Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images
Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images

 

La tensión no resuelta entre secularismo e islamismo radicaliza a la sociedad bangladesí.

Las principales noticias sobre Bangladesh que recogen los medios de comunicación occidentales siguen lidiando con el cierre, las compensaciones económicas de las multinacionales y las inspecciones del Rana Plaza, el edificio que acogía una fábrica textil y cuyo derrumbe acabó con la vida de más de 1.100 trabajadores. Pero la realidad política del país del Sur de Asia es tan turbulenta como la situación de su industria textil. La historia en muchos casos se escribe en círculos concéntricos y la tensión nunca resuelta entre secularismo e islamismo desde el nacimiento de Bangladesh ha vuelto a resurgir a raíz de los juicios del Tribunal Internacional de Guerra (TIG) y el movimiento Shahbagh.

Más de 40 años después de la Guerra de Liberación de Pakistán Occidental –el actual Pakistán–, el Gobierno de la Liga Awami dirigido por Sheikh Hasina, la única hija del fundador del partido y líder independentista Sheikh Mujibur Rehman, estableció en marzo de 2010 un tribunal para juzgar a ciudadanos bangladesíes que hubieran cometido crímenes de guerra en colaboración con el Ejército paquistaní durante la Guerra de la Independencia. Bangladesh proclamó la victoria en 1971 tras nueve meses de conflicto con la otra mitad del país, el llamado Pakistán Occidental, alrededor de diez millones de refugiados, entre uno y tres millones de muertos y 250.000 mujeres violadas por soldados paquistaníes.

La sociedad bangladesí había anhelado durante largo tiempo justicia para uno de los peores genocidios cometidos después de la Segunda Guerra Mundial, que además pasó desapercibido en la comunidad internacional en plena Guerra Fría por miedo a la expansión del socialismo en Asia. Tanto el presidente estadounidense Richard Nixon como su secretario de Estado, Henry A. Kissinger, apoyaron a Pakistán y su brutal matanza de millones de bangladesíes. Sin embargo, el procedimiento del Tribunal ha sido cuestionado y criticado tanto por Naciones Unidas como por organizaciones de derechos humanos por no ofrecer la oportunidad de una verdadera defensa para los acusados y de estar politizado.

La mayoría de los ocho condenados por el TIG pertenecen o han pertenecido al partido islamista Jamaat eIslami (JI), acusado de participar en el genocidio junto con el Ejército pakistaní. Esta formación no pudo presentarse a las elecciones del pasado enero, aunque en los anteriores comicios de 2008 sólo obtuvo un 4,6% de los votos. La Liga Awami repitió su victoria con el boicot del principal partido de la oposición de orientación conservadora y liberal en el plano económico, el Bangladesh National Party (BNP), dirigido por la viuda del presidente Ziaur Rahman y archienemiga de la actual primera ministra Sheikh Hasina, Khaleda Zia. Las dos mujeres se han alternado en el poder durante los últimos 22 años y no se dignan ni a ponerse al teléfono en la agria enemistad que dura décadas.

Jamaat e Islami apoyó al BNP durante su legislatura en el poder entre 2001 y 2006, de modo que los juicios han sido ...