La líder de la oposición birmana, Aung San Suu Kyi, reza en un templo budista durante su visita a Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, febrero de 2015. Ye Aung Thu/AFP/Getty Images.
La líder de la oposición birmana, Aung San Suu Kyi, reza en un templo budista durante su visita a Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, febrero de 2015. Ye Aung Thu/AFP/Getty Images.

Birmania se prepara para celebrar este otoño las elecciones con las que se debería consagrar el proceso de transición democrática emprendido en 2003. Sin embargo, a menos de un año para la votación, la reforma constitucional sigue en el aire, al tiempo que la guerra civil con los grupos étnicos armados se recrudece. El camino a la democracia se escribe antes de las urnas.

La receta para la construcción de una nueva Unión Birmana acorde con los principios fundacionales de la conferencia de Panglong pasa ineludiblemente por un acuerdo entre todos los actores implicados, militares, partidos opositores y grupos étnicos, para definir un nuevo marco constitucional, refrendado por los ciudadanos antes de cualquier votación. Sólo así el proceso democrático tendrá legitimidad social. Lo contrario sería un paso atrás histórico. “Birmania puede ser un modelo a seguir para el resto del mundo, una historia de éxito… o simplemente otro fracaso más”, augura el ex oficial de las fuerzas especiales de Estados Unidos y activista democrático Tim Heinemann.

 

La reforma constitucional y la votación de los rohingya

“Tener elecciones no es suficiente para tener un sistema democrático. Necesitamos igualdad”. Las palabras de Aung Myo, líder del partido opositor Democratic Party for a New Society (DPNS), resumen el momento actual de la democracia birmana. La experiencia electoral de 2010, prevista como parte del programa de transición, supuso apenas un lavado de cara de la Junta Militar ante la comunidad internacional. El ex general Thein Sein, quien había ejercido como primer ministro desde 2007, se convirtió en el nuevo presidente del país. Todos los puestos claves del Ejecutivo, entre ellos las dos vicepresidencias o los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos, están vinculados al Tatmadaw.“Los militares siguen controlado el sistema”, remarca Hor Hseng, portavoz de la Shan Human Rights Foundation.

La Constitución aprobada en 2008 reserva a los militares un cuarto de los escaños de todas las cámaras legislativas -Parlamento, Senado y las 17 asambleas autonómicas y regionales-, al tiempo que confiere a las Fuerzas Armadas el derecho a declarar el “estado de emergencia”. “Con la aprobación del Presidente, el Ejército puede asumir el poder soberano y el control absoluto de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Así es cómo el Tatmadaw engrana el proceso de militarización en el nombre de la democratización”, explica el doctor Lian H. Sakhong, ganador del premio Martin Luther King en 2007, en su libro Ending Ethnic Armed Conflict in Burma.

A diferencia de lo ocurrido en 2010, cuando el partido de los militares, el USDP, obtuvo el 75% de los votos en unos comicios a los que no fueron invitados observadores internacionales ni periodistas, las elecciones de este año se presentan como la gran oportunidad para transformar el país. Para ello es imprescindible una reforma constitucional que elimine las prerrogativas de ...