
El Presidente egipcio ratifica su mano dura nacional y diplomacia global mientras avanza su campaña antiterrorista.
La capacidad de Egipto de estar en continuo movimiento no deja de ser una realidad. Tras años de revolución, inestabilidad política y económica y mucha incertidumbre, el país norafricano está hoy “en guerra,” según el primer ministro Ibrahim Mahlab. Ese mensaje de miedo y amenaza es el que repite el Gobierno liderado por el presidente, el general Abdelfatá Al Sisi, y que tiene una gran acogida entre los millones de simpatizantes del régimen.
Egipto está lejos de la situación de guerra por la que atraviesan países vecinos como Libia, Yemen, Siria o Irak, pero los llamamientos a la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional se hallan tan presentes en el discurso de Al Sisi desde las elecciones de junio de 2014 que parece como si Egipto estuviera pasando los mismos estragos que estos Estados árabes. Desde su investidura el líder egipcio ha afirmado que la estabilidad ha regresado, ha impulsado reformas económicas, anunciado mega proyectos nacionales y ha logrado que el dinero de las petromonarquías del Golfo vuelva a fluir a las arcas del Estado. Con todo ello, tras meses de una calma relativa, la lucha contra el terrorismo y la supresión de movimientos disidentes ocupan hoy el punto de mira del régimen.
Lejos quedan los días en los que los emblemas que la sociedad egipcia cantaban en las calles – pan, libertad y justicia social– puedan ser el eje de conducción del país. El continuo conflicto armado entre las fuerzas de seguridad y los grupos insurgentes y extremistas encabezados por el grupo Wilayat Sina, la filial egipcia del Estado Islámico, tiene su foco en el norte del Sinaí. De todas formas, episodios violentos en el resto de Egipto como el asesinato del fiscal general Hisham Barakat en la capital o el secuestro de un ciudadano croata, son el pretexto perfecto para dar un nuevo empujón a una ley antiterrorista que llevaba tiempo encima de la mesa. Una vez firmada la ley, que tiene al país en vilo, marcará la senda a seguir para la Administración de Al Sisi y el devenir de la política nacional egipcia de los próximos años.
Su electorado lo ve como algo necesario para proteger el país dado que, entre otros medidas, la ley impondrá la pena de muerte a los acusados de financiar organizaciones terroristas. Otros tantos, desde activistas a periodistas, lo consideran una forma ideal para atajar libertades civiles. Una “draconiana ley antiterrorista que amplía el férreo control de las autoridades egipcias sobre el poder,” es como la ha calificado Amnistía Internacional. El Gobierno se ha visto forzado a modificar el artículo 33 del proyecto de ley, que hubiera impuesto una pena de dos años de prisión a periodistas por “comunicar información falsa sobre ataques terroristas que contradijera ...
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