educación en igualdad. No obstante, quedan todavía muchos espacios por conquistar. Empezando por el del colectivo transgénero.

A día de hoy, siguen siendo las víctimas predilectas de un acoso escolar que se extiende hasta el mercado laboral. “La marginación de las personas transgénero se demuestra en el hecho de que muy pocos casos relacionados con sus derechos han llegado a los tribunales surafricanos”, resume en un artículo el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Ciudad del Cabo Pierre de Vos.

Las famosas protestas #RhodesMustFall que sacudieron la opinión pública surafricana en los últimos meses volvieron a dejar claro que la lucha transgénero no era una prioridad a la altura de otros colectivos dentro del espectro LGTBI. “Es hipócrita incluir al colectivo trans en las galerías públicas cuando no has hecho ningún esfuerzo para incluirlos en lo privado. Mentir es incluir a las personas trans cuando el mundo está mirando, pero borrarlos cuando el mundo ya no se preocupa”, critica la organización de la Universidad de Ciudad el Cabo Trans Collective.

Crear baños unisex en algunas universidades o emitir recomendaciones para que los alumnos transgénero elijan el pronombre con el que se siente más cómodos son modificaciones cosméticas, diluidas entre las verdaderas reclamaciones del colectivo: un currículum descolonizado también en lo referente a la identidad de género y la construcción de un entorno seguro libre de bullying y discriminación por parte de profesores y otros estudiantes. Esto es, enseñar a todos los miembros de la comunidad educativa a respetar su identidad sexual.

“Queda mucho por hacer”, señalan desde el colectivo Transgenderforum, otro de los grupos que se desmarcó de las protestas de estudiantes al entender que su presencia era meramente retórica. El primer paso sería “hacer cumplir la ley”. A diferencia de otros países de su entorno, Suráfrica sí tiene una legislación avanzada en la protección de los derechos LGTBI. Las fallas se encuentran en la aplicación de la misma, lo que abre la puerta a la discriminación escolar y laboral a las personas transgénero.

El reto, subraya el escritor Eusebius McKaiser en un artículo, es defender el respeto a la diversidad que ha situado al país a la vanguardia del continente. Ante las amenazas retrógradas, encarnadas en los postulados reaccionarios del African Christian Democratic Party, Suráfrica tiene que seguir avanzando. Al igual que con el racismo, sentencia McKaiser, la sociedad tiene que posicionarse contra la discriminación de género y dejar de escudarse en el “silencio”.