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Manifestantes del partido de oposición la Comunidad Ciudadana en la calle tras hacerse público los resultados electorales, La Paz, octubre de 2019. JORGE BERNAL/AFP via Getty Images

La controversia sobre las elecciones de 2019 y sus violentas secuelas continúa afectando a la política boliviana.  A medida que se acercan los nuevos comicios, actores externos deben brindar asesoramiento técnico y monitoreo, y hacer presión para que los partidos rivales se comprometan a mantener sus disputas fuera de las calles.

¿Qué hay de nuevo? Bolivia celebrará elecciones presidenciales el 18 de octubre. Sumado al desafío de una jornada electoral en medio de la pandemia de la COVID19, el legado de los polémicos comicios de 2019, que desencadenaron violentos disturbios y llevó al expresidente Evo Morales a abandonar el país, conduce a que ambas partes tengan una fuerte desconfianza del sistema electoral.

¿Por qué importa? A finales del 2019, un acuerdo para celebrar una nueva cita con las urnas bajo una autoridad electoral reformada calmó los disturbios. Aun así, las elecciones del 2019 siguen siendo controvertidas, al igual que el papel de los observadores de la Organización de los Estados Americanos, cuyas declaraciones determinaron la percepción de que hubo fraude. En medio de una profunda polarización social y política, otros comicios cuestionables podrían resultar en una inestabilidad aún mayor.

¿Qué se debería hacer? La UE, la ONU, los países donantes, los Estados vecinos y ONG internacionales deben brindar apoyo técnico y político a las autoridades electorales, desplegar misiones de observación tan sólidas como sea posible y presionar a las principales fuerzas políticas para que se comprometan públicamente a aceptar los resultados o a llevar sus denuncias a los tribunales y no a las calles.

 

El amargo legado de octubre de 2019

Las elecciones del 2019 se vieron empañadas por sospechas de ilegalidad mucho antes de que la votación realmente se llevara a cabo. Después de que mediante un referéndum en el 2016 los votantes rechazaran una enmienda constitucional que le habría permitido al presidente un tercer mandato, la autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), dio luz verde a la candidatura de Evo Morales en una controvertida decisión que declaró que los derechos políticos del presidente habían sido vulnerados al limitar los periodos. El fallo acabó con la confianza de muchos bolivianos en la independencia del tribunal. Según el Informe de la Misión de Expertos Electorales de la UE, publicado en diciembre del 2019, “la confianza en la imparcialidad del TSE fue muy baja, al ser percibido como una institución sujeta al control político”.

Sin embargo, fue el conteo de resultados lo que desencadenó la crisis. Justo antes de las 8 de la tarde del 20 de octubre, poco después de que cerraran los puestos de votación, el TSE presentó cifras preliminares con el 84% de los votos contados, en las que Morales vencía a su principal rival, Carlos Mesa, del partido de centro-derecha Comunidad Ciudadana por un 7,9%. Según la ley electoral boliviana, un candidato debe conseguir una ventaja de al menos 10% para ser declarado vencedor y evitar una segunda vuelta. En ese punto del conteo, la transmisión de resultados preliminares se detuvo sin motivo aparente. La interrupción duró casi todo un día, desencadenando protestas aisladas de opositores de Morales que sospechaban que algo andaba mal. En la noche del 21 de octubre, las autoridades electorales anunciaron que, con el 95% de los votos contabilizados, Morales tenía un margen del 10,15% sobre Mesa, lo que eliminaba la necesidad de una segunda vuelta.

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Un partidario del expresidente de Bolivia Evo Morales frente a política antidisturbios en una manifestación. Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images.

Declaraciones de los observadores internacionales contribuyeron a una sensación creciente de que el TSE se estaba robando las elecciones para favorecer al partido gobernante. Como en muchas otros comicios en América Latina, la OEA había desplegado una misión de observación. En un comunicado de prensa poco después del anuncio de los resultados, la misión declaró que el conteo presentó “un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral”. Muchos políticos y ciudadanos tomaron esta declaración como prueba del fraude que ya sospechaban estaba en marcha. Protestas en contra y a favor de los resultados proliferaron en todo el país, durante las cuales manifestantes quemaron varias oficinas electorales locales.

El anuncio del TSE de los resultados finales el 25 de octubre, en los que aparecía Morales ganando con un margen de 10,56 puntos porcentuales, produjo aún más tensiones. Carlos Mesa y los manifestantes de la oposición se negaron a reconocer los resultados. Las manifestaciones crecieron, con la salida de decenas de miles de manifestantes a las calles. Las protestas enfrentaron a las fuerzas de seguridad con los manifestantes, y a los partidarios de Morales con los opositores del Gobierno. Turbas incendiaron propiedades pertenecientes a los líderes del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), y sus opositores saquearon tiendas y quemaron más oficinas electorales locales.

En un intento por contener los disturbios, Morales le solicitó a la OEA que auditara los resultados y se comprometió a acatar sus conclusiones. La OEA desplegó un equipo de auditores y, el 10 de noviembre, publicaron su propio informe preliminar, reafirmando lo dicho en octubre, que resultaba sospechosa la variación en las tendencias de votación que condujo a la supuesta reelección de Morales en primera vuelta. Junto con su análisis estadístico, el informe señaló otras presuntas irregularidades electorales como: la existencia de un servidor de Internet fantasma no autorizado por la compañía auditora; la inexplicable paralización del resultado preliminar del conteo la noche de la elección; preocupaciones sobre la custodia de material de votación; y la falsificación de firmas y alteración de las hojas de conteo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue más allá. En contraste con el lenguaje cuidadoso de la auditoría, insistió en que “hubo un golpe de Estado cuando Evo Morales cometió fraude electoral”. La OEA recomendó convocar a nuevas elecciones supervisadas por una autoridad electoral reformada.

Morales aceptó, incluso mientras rechazaba las acusaciones de fraude, pero su concesión llegó demasiado tarde. En cuestión de horas, el jefe de las Fuerzas Armadas sugirió en un mensaje televisado que el presidente debería renunciar. Morales y el liderazgo del MAS rápidamente renunciaron y salieron del país. Con el presidente, el vicepresidente y la presidenta del Senado dejando sus cargos, las reglas de sucesión constitucional convirtieron a Jeanine Áñez, una senadora de oposición relativamente desconocida del Movimiento Demócrata Social de derecha, en presidenta interina. Las protestas del MAS tras la partida de Morales se encontraron con una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad. A finales del 2019, la UE, la ONU y la Iglesia Católica ayudaron a negociar un acuerdo político que, al anular las elecciones de octubre y convocar nuevos comicios bajo autoridades electorales reformadas, efectivamente logró calmar los disturbios, pero solo después de que más de 30 personas perdieran la vida.

La fuerte postura de la OEA respecto al fraude electoral (primero tras el anuncio de los resultados, reiterada después en la auditoría y amplificada por Almagro) jugó un papel significativo en la crisis. Fundamentó las denuncias que los líderes de la oposición y los medios presentaron contra Morales, y resultó en la salida de su gobierno al exilio. También fue tenido en cuenta por Crisis Group en su momento para la declaración en la que manifestó que “Morales supuestamente permitió u orquestó un sofisticado esquema de fraude electoral, que buscaba garantizar su rotunda victoria en primera vuelta”. Para su informe final el 4 de diciembre, la OEA declaró en un comunicado de prensa adjunto que había habido una “manipulación dolosa e irregularidades graves” que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas. Lo que ha sucedido desde entonces plantea algunas preguntas sobre esas conclusiones.

 

Los observadores bajo lupa

Desde las elecciones, el papel de la OEA ha sido cada vez más polémico. Las críticas se han centrado en su análisis estadístico de los patrones de votación, con el que pretendía mostrar que un aumento tardío en el apoyo a Morales durante el conteo de los resultados era tan improbable que evidenciaría un fraude. Poco después de que el TSE declarara a Morales ganador en la noche del 21 de octubre, la OEA, utilizando una metodología de conteo rápido para verificar los resultados, argumentó que los datos del TSE después de la interrupción diferían de manera sospechosa de los vistos el día anterior.

Más tarde, en el informe de los auditores, la OEA reafirmó su evaluación inicial y agregó que “la victoria en primera vuelta de Evo Morales fue estadísticamente improbable, y que su proclamación se dio por un aumento masivo e inexplicable de los votos del MAS en el 5% final del cómputo”. Expertos sobre América Latina en universidades de Estados Unidos han señalado lo que identifican como falencias en ese argumento. Reconocen evidencia de irregularidades en las elecciones de octubre, pero no encuentran pruebas de manipulación intencional.

Según un estudio de los datos electorales originales realizado por académicos de la Universidad de Tulane y la Universidad de Pensilvania, un “error de codificación llevó a la OEA a excluir por equivocación las observaciones correspondientes al último 4,1% de los votos”. Cuando se incluyen esos votos, argumenta el estudio, no hay un salto brusco. Los académicos también afirman que el método cuantitativo de la OEA no es el adecuado para detectar este tipo de discontinuidad, y que cualquier salto en los votos desaparece cuando se utilizan técnicas estadísticas estándar.

Si bien el porcentaje de votos de Morales aumentó a medida que avanzó la noche, el estudio alega que esto no necesariamente es evidencia de fraude. La misma tendencia se presentó en las elecciones del 2016 aprobadas por la OEA y puede ser el resultado de recintos de votación rurales, donde Morales goza de mayor respaldo, que envían sus resultados más tarde, como puede ocurrir en cualquier cita electoral del mundo. Los analistas del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del MIT realizaron 1.000 simulaciones para tratar de predecir la diferencia entre los votos de Morales y Mesa utilizando solo las papeletas verificadas antes de que se interrumpiera el conteo. Esos estudios concluyeron que, de hecho, el candidato del MAS obtuvo una ventaja superior al 10%.

La OEA y el secretario general Almagro defienden el análisis estadístico de los observadores, pero no han discutido públicamente a fondo las discrepancias más allá de señalar otros documentos académicos que respaldan sus hallazgos. En una declaración publicada el 16 de junio, descartaron estos estudios críticos por mostrar “una ignorancia profunda”. También llegaron a acusar al diario The New York Times, que junto con The Washington Post, publicó historias sobre estos estudios, de tener “una historia controvertida con la verdad en contextos de dictaduras y totalitarismos que ha sido documentada”. Finalmente, señalan que el análisis estadístico del conteo de votos solo es una de las formas de fraude enumeradas en su informe.

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El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, durante una rueda de prensa en Buenos Aires. Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images.

Hay pocas dudas de que la elección tuvo considerables irregularidades. Aunque la UE solo tenía dos expertos electorales en el terreno, a diferencia de la misión de 92 miembros de la OEA, ellos estuvieron en Bolivia durante meses antes de los comicios y describen un sistema electoral plagado de irregularidades y diseñado para favorecer al MAS: “La característica más destacable de la campaña fue la ausencia de equidad en la competencia”. El informe de la UE detalló otras preocupaciones: escaso financiamiento público para las campañas de los partidos, irregularidades en las listas electorales, procedimientos inadecuados para el registro de candidatos y la inacción del tribunal para detener el mal uso generalizado de los recursos estatales por parte del gobierno de Morales para favorecer a su partido.

Sin embargo, las conclusiones a las que llegó la OEA un día después de la cita electoral (acusaciones que luego parecían estar respaldadas por las estadísticas del informe del 10 de noviembre), resultaron mucho más explosivas que las denuncias de otras irregularidades electorales. Ese análisis fue el único elemento que la misión destacó públicamente horas después de que se hubiera publicado el conteo final, en un momento en el que la interrupción de 24 horas estaba alimentando una intensa desconfianza popular sobre el conteo. A los ojos de los opositores de Morales, los hallazgos establecieron que una victoria de Morales en primera vuelta equivalía a una toma ilegal del poder, y se basaron en las declaraciones de la OEA respecto a la credibilidad de los comicios.

Luis Fernando Camacho, un líder de derecha de Santa Cruz que organizó protestas contra Morales, dijo que las preocupaciones de la OEA sobre los resultados preliminares reforzaron su decisión de convocar un paro indefinido. Morales también, desde su exilio en México poco después de salir de Bolivia, señaló este momento como un punto de inflexión: “el golpe de Estado empezó el 21 de octubre, después de las elecciones, con la falsa acusación de que había fraude”.

Lo que sucedió con exactitud durante la interrupción sigue siendo un misterio. El informe electoral de la UE respalda a la OEA al concluir que las autoridades electorales de Bolivia no han podido dar una explicación clara. Un experto electoral internacional que estaba en Bolivia en ese momento le dijo a Crisis Group que “el TSE respondió a las preguntas sobre las razones de la interrupción con una variedad de respuestas poco convincentes. Mostraron una negligencia trágica en su manejo del proceso de resultados”.

La OEA, así como la empresa panameña Ethical Hacking, contratada para supervisar la integridad del sistema, también informaron que se estaba utilizando un servidor externo para “manipular la infraestructura” al desviar los resultados electorales preliminares, evitando así su supervisión. Dicho esto, un estudio realizado por el Center for Economic and Policy Research, un centro de estudios estadounidense de tendencia de izquierda, argumenta que esto podría haber sido el resultado de errores cometidos por la empresa de tecnología NEOTEC, contratada para dirigir las elecciones.

Los esfuerzos en Bolivia por esclarecer lo sucedido tampoco han dado frutos. El fiscal general de Bolivia a finales del 2019 abrió una investigación penal contra Morales por fraude electoral. El nuevo jefe del TSE, Salvador Romero, ha dicho que espera que el sistema de justicia pueda establecer si hubo fraude y quiénes serían los responsables. Pero hasta el momento, la investigación aún se encuentra en sus etapas preliminares. Por ahora, parece difícil saber si hubo fraude intencional, o simplemente una acumulación de irregularidades sin que mediara una conspiración; el tipo de anomalías que históricamente han plagado las contiendas electorales en América Latina.

Cualquiera que sea la verdad, la polémica sobre los hallazgos de la OEA ha opacado aún más su papel como árbitro imparcial. Dado que Morales y sus partidarios rechazan el papel de esta organización como observadores, será difícil para ella monitorear de manera confiable las elecciones de octubre. En términos más generales, la disputa y el tono de la respuesta de la OEA a las críticas la ubica de manera aún más decisiva de un lado de la polarizada política latinoamericana, potencialmente socavando su capacidad para manejar las crisis de otros lugares.

 

Se avecinan unas elecciones tensas

A medida que se aproximan los nuevos comicios, el legado de la crisis del 2019 podría marcar el tono de la jornada, incluso si se dan pasos para garantizar unas elecciones más limpias. Bajo un nuevo liderazgo y con el apoyo técnico de la ONU, el TSE pretende restaurar la fe en su imparcialidad y eficiencia. Pero el legado de las tensiones recientes es tóxico, avivando temores de ambas partes sobre conspiraciones partidistas que se han tomado el sistema electoral.

El 23 de julio el TSE anunció que la cita con las urnas planeada para principios de septiembre serían aplazadas para el 18 de octubre dado el rápido ritmo de contagio de la COVID19. Esta es la segunda vez que se aplazan las elecciones, y Evo Morales y sus partidarios se apresuraron a condenar la medida. Cientos de manifestantes partidarios del MAS salieron a manifestarse en varias regiones del país para exigir comicios lo antes posible.

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La presidenta interina de Bolivia Jeanin Áñez llevando una mascarilla. Gaston Brito/Getty Images.

Políticos de la oposición y algunos medios de comunicación han dicho que el Ejecutivo interino ha estado explotando la emergencia de salud para extender su mandato de transición de 120 días a casi un año de gobierno a menudo hostil y marcado por esfuerzos para desmontar algunas de las políticas domésticas e internacionales emblemáticas de la administración del MAS. La administración interina desde el comienzo dio señales de que se alejaría dramáticamente de las políticas proindígenas del gobierno de Morales: Áñez ingresó al palacio presidencial cargando una biblia, la policía y otros partidarios quemaron la Whiphala (una bandera que representa a los 36 pueblos indígenas de Bolivia), y la presidenta designó un gabinete sin ningún miembro indígena.

Partidarios del MAS acusan a la administración de Áñez de intervenir en asuntos que van más allá del mandato interino del gobierno, como las regulaciones para la privatización de empresas estatales, modificaciones a los mecanismos de control de precios para artículos del hogar, y reformas a la seguridad social y a la política exterior. Además, señalan decisiones como eliminar el Ministerio de Cultura y desmantelar el bien establecido sistema de control comunitario del cultivo de coca como evidencia de que el gobierno interino está desmontando las políticas a favor de la población indígena.

Aun así, los temores de las autoridades relacionados con el coronavirus están bien fundados. A pesar de las estrictas medidas de confinamiento, Bolivia, aún uno de los países más pobres de Suramérica a pesar de años de crecimiento económico bajo el mandato de Morales, tiene más de 71.000 casos de la COVID19. El virus ha acabado con la vida de más de 2.600 personas, y el Ministerio de Salud prevé alrededor de 130.000 casos a comienzos de septiembre. Además, el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas advierte que, en toda América Latina, la mortalidad reportada “subestima enormemente el número real de muertes por la pandemia”.

El sistema de salud de Bolivia ya está bajo una presión inmensa, con informes de personas que mueren en las calles de La Paz y otras ciudades ante la sobreocupación de los hospitales. A mediados de julio, según informes, la policía encontró cientos de cuerpos de víctimas del coronavirus en calles y hogares de La Paz y Santa Cruz. La propagación acelerada del virus complica las campañas electorales, la logística y la observación internacional para los comicios. Para empeorar las cosas, la propia Áñez, así como la ministra de Relaciones Exteriores y la jefe del Parlamento, entre otros funcionarios de alto nivel del gobierno y la oposición, anunciaron en julio que habían dado positivo para la COVID19.

La creciente polarización ha eliminado casi por completo cualquier buena voluntad creada por la mediación de la UE, la ONU y la Iglesia Católica tras la violencia del 2019. La disputa en Bolivia a raíz de la crisis del 2019 refleja las divisiones políticas que atraviesan a América Latina. La izquierda insiste en que el supuesto golpe fue parte de un esfuerzo por sacar del poder a los movimientos progresistas en todo el continente. De hecho, los aliados de Morales, entre los que se encuentra el Grupo de Puebla, exigen su restitución, una pretensión que todos sus opositores desestiman y ni siquiera el MAS ve como realista u oportuna, dado que el acuerdo entre las partes para convocar una nueva elección presidencial fue el pilar de los esfuerzos para calmar los disturbios a fines del 2019. En la derecha, muchos creen que los comicios fueron manipulados para favorecer a Morales porque Mesa probablemente lo habría derrotado en una segunda vuelta.

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Protesta contra un segundo aplazamiento de las elecciones generales debido a la pandemia de COVID-19. Aizar Raldes/AFP via Getty Images.

El MAS quiere elecciones lo antes posible, particularmente porque las encuestas de opinión muestran que su candidato, Luis Arce, quien se desempeñó como ministro de Economía de Morales, ganaría en primera vuelta. Muchos bolivianos que se opusieron al intento de Morales por mantenerse en el poder se han alarmado por la retórica revanchista y los comentarios racistas del gobierno interino, y podrían votar nuevamente por el MAS. En cuanto a Mesa, espera conquistar a aquellos sectores de Bolivia que buscan la salida del MAS, pero no se alinean con las opiniones más radicales de Áñez y sus aliados.

Según un analista: “Mesa estaría dispuesto a trabajar con el MAS. No está pensando en desmantelar todo lo que hizo Evo, a diferencia de otros”. Dicho esto, si los contrincantes de Arce (actualmente hay ocho candidatos presidenciales, incluido Mesa) no forman una alianza antes de las elecciones, una victoria en la primera vuelta para el partido de Morales será más probable y podría provocar el regreso a las calles de los seguidores de otros partidos, especialmente si sospechan algún tipo de juego sucio.

También hay otros desafíos. Romero, a quien la propia Áñez designó en diciembre, es uno de los pocos funcionarios que, hasta hace poco, contaba con el respaldo de todo el espectro político. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y la polarización crece, los partidos lo han acusado de participar en juegos políticos. Primero, la administración interina y sus aliados alegaron que el TSE estaba favoreciendo al partido de Morales. Ahora, después del segundo aplazamiento de las elecciones, el MAS acusa a Romero de extralimitarse e intentar extender el mandato de la administración interina. Además, un funcionario internacional que asesora al TSE teme que, con el incremento de la polarización, la “falta de coordinación entre el Gobierno y los alcaldes y gobernadores locales del MAS” complicará aún más la tarea de llevar a cabo los comicios en medio de la pandemia.

Si bien unas votaciones justas no repararán por completo la polarizada política boliviana, unas elecciones controvertidas podrían ser devastadoras. La marcada división entre una mayoría indígena y una minoría de ascendencia europea resulta evidente en la sociedad y la política boliviana, y se ve reflejada en el contraste entre la composición y credos del movimiento de izquierda de Morales y los del gobierno interino de Áñez. Si bien el MAS le ha dado al Estado un papel destacado en la lucha contra la pobreza y la discriminación de la mayoría indígena, Áñez y sus aliados representan un regreso a políticas económicas liberales que favorecen una intervención estatal mínima. La política electoral no puede garantizar la reparación de estas diferencias inherentes. Pero unos comicios polémicos, con el rechazo de los resultados por alguna de las partes, bien podría repetir las protestas y la violencia del 2019.

 

Garantizar elecciones limpias

La amenaza de una nueva ola de disturbios pende sobre Bolivia, pero actores internacionales como la UE, la ONU, los donantes extranjeros y los gobiernos vecinos, incluidos los de Argentina y Perú, pueden ayudar a reducir los riesgos, especialmente teniendo en cuenta lo que falló en el 2019. Primero, deben continuar brindando apoyo público, técnico y financiero al presidente Romero del TSE y a su equipo. Expresar confianza en él podría ayudar a contrarrestar los esfuerzos por desacreditarlo y sembrar duda sobre las elecciones. De hecho, los acontecimientos de octubre no solo fueron producto de errores o transgresiones el día de los comicios. En palabras de un experto electoral, “hubo una irremediable falta de confianza” en la integridad de todo el proceso, que estuvo contaminado desde el comienzo por la decisión de Morales de ignorar los resultados del referéndum del 2016.

En segundo lugar, los actores internacionales deberían intensificar sus labores de monitoreo electoral y apoyo a las próximas elecciones bolivianas, en la medida en que la pandemia les permita hacerlo. La pérdida de credibilidad de la OEA con algunas fuerzas políticas bolivianas hace que sea aún más importante que otros participen como observadores. Si la COVID19 lo permite, la UE debe asegurarse de que la misión de observación que planea enviar sea sólida y se despliegue lo antes posible.

El Centro Carter está planeando una misión de expertos, que probablemente operará de forma remota a menos que cambien las condiciones de salud. La misión incluirá un equipo de expertos encargados de realizar un análisis de datos, examinar las amenazas digitales para una campaña justa y evaluar el cumplimiento de las normas sobre campañas políticas en línea. El aporte técnico de la Unión Interamericana de Organismos Electorales podría ayudar a restablecer la fe que anteriormente existió en el sistema electoral; ésta ha ofrecido enviar una misión para asesorar en las elecciones de octubre y podría trabajar en estrecha colaboración con el TSE.

Independientemente de su origen, los expertos electorales deben trabajar estrechamente con las autoridades nacionales y locales para identificar y, en la medida de lo posible, resolver los problemas que afectaron los comicios de octubre. En particular, el TSE debe establecer procedimientos claros para el conteo de los resultados y hacerlo de la manera más transparente posible, dándole acceso a representantes de los distintos candidatos. Los observadores deben hacer todo lo posible para comprender las limitaciones del sistema electoral y diferenciar entre un fraude deliberado y errores a menudo inherentes a la administración electoral. En la medida de lo posible, deben garantizar que sus declaraciones públicas no alimenten disputas políticas y se fundamenten en evaluaciones técnicas.

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Una mujer mira un vehículo quemado después debido a las protestas. Ronaldo Schemidt/AFP via Getty Images.

En tercer lugar, incluso si las elecciones son razonablemente limpias, una estrategia diplomática concertada será esencial. Ésta debe tener como objetivo garantizar que al menos las principales fuerzas políticas, a saber, el MAS de Morales y la Comunidad Ciudadana de Mesa, acepten los resultados o, si perciben irregularidades en el proceso, tramiten sus quejas a través de los tribunales y hagan todo lo posible para mantener a sus seguidores fuera de las calles. Los diplomáticos en Bolivia también deberían pedirle al partido de la presidenta interina, el Movimiento Demócrata Social y a otros grupos de derecha más pequeños como Creemos, que se comprometan a lo mismo.

Después de su exitosa mediación en la crisis postelectoral del 2019, la UE, la ONU y la Iglesia Católica deberían liderar una campaña para garantizar que los principales contendientes políticos asuman compromisos públicos en este sentido. Del mismo modo, si las condiciones de salud impiden realizar unas elecciones creíbles incluso en octubre, las autoridades interinas las deberían posponer nuevamente, pero solo después de que estos mediadores hayan asegurado un acuerdo entre los principales partidos al respecto.

A pesar de las profundas brechas históricas de Bolivia, el país ha evitado en repetidas ocasiones un escalamiento de conflictos y niveles de violencia que otros países de la región han experimentado. Cualquiera que sea el partido que gane en las urnas es fundamental que el nuevo gobierno trabaje activamente en la creación de puentes con la oposición y evite las políticas polarizadoras que han marcado tanto el gobierno de Morales en los años inmediatamente anteriores a la crisis de 2019, como al gobierno de Áñez desde entonces. Las próximas elecciones presidenciales podrían ser una oportunidad para que Bolivia comience la larga tarea de curar las heridas de esa crisis y, con el respaldo de sus socios internacionales, planear un camino pacífico hacia el futuro.

 

Este artículo ha sido publicado en su versión original en International Crisis Group.