El continente asiático nunca ha sido un paraíso de la libertad de expresión, pero muchos países, especialmente del Sureste Asiático, están endureciendo sus políticas de censura.

Activista tailandés que lleva una máscara que dice "Freedom" (libertad). Mike Clarke/AFP/Getty Images
Activista tailandés que lleva una máscara que dice "Freedom" (libertad). Mike Clarke/AFP/Getty Images

Asia nunca ha sido el paraíso de la libertad de expresión. Durante décadas, buena parte de los países asiáticos han estado gobernados por dictaduras que dejaban poco margen a las voces disidentes y en aquellos supuestamente democráticos las denuncias por violaciones de la libertad de expresión han sido frecuentes. Además, los altibajos en las políticas han sido numerosos y periodos de mayor apertura se han visto seguidos de otros menos tolerantes. Así, mientras que en 2011 Reporteros sin Fronteras se mostraba bastante optimista sobre la libertad de expresión en el continente y hablaba de progresos en muchos de los países, en el último informe sobre Libertad de Prensa, que repasa los hechos de 2014, la organización pintaba un panorama más sombrío. “El último año ha mostrado que ciertos gobiernos en la región de Asia-Pacífico, incluso los democráticos, pueden ser extremadamente sensible a las críticas”, aseguraba el informe. Los primeros meses de 2015 han confirmado esta tendencia y la represión en muchos de los Estados, especialmente en el sureste asiático, se ha recrudecido.

El último caso ha sido el de un joven bloguero singapurense de 16 años, Amos Yee, quien criticó en un vídeo colgado en Youtube al fundador de la isla-Estado y primer ministro entre 1959 y 1990, Lee Kuan Yew, justo después de su muerte hace dos meses. Amos Yee, quien relacionaba a Lee Kuan Yew con Jesucristo en un vídeo titulado “Lee Kuan Yew por fin está muerto”, acaba de ser declarado culpable por comentarios ofensivos contra la cristiandad y por emitir imágenes obscenas. Singapur es un país con una tensa mezcla étnica y religiosa donde este tipo de crímenes está fuertemente penado, pero muchos relacionan la sentencia con la crisis por la que atraviesa el partido fundado por el propio Lee Kuan Yew, el People’s Action Party (PAP), en el poder desde 1959. “El partido ha perdido popularidad y esta es la razón por la que se está incrementando el control sobre la ciudadanía”, asegura Pavin Chachavalpongpun, profesor asociado en el Centro de Estudios sobre el Sureste Asiático de la Universidad de Kyoto.

La tendencia, aseguran Pavin y otros académicos y activistas, no es algo particular de Singapur, ya que muchos otros países están endureciendo las legislaciones o la aplicación de las ya existentes por miedo a las voces disidentes. “No ha habido ningún lugar [en el Sureste Asiático] que haya destacado en libertad de expresión el año pasado y la tendencia regresiva ha continuado durante los primeros cuatro meses de 2015. Muchos Estados están enfrentándose a inestabilidad política y mantener a los medios bajo control es clave para una victoria política”, asegura Kulachada Chaippat, responsable de campañas de la Alianza de Prensa del Sudeste Asiático (SEAPA en sus siglas en inglés).

Los casos durante los últimos meses han sido numerosos. En Malasia, el Parlamento aprobó el pasado mes de abril varias enmiendas a la Ley de Sedición por las que se han incrementado las penas de prisión de 3 a 20 años y se han incluido provisiones para castigar la propagación de este delito a través Internet. Poco antes se había aprobado además una Ley Antiterrorista que permite detenciones sin presentar cargos, algo que se teme que pueda ser también utilizado contra la oposición política que ha ido ganando terreno durante los últimos años y que podría amenazar por primera vez en más de cinco décadas al partido en el Gobierno, el Barisan Nasional, cuando se celebren las próximas elecciones en 2018. Uno de sus miembros ya está en la cárcel; Anwar Ibrahim, líder de la oposición que fue condenado en febrero a cinco años de prisión por sodomía. India también parece dispuesta a controlar con mayor ahínco a los medios de comunicación y ha instado a sus funcionarios a denunciar aquellas informaciones que estimen dañinas para el gobierno de Nueva Delhi. Camboya, por su parte, está preparando una nueva Ley de Asociaciones que, aseguran las voces críticas, amenazará el derecho de asociación en el país. “El Gobierno no está obligado a hacer públicos los borradores de las leyes y así no puede haber discusión sobre ellos. La única forma de saberlo es a través de las filtraciones”, dice Sopheak Chan, directora del Centro Camboyano por los Derechos Humanos.

Un caso especial ha sido el de Tailandia, regida por un gobierno militar desde hace un año que ha ido incrementando paulatinamente su potestad hasta invocar, el pasado mes de marzo, a un artículo de la Constitución provisional que le da plenos poderes. Como resultado, se ha incrementado durante los últimos meses la presión sobre activistas y periodistas, muchos de los cuales han sido denunciados por lesa majestad, un delito que contempla penas de cárcel de entre 3 y 15 años de cárcel para quien insulte a la monarquía.

 

Internet: el principal enemigo

Con la rápida expansión de la Red durante los últimos años, los ciberdisidentes se han convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de los gobiernos asiáticos. China y su Gran Muralla, que limita el acceso a una gran multitud de páginas web, es el referente en las políticas de censura cibernética. Esta muralla bloquea sitios como Facebook, Twitter y, más recientemente, ha provocado la salida de Google del país. Sin embargo, muchos internautas han burlado la censura a través de redes virtuales privadas (VPN en sus siglas en inglés), unos sistemas que enmascaran las IP del usuario para que pueda saltarse los controles. Ante la amenaza que esto suponía para la propaganda oficial, el Gobierno acaba de implantar el denominado, según un informe de Citizen Lab, un proyecto de la universidad de Toronto especializado en la relación entre Tecnologías de la Información, derechos humanos y seguridad global, como el “Gran Cañón”. Según el informe, a través de este “Gran Cañón”, el Gobierno chino ha empezado a atacar ahora a los servidores que permiten saltarse la censura en la Red, aunque estén fuera del país. Este sistema redirecciona así el tráfico hacia los sitios atacados para que los servidores dejen de funcionar por sobrecarga. “El despliegue operativo del Gran Cañón representa una escalada significativa en el control estatal de la información, la normalización del uso generalizado de una herramienta de ataque para implementar la censura”, asegura el documento. Por otra parte, esta censura se sigue ejerciendo de la forma más tradicional, como muestra la condena recién impuesta de siete años de prisión a la periodista Gao Yu por desvelar secretos de Estado.

En Malasia, el control sobre Internet es algo más sutil y el Gobierno se apoya en la figura del troll, usuarios que publican mensajes ofensivos en la Red. “Estos guardias cibernéticos pueden ser o no agentes del Estado pero su impacto sobre la libertad de expresión es significativa porque humillan de forma pública y avergüenzan a aquellas personas que se atreven a hablar de sus opiniones”, asegura consejera jurídica para el Sudeste Asiático de la Comisión Internacional de Juristas. “Esto puede tener el efecto de silenciar a estas personas”, continúa la jurista. Esta figura existe también en Vietnam, aunque su política es más dura y el gobierno de Hanoi lleva años encarcelando a blogueros críticos con el régimen. En Bangladesh por su parte son los blogueros ateos críticos con el fundamentalismo islámico o con el carácter religioso del Estado los que están en el centro de la diana y tres de ellos han sido asesinados recientemente en un periodo de poco más de tres meses. Aunque la autoría de los asesinatos no parece conectada con el Gobierno, Human Rights Watch ha denunciado que durante los últimos años el Ejecutivo ha restringido la libertad de expresión en el país y ha encarcelado a varios de estos blogueros por sus opiniones religiosas.

Se han dado sin embargo algunas excepciones a esta tendencia general de recrudecimiento de la censura. Indonesia ha relajado recientemente los requisitos de la prensa para visitar la provincia de Papua, que antes estaba vetada a los periodistas extranjeros. Camboya ha suspendido por su parte la tramitación de otra de las leyes más polémicas, la de Crímenes Cibernéticos, debido a la presión internacional.

En Myanmar (antigua Birmania), el balance es agridulce. La apertura iniciada en 2011 por un gobierno semi-civil no electo, tras casi cincuenta años de dura dictadura militar, supuso una mejora de la libertad de expresión dentro del país asiático. Pero las tensiones internas y la cercanía de las próximas elecciones, que deberían tener lugar en noviembre, han llevado a un retroceso en la libertad de expresión y activistas y periodistas están siendo encarcelados. El propio primer ministro, Thein Sein, lo dejaba claro en un discurso el año pasado: “Hemos conseguido uno de los niveles de libertad de prensa más elevados del sureste asiático […]”. “Sin embargo, si la libertad de los medios amenaza a la seguridad nacional en lugar de ayudar a la nación, les avisamos de que tomaremos acciones de acuerdo a las leyes existentes”, aseguró.