Egipto_Sisi_portada
El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, en Jartum, 2018. ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images

Las maniobras del Presidente egipcio para someter el sistema judicial del país a su control, evitando cualquier atisbo de oposición dentro de la judicatura.

El arranque del nuevo año judicial 2019/2020 en Egipto transcurrió a principios de octubre sin pena ni gloria. Todos los tribunales del país árabe se desperezaron tras el receso de verano, y los togados recibieron las instrucciones pertinentes sobre sus nuevos destinos de trabajo, en un regreso de lo más ordinario a la plena capacidad.

Al menos, ese hubiera sido el caso si no fuese porque en los meses previos se habían producido cambios vertiginosos en la estructura del sistema judicial y los altos estamentos de la judicatura que la dejan sometida a los dictados del ex mariscal Abdel Fatah al Sisi.

Al frente de todos los principales órganos judiciales se encuentran ahora, por primera vez, figuras apuntaladas abiertamente a dedo por el rais, que a la vez pasará a presidir el organismo encargado de supervisar la judicatura. Una nueva acumulación de poder que supone su última maniobra de trascendencia para subyugar el Estado a sus designios, en detrimento de la débil separación de poderes que había sobrevivido su primer mandato.

Durante los primeros años de Al Sisi al frente de Egipto, en los que cualquier atisbo de oposición topó con su puño de hierro, parte de la judicatura había sido capaz de conservar una cierta autonomía que le permitió en ocasiones mantenerle el pulso a un ex mariscal poco avezado a este tipo de reveses. Se trataba de una continuación del Egipto en el que “no hay una justicia independiente, pero en el que a veces hay jueces independientes,” como definía el experto jurídico egipcio Negad el Borai. El caso más emblemático en esta línea que tuvo lugar durante el primer mandato de Al Sisi fue su pugna con el presidente del Consejo de Estado tras la polémica decisión del caudillo de transferir dos islas del Mar Rojo a Arabia Saudí, un acuerdo impugnado por la corte.

La operación del mandatario egipcio para acabar de socavar la independencia del poder judicial del país, y ahorrarse así contratiempos como el anterior, empezó a tomar forma con el proceso para enmendar la Constitución que concluyó en abril con un referéndum plagado de irregularidades que rubricó las reformas de la Carta Magna. Aunque la mayor parte de la atención se dirigió entonces hacia la extensión de los mandatos del Presidente, las enmiendas también concedían al rais sustanciales poderes a en terreno judicial.

“Las enmiendas son un flagrante asalto al estado de derecho y la independencia del poder judicial en Egipto. Si se adoptan […] cimentarán de forma efectiva la subordinación de las autoridades judiciales y fiscales al [poder] ejecutivo,” alertó en abril, antes de que las reformas tiraran adelante, Saïd Benarbia, director del programa de Oriente Medio y Norte de África de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ).

Mahmoud Farouk, coordinador del programa ...