Por qué una intervención militar, híbrida o política en Bielorrusia sería una gran equivocación.

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Póster con la imagen del Presidente bielorruso, Alekxandr Lukashenko, Minsk, agosto 2020. Misha Friedman/Getty Images

Algo se agitaba en Minsk antes de las elecciones del pasado agosto que han desencadenado protestas masivas en el país en contra de la situación política y reclamando limpieza electoral, libertad para los presos políticos –algunos antiguos candidatos presidenciales como V. Babaryka y S. Tsikhanouski–, así como el fin de la represión generalizada contra todo aquel que exprese una opinión contraria al régimen.

Aunque Aleksandr Lukashenko siempre ha sido un presidente que ha seguido a Moscú por conveniencia económica y política, había comenzado un movimiento de aproximación a la Unión Europea que, sorpresivamente, se tradujo en el levantamiento de la mayoría de las sanciones contra Bielorrusia. Lo que a muchos dejó perplejos por la torpeza de la medida de Bruselas.

¿Cómo explicar este aparente giro? Sólo tiene una explicación. La voluntad de Lukashenko de mostrar una apertura a Europa con el único fin de acallar las críticas domésticas contra su régimen. Un gobierno que ha sumido al país desde hace tiempo en el aislamiento internacional, además de llevar a cabo una política de represión contra disidentes y defensores de los derechos humanos. Aunque la situación económica hasta hace unos años ha sido positiva comparada con algunos de sus vecinos (la deuda se sitúa en el 47,8%, el déficit en el 1,81% y el Índice de Desarrollo Humano en 0,808), la propuesta de Moscú de incrementar la fiscalidad sobre los hidrocarburos y reducir este privilegio de su comercio con Rusia tendría un impacto claramente negativo sobre la economía del país y, por tanto, sobre el bienestar de sus ciudadanos. Lo que no haría sino incrementar el malestar con el régimen.

Esta tensión se ha vuelto insostenible tras unas elecciones que gran parte de la población considera que no han sido libres y, por tanto, rechazan aceptar el resultado de un 80,1% de escrutinios a favor del actual Presidente, tras 26 años al frente de Bielorrusia. No es fácil aislar las condenas de fraude electoral de los intereses de quienes así lo juzgan. En este caso, Estados Unidos y la UE han adoptado esta actitud. La OSCE declaró que “no se habían cumplido plenamente los estándares democráticos internacionales”. Esto, junto al encarcelamiento o procesamiento de opositores en las fechas anteriores, son indicios de ello. Pero analizar las actuales protestas pasa por considerar la mala gestión de la covid19 por parte del autoritario líder y su violación de los derechos humanos. Algo tiene que ver con que Bielorrusia continúe siendo el único Estado europeo no miembro del Consejo de Europa ni de su Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Hasta aquí, los hechos y una valoración de la actuación de Lukashenko.

 

Reacciones internacionales

Lo que inquieta, además de la evolución de las protestas, es la reacción internacional. Rodeado de países miembros de la OTAN y de la UE por el Oeste, de Rusia por ...