Niños de Benín en un basurero. Jesús Díez Alcaide
Niños de Benín en un basurero. Jesús Díez Alcalde

La situación que sufren miles de menores en el país amenaza y lastra el desarrollo y la seguridad no sólo de Benín, sino de toda África Occidental.

Al caer la noche, los mercados y suburbios de las principales ciudades de Benín –tanto en el norte musulmán como en el sur de mayoría cristiana– se llenan de niños abandonados en busca de refugio, después de haber pasado el día intentando sobrevivir en lugares infestos. Otros, aún con menos suerte, malviven fuera de sus hogares y de sus familias, donde son sometidos a todo tipo de abusos y a trabajos forzados en unas pésimas condiciones que ponen en riesgo su propia vida. Y lo más dramático es que, en muchos casos, esta situación ha sido provocada por sus propios padres, que llegan a vender a sus hijos por menos de 30 euros para mejorar la economía doméstica o los entregan a terceras personas con el convencimiento de que recibirán una educación o tendrán mejores condiciones de vida. Una extendida y deleznable práctica respaldada incluso por las comunidades locales, cuya cultura tradicional les impide ver que la violencia, la explotación o el abandono de los niños no son comportamientos ilícitos, y mucho menos condenables.

Así, el más favorable de los informes denuncia que, en este país del África Occidental, más de un tercio de los niños sufre algún tipo de explotación, es víctima de trata o vive abandonado en la calle. Un siniestro porcentaje que UNICEF eleva hasta el 50%, en un país donde más de 5 millones de personas –la mitad de la población– tiene menos de 18 años. Frente a esta tragedia social, el Gobierno beninés está reforzando la legislación que protege los derechos del menor, pero reconoce que no tiene suficientes medios, ni recursos económicos, para acabar con esta lacra, y esto solo se podrá conseguir con un esfuerzo coordinado y constante entre las autoridades nacionales y la sociedad civil. Ante esta contrastada realidad, las instituciones estatales –como declaran en su informes– se ven avocadas a depositar, en muchas ocasiones, su responsabilidad en organizaciones no gubernamentales y asociaciones humanitarias nacionales e internacionales, que asumen la responsabilidad de dar cobijo a miles de niños, con el objetivo de proporcionarles un futuro digno que la pobreza, la desigualdad y sus propias familias les han arrebatado.

“En África Occidental –subraya la comisaria de policía Innocentia G.Alovo–, el tráfico infantil es una plaga extremadamente dañina, que devasta a nuestros países. En Benín, como media general, cada día recuperamos seis niños que han sido víctimas de trata o de explotación laboral”. Para atajar este grave problema, es necesario subsanar las causas estructurales que lo provocan: fundamentalmente, los altos niveles de pobreza, la deficiente escolarización y las propias tradiciones culturales. En el ámbito político y de la seguridad, Benín está considerado uno de los países más estables y pacíficos del Golfo de Guinea: consiguió transitar pacíficamente del autoritarismo militar a un régimen democrático en 1990, no tiene ningún enfrentamiento con los Estaos limítrofes y tampoco alberga grupos insurgentes dentro de sus fronteras. Sin embargo, esta presunta solidez estatal –cada vez más amenazada por el contrabando, la piratería o el crimen organizado– no ha sido suficiente para garantizar el desarrollo de su población: el 47% vive aun bajo el umbral de la pobreza más severa (1,25 dólar al día), y tan sólo el 28% de los mayores de 15 años están alfabetizados, según datos recogidos en el Índice de Desarrollo Humano 2014.

A estos parámetros negativos se unen, también, unas arraigadas tradiciones que, lejos de aminorar el drama infantil, en muchas ocasiones suponen un enorme obstáculo para erradicarlo. En Benín, cuatro de cada diez niños –según UNICEF– no son inscritos al nacer. Esto les impide tener identidad legal, les excluye de los servicios más básicos –sanidad y educación– y les hace especialmente vulnerables a todo tipo de abusos y explotación. Además, todavía persisten costumbres ancestrales como el videomegon (en fon, la lengua local, significa “niño empleado”), que procuraba que los niños de las zonas rurales tuviesen acceso a la educación y saliesen de la pobreza, con la ayuda de sus parientes que vivían en pueblos o ciudades. En la actualidad, esta costumbre se ha convertido en un pretexto para, con la intermediación de los reclutadores o falsos tutores, engañar a unos padres que, muchas veces, no saben que sus hijos acabarán en manos de las redes de trata, que los venderán dentro o fuera del país. Y, en el peor de los casos, son los propios progenitores los que venden a sus hijos, como una fuente más de ingresos o simplemente para librarse de una pesada carga para la economía familiar. De este modo y con total impunidad, desde ciudades como Malanvile y Seme Krake, limítrofes con Níger y Nigeria respectivamente, los niños son traficados al exterior. De esta forma, este estigma se ha convertido en un mal endémico que afecta prácticamente a todo el país y, con ello, en un lugar de “importación, tránsito y exportación” de menores indefensos.

Quizás, algún día, estos niños vendidos y explotados conseguirán huir y librarse de esta nueva forma de esclavitud, pero la mayoría nunca podrá volver a sus hogares; pues, como señala la psicóloga Carine Agossou del Centro Don Bosco en Porto-Novo: “algunos ya no saben ni quiénes son, incluso han olvidado su lengua. Hemos recuperado a niños que llevaban seis años fuera de sus hogares, explotados o viviendo en la calle. Sufren traumas muy profundos, y les resulta muy difícil aceptar que las personas que debían protegerles son las mismas que les han vendido, les maltratan, o les han expulsado del entorno familiar”.

La labor de las asociaciones no estatales

Ante este lamentable panorama, el Gobierno ha reforzado e incrementado instituciones como los Comités Locales de Lucha Contra la Trata Infantil, que controlan y denuncian la situación de los niños en su propia comunidad; o la Brigada de Protección del Menor. Al mismo tiempo, y consciente de sus propias carencias, el Ministerio de la Familia coordina el trabajo de las numerosas entidades de la sociedad civil que trabajan en Benín. En este ámbito, la Red de Estructuras de Protección de la Infancia en Situación Difícil (RESPESD) aúna hasta 57 organizaciones de ayuda –entre otras, Mensajeros de la Paz, Aldeas Infantiles o la Asociación Foyer Don Bosco– que están involucradas en la prevención y la vigilancia de cualquier práctica ilícita contra los menores. Así como en la recuperación, la reintegración familiar, la acogida y la educación de los niños y niñas que han sido traficados, explotados o abandonados.

Al frente de la Asociación Foyer Don Bosco, de Misiones Salesianas, el padre Juanjo Gómez Serrano dirige un proyecto integral para proteger y recuperar a menores indefensos. Cada día, cooperantes y voluntarios persiguen y denuncian la trata infantil en los principales focos de venta y buscan a niños abandonados por los infestos mercados de las principales ciudades de Benín para iniciar su socialización. Algunos de ellos consiguen regresar con sus familias, otros muchos son acogidos en hogares temporales antes de llegar al Centro Magone en Porto-Novo, donde viven en comunidad, se les facilita la asistencia a colegios públicos o reciben una formación profesional. Todo ello con el objetivo de reintegrarles plenamente a la sociedad, de la que un mal día fueron injustamente expulsados, y labrarles un futuro con más expectativas. “Tan sólo en 2013, –señala el padre Juanjo– hemos acompañado o acogido en nuestros centros a 2.391 niños, y hemos llegado a más de un millón de personas para sensibilizarlas sobre esta alarmante lacra social”. Un ingente esfuerzo y unos resultados muy significativos que, unido a otros tantos de las numerosas organizaciones estatales y no estatales que trabajan en este ámbito, están aliviando el sufrimiento de miles de menores. Sin embargo, aún queda un largo y complicado camino para erradicar este drama social, que amenaza y lastra el desarrollo y la seguridad no sólo de Benín, sino de toda África Occidental.