Por qué la disputa entre China y Japón es más grave de lo que se piensa.

 

AFP/Getty Images

 

La ola de manifestaciones antijaponesas que recorrió docenas de ciudades chinas el pasado fin de semana, provocada por la adquisición por parte de Tokio de tres islas en disputa, ha ocultado otro hecho tal vez más preocupante y que amenaza con arrastrar a los dos países a un conflicto más amplio: que China ha aprobado un marco legal que le otorga la potestad de expulsar navíos extranjeros que se encuentren en las conflictivas aguas del Mar de China Oriental.

Las tensiones más recientes entre la segunda economía del mundo y la tercera alcanzó una nueva cúspide la semana pasada cuando Japón anunció que estaba a punto de completar la compra de tres islas deshabitadas de un grupo de cinco situado en el Mar de China Oriental, que Japón denomina Islas Senkaku y China Islas Diaoyu. Aunque la medida pretendía evitar que las adquiriese el inflexible y nacionalista gobernador de Tokio, parece que Pekín no lo entendió así; además, el paso japonés no ha podido ser más inoportuno.

China reaccionó enseguida ante lo que consideró una nueva reivindicación de soberanía japonesa tomando una serie de medidas que los medios de comunicación estatales denominaron “golpes combinados”. Entre otras cosas, varios miembros del Politburó lanzaron enérgicas acusaciones contra Japón, el primer ministro Wen Jiabao prometió que “nunca cedería un centímetro”, se amenazó con represalias económicas e incluso se anunciaron ejercicios de combate conjuntos de la marina, la fuerza aérea y el cuerpo de misiles estratégicos de China, incluidos ejercicios de desembarco en el Mar Amarillo y el Desierto de Gobi.

Sin embargo, es posible que tenga más repercusiones a largo plazo una medida más discreta. El 10 de septiembre, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció las líneas de referencia para delimitar de manera formal sus aguas territoriales en la zona. En opinión de Pekín, dichos límites sitúan las islas en disputa en aguas chinas, al contrario de lo que dice Japón, que las administra desde hace cuatro décadas, desde que volvieron a estar bajo el control de su Gobierno en 1972.

Este paso se aparta de la política anterior de China, consistente en negociar con Japón para explotar de forma conjunta los recursos, y también se aleja de su estrategia en el Mar del Sur de China, donde mantiene una calculada ambigüedad y no aclara del todo qué extensión reclama como propia.

Esta reivindicación formal sin precedentes de los territorios en disputa obliga a China, según sus propias leyes -y ante el tribunal de la opinión pública interna- a imponer su jurisdicción en las aguas que rodean Diayou. Casi inmediatamente después de proclamar los nuevos límites, China envió seis buques del Servicio Chino de Vigilancia Marítima y Oceánica a las aguas en conflicto en lo que el Ministerio de Exteriores calificó de “una misión de defensa de nuestros derechos”. Para no ser menos, el segundo mayor organismo chino que tiene autoridad sobre el mar, la Administración de Pesca, anunció un plan para patrullar las aguas en disputa, empezando por la protección de 1.000 barcos de pesca chinos que acaban de zarpar hacia la zona.

La dura reacción de Pekín está dirigida tanto al público nacional como al internacional. Numerosos analistas chinos sospechan que la compra de las islas es un intento deliberado por parte de Japón de perturbar el desarrollo del inminente traspaso de poder en China y desestabilizar el país en un momento de vulnerabilidad. Hasta ahora, la sucesión ha estado ensombrecida por los escándalos que acabaron con dos antiguos aspirantes a altos cargos y por la inesperada desaparición del futuro presidente, Xi Jinping, durante varias semanas. Con el creciente malestar que provocan la desigualdad cada vez mayor entre ricos y pobres, la corrupción generalizada, el aumento de la inflación y los precios de la vivienda, y los rumores incontrolados sobre la desunión entre los dirigentes, en Pekín se piensa que no se puede dar la sensación de traicionar los intereses nacionales ante su enemigo histórico.

Sin embargo, esta explosión nacionalista limita considerablemente las futuras posibilidades de China de aplacar la situación. Pese a los esfuerzos del Gobierno para ejercer control y censura sobre la Red, Internet ha dado a los chinos un acceso sin precedentes a la información y las herramientas para difundir comentarios al instante, lo cual hace que a Pekín le sea más difícil controlar los sentimientos nacionalistas. Los usuarios de Internet pueden seguir el rumbo de los barcos chinos de la policía marítima a través de fotos por satélite, burlarse del Gobierno cuando se detengan justo antes de entrar en las aguas en disputa y exigir a Pekín el cumplimiento de unas promesas que quizá ha hecho en un momento de grandes presiones públicas pero guardándose la opción de aplicarlas o no en el futuro.

Como consecuencia, los dos grandes organismos chinos de vigilancia marítima, que ya rivalizan entre sí por tener más dinero e influencia en el Mar del Sur de China, han recibido ahora nuevas atribuciones para reafirmar la soberanía de su país en el Mar de China Oriental. Un antiguo responsable de vigilancia marítima dice que “el principal objetivo y deber” de China, después del anuncio sobre límites de referencia, es expulsar a los guardacostas japoneses de las zonas en conflicto.

Con más frecuencia de patrullas chinas en la zona y la presencia continuada del servicio de guardacostas japonés en las cercanías de las islas, habrá más riesgo que nunca de enfrentamientos en el mar. Aunque ya habido otras ocasiones pasadas en las que los dos países tuvieron choques –como cuando los guardacostas japoneses detuvieron en 2010 a un patrón chino después de que su barco chocara con una nave japonesa– pero consiguieron acabar enfriando las tensiones, la situación actual es diferente. El incidente de 2010 pudo atribuirse al exceso de celo de un pescador chino. Ahora, una escaramuza entre barcos oficiales de policía, en el contexto actual, podría ser irresoluble.