El presidente de Brasil está en plena sangría de popularidad y debe hacer frente a múltiples problemas derivados de su gobierno. ¿Se vuelven las piezas contra él?
Unos meses atrás escribí, en estas mismas páginas, que Bolsonaro, a pesar de enfrentar innumerables problemas derivados de su forma inestable y autoritaria de gobernar, estaba consiguiendo sobrevivir. Hoy podemos concluir que la capacidad de supervivencia del presidente brasileño está más al límite que nunca y comienza a acercarse, peligrosamente, a un punto de no retorno.
Los más de 530.000 muertos en la pandemia han derivado en una Comisión Parlamentaria de Investigación liderada por los opositores al gobierno que ha sacado a la luz un escándalo de corrupción con gran potencial destructivo. Funcionarios del Ministerio de Salud y altos cargos políticos estaban negociando un sobreprecio de un dólar por cada vacuna Covaxin que el gobierno brasileño compraría a la farmacéutica india Bharat Biotech. La transacción no llegó a realizarse, pero el intento de corrupción tiene varias dimensiones simbólicas muy importantes: la primera, Bolsonaro fue avisado del hecho por un funcionario del Ministerio negándose a actuar, por lo que ya está siendo investigado por la Policía Federal bajo la sospecha de crimen de prevaricación. Segundo, el intento de negociación fraudulenta involucra a sus dos principales aliados del momento, el Centrão, conjunto de partidos políticos de bajo contenido ideológico, pero que es el pilar fundamental para la gobernabilidad de Bolsonaro y los militares, que también parecían estar actuando en el esquema. El coronel de la reserva Antônio Elcio Franco Filho, secretario ejecutivo del Ministerio de Salud con la gestión del ministro General Pazuello, aparece como uno de los protagonistas. De hecho, a las Fuerzas Armadas, que históricamente ha sido en Brasil una de las instituciones que más ha gozado de la confianza de la población, su participación en el gobierno le está degradando su imagen: 58% de los brasileños piensan que los militares deben tener cargos en el gobierno, en 2018 era el 70% el que opinaba así. Este escándalo, que sirve de portadas diarias a una prensa nacional cada vez más antibolsonarista, ha tenido como consecuencia que el presidente se enfrente a los niveles más bajos de popularidad. Quien, hace meses, era considerado como un buen presidente por un 40% de la población, hoy sólo lo es por un 25% y ya el 58% no lo consideran apto para la reelección en 2022.
A Bolsonaro, además se le acumulan pedidos de impeachment. Ya va por 123, un récord en la historia de Brasil. De momento, el presidente de la Cámara de los Diputados y líder del Centrão, Artur Lira, ha declarado que no va a pautar ninguno de los pedidos, pero, los que leemos las entrelíneas de la política brasileña, sabemos que esto significa, simplemente, que Lira está esperando la mejor oportunidad para actuar, haciendo a Bolsonaro rehén del grupo político que representa y dejándolo cada vez con menos margen de autonomía.
Pero la temperatura no sólo está alta en el Congreso, en las calles también. Los últimos fines de semanas las principales ciudades brasileñas se han llenado de manifestantes pidiendo el impeachment por lo que ellos denominan una “política genocida”. A estas manifestaciones, que inicialmente eran protagonizadas por la izquierda, se le están sumando cada vez más partidos y grupos de derecha que apoyaron a Bolsonaro en 2018 y que hoy se vuelven contra él. En el Congreso, en las calles y ahora también en los tribunales. El ministro del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes analizará la posible anulación de la candidatura de 2018 de Jair Bolsonaro y su vicepresidente Hamilton Mourão por irregularidades en el proceso electoral y participación en actos antidemocráticos.
Y, por último, el factor Lula. El Tribunal Supremo decidió que todas las sentencias contra el ex presidente dictadas por el juez Sergio Moro quedaban anuladas al haberse demostrado la parcialidad del magistrado, lo que deja a Lula como un claro candidato para 2022. No sólo eso, en las encuestas electorales está imparable y ya aparece como vencedor en todos los escenarios, varios puntos delante de Bolsonaro. Lula, sabiendo que tiene que conquistar a un mercado que le mira con desconfianza y a un elector bolsonarista arrepentido, ha empezado una intensa ronda de negociaciones nacional colocándose ante la población como el Biden brasileño, el único capaz de reconciliar el país y recuperar la estabilidad. El mercado, a poco más de un año de la elección, se decanta por apoyar una tercera vía que no represente ni a Lula ni a Bolsonaro, pero como los nombres que representan esta posibilidad siguen sin despegar en las encuestas, Lula está empeñado en tranquilizar a empresarios, banqueros y demás nombres de la élite económica dejando claro que, si gana en 2022, pondrá a frente de su Ministerio de Economía a un nombre ortodoxo, como Henrique Meirelles (presidente del Banco Central con Lula y ministro de Economía con Temer) o Fernando Haddad ministro de Educación de Lula, ambos conocidos por su pensamiento económico nada heterodoxo.
A Bolsonaro le queda un as en la manga. Los grupos que más le apoyan son la población del Centro Oeste, fundamentalmente vinculada al agronegocio, que se ha beneficiado del desmantelamiento de las políticas de protección ambiental, y los evangélicos. Los pobres, de momento, continúan dándole su apoyo porque han recibido hasta ahora el Auxilio Emergencial y recibirán el Bolsa Familia hasta el fin de la legislatura. A su vez, Lula también intenta seducirlos recordando, en sus intervenciones públicas, el legado histórico de su gobierno en cuanto a políticas públicas destinadas a combatir la pobreza mandando el recado de que ningún otro presidente hizo tanto por los más desfavorecidos. Bolsonaro reconoce que, con el mercado insatisfecho, necesita garantizar el apoyo de los millones de electores empobrecidos en Brasil. Además, a sabiendas de que la política privatista y de estado mínimo de su ministro de Economía, Paulo Guedes, en medio de una pandemia, no tiene ninguna viabilidad, el presidente ha optado por medidas económicas que, poco tiempo atrás, calificaba como populistas. Sabe que el Bolsa Familia es su salvación para garantizar el voto de los más vulnerables, antes fieles a Lula justamente también por este beneficio. Por eso, el presidente ha aumentando el valor de la ayuda a 284 reales (actualmente, el valor medio es de 189 reales) Además, el número de familias que lo recibirán pasará de 14,7 millones a 17 millones. Es esta pelea electoral por los más pobres la que nos hace entender la actual reforma del impuesto de renta presentada por el gobierno. Actualmente, el brasileño que ganaba una renta mensual de hasta 1.903,9 reales estaba exento de pagar a Hacienda. Bolsonaro ha subido este valor hasta los 2.500 mensuales, de nuevo, para favorecer a las clases populares. O sea, el gobierno gastará más con la Bolsa Familia y recaudará menos con la extensión de la exención del impuesto de renta. Para que pueda hacer esto sin burlar la Ley de Responsabilidad Fiscal (por lo que Dilma Rousseff fue retirada de la Presidencia), Paulo Guedes ha propuesto tasar los lucros y dividendos de las empresas con un 20% y el fin de los intereses sobre capital propio (hasta ahora no eran tasadas). Estas medidas han irritado aún más a empresarios y banqueros contra Bolsonaro y Guedes. O sea, intentando ganar votos de los más pobres, el mercado se aleja cada vez más del gobierno. De las demás reformas que Guedes había prometido al mercado “si te he visto no me acuerdo”, se quedarán como meras minireformas superficiales que no agradan a nadie, como la de la administración, la Propuesta de Enmienda Constitucional 32, cuya intención era un cambio estructural de gran calado para modernizar el hiperburocrático Estado brasileño y al final ha acabado siendo cosmética porque Bolsonaro carece de apoyo político y base social para reformas de gran dimensión.
Ante tantos problemas, Bolsonaro actúa a la desesperada, aumentando su radicalismo, enfrentando el orden institucional con un discurso abiertamente antidemocrático y excediéndose en improperios, por ejemplo, llamando al presidente del Tribunal Supremo imbécil y abriendo una enorme crisis entre los poderes de la República. Su última campaña autoritaria es declarar que el sistema de urnas electrónicas que funciona en Brasil desde el año 2000, y que permite que este país continental obtenga de forma rápida y eficaz sus resultados electorales a cada votación, puede ser hackeado y que si la justicia electoral no lo cambia a voto impreso, no hay cómo comprobar que los resultados de 2022 sean legítimos, por lo que, si gana Lula, se debería a un fraude. Muchos temen una invasión al Capitolio made in Brazil. Sin, duda, reminiscencias de la actuación de un Trump que, también acorralado, apelaba a la radicalidad. Asusta, claro está, que las Fuerzas Armadas puedan también querer participar de este escenario de ruptura institucional, ya que, frecuentemente, algunos militares de alta jerarquía sueltan tuits o hacen declaraciones en un tono amenazante y evidentemente antidemocrático, sin embargo, los especialistas en este campo convergen en que, a pesar de estos arrebatos autoritarios, hay un bajo riesgo en Brasil de un golpe militar clásico.
Todas las piezas del ajedrez brasileño, de momento se vuelven contra Bolsonaro y favorecen la candidatura de Lula en 2022. Tendremos que esperar unos meses para hacer dos comprobaciones definitivas: primero, si la tercera vía electoral no despega, ante la incapacidad de nombres como Ciro Gomes o el gobernador de São Paulo, João Doria, de hacerse un hueco en las encuestas, el mercado tendrá que empezar a pensar definitivamente en el nombre de Lula como única opción a Bolsonaro. Segundo, tendremos que ver si la tendencia a la baja de Bolsonaro continua o el proceso de vacunación, la Bolsa Familia y la supuesta mejora de la economía que llegará en el medio plazo, hacen que esta sangría que el presidente está sufriendo se estanque, apartando definitivamente la sombra de un impeachment que hasta periódicos conservadores defienden en sus editoriales y que siempre planea sobre la cabeza del gobierno debilitándolo cada vez más.
