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El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, en Jartum, 2018. ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images

Las maniobras del Presidente egipcio para someter el sistema judicial del país a su control, evitando cualquier atisbo de oposición dentro de la judicatura.

El arranque del nuevo año judicial 2019/2020 en Egipto transcurrió a principios de octubre sin pena ni gloria. Todos los tribunales del país árabe se desperezaron tras el receso de verano, y los togados recibieron las instrucciones pertinentes sobre sus nuevos destinos de trabajo, en un regreso de lo más ordinario a la plena capacidad.

Al menos, ese hubiera sido el caso si no fuese porque en los meses previos se habían producido cambios vertiginosos en la estructura del sistema judicial y los altos estamentos de la judicatura que la dejan sometida a los dictados del ex mariscal Abdel Fatah al Sisi.

Al frente de todos los principales órganos judiciales se encuentran ahora, por primera vez, figuras apuntaladas abiertamente a dedo por el rais, que a la vez pasará a presidir el organismo encargado de supervisar la judicatura. Una nueva acumulación de poder que supone su última maniobra de trascendencia para subyugar el Estado a sus designios, en detrimento de la débil separación de poderes que había sobrevivido su primer mandato.

Durante los primeros años de Al Sisi al frente de Egipto, en los que cualquier atisbo de oposición topó con su puño de hierro, parte de la judicatura había sido capaz de conservar una cierta autonomía que le permitió en ocasiones mantenerle el pulso a un ex mariscal poco avezado a este tipo de reveses. Se trataba de una continuación del Egipto en el que “no hay una justicia independiente, pero en el que a veces hay jueces independientes,” como definía el experto jurídico egipcio Negad el Borai. El caso más emblemático en esta línea que tuvo lugar durante el primer mandato de Al Sisi fue su pugna con el presidente del Consejo de Estado tras la polémica decisión del caudillo de transferir dos islas del Mar Rojo a Arabia Saudí, un acuerdo impugnado por la corte.

La operación del mandatario egipcio para acabar de socavar la independencia del poder judicial del país, y ahorrarse así contratiempos como el anterior, empezó a tomar forma con el proceso para enmendar la Constitución que concluyó en abril con un referéndum plagado de irregularidades que rubricó las reformas de la Carta Magna. Aunque la mayor parte de la atención se dirigió entonces hacia la extensión de los mandatos del Presidente, las enmiendas también concedían al rais sustanciales poderes a en terreno judicial.

“Las enmiendas son un flagrante asalto al estado de derecho y la independencia del poder judicial en Egipto. Si se adoptan […] cimentarán de forma efectiva la subordinación de las autoridades judiciales y fiscales al [poder] ejecutivo,” alertó en abril, antes de que las reformas tiraran adelante, Saïd Benarbia, director del programa de Oriente Medio y Norte de África de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ).

Mahmoud Farouk, coordinador del programa de sociedad civil en el Proyecto para la Democracia en Medio Oriente (POMED) apuntó que “el [poder] ejecutivo en Egipto siempre ha invadido la independencia del sistema judicial, pero la relación entre ambas ramas ha estado sobre todo fijada por las leyes, que a veces pueden modificarse en función de la situación política. Convertir leyes clave en normas constitucionales, sin embargo, hará cualquier futura alteración extremadamente difícil”.

 

Seleccionador de la judicatura

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El Ejército egipcio en la entrada del tribunal constitucional el día antes que Abdel Fatah jurara su cargo como presidente del país, 2014, El Cairo. KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

En 2017, Al Sisi aprobó una ley que acabó con la costumbre de reservar la presidencia de los órganos judiciales a su miembro más veterano, y que concedió al rais la prerrogativa de elegir al candidato que quisiera de entre varios nominados por los órganos en cuestión. Tras las enmiendas, en cambio, el ex mariscal ha pasado a elegir de forma arbitraria el candidato que quiera de entre los siete miembros más veteranos de cada órgano (cinco, en el caso del Constitucional), así como entre tres sugerencias para la Fiscalía General.

La maniobra se produjo, además, en un momento clave. Como notó rápidamente el medio independiente egipcio Mada Masr, las reformas se produjeron justo cuando todos los presidentes de todos los principales órganos judiciales civiles del país estaban pendientes de ser sustituidos –por haber cumplido su mandato o haber alcanzado la edad de retirarse– entre la aprobación de las enmiendas y el arranque del nuevo año judicial en octubre.

Los primeros cambios se produjeron el sábado 6 de julio. Aquel día, el flamante Presidente de la Corte de Casación, el más alto tribunal de apelación del país, y del Consejo Judicial Supremo, que supervisa cuestiones administrativas del sistema judicial, junto al de la Autoridad de Enjuiciamiento Administrativo, que controla el funcionariado, juraron su cargo ante un Al Sisi que ya les había seleccionado en primera instancia.

Tras los dos anteriores, siguieron el resto. A mediados de agosto, el nuevo presidente de la Corte Constitucional Suprema juró su cargo. A finales de ese mes, el presidente de la Autoridad Estatal de Demandas hizo lo propio. Al cabo de 15 días, el rais apuntaló a un nuevo Fiscal General. Y pocos días después, fue el turno del nuevo presidente del Consejo de Estado. En un abrir y cerrar de ojos, todos los altos estamentos del poder judicial habían sido renovados a discreción del dictador egipcio.

A pesar de las alarmantes nuevas atribuciones que se ha concedido Al Sisi en esta materia, la selección de algunos de los anteriores cargos ha estado marcada por la polémica, dado que algunos jueces han denunciado que el rais se habría extralimitado al actuar de forma aún más arbitraria de la que contemplan sus recientemente expandidos poderes.

En este sentido, si bien hasta la aprobación de las enmiendas el criterio de veteranía tenía un peso importante a la hora de seleccionar los presidentes de los órganos, los parámetros habrían cambiado por completo bajo Al Sisi. Ahora, según aseguró a Mada Masr una fuente del Ministerio de Justicia, el rais “está seleccionando los nuevos presidentes judiciales únicamente en base a los resultados de investigaciones de los antecedentes de los candidatos llevadas a cabo por los servicios de seguridad”. Unas investigaciones que, según la misma fuente, “incluyen el potencial historial criminal y una evaluación política pensada para eliminar candidatos que mantengan posiciones opositoras.”

 

Director de orquestra

En paralelo a las anteriores modificaciones, las enmiendas constitucionales también contemplaron el establecimiento del llamado Consejo de Organismos Judiciales. Sobre el papel, el consejo será el encargado de regular asuntos pertinentes al sistema judicial como nombramientos, promociones y sanciones de los miembros de sus distintos órganos, así como expresar su opinión en el redactado de leyes que regulen temas que le conciernan.

Un consejo similar a este existía ya durante la era de Hosni Mubarak, el dictador depuesto durante la Revolución egipcia de 2011. Pero tras la caída del ex autócrata, el organismo fue disuelto al considerar que socavaba la independencia de la judicatura. Ahora, el órgano no solo ha sido recuperado, sino que, además, estará presidido por Al Sisi y contará con un secretario elegido, una vez más, por el caudillo. El resto de miembros no ha sido definido en detalle, pero figurarán con certeza todos los presidentes de los órganos judiciales apuntalados también por Al Sisi mencionados anteriormente, así como el jefe de la Justicia militar, en otra flagrante injerencia de los militares en cuestiones civiles.

“Al estar todas las funciones [del Consejo de Organismos Judiciales] relacionadas con asuntos internos de los órganos judiciales, las enmiendas transfieren formalmente la supervisión de importantes cuestiones judiciales a un organismo presidido por el Presidente [Al Sisi],” apunta un informe de POMED. “El restablecimiento del Consejo hace recular al sistema judicial egipcio más de tres décadas, al tener éste el deber constitucional de supervisar la judicatura y perdiendo ésta aún más autonomía,” agrega.

Las primeras consecuencias de dicha maniobra no se han hecho esperar. En este sentido, el recelo con el que a partir de ahora los jefes de los órganos judiciales han sido y serán elegidos por Al Sisi no termina con ellos, sino que podría extenderse también al proceso de selección de los candidatos a acceder a la judicatura, según ha informado de nuevo Mada Masr. Así, el camino para acceder a la Fiscalía se habría convertido ahora en un enrevesado procedimiento en el que participan organismos no judiciales como la Inteligencia egipcia o la Agencia de Seguridad Nacional, que se encargan de “evaluar las tendencias políticas [de los candidatos] y su lealtad al [régimen]”.

Asimismo, todos los candidatos a optar a cargos dentro de la judicatura deberían de ahora en adelante pasar previamente por la llamada Academia Nacional de Formación (ANF), establecida para definir la instrucción de las nuevas generaciones que accedan a distintos sectores del Estado. Pilotada una vez más por Al Sisi, la academia está supervisada por un consejo presidido por él mismo en el que también figuran el jefe de la Inteligencia.

“Los procedimientos decretados por la Presidencia van a tener un profundo impacto en la composición de los organismos judiciales de Egipto en el futuro,” consideró Naser Amin, director del Centro Árabe para la Independencia del Sistema Judicial y la Profesión Legal a Mada Masr. “Los miembros de la Fiscalía que han estado sujetos al escrutinio de las agencias de seguridad y órganos políticos durante su proceso de selección van a estar intimidados para el resto de sus carreras y siempre se les recordará que solo fueron autorizados por los líderes políticos o de seguridad [del Estado], lo que va a socavar su independencia futura”, añadió.