La fractura hidráulica no deja a nadie indiferente, y está en el centro del debate en uno de los países del mundo con mayores reservas de hidrocarburos no convencionales.

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Las reservas de hidrocarburos se agotan, pero la demanda sigue creciendo en un mundo cuya matriz energética sigue compuesta de petróleo y gas en un 80%. Esa es la razón principal, creen los expertos, de que el fracking se haya posicionado como una estratégica solución a los problemas de abastecimiento energético de países como Estados Unidos, que utiliza esta polémica técnica hace una década. La fractura hidráulica o fracking consiste en inyectar agua a presión combinada con ácidos corrosivos y arena a miles de metros de profundidad, para romper la roca esquisto, o roca madre, y liberar el gas o petróleo que guarda en su interior y, una vez liberado, asciende a la superficie.

Argentina tiene una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. Vaca Muerta, una extensa área de 400 kilómetros cuadrados que atraviesa la provincia patagónica de Neuquén, es el principal yacimiento conocido, pero no el único. Ya hay exploraciones y producción en otras tres provincias de la Patagonia, Salta y Mendoza han anunciado perforaciones y otras seis provincias han firmado convenios de exploración.

Desde 2010, en Argentina se han perforado al menos cien pozos de fracking, la mayor parte pertenecientes a YPF, la petrolera expropiada a Repsol en 2012. Ahora, tras un millonario acuerdo con la estadounidense Chevron, se prevé la perforación de otros 130 pozos en Vaca Muerta, y la cifra podría ascender a más de 1.500 pozos en cinco años. Ante tales previsiones, la población de Neuquén ha mostrado su rechazo. Argumentan que países como Francia y Bulgaria decidieron prohibirlo en su territorio y otros países europeos han proclamado moratoria. Además, en Estados Unidos, las poblaciones afectadas han denunciado escasez de agua y aumento de enfermedades y actividad sísmica.

Para el ingeniero experto en petróleo Eduardo D’Elía, el riesgo de contaminación de acuíferos es, de lejos, el mayor problema del fracking: si el gas y el petróleo son liberados a miles de kilómetros bajo tierra y llegan hasta la superficie, es fácil que encuentren a su paso algún acuífero. Preocupa también el agua residual, que contiene una veintena de aditivos químicos. El Gobierno neuquino ha decretado que el agua deberá ser tratada en un 100% antes de ser desechada o reutilizada en la industria petrolera o en forma de riego, pero portavoces de YPF han admitido que hasta ahora, por falta del equipo necesario, sólo se reutiliza el 40% en nuevos pozos; el resto se vuelca en un acuífero subterráneo a 1.500 metros de profundidad.

En Neuquén aseguran que ya sienten esos efectos. La comunidad mapuche de Gelay Ko se ha enfrentado a la petrolera Apache, que construyó el primer pozo de fracking en el país, y ha denunciado que el agua contaminada está matando a su ganado y que no se les consultó ni se les informó, como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la principal herramienta legal con la que cuentan los pueblos amerindios para defender sus territorios ancestrales. En 2012 falleció la máxima autoridad de esta comunidad mapuche, Cristina Linkopan. En Gelay Ko están convencidos de que murió como consecuencia de la contaminación debida al fracking, pues tenía metales pesados en los pulmones.

No sólo los mapuches se han manifestado en contra de la fractura hidráulica. En Allen, un municipio de la provincia patagónica de Río Negro al que se conoce como la capital nacional de la pera, los fruticultores comienzan a entender que su actividad productiva no es compatible con los hidrocarburos. La Cámara de Fruticultores de Allen sostiene que, con el agua contaminada, no pueden obtener las certificaciones para la exportación de peras y manzanas; los productores se ven forzados a comprar agua envasada.

En Allen, la presión en la calle logró que el municipio rechace el fracking, como también en doce localidades de la provincia de Entre Ríos, al noroeste argentino. Los manifestantes recordaban allí la responsabilidad que implica cobijar el Acuífero Guaraní, el tercero mayor del mundo, que se extiende entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los críticos del fracking alegan que, ante el peligro de contaminar las reservas de agua dulce, debe regir el principio precautorio.

 

Una extraña alianza

La alianza de YPF con Chevron-Texaco no tranquiliza a la población. La petrolera estadounidense, tras un largo juicio, fue condenada a pagar 19.000 millones de dólares –que después se quedaría en la mitad– por la justicia ecuatoriana, por los más de veinte años de derrames de petróleo y contaminación de río en territorios amazónicos poblados por comunidades indígenas. Chevron se negó a pagar y un juez argentino ordenó el embargo a la petrolera para subsanar la deuda con el Estado ecuatoriano; posteriormente, por las mismas fechas en que se fraguaba el acuerdo con YPF, la Corte Suprema de Justicia levantó el embargo. Para Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, el fallo de la Corte Suprema “sienta un precedente de impunidad jurídica que afectará a todos los pueblos latinoamericanos”.

Lo que muchos no entienden es por qué el Gobierno argentino, después de decidir expropiar YPF a Repsol esgrimiendo razones de soberanía, ha acordado con Chevron la explotación de uno de los yacimientos más importantes del mundo, Vaca Muerta, en condiciones muy ventajosas para la petrolera estadounidense; el diario The New York Times lo calificó de “una extraña alianza”. Chevron podrá girar regalías al exterior sin retenciones y vender petróleo en Argentina al precio internacional de mercado. Además, se ha blindado ante un hipotético cambio político: una vez pagados 1.200 millones de dólares de inversión inicial, la petrolera podrá retirarse de las operaciones 18 meses más tarde, sin penalización alguna, y continuará recibiendo el 50% de los beneficios de los pozos que haya perforado junto a YPF, durante los 35 años que dura la concesión.

Los movimientos sociales acamparon frente a la Legislatura de Neuquén para intentar impedir que se autorizaran las concesiones, el pasado mes de agosto. El acuerdo salió adelante, y el Estado respondió a las protestas con una “brutal represión”, según las denuncias de los manifestantes. El gobernador neuquino, Jorge Sapag, fue impermeable a las protestas: en su opinión, el fracking es el futuro para la provincia, y quienes no lo han entendido son “agoreros del subdesarrollo”.

 

Déficit energético

Tanto Sapag como la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ven el fracking como una solución al creciente déficit energético y arguyen la necesidad de proporcionar condiciones apetecibles para las compañías inversoras, que gozarán de nuevas exenciones fiscales. En Argentina, la matriz energética depende de los hidrocarburos: el 52% del gas y el 35% del petróleo, según el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG). Desde 2010, el país, antes exportador, comenzó a importar este recurso, que representó en 2013 unos 7.000 millones de dólares, en un momento crítico en lo que se refiere a las reservas de divisas. Para el Gobierno de Neuquén, el fracking es la solución al déficit energético, pues no hay tiempo para cambiar la matriz energética.

Sin embargo, los expertos creen que hay alternativas no sólo más limpias, sino que preservarán la riqueza argentina. “La Patagonia es la Kuwait de los vientos”, señala Eduardo D’Elía. En opinión del ingeniero, con los 20 millones de dólares que cuesta un pozo de fracking se puede construir un parque eólico que generaría más energía y durante más tiempo: los molinos tienen al menos diez veces más vida útil que los pozos. Además, Argentina es, junto a Chile, el país con mayor irradiación solar, en la zona desértica de Puna de Atacama.

¿Por qué, entonces, empeñarse en una técnica de elevado riesgo y con clara oposición social? Tal vez, señalan algunos, por el poder del lobby petrolero: no en vano, siete de las diez mayores corporaciones del mundo pertenecen al sector petrolífero, y están cada vez más atravesadas por el capital financiero, según Transnational Institute. Del otro lado, “las energías renovables no tienen ese poder de lobby”, como recuerda el abogado ambientalista Enrique Viale. Éste subraya que las corporaciones petroleras invierten mucho dinero en “instalar mitos”, como que el control estatal puede prevenir los pasivos ambientales, que el agua se puede reutilizar o que los efectos del fracking se minimizan por la enorme profundidad de los pozos: argumenta, por ejemplo, que en Vaca Muerta hay partes a apenas 600 kilómetros bajo tierra. Esos argumentos parecen haber calado en los gobiernos provinciales y en la Casa Rosada, donde el concepto de autoabastecimiento energético suena como música celestial. A cualquier precio.  

 

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