Migrantes en el campo de migrantes en Rudninkai en Lituania sostienen pancartas con inscripciones como "Ayuda a Afganistán" y demandas similares durante una manifestación (Alexander via Getty Images).

Bielorrusia ha decidido usar la cuestión migratoria como un arma política en respuesta a las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea, en un intento de desestabilizar a la región y aumentar la tensión entre sus miembros. Uno de ellos, sin embargo, parece estar buscando y encontrando beneficio propio: Polonia y su actual campaña de odio hacia el inmigrante se originan en esta crisis fronteriza.

En agosto de 2021, el Ministro de Asuntos Exteriores de Lituania avisó de que la frontera del país estaba desbordada, y de que estaban llegando migrantes a un ritmo que era imposible de gestionar para un Estado cuya población no supera los tres millones de habitantes. Alrededor de 4.000 personas ya habían cruzado la frontera y habían pedido asilo dentro de las fronteras de la Unión Europea, y desde Lituania lanzaban el aviso de que podían llegar muchos más en los siguientes meses. Aunque algunos recibirán la condición de refugiado tras los trámites administrativos, todos los canales están saturados en un país tan pequeño.

Esta llegada masiva de migrantes a las puertas de la Unión Europea no es casual, ni tampoco forma parte de ninguna dinámica geopolítica provocada por un conflicto o crisis humanitaria en concreto. Si bien los migrantes que llegan a la frontera con Lituania proceden, en su mayor parte, de Irak y de diferentes países del continente africano, todos ellos tienen un punto en común: el país de origen desde el que cruzan a distintos países que pertenecen a la UE es Bielorrusia, que en junio de 2021 tomó la decisión de dejar de colaborar con la Unión en lo referente a inmigración ilegal y contrabando de droga.

El origen de esta decisión se remonta a mayo, cuando las autoridades bielorrusas forzaron a un vuelo de la compañía aérea Ryanair, que cubría la ruta Atenas-Vilna, a aterrizar en Minsk cuando sobrevolaba el espacio aéreo bielorruso, justificando esta petición con la amenaza de una bomba a bordo del avión. Tras el aterrizaje forzoso, las autoridades bielorrusas detuvieron al periodista Roman Protasevich y a su pareja, Sofia Sapega. Protasevich es conocido por su activismo político en contra del régimen del presidente de Bielorrusia desde hace 26 años, Alexander Lukashenko, considerado el último dictador de Europa.

Tras el incidente y el arresto del activista político, la Unión Europea anunció en junio un paquete de restricciones que prohibían el sobrevuelo y la entrada a cualquier aeropuerto europeo de compañías bielorrusas, así como sanciones a 78 personas físicas individuales en Bielorrusia y ocho entidades. Este paquete era el cuarto que anunciaba la UE en relación a sanciones a Bielorrusia, y se sumaba al resto de medidas tomadas en vista de las claras violaciones a los derechos humanos y la represión que se vive en el país, una situación especialmente violenta desde las elecciones de 2020.

La decisión de Lukashenko que afectaba al fin de la colaboración sobre la inmigración ilegal se ha convertido, en la práctica, en un arma política que Bielorrusia ejerce desde entonces. Lo que las autoridades de Lituania han calificado como “guerra híbrida” busca aumentar la presión en el espacio comunitario en un área especialmente delicada para los Estados miembros, algo de lo que Lukashenko es consciente desde la crisis migratoria de 2015 en Europa. Esta guerra híbrida, denunciada por la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, incluye viajes comerciales para traer migrantes desde distintas partes de Oriente Medio, así como un negocio alrededor de ayudarles a pasar la frontera hacia la Unión Europea a través de países como Letonia, Lituania o Polonia. Tal y como afirma la activista por los derechos humanos, Sviatlana Tsikhanouskaya, los servicios secretos bielorrusos organizan esta guerra híbrida.

Esta instrumentalización política de un asunto tan delicado como la migración ha ocasionado la declaración del estado de emergencia en Lituania y Letonia durante el verano, un aumento de protestas por la parte de la población local, la intensificación de la presencia de los cuerpos policiales en la frontera y la construcción de una polémica valla que estará completa en 2022, hecho que demuestra la situación extrema en la que se encuentra no solamente Lituania, si no la UE en general. Desde Bruselas, a pesar de su insistencia en una decisión conjunta y en aumentar las ayudas en los países de origen para impedir los traslados, se pueden observar las fricciones entre los Estados miembros en lo que se refiere a la gestión migratoria. La dificultad de una decisión a nivel europeo muestra también las propias limitaciones comunitarias en un área donde la soberanía sigue perteneciendo al ámbito nacional.

Como consecuencia, y tras la negativa de Bielorrusia de aceptar de nuevo a los migrantes devueltos desde los países comunitarios, las personas que intentan cruzar se encuentran en una especie de limbo legal en la que no pertenecen ni pueden moverse hacia ningún lugar. Son víctimas de un uso político que ha olvidado por completo el respeto de los derechos humanos: al tiempo que Bielorrusia los empuja hacia un lado, la Unión Europea los rechaza y los redirige al sentido opuesto. Muchas ONG, entre ellas la polaca Fundacja Ocalenie, denuncian este uso y el trato que se les está dando a los inmigrantes en la frontera.

Esta crisis ha dejado al descubierto la vulnerabilidad y las limitaciones de la Unión Europea como institución supranacional en cuanto a la gestión de la cuestión migratoria. Más aún: esta crisis también está demostrando que dentro de la propia UE también hay caballos de Troya, dispuestos a desestabilizar el equilibrio comunitario en beneficio de sus intereses. Cuando todos los actores implicados tenían los ojos puestos en la crisis con Bielorrusia, otro gobierno ha decidido seguir la senda de Lukashenko y usar esta instrumentalización política de los migrantes para sus propios intereses: el Eejcutivo polaco, con el partido ultraconservador y euroescéptico Ley y Justicia (PiS).

A medida que la crisis fronteriza ha ido escalando, los migrantes han quedado a la suerte de encontrar fugas en las rutas que les permitieran entrar de forma ilegal en la Unión Europea, o contactar con algún contrabandista que le guíe. En la frontera con Polonia, las autoridades del país aseguraban que las fuerzas de seguridad bielorrusas repartían, entre los migrantes que esperaban en la frontera, comida, bebida y mantas. Sin embargo, las noticias de fallecidos por hipotermia en la frontera polaca debido a las bajas temperaturas son cada vez más numerosas: a mediados de septiembre, cuatro personas murieron en un fin de semana.

Si bien la Unión Europea ha mandado su apoyo a los países de la zona que están sufriendo por la guerra híbrida de Lukashenko, lo cierto es que desde Bruselas también se muestran preocupados por el hecho de que Polonia no está tramitando ninguna solicitud de asilo. La opacidad del Gobierno polaco, que no permite a ningún periodista acercarse a la zona fronteriza, resulta aún más sospechosa cuando ni siquiera aprueba la entrada de las fuerzas de Frontex en esa área. Este comportamiento da indicios de que Polonia, en efecto, puede no estar siguiendo los procedimientos europeos ni respetando la Ley Internacional respecto a la protección y el asilo de los migrantes.

Miembros del Campamento Nacional Radical (ONR) manifiestan contra la inmigración en Varsovia, Polonia, el 24 de noviembre de 2018 (Jaap Arriens via Getty Images).

La postura del Gobierno polaco con respecto a la migración no es nueva: ha sido uno de los países que más ha luchado dentro del espacio comunitario para rechazar las cuotas de solicitudes de asilo, y para endurecer las condiciones de entrada al país. Sin embargo, con esta crisis fronteriza, el líder de Ley y Justicia ha visto la oportunidad de reforzar su postura con respecto a los inmigrantes dentro de sus propias fronteras en un intento de recuperar la fuerza que ha perdido en las encuestas. y volver a uno de los pilares de su ideología de partido: el rechazo al inmigrante, según Adam Szostkiewicz, analista político. Desde el gobierno ultraconservador han iniciado una campaña antiinmigración, compartiendo con los medios de comunicación material pornográfico que afirmaban haber encontrado en distintos dispositivos móviles de algunas personas que habían cruzado la frontera. Según datos de Statista, la visión de la sociedad polaca de los inmigrantes y refugiados ha mejorado considerablemente en los últimos años, con un 55% a favor de que los refugiados tengan las mismas oportunidades que un ciudadano polaco.

Las imágenes, que eran antiguas y habían sido obtenidas en Internet y manipuladas, forman parte del relato de Ley y Justicia, que retrata a los inmigrantes que están cruzando la frontera como terroristas, y transmiten la idea de que la situación es una emergencia que amenaza la seguridad nacional y la integridad de la sociedad polaca. Se trata de una campaña de odio hacia el extranjero, como afirma Anne Applebaum, historiadora y periodista. Cuenta con los elementos clásicos de humillación y deshumanización de la persona, que busca una mayor aceptación social de estereotipos racistas, pero sobre todo de la idea de que los inmigrantes no deben ser tratados como iguales. Se trata de uno de los pilares del partido Ley y Justicia, que debe parte de su éxito precisamente a su postura contra la inmigración.

Con esta instrumentalización de la cuestión migratoria por parte de Polonia, el gobierno de extrema derecha continúa con el desafío a la UE, con quien mantiene un pulso delicado desde que desde Bruselas condicionaran el acceso a los Fondos de recuperación europeos al cumplimiento de la ley y los valores democráticos, un camino que queda lejos del que ha decidido tomar el Ejecutivo polaco. La Unión Europea necesita encontrar, y con urgencia, una postura en común y el consenso suficiente para hacer frente a las amenazas híbridas existentes cerca y lejos de las fronteras comunitarias. Para ello, no obstante, debe garantizar la estabilidad dentro de sus propias fronteras, así como asegurarse de que todos sus Estados miembros tienen como pilar imprescindible el respeto a los valores democráticos. La promoción de estos valores es el arma más poderosa dentro del repertorio de poder blando comunitario.