El país balcánico está secuestrado por unas élites corruptas que siguen utilizando las tensiones étnicas como herramienta política. ¿Cómo la UE puede ayudar a los ciudadanos bosnios a enfrentarse a ellas?   

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Los Acuerdos de Dayton no sólo establecieron la paz en Bosnia-Herzegovina, sino que también crearon un nuevo marco constitucional en el país balcánico. Aunque su mayor logro fue poner fin al conflicto bélico sus fórmulas para el orden de la postguerra parecen haber fracasado. Este otoño, catorce años después, altos representantes de la UE y Estados Unidos luchan por superar el grave punto muerto político y volver a colocar Bosnia y Herzegovina en el camino a la integración europea.

La constitución de Dayton creó una estructura institucional costosa y de múltiples estratos con complicados sistemas de toma de decisiones. El reparto del poder, que tenía el propósito de garantizar los intereses colectivos de tres grupos étnicos, se ha convertido en la práctica en un modo de reproducir las divisiones étnicas. El resultado es un Estado que resulta débil, incompetente y carece de la capacidad básica para llevar a cabo reformas o guiar una transformación democrática. Las políticas públicas y las prioridades están determinadas casi exclusivamente por partidos étnicos más que por las autoridades estatales. Las divisiones entre las tres comunidades del país —bosnias, serbias y croatas— dominan la vida política y social, creando una atmósfera de temor y desconfianza a la vez que fomentan visiones del Estado que resultan incompatibles.

Existe la percepción general de que la integración europea es el único asunto sobre el que los tres grupos étnicos pueden ponerse de acuerdo. Y como tal se le considera un terreno firme sobre el que construir el consenso. De hecho, todos los líderes políticos han expresado su compromiso con el “futuro de la UE”. Las encuestas de opinión muestran que los ciudadanos consideran la integración como la única solución para los enrevesados problemas del país.

Por desgracia, la misión urgente que emprendieron hace poco los enviados de EE UU y la UE no ha arrojado todavía resultados tangibles. Por el contrario, parece haber probado que la común percepción de que existe un acuerdo sobre la integración en realidad no es válida. Más bien, la condicionalidad de la UE —el poder que puede ejercer la Unión para inducir a los gobiernos nacionales a comportarse de una manera concreta y a embarcarse en determinadas políticas— tiene un poder de transformación escaso o inexistente en Bosnia-Herzegovina. Por desgracia, el nivel del gobierno central, que era el principal objetivo de los esfuerzos de fortalecimiento institucional de la UE, se sitúa a la vez en el núcleo de las disputas étnicas, por lo que el fracaso era inevitable.

Se pasó por alto reconocer que la condicionalidad de la UE no fue diseñada para enfrentarse a divisiones políticas profundas y a sociedades que han atravesado un conflicto. En lugar de replantearse su estrategia, sin embargo, la Unión sólo ha redefinido los criterios a cumplir de un modo ad hoc. Esta política poco coherente, en la que la UE ha cedido a la obstinada reticencia de los políticos bosnios, ha sido muy dañina para todo el proceso.

No debería resultar sorprendente entonces que la reciente decisión de la Comisión Europea de excluir a Bosnia-Herzegovina de su política de liberalización de visados haya provocado feroces reacciones tanto por parte de los políticos como de la población del país. Aunque casi la mitad de las condiciones de la UE para la liberalización de visados no se cumplían, pocas voces en el país culparon al Gobierno por este fracaso.

La asunción implícita de que la integración en la UE es lo suficientemente atractiva como para persuadir a las élites políticas de que abandonen sus posturas enfrentadas es falsa. Las normas y regulaciones —que constituyen el núcleo del proceso de integración europeo— son exactamente lo que estos grupos no quieren. Su poder, tanto político como económico, ha sido edificado sobre una situación opuesta: nacionalismo, abuso de los cargos públicos, corrupción, patrocinio político y omisión del deber de rendir cuentas son todos ingredientes indispensables de su estilo de gobierno.

Estos políticos saben que la mayor parte de los ciudadanos continuarán siguiendo líneas políticas étnicas que afirmen proteger sus derechos e intereses mientras se sigan sintiendo inseguros respecto al futuro. Para los ciudadanos, la incierta promesa de una futura pertenencia a la UE no va a empujarles a desafiar a las élites políticas locales. Estas personas están atrapadas: el 70% de todos los empleados tienen trabajos en el sector público o con empresas de propiedad pública. Por consiguiente, toman una decisión racional que protege sus puestos de trabajo y salvaguarda su supervivencia inmediata, en lugar de correr a prestar su apoyo a los beneficios, dudosos y a largo plazo, de la integración en la Unión Europea.

Y no obstante, la supervivencia inmediata se ha vuelto entre tanto más difícil. La crisis global ha dejado al descubierto los problemas económicos y sociales del país, agravándolos. La crisis originada en el mercado de valores respaldados por hipotecas no afectó directamente a las instituciones financieras en Bosnia-Herzegovina. Concretamente redujo en gran medida la capacidad de los bancos para pedir prestados fondos del extranjero, lo que les hizo reducir el ámbito de los préstamos ofrecidos en Bosnia-Herzegovina y elevar sus tasas de interés.

Al mismo tiempo, la inversión extranjera directa, así como las remesas del exterior, cayeron significativamente. Esto tuvo un tremendo impacto, ya que las transferencias privadas contribuyen en gran medida a la economía del país. En 2008 ascendieron a 2.500 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros), lo que equivale al 15% del PIB. Según los datos iniciales para la primera mitad de 2009, sólo en este periodo las remesas privadas se han reducido en 500 millones de dólares, un tremendo revés. Con el mundo sumido en la recesión, las exportaciones disminuyeron un 22% en la primera mitad de 2009, agravando las desgracias financieras del país.

Lo único que con seguridad va a crecer en Bosnia-Herzegovina es la pobreza. Según datos oficiales, 60.000 personas han perdido sus puestos de trabajo desde el otoño pasado, y la tasa de desempleo es del 41,8%. Alrededor de 700.000 jubilados que viven gracias a una pensión media de 160 euros contienen cada mes la respiración ante el temor de que sus escasos ingresos se vean reducidos o eliminados por completo. El FMI calcula que la economía de Bosnia-Herzegovina se contraerá un 1,5% en 2009.

La mayoría de los analistas económicos cree que los plenos efectos de la crisis se sentirán en Bosnia-Herzegovina solo en 2010. La recuperación es incierta. Mitigar los efectos perjudiciales de la crisis conllevaría un alto grado de responsabilidad y eficiencia en el seno del Gobierno y una total coordinación de las medidas de recuperación. El país está muy mal dotado para afrontar este desafío.

Es poco probable que los perfectamente aislados políticos bosnios se despierten ante esta crisis antes de que sea demasiado tarde. Y para que la población, que es propensa a la resignación y el aguante, se convierta en un agente de cambio debe existir algún incentivo inmediato.

Hacer que los criterios de entrada en la UE estén más relacionados con las necesidades de los ciudadanos de a pie así como hacer que los beneficios y la probabilidad de la integración en la Unión Europea parezcan más a su alcance, es una estrategia alternativa que la UE haría bien en considerar. Canalizar la asistencia hacia las autoridades locales y potenciar el desarrollo económico y social a escala local aumentaría la visibilidad de las ventajas que conlleva el proceso de integración en el UE y promovería un cambio positivo desde abajo hacia arriba. Además reduciría el margen para la manipulación de las élites políticas y proporcionaría a la gente una opción sostenible.

Entre las muchas prioridades que afrontará la próxima presidencia española de la UE sería de suma importancia reconsiderar las políticas de entrada a la Unión. Sí se aborda de manera correcta, este asunto podría convertirse en una prueba de fuego para una presidencia “transformadora”, tal como Zapatero describe el semestre de España al frente de la UE.

 

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